lunes, 29 de noviembre de 2010

PRESENTAN DENUNCIA CONTRA ÁLVARO URIBE POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD


Bogotá, 29 de noviembre de 2010.

Por considerar que la investigación que se adelanta contra Álvaro Uribe Vélez en la Comisión de Acusaciones de la Cámara por el llamado escándalo del DAS se adelanta a espaldas del país y de las víctimas y desconoce las pruebas existentes en los procesos disciplinarios y penales, un grupo de cuarenta personas, entre organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, periodistas, congresistas, un partido político, ex congresistas, un ex magistrado de la Corte Constitucional y diferentes profesionales, presentaron hoy una denuncia penal por crímenes de lesa humanidad contra el Presidente de la República durante el período 2002-2010.

En la denuncia, las víctimas del DAS alegan que lo sucedido en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) siguió lineamientos y directrices desde la Presidencia de la República en contra de más de 300 personas y con pleno conocimiento del ex mandatario. Así lo demuestran la coherencia entre los discursos presidenciales que atacaban a quienes al mismo tiempo estaban siendo víctimas de seguimientos ilegales, interceptaciones electrónicas y telefónicas sin orden judicial, amenazas, montajes y campañas de desprestigio, así como labores de inteligencia y contrainteligencia por parte del DAS.

Para los denunciantes, es claro que los crímenes cometidos desde la policía secreta, adscrita y dependiente jerárquica y funcionalmente del Presidente de la República, constituyen persecución política y tortura psicológica, delitos considerados como de lesa humanidad.

Entre los firmantes de la denuncia se encuentran Clara López Obregón, presidenta y representante legal del Polo Democrático Alternativo; la ex congresista Piedad Córdoba, el representante Iván Cepeda, los periodistas Carlos Lozano Guillén, Hollman Morris, Maureén Maya, Adriana Cuéllar y Claudia Julieta Duque; el ex magistrado y ex candidato presidencial Jaime Araujo Rentaría; y miembros de organizaciones como la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), entre otros.

Los denunciantes solicitan a la Comisión de Acusaciones pedir como prueba trasladada la totalidad de las 93 AZs que fueron confiscadas por la Fiscalía General de la Nación, así como la totalidad del acervo probatorio existente en los procesos penal y disciplinario y una copia auténtica de los discursos del ex presidente Uribe en contra de ONGs, defensores de derechos humanos, periodistas y la Corte Suprema de Justicia.

De igual manera, reprochan la negligencia de la Comisión de Acusaciones en otras investigaciones contra ex Presidentes, y solicitan que, en caso de que el proceso llegue a juicio, sea enviado a la Corte Suprema de Justicia por tratarse de delitos ordinarios que no tienen relación con el fuero presidencial.

Aprobada Ley de Víctimas: ¿Triunfo amargo o derrota dulce?

La aprobación por unanimidad del proyecto de Ley de Víctimas en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes es sin duda una noticia positiva para el país, pero aún así, está lejos de convertirse en un genuino triunfo para la nación.

El interés de los partidos políticos por sacar adelante esta iniciativa, quizá la más importante del gobierno Santos, es innegable, independiente de los intereses que motiven a cada bancada parlamentaria, sin embargo, la forma en que se desarrolló el debate, el nivel de las discusiones, los logros y sacrificios que se tuvieron que hacer en aras de lograr su aprobación, produce varias sensaciones ambiguas y deja profundos interrogantes.

La Ley de víctimas fue aprobada; avanza velozmente en los pasillos del congreso y se abre paso para llegar finalmente, aún no se sabe que tan cambiada, a la plenaria del Senado, lo que quizás se produzca a mediados del 2011. Para muchos colombianos esto ya de por si representa un triunfo para el país y más aún si se considera que algunas modificaciones importantes lograron ser introducidas. Sin embargo, el hecho de que varios temas claves en la ponencia no hayan sido objeto de debate y de manera presurosa se haya aprobado el texto original dejando mediante constancias la discusión para la plenaria de la Cámara, hace pensar que ese triunfo no es tan dulce como se quiere creer.

Durante tres días en tres largas sesiones de debate se logró la aprobación de todo el articulado de la Ley. Un bloque de 121 artículos que no habían sido objeto de proposiciones fue aprobado de un sólo golpe durante el primer día. Hasta ahí parecía haberse zanjado lo sencillo del proceso. Luego vendría lo más complicado que era entrar a discutir y establecer acuerdos entre los distintos partidos y parlamentarios para lograr la aprobación de las propuestas modificatorias.
No faltaron las discriminaciones frente a algunas propuestas, no tanto por la calidad de las mismas, sino por el origen de éstas. Las marcadas tendencias ideológicas, propias de un país fracturado por la polarización política, no estuvieron ajenas al debate pero tampoco lograron ahogarlo. Se pudo unir voluntades para conseguir la aprobación de algunas propuestas, y como en una mesa de jugadores diestros se hizo claro que en todo acuerdo de negociación justo cada parte obtiene su ganancia y así fue. Renunciando a posiciones absolutas se lograron introducir importantes modificaciones al texto original considerando recortes y ajustes propuestos por las partes contrarias, y varios parlamentarios de manera flexible decidieron retirar sus proposiciones para apoyar otras iniciativas sobre el mismo artículo al considerarlas más convenientes.

La discusión también la facilitó el hecho de que temas polémicos y que serían objeto de enormes contradicciones no fueron discutidos.

Entre las propuestas más importantes que lograron ser incorporadas a la Ley, se cuentan algunas de las presentadas por los representantes del PDA, Iván Cepeda Castro y Germán Navas Talero, y de los liberales en cabeza del representante Guillermo Rivera, coordinador ponente de la iniciativa.

Como un logro importante podría destacarse la creación de una unidad del CTI destinada exclusivamente a la persecución de bienes despojados por los agentes de la violencia. Esta medida, a la vez que garantiza el incremento de los recursos del fondo de reparación para las víctimas y el debilitamiento de las bases económicas de los aparatos criminales, puede contribuir a la no repetición de la violencia padecida.

Otro de los artículos aprobados y que fuera objeto de minucioso análisis por cuanto en un comienzo se pensó que mediante éste se adjudicaban funciones extraordinarias al defensor del Pueblo, lo que sería inconstitucional, fue el de fortalecer el sistema de representación Judicial de la Defensoría del Pueblo para garantizar una adecuada representación de las víctimas por parte profesionales que no tengan a su cargo los procesos de los victimarios.

El principio de corresponsabilidad en el que se individualizan responsabilidades y se reconoce el deber de la sociedad de asistir humanitariamente a las víctimas, y de éstas de participar activamente en los procesos quedó también incorporado a la norma.
Otro logro bastante significativo, quizás uno de los más definitivos en el carácter de la iniciativa, es el que se obtuvo con las modificaciones incorporadas artículo 172 para garantizar que los responsables de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que hayan sido extraditados puedan contribuir a la efectividad del derecho a la verdad y la justicia de las víctimas de sus acciones criminales y para que sus bienes sean entregados al fondo de reparación.
Una de las modificaciones más audaces incorporadas a la ley se refiere a la corresponsabilidad en la reparación de las víctimas que deben asumir las empresas que contribuyeron a la financiación de grupos armados ilegales. El representante Navas Talero dictaminó que quien cause un daño a un tercero, así sea bajo constreñimiento, debe responder. Por su parte el representante Iván Cepeda recordó el caso de la empresa Chiquita Brands, y cómo ésta no sólo apoyó económicamente a los grupos paramilitares, sino que además permitió que uno de sus puertos fuera utilizado para la entrada de armas con las cuales se causó la muerte de varios civiles. La inconformidad de Miguel Gómez frente a estas afirmaciones, quien argumentó en defensa del sector empresarial que muchos empresarios se habían visto obligados a pagar vacunas para preservar su integridad, no fue suficiente para que se aprobará la modificación a la norma.

La reparación

La proposición al artículo 8 presentada por el PDA enuncia el fundamento de la reparación y establece que ésta no es un gesto solidario sino un deber del Estado. Sobre la pretensión de que con la indemnización por vía administrativa, consagrada en el artículo 110, se excluyera la reparación por vía judicial, el representante Rivera afirmó que proponerle a una víctima que por 40 SMV, en el mejor de los casos, renuncié a la reparación judicial es oprobioso y a la larga tampoco resuelve la congestión fiscal. “Acá no debemos hablar del otorgamiento de beneficios a las víctimas sino del reconocimiento de unos claros derechos. No son dádivas, sino derechos que deben ser garantizados”, enfatizó.

Por su parte el representante Miguel Gómez declaró que nunca en la historia se ha llevado a cabo un proceso de reparación en medio del conflicto y que ello podría acarrear problemas que en este momento no avizoramos. Aún cuando la intensidad del conflicto ha disminuido, afirmó, las victimizaciones siguen aumentando. También señaló que si bien está a favor de la inversión de la prueba en casos de despojo, considera que muchas personas pueden verse atropelladas por la medida.

El plan Marshall, iniciativa propuesta por Estados Unidos para la reconstrucción de los países europeos destrozados después de la Segunda Guerra Mundial y con el que además se pretendía contener un posible avance del comunismo en el mundo, aseguró una reparación total y general, declaró un parlamentario de la bancada de unidad nacional. “Y es quizás el modelo a seguir por cuanto lo que se repara es el tejido social a mediano plazo a través de la eficacia en la inversión pública y no de la asignación de recursos individuales para las familias victimizadas. Ningún dinero podrá reparar el dolor de una madre por la muerte de su hijo, la reparación siempre será insuficiente”

¿Y el dinero?

Frente a la sostenibilidad de la Ley se reglamenta la creación de un plan nacional que garantice el acceso a bienes de los victimarios como primera medida para la reparación de las víctimas, luego la incautación de los pertenecientes a grupos armados (difícil ubicar la totalidad de sus testaferros) y finalmente sí estos no están en capacidad de reparar sería responsabilidad del Estado.

Si bien el tema de sostenibilidad de la iniciativa es importante, no puede esgrimirse como argumento para impedir que el Estado cumpla con su deber de reparar a todas las víctimas de la violencia. La inasistencia por parte del gobierno y su falta de garantías le ha generado altos costos en el pasado. Además si existe la voluntad necesaria podrían establecerse diversos mecanismos para su financiación mediante la acción de la justicia y el desmonte de las estructuras económicas de los grupos armados ilegales, así como de su soporte político y empresarial, entre otros. Si ha existido impuesto para la guerra puede existir un impuesto para la paz, aunque ello no fue considerado en el debate.

De cualquier modo sería muy mal precedente que el gobierno, autor del proyecto, no lograra dar respuesta efectiva a los supuestos inconvenientes fiscales que la atención de las víctimas generaría. Según el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, la ley tendría un costo de 40 billones de pesos durante los próximos 15 años, es decir algo cercano a los 2.6 billones de pesos por año, pero reconoce que la iniciativa es viable y que se trata de un tema de enorme prioridad para el país. También quedaría muy mal un Congreso que en el pasado aprobó partidas millonarias por el programa Agro Ingreso Seguro o para aumentos de pensiones de congresistas que aunque finalmente se hundió en Senado fue aprobado en Cámara, o para proyectos costosos como la implementación del sistema de voto electrónico, que ahora expusiera imposibilidades económicas para atender a las víctimas de la violencia, muchas veces generada por el mismo Estado colombiano.

“La reparación debe partir inicialmente de la búsqueda de los bienes que les fueron arrebatados a las víctimas y eso lo hemos logrado incorporar a la Ley” afirmó el representante Iván Cepeda Castro

Frente a la responsabilidad del Estado por acción y por omisión en la guerra interna del país, el representante Pablo Emilio Salamanca declaró que la acción criminal de los militares en la ejecución de varias masacres, como en el caso de los comerciantes de Arauca o de San José de Apartadó donde los soldados degollaron dos menores, no son casos aislados sino parte de una estrategia de eliminación sistemática. En la procuraduría existen actualmente más de 1900 procesos por crímenes de Estado, de manera que no se puede negar que ha sido el Estado provocador y generador de la violencia en Colombia. Además, hay actos administrativos que provocan esa acción criminal por parte del aparato militar en Colombia, como en el caso de la resolución ministerial 029.
En respuesta a la imposibilidad que expone la Ley para excluir del universo de víctimas a los familiares actores armados, pese a que los aspectos doctrinarios y jurisprudenciales de la argumentación son validos, Salamanca afirmó que los hechos son mucho más contundentes. En el municipio de Agua azul, Casanaré, relató, un anciano de apellido Polo fue secuestrado y torturado por grupos paramilitares. Se le inyectó un veneno de prueba, que a decir de los victimarios, hacia que los ojos se le salieran de las órbitas. El crimen que se le cobró con la tortura y la muerte brutal al señor Polo fue ser padre de dos jóvenes que optaron por incorporarse a la guerrilla. De acuerdo a la Ley no sería él considerado víctima y su esposa o demás hijos no tendrían derecho a ningún tipo de reparación.

El representante Cepeda recordó que los principios 15 y 34 del DIH establecen que los Estados deben reparar a las víctimas de acuerdo a la proporcionalidad del daño causado. Así mismo que las sociedades progresivas en términos humanos entienden que las normas internacionales sobre los derechos y garantías de las víctimas deben ser asumidas como principios éticos y de legalidad y no como hechos políticos.
Frente a la penalización da falsas victimas, en la Ley se aprobó que que quienes se hagan pasar por personas afectadas a causa del conflicto y los funcionarios que los avalen, recibirán penas entre 5 y 8 años de cárcel.

Una de las principales derrotas sufridas por la bancada del Polo durante el debate fue el rechazo a la modificación propuesta al artículo 120 sobre garantías de no repetición. Las medidas propuestas por el representante Cepeda fueron objetadas y se estableció que el gobierno no adoptará medidas para erradicar el paramilitarismo sino que propenderá, lo que significa, según el diccionario, que se inclinará a, es decir que no asumirá una acción clara y decidida frente a este fenómeno, del cual es su directo responsable. (Ver proposición de acuerdo al final de este artículo)
Otro tema controversial que no fue resuelto se refiere al arbitrio en la imposición de las las fechas a partir de las cuales se propone la adjudicación de tierras objeto de despojo, 1991, y se determina la categoría de víctima: 1984
La propuesta del gobierno de llamar a la creación de una Comisión de la Verdad no alcanzó a ser debatida. Iván Cepeda propuso que en vez de una comisión de la verdad, no viable en el contexto del conflicto armado, se cree una Comisión de investigación y esclarecimiento histórico dedicada exclusivamente al tema de la paraeconomía, a revelar la historia del despojo y la usurpación, sus autores y sus directos beneficiarios. “Debe ser una comisión integrada democráticamente” añadió.

El tema de llamar a una comisión de la Verdad sin duda será objeto de un amplio debate, y no sólo en el ámbito parlamentario. Su posible conformación entraña enormes riesgos que deben ser analizados con total detenimiento, pues el hecho de convocarla en un momento inconveniente, tanto en términos históricos como en razón de la vigencia del conflicto generará una grave distorsión sobre la realidad de violencia actual, y podría provocar grandes tergiversaciones en la memoria del país y expectativas sin fundamento.

La propuesta entonces no sería llamar a una comisión de la verdad, sino a una de carácter preparatorio. Establecer la manera en que ésta se articulara al trabajo que desarrolla el grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación -CNRR-, definir su estructura y metodología considerando que ésta tiene buena parte de su sustento en los testimonios de las víctimas, la cuales siguen a merced de sus victimarios y no cuentan con las debidas garantías de seguridad.
Otro inconveniente al tema, es que una Comisión de la verdad se establece teniendo en cuenta un principio y un final claros, y se gesta a partir del cierre de la situación que amerita su creación.

Las comisiones de la verdad que se han formulado en otros países como Guatemala, Argentina, Chile o Perú, después de superado el conflicto interno o haber retornado al orden democrático, tienen efectos jurídicos claros, como en el caso Fujimori o de la cúpula militar en Argentina. En Colombia no podría tener ese alcance.

Ahora, si se considera que no es clara la forma en qué será financiada y se piensa en recurrir a los recursos internacionales, se estarían alterando las prioridades políticas de la cooperación y las actividades que realizan importantes organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos en el país; muchas de las cuales se verían obligadas a buscar nuevas estrategias y auxilios económicos para seguir evidenciando la realidad de violencia que los decretos no resuelven y que en virtud de la Comisión, harían pensar que ya fueron superados.

Es preocupante, o a los menos llamativo, que exista tanto interés en diversos sectores políticos del país por apropiarse de esta propuesta; pues aunque no sea posible determinar desde ahora si esta iniciativa encierra un carácter meramente revisionista o negacionista sobre la causas de la violencia que se expresaron a partir de 1991, fecha prevista de manera arbitraria y miope en la ponencia, lo cierto es que un proceso de carácter cerrado, excluyente y oficial con que el que se pretende cerrar desde el papel un ciclo de violencia que contradice el peso de la realidad y la misma coherencia de los procesos históricos, contribuiría más que a superar un pasado doloroso, a atomizar las causas de la confrontación y a falsificar la memoria, ya de por si confiscada, del país.

El representante Cepeda pidió que se votara la proposición sobre Comisión de la Verdad antes de cerrar el debate, pero la premura por acabarlo, lo impidió.
El repentino afán por aprobar la Ley se produjo a causa de la intervención del ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, quien exigió celeridad en el proceso de votación final para atender la emergencia judicial de los victimarios. Según el ministro, la declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional del llamado principio de oportunidad llevaría a más de 30 mil desmovilizados acogidos por el programa presidencial a perder su rumbo judicial y los obligaría a retornar a las armas y a la clandestinidad.

El ministro Vargas pretende que se siga legislando a favor de los victimarios y no de las víctimas.

“Se debe avanzar mucho más en materia de reparación - sostuvo Cepeda al abandonar el recinto de la Comisión Primera-. La Ley sólo contiene algunos visos de lo que podría ser una efectiva reparación integral. Aún hay exclusiones profundas, muchas comunidades pueden quedar por fuera, pero seguimos insistiendo en la necesidad de ampliar y profundizar su cobertura, y todos los temas que no pudieron ser abordados en este primer debate serán objeto de minucioso análisis en la plenaria de la Cámara.
Los parlamentarios haciendo caso a la demanda del Ministro decidieron votar los artículos restantes, que serían objeto de análisis por cuanto incluían varias propuestas de modificación, tal cual aparecían en la ponencia, dejando constancia escrita sobre las modificaciones que esperan sean debatidas en la Plenaria que se calcula arrancará el 5 de diciembre próximo.

Guillermo Rivera declaró, al salir de la Comisión que entre los principales logros del proyecto aprobado se destaca la creación de nuevos instrumentos para que la justicia persiga los bienes ocultos de los victimarios, y también la obligación de que los jueces establezcan -mediante sentencia- que empresas colaboraron o colaboran con la financiación de las organizaciones armadas ilegales para que el juez ordené en la misma providencia que estas concurran a reparar a las víctimas en la misma proporción con la que colaboraron con los victimarios. Ante un fallo judicial, los empresarios no podrán negarse a cumplir con lo dispuesto.

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo señaló que se aprobó la fecha a partir de la cual se aplica este mecanismo de la justicia transicional, la que quedó fijada a partir de 1990. “Los despojos de tierra que se produjeron antes de esta fecha no es que no se puedan reclamar, se puede hacer por la vía ordinaria, porque el despojo nunca sanea el titulo de quien lo detente, pero este mecanismo especial, ágil, y transicional lo ha fijado hoy la comisión primera de la Cámara de Representantes”. Otro tema importante aprobado, según el Ministro, se refiere a las políticas diferenciales en razón de género. “Según la constitución y la jurisprudencia, las mujeres cabeza de hogar despojadas -y la mayoría sea dicho de paso, de los desplazados a los que les quitaron la tierra, son mujeres- y la ley que acaba de aprobar, se reconoce una preferencia para la mujer en todos los procesos de restitución, de apoyo económico y acompañamiento, no sólo porque son la mayoría, sino porque además la constitución ha querido mediante el establecimiento de políticas de género, que la mujer tenga prelación en todos estos procesos de justicia, restitución, reparación de víctimas…”

La declaración del Ministro sobre las fechas aprobadas, generó bastante confusión pues no hacía referencia a los acuerdos previos en este sentido. Por tal razón, los representantes Guillermo Rivera y Jorge Gómez dejaron constancia sobre su petición de que la fecha considerada en el proyecto para la restitución sea anterior, de acuerdo al registro de personas desplazadas y con el fin de armonizar los tiempos de la ley.

Las Constancias

El triunfo de la aprobación de la Ley de víctimas fue parcial porque por fuera quedaron temas importantes que requerirán de varias jornadas de negociación en aras de lograr una concertación, lo que será aún más complicado de lograr en la plenaria de la Cámara, donde intervienen todos los representantes. Entre los temas fundamentales que serán debatidas está el de definición de víctima.

Sobre este punto, el parlamentario Miguel Gómez pidió que se excluya del universo de victimas a quienes por auxiliar a alguien sufrieron algún menoscabo y también pidió que se modifique el nombre de la Ley.

Rivera dejó constancia sobre la necesidad de incluir como víctimas a parejas del mismo sexo, la excepción por infracciones al DIH de los miembros de grupos armados ilegales y la aclaración del parágrafo tercero.

Sobre la Comisión de la Verdad, los representantes Rivera, Navas, Cepeda y Prada dejaron constancia de su propuesta de modificar los artículos 123 y 126.
En próximo debate, previsto para los días 5 y 6 de diciembre, no sólo deberán discutirse los artículos que fueron objeto de constancia y proposición no analizada, sino que deberá repasarse lo consignado y atender nuevas solicitudes. Desde ya se empiezan a analizar las sugerencias presentadas por el defensor del Pueblo, Volmar Pérez, de manera que encuentren eco en algunos parlamentarios y puedan ser presentadas como proposiciones.

Si bien la ley de víctimas se constituye en un avance importante, y en muchos sectores políticos del país se entiende la premura que hay por pagar un costo que a futuro será impagable, y la urgencia de que las víctimas logren ser resarcidas y puedan emprender de nuevo un proyecto de vida con opciones de progreso y dignidad bajo estrictas medidas de seguridad, la aplicación de un modelo de justicia transicional y el llamado a crear una comisión de la verdad permiten entender la necesidad del gobierno de reparar la deteriorada imagen de Colombia en el exterior.
Empieza a crearse en el ambiente una sensación de euforia bajo la creencia de que el fin del conflicto es ya casi una realidad, pero no es así. Ese es el espejismo que se requiere para que los asesinatos que siguen produciéndose, los desplazamientos, las amenazas y las persecuciones por razones ideológicas, así como la consolidación del paramilitarismo mafioso, empiecen a palidecer ante una prometedora era de paz, que además asegurara la firma del TLC.

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Anexo 1
“ARTÍCULO 120. GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN.

Comprenden entre otras, la desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley.
El Estado Colombiano a través del Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas adoptará, entre otras, las siguientes Garantías de No Repetición:
1. La desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley, de sus redes políticas y económicas
2. La garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustaran a las normas internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad.
3. Fortalecimiento de la independencia del poder judicial.
4. La protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la información y demás actividades desarrolladas en defensa de los derechos de las víctimas.
5. La verificación de los hechos y la difusión pública y completa de la verdad judicial, en la medida en que no provoque más daños innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni cree un peligro para su seguridad.
6. La aplicación de sanciones a los responsables de las violaciones.
7. La prevención de violaciones de derechos humanos.
8. La creación de una pedagogía ciudadana que promueva los valores constitucionales que fundan la reconciliación, en relación con los hechos acaecidos en la verdad histórica.
9. Fortalecimiento técnico de los criterios de asignación de las labores de desminado humanitario.
10. El fortalecimiento al Sistema de Alertas Tempranas.
11. La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios públicos, así como de las fuerzas armadas y de seguridad.
12. Diseño e implementación de una estrategia general de comunicaciones en Derechos Humanos.
13. Inclusión de una sección de conocimiento de los derechos de las víctimas de violaciones, en el Modelo Único Pedagógico de las Fuerzas Militares.
14. Diseño de una estrategia única de capacitación a funcionarios de nivel nacional y territorial en materia de respeto de los Derechos Humanos y Derecho internacional humanitario.
15. Fortalecimiento de la participación efectiva de las poblaciones vulneradas, vulnerables y/o en situación de discapacidad, en sus escenarios comunitarios, sociales y políticos, para contribuir al ejercicio y goce efectivo de sus derechos culturales.
16. Difusión de la información sobre sus derechos a las víctimas radicadas en el exterior.
17. La reintegración de niños que hayan participado en los grupos armados al margen de la ley.
18. Diseño e implementación de estrategias, proyectos y políticas de reconciliación tanto a nivel social como en el plano individual.
19. El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre los organismos de inteligencia, las fuerzas armadas y de seguridad.
20. La revisión, reforma y/o derogación de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho humanitario, o que las permitan.

21. La promoción y observancia de códigos de conducta y normas éticas, en particular las normas internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las fuerzas armadas, además del personal de empresas comerciales.

22. La exclusión del servicio de los funcionarios públicos involucrados en violaciones a los derechos humanos”.
Presentado por:
GUILLERMO RIVERA FLOREZ IVAN CEPEDA CASTRO
GERMAN NAVAS TALERO ALFONSO PRADA
JORGE GOMEZ

Ley de víctimas: de lo simbólico a lo efectivo

Por Maureén Maya
Periodista e investigadora social. Caja de herramientas

Si ayer se legisló pensando en los victimarios, hoy el llamado es para que se legisle pensando en las víctimas.

Después de un largo y esforzado recorrido por parte de la organizaciones sociales, los movimientos de víctimas y sectores de la oposición política del país para elaborar un marco normativo favorable a la realización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas de la violencia sociopolítica y armada en Colombia, el pasado 27 de septiembre el presidente Juan Manuel Santos radicó el proyecto de Ley de víctimas No. 107 del 2010 por medio del cual se dictan medidas de atención y reparación integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, acumulado al proyecto de Ley No. 85 de 2010 para la restitución de tierras.

No es la primera vez que en el Congreso se discute la posibilidad de aprobar una ley para garantizar los derechos, la restitución y la reparación de las víctimas de la violencia, y de allí justamente que la nueva propuesta genere tantas expectativas y temores. A comienzos del 2009 el senador Juan Fernando Cristo con el apoyo de las bancadas del Partido Liberal, el Polo Democrático, Por el País que Soñamos y algunos sectores independientes, presentó un proyecto de Ley que obligaba al reconocimiento de las víctimas de agentes del Estado, facilitaba los recursos necesarios para la reparación, agilizaba la acreditación de los afectados ante un sistema establecido por el gobierno e implementaba límites en el tiempo para su reconocimiento como víctimas. La iniciativa fue aprobada en el Senado pero luego fue modificada en la Cámara de Representantes. El parlamentario Jorge Humberto Mantilla, parte de la coalición de gobierno de la Cámara, dio trámite a otra iniciativa que terminó por obstaculizar el proceso legislativo.

Las dos propuestas terminaron hundiéndose. La del senador Cristo por petición del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez quien consideró que los afectados por agentes estatales no debían ser objeto de reconocimiento, menos de reparación, pese a que el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU), Philip Alston, calificó dicha posición de "incongruente con el derecho internacional de los derechos humanos”. Uribe afirmó que la Ley se constituía en "grave amenaza" a la política de seguridad democrática, programa bandera de su gobierno, porque "iguala a los terroristas con agentes del Estado, sin que estos últimos puedan tener un proceso judicial y una sentencia ejecutoriada". El mandatario también argumentó para su rechazo, que la propuesta del senador Cristo generaría un costo total para efectos de la reparación de 88 billones de pesos, lo que “crearía un trauma irreparable a las finanzas del Estado, haría imposible la reparación pecuniaria a las víctimas y el texto final no pasaría de ser letra muerta al servicio de una agitación electoral del momento”.

La iniciativa del representante Mantilla se hundió en el pleno del Congreso. No sólo por la incompatibilidad entre los dos textos tramitados y aprobados -uno en Senado y otro en Cámara- sino porque su propuesta era claramente discriminatoria e inconstitucional, desconocía los estándares internacionales y las sentencias de la Corte Constitucional.

El pasado 17 de noviembre se inició en un ambiente político más propicio para su discusión, el debate de la nueva Ley de Víctimas en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Sin embargo, pese a que el Gobierno ha enfatizado la urgencia de su aprobación, la realidad legislativa hace prever no será durante este año que se logre tan ambicioso objetivo.

Si bien el proyecto sólo requiere de cuatro debates para volverse Ley, dos en cámara y dos en senado- será difícil y demorada su aprobación; no sólo por la resistencia que frente al proyecto han expresado varios parlamentarios de los partidos Conservador y de la U, ambos de la bancada de unidad nacional, en especial frente al tema de sostenibilidad fiscal, sino también por el extenso y detallado pliego modificatorio que presentó el PDA en días pasados, el cual aborda aspectos esenciales para el logro efectivo de los derechos de las víctimas. Estas consideraciones llevaron a que el representante Germán Navas Talero, miembro de la Comisión Primera, se negará a firmar la ponencia presentada por los demás miembros de dicha comisión.
De modo que la aprobación incondicional del proyecto que se esperaba del PDA no se produjo. En vez de ello el partido, a través del representante Iván Cepeda, realizó un acucioso análisis de la iniciativa en el que además de destacar sus avances con enorme complacencia, señalar sus vacíos y proponer medidas eficaces que contribuyan a superar los efectos de la violencia, advirtió sobre la existencia de un vicio de constitucionalidad: La ausencia de una consulta previa con las víctimas, en especial con los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, tal como lo determina el convenio 069 de la OIT y la jurisprudencia nacional.

Durante el primer debate en la Comisión primera de la Cámara de Representantes, el representante del Partido Liberal, Guillermo Rivera, resaltó la importancia de reconocer el efecto vinculante de las generaciones de derechos. También señaló que emprender esta iniciativa en el marco de una justicia transicional, cuando Colombia continúa inmersa en el conflicto, impone la necesidad de imprimir una nueva dinámica y velocidad al trabajo legislativo, en especial, frente al tema de víctimas. Recordó que las resoluciones de la ONU respecto a los mecanismos de reparación fueron adoptadas por Colombia y aprobadas por unanimidad.

Iván Cepeda señaló que la reparación de las víctimas no es un acto de solidaridad o de buena voluntad del Gobierno Nacional sino que es su deber garantizar los derechos y resarcir plenamente a todas las víctimas del conflicto armado sin exclusiones. El pliego modificatorio presentado por la bancada del PDA no es una diatriba con la que se pretende desconocer las bondades del proyecto, sino por el contrario es un llamado a un dialogo constructivo que contribuya a enriquecer la propuesta, a asegurar los derechos de las víctimas y al cumplimiento de los deberes del Estado para con ellas.
Entre las proposiciones presentadas por el Polo hay por lo menos cinco que generan bastante polémica: el universo de las víctimas, pues tan como está planteado en el proyecto se excluyen a los actores armados y sus familiares, los menores víctimas del reclutamiento forzado, las víctimas de los mal llamados “falsos positivos” o de los nuevos grupos paramilitares que son leídos como estructuras de delincuencia común. Otro punto de polémica se refiere a la necesidad de fortalecer el sistema judicial de la Defensoría del Pueblo de modo que aumente su capacidad de atención y no sean los mismos abogados que defienden a los victimarios lo que deban asumir los casos de las víctimas. La creación de una Comisión de la Verdad como la que plantea la Ley, genera controversia por cuanto se limita a identificar los patrones de la guerra y sus actores, pero no es viable en tanto persista el conflicto armado en Colombia. Además la propuesta del gobierno es parcial y desconoce la dinámica del conflicto que en la actualidad se desarrolla en especial en aquellas regiones objeto del despojo masivo de tierras. También genera polémica el hecho de que la propuesta del Gobierno confunde medidas de reparación con el acceso a servicios sociales que tienen todos los ciudadanos y con programas de asistencia humanitaria.

El tema de sostenibilidad fiscal es quizás el aspecto que más polémica ha suscitado, pues mientras el gobierno considera que debe establecerse un tope claro, y los conservadores declaran que la Ley no puede ser una vena abierta de los recursos del Estado, el representante Cepeda sostiene que el objetivo principal del Gobierno debe ser asegurar que los bienes y patrimonio de las víctimas sean recuperados. Para tan fin propuso la creación de un Fondo de Reparación en el que se incluyan los bienes de los parapolíticos o de todos aquellos que han sido condenados por concierto para delinquir, organizar, promover, armar o financiar a grupos armados al margen de la ley.

Cepeda recordó que a seis años de haber sido implementada la Ley de Justicia y Paz, sólo se ha logrado la entrega de 100 mil hectáreas de tierras, de 70 mil de millones de pesos de la Dirección Nacional de Estupefacientes y que buena parte de los recursos que maneja Acción Social han sido destinados para otros fines, no para la reparación de las víctimas.

Respecto a la conformación de una Comisión de Verdad, que arbitrariamente sería integrada por los designados por el Gobierno Nacional, la ponencia propone que se investigue y documente la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos a partir de 1991. El representante Cepeda considera que la Comisión debe esclarecer todos los crímenes cometidos desde 1948, y sus actores, y que el enfoque primordial de esta Comisión debe ir dirigido a develar las estructuras económicas y políticas que financiaron el conflicto armado y se lucraron de él. Esto sería una garantía para la no repetición de los crímenes.

No se trata de una posición maximalista e intransigente la del PDA, como sugieren algunos medios de comunicación, sino de garantizar la efectividad de la Ley y de evitar que a corto o mediano plazo deba tramitarse un nuevo proyecto por considerar que éste fue insuficiente y no cobijó aspectos esenciales como sucedió con la Ley de Justicia y Paz. Si ayer se legisló pensando en los victimarios, hoy el llamado es para que se legisle pensando en las víctimas.

La bancada del PDA advierte que el proyecto de Ley de víctimas contiene múltiples vacíos que podrían afectar el goce pleno de los derechos a verdad, justicia y reparación integral de todas las víctimas e impedir que a falta de garantías sociales y en materia de seguridad, se logre el acceso a las tierras objeto de expropiación y restitución. El gran desafío en el tema de tierras ya no se limita exclusivamente a la reforma agraria sino a lograr erradicar las formas legales e ilegales del masivo despojo del que siguen siendo objeto las familias campesinas del país. También a garantizar el retorno con plenas garantías de no repetición, lo que hasta la fecha no se ha logrado, pues durante el presente año decenas de beneficiarios de la restitución y titulación de tierras han sido asesinados.

Los principales vacíos de la Ley que identifica el Polo se podrían resumir en: la exclusión del PDA en el proceso de concertación anterior a la presentación del proyecto de ley en el Congreso de la República; el desconocimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos por parte del Estado como fundamento de la reparación; la confusión entre medidas de carácter asistencial y medidas de reparación integral; la limitación de la reparación judicial a las víctimas de grupos armados ilegales desconociendo el principio de proporcionalidad; el sujetar la materialización de la norma al principio de sostenibilidad fiscal; no garantizar la reparación patrimonial debilitando considerablemente las posibilidades del retorno; someter a la discrecionalidad del Gobierno aspectos esenciales de la reglamentación del proceso de reparación y de restitución y crear una comisión de la verdad que no garantiza autonomía respecto del Poder Ejecutivo, entre otras.

Algunas de las propuestas del PDA al proyecto de Ley de Víctimas

Entre las medidas concretas que propone la bancada del PDA para avanzar en el proceso de reparación integral de las víctimas figuran:

1. Asegurar la efectiva asistencia jurídica de las víctimas a través de la creación de un Sistema Nacional de Representación Judicial a través de la Defensoría del Pueblo. Para dicho propósito se propone fortalecer a esta entidad dotándola de recursos humanos, técnicos y de infraestructura.

2. Fortalecer la protección de las víctimas mediante la revisión de los programas ya existentes o la creación de un nuevo programa que permita garantizar la exigibilidad de sus derechos, especialmente de las víctimas de despojo y el abandono forzado de tierras, atendiendo los criterios establecidos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

3. Una propuesta de restitución integral que abarque la devolución de tierras, viviendas y patrimonio a las víctimas del desplazamiento forzado, y que incluya la condonación de las deudas.

4. Creación de una unidad de policía judicial de apoyo técnico a la Fiscalía General de la Nación destinada exclusivamente a la persecución de bienes despojados por los agentes de la violencia, como principal medida para el incremento de los recursos del fondo de reparación para las víctimas. El debilitamiento de las bases económicas de los aparatos criminales a la vez que puede generar recursos para la reparación de las víctimas, también puede contribuir a la no repetición de la violencia padecida.
5. Reforzar sustancialmente las facultades legales y la capacidad operativa de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas para intensificar el proceso de exhumación e identificación de los restos mortales de miles de personas. Asimismo, establecer el mecanismo de ausencia por desaparición forzada para amparar los derechos en materia civil, laboral, sucesoral de los familiares de personas desaparecidas, sin perjuicio de la obligación del Estado de adelantar las investigaciones del caso.

6. Llamado al cumplimiento del deber del Gobierno de gestionar la entrega de los bienes de personas extraditadas responsables de violaciones de DDHH y de DIH en Colombia y de incluir en el fondo de reparación los bienes de los parapolíticos ya condenados por concierto para delinquir.

7. Conformación de una comisión de investigación y esclarecimiento histórico, integrada por miembros elegidos por el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, dedicada al esclarecimiento de las estructuras económicas de los aparatos criminales y de la riqueza ilícita acumulada a través del despojo de tierras, la acumulación violenta de capitales, la usurpación de bienes y el testaferrato.

El POLO y las organizaciones sociales

PDA analiza “los mínimos de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras” presentados por la Mesa Nacional de Víctimas
El Gobierno Nacional presentó en días pasados un proyecto de Ley de Víctimas y otro de Restitución de Tierras. Si bien ambas iniciativas son loables y urgentes, y constituyen un avance substancial en el reconocimiento de los derechos de las víctimas de la violencia; deben ser cuidadosamente analizadas y mejoradas.

Como primera medida se debe señalar que el proyecto presentado por el Gobierno Nacional no es una Ley de derechos para las víctimas. Temas como verdad y justicia no son desarrollados en la iniciativa. Por consiguiente, se trata de una ley de asistencia y reparación, en la que además se asume de manera equivoca y contraria a la jurisprudencia de las Cortes el concepto de reparación. No hay un criterio de integralidad frente a esta obligación del Estado y se asume que las víctimas son un problema para el presupuesto nacional. Persiste la negativa histórica de ir a la causa fundamental de la violencia para darle solución.

Las organizaciones sociales y los movimientos de víctimas han identificado algunas falencias en las propuestas del Gobierno y han advertido sobre el riesgo que supondría para el país la aprobación de un proyecto de Ley que no cumpla con los estándares internacionales en materia de atención, protección, asistencia y reparación integral para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario y que además, desconozca las normas constitucionales nacionales y excluya las voces de las víctimas.
Parlamentarios del partido de oposición, Polo Democrático Alternativo, se reunieron con la Mesa Nacional de Víctimas para conocer su opinión sobre la Ley de Víctimas, y con base en sus demandas asumir una posición clara frente a la Ley y decidir sí la apoya en su integridad, sí cuestionará algunos de sus artículos o propondrá un pliego modificatorio.
La intención del PDA, como señaló su presidenta, Clara López, no es convertirse en un obstáculo frente a las propuestas que adelanta el Gobierno Nacional, sino por el contrario enriquecerlas con iniciativas viables, bien argumentadas y que contribuyan a mejorar la calidad de vida de miles de colombianos, víctimas de la violencia, la inequidad y la injusticia. De ahí la importancia de conocer las objeciones y opiniones que tengan al respecto los movimientos sociales.
La integración de propuestas entre el Polo y diversos movimientos sociales es de máxima relevancia en la actual coyuntura; no sólo porque beneficia a ambos sectores sino porque también contribuye a vigorizar la democracia colombiana. El PDA necesita de las organizaciones sociales para forjar caminos consensuados de transformación política y afianzamiento social y las organizaciones necesitan del único partido de oposición que existe en la actualidad para tener representación, aunque sea minoritaria, en el parlamento, y darle viabilidad política a sus iniciativas. Esta unidad, que no es arbitraria ni es nueva, permite articular diversas propuestas, democratizar las decisiones del Estado, refirmar intereses comunes y ampliar de manera conjunta el margen de incidencia política y social. Esta alianza le asigna un nuevo dinamismo de carácter histórico a la política colombiana.
Si bien el sustento ideológico que identifica a la izquierda política y a las organizaciones sociales tiende más a la confluencia que a la fragmentación, hasta hace poco se tendía a pensar que las causas sociales debían mantenerse incontaminadas del ejercicio político; incluso se calculaba que su interacción en las altas esferas del poder opacaría el principio rector de sus demandas y les restaría legitimidad. Hoy se acepta que la ascensión política de la izquierda y la viabilidad de las propuestas que sustentan los movimientos populares (para nada ajenos a los planteamientos de la izquierda), tienen un cauce común y una vía concreta para su realización. La historia reciente en algunos países de América Latina así lo demuestra.
Esa misma historia continental enseña que para quebrar el orden colonial y el modelo neoliberal que se impone a través de la desregularización del Estado, el recorte a la inversión social, la exclusión política, la represión y la violencia, y poder empezar a construir una sociedad democrática, justa y autónoma, se requiere organización social y acciones políticas concretas.
Los movimientos sociales hoy tienen una mayor incidencia en las políticas de Estado y demuestran que si existen formas alternas para ejercer su derecho a la política.
Temas cruciales como la atención y el cumplimiento de las normas constitucionales y disposiciones internacionales sobre las víctimas del conflicto armado interno, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, la necesidad de democratizar la tenencia de la tierra, combatir las formas del despojo, lograr la restitución del patrimonio arrebatado a las víctimas mediante actos de justicia que dignifiquen la vida humana, vencer los altos índices de impunidad, recuperar la legitimidad de un sistema judicial, señalado por la organización The World Justice Proyect (WJP) de ser uno de los más deficientes en el mundo y emprender la construcción de una memoria histórica colectiva; son aspectos insoslayables para la reconciliación nacional, el fin del conflicto armado y el desarrollo humano en Colombia. Ninguno de estos temas puede ser ajeno a los partidos políticos, a la sociedad en su conjunto y a las organizaciones sociales, populares y defensoras de los derechos humanos.
La Ley de Víctimas, un paso hacia la reconciliación
Por primera vez desde que se entendió la necesidad de crear un marco legal y normativo para tratar adecuadamente a las víctimas de la guerra interna, lograr la restitución de sus derechos vulnerados, y cumplir con los estándares internacionales y las normas nacionales, se hace referencia a las víctimas de agentes del Estado. Y este reconocimiento es un avance importante.
El representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro en su columna titulada Ley de víctimas, víctima de la “sostenibilidad fiscal” publicada el 14 de octubre pasado en El Espectador afirma que: “El proyecto de Ley de Víctimas contiene algunos preceptos que pueden contribuir a la superación de los efectos de la violencia. Por ejemplo, el principio de inversión de la carga de la prueba para los procesos de restitución de tierras, y el reconocimiento de las víctimas de agentes estatales. No obstante, el proyecto también tiene múltiples vacíos, e incluso contempla prescripciones que limitan severamente el derecho a la reparación” .
El país reconoce que en la historia reciente del país se han cometido graves, sistemáticas y masivas violaciones a los derechos humanos, sin embargo, el proyecto de Ley de Víctimas presentado por el Gobierno Nacional no logra diferenciar claramente los conceptos de restitución, indemnización, asistencia humanitaria y reparación integral. Tampoco ofrece garantías efectivas para combatir la impunidad y dar solución a la situación de emergencia que afrontan varios sectores victimizados del país; en especial, la población víctima del desplazamiento forzado.
Los aspectos de la Ley que están siendo analizados por la Mesa de Víctimas y por el PDA se podrían clasificar en cinco ejes temáticos:
1. Universalidad de las víctimas
2. Reparación integral individual y colectiva
3. Sostenibilidad fiscal
4. Justicia y lucha contra la impunidad
5. Memoria y verdad

1. UNIVERSALIDAD DE LAS VÍCTIMAS
La Ley de Víctimas reconoce la existencia de víctimas de agentes del Estado pero no define la responsabilidad del Estado en esas victimizaciones. La Ley pretende excluir a las víctimas que hacen parte de agrupaciones armadas ilegales y a sus familiares. También excluye a las víctimas de los mal llamados “falsos positivos”, del reclutamiento forzado y de los nuevos grupos paramilitares, llamados por el Estado bandas emergentes o BACRIM.
Desconocer las normas de la guerra y los derechos que tienen los actores armados ilegales que pudieran ser víctimas de crímenes de guerra, tortura, ejecuciones o violaciones al debido proceso, o negar los derechos de sus familiares, es no reconocer el Derecho Internacional Humanitario.
El segundo parágrafo del artículo 21 de la Ley establece que “los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados como víctimas, en ningún caso, para efectos de la presente ley. Tampoco serán considerados como víctimas para efectos de la presente ley, en ningún caso, los cónyuges, compañero o compañera permanente o pareja del mismo sexo o los familiares en primer grado de consanguinidad y primero civil de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley”. Esta normativa viola claramente el principio de igualdad, y deja por fuera a quienes por causas ajenas a las actividades del familiar vinculado a la lucha armada, puedan ser objeto de victimizaciones, algún tipo de violencia y menoscabo de sus derechos fundamentales.
El DIH ha sido enfático a este respecto. El artículo 3º común a los cuatro convenios de Ginebra establece los principios de proporcionalidad y limitación en el conflicto armado y garantiza los derechos de los combatientes en estado de indefensión y de los prisioneros de guerra. “Los protocolos instan a las partes a otorgar un tratamiento humanitario a todas las personas que no toman parte de las hostilidades, o que han dejado de tomar parte (estado de rendición o indefensión). Están totalmente proscriptos el homicidio, la tortura, las mutilaciones y las penas corporales” Incluso en el Derecho Humanitario moderno se prohíbe cualquier trato discriminatorio de las víctimas de la guerra basado en el concepto de "guerra justa".
Las víctimas de “Falsos Positivos” al ser presentadas como alzados en armas muertos en combate quedarían excluidas de la Ley y no serían considerados como víctimas en tanto no medie la sentencia de un juez que confirme que en efecto se trataba de civiles ejecutados por la fuerza pública. Proceso costoso y demorado. La figura de homicidio agravado en persona protegida, empleada en la discusión para hacer referencia a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, pretende negar la sistematicidad de los crímenes, el patrón generalizado de homicidio empleado en varias regiones del país, y la responsabilidad del Estado y de sus Fuerzas Armadas en estas acciones criminales.
De otra parte, al sustentarse la iniciativa del Gobierno en un enfoque de justicia transicional, se estaría excluyendo a las víctimas de la delincuencia común y sólo cobijaría a las víctimas del conflicto. Las llamadas bandas emergentes (BACRIM) son calificadas como grupos de delincuencia común aún cuando en realidad se trata de nuevas estructuras paramilitares conformadas en algunos casos por los mismos hombres que hacían parte de los anteriores grupos, algunos de los cuales se habrían desmovilizado bajo la Ley 975. Por tanto las nuevas víctimas del paramilitarismo quedarían excluidas de la Ley. En las amplias regiones donde estos grupos continúan ejerciendo control territorial, los mismos habitantes reconocen que quienes lideran e integran estas bandas son los mismos que hacían parte de los grupos paramilitares.
Consulta previa y enfoque diferencial
El Estado está en la obligación de consultar a los pueblos sobre normas y leyes que afecten su convivencia, sus derechos y sus tradiciones. El convenio 169 de la OIT, del cual es signatario el Estado colombiano entre otros veinte países, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional reconocen que la consulta previa para la radicación y trámite de proyectos de ley que afecten los derechos de la población negra, indígena, raizal y rom es de carácter obligatorio. “Es preciso insistir en que aún cuando el proyecto establezca en su Artículo 23 que las medidas que requieran consulta previa no serán objeto de la presente Ley, pues serán objeto de una regulación posterior, no puede, bajo ninguna circunstancia, convertirse en un mecanismo de dilación excesiva en la satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las comunidades étnicas. […]” Estas comunidades deben ser sujetos de reparación colectiva.
En el caso de la consulta amplia se consagra igualmente la necesidad de consultar diferencialmente los derechos de las mujeres victimizadas. Frente a la especial situación de vulnerabilidad que ellas enfrentan en el marco del conflicto armado, la senadora Alexandra Moreno Piraquive, le solicitó al Congreso de la República, que en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se incluya un capítulo especial sobre reparación y rehabilitación de mujeres violadas y agredidas por actores armados . De ser integrado este capítulo a la normativa debe hacer clara referencia a la existencia de actores armados legales e ilegales que incurren en esta práctica delictiva. Incluso deben ser vinculados agentes militares extranjeros que operan al “servicio” del Estado colombiano.
2. REPARACIÓN INTEGRAL
La historia de Colombia se caracteriza tanto por la ausencia de políticas de reparación integral como por su pasividad frente a las violaciones de derechos humanos que se cometen en el marco de la llamada lucha contra el terrorismo o lucha contrainsurgente. No obstante, aún cuando el Estado tiene la responsabilidad plena de garantizar a las víctimas una indemnización proporcional a los daños padecidos por hechos de violencia, la propuesta de Ley de Víctimas pretende hacer de los derechos fundamentales, mecanismos de reparación contrariando lo dispuesto por la Constitución política, los fallos y sentencias de las altas Cortes. La reparación pecuniaria no es suficiente, por un lado, y con ella no se garantizan los derechos de las víctimas a conocer la verdad plena sobre lo ocurrido y a lograr una justicia ejemplar que ponga fin a la impunidad.
El sentido de la reparación tiene que ver con el reconocimiento de la responsabilidad en el daño infringido, con el deber del Estado de garantizar bienestar, desarrollo y justicia a todos los ciudadanos, con el cumplimiento de los mandatos constitucionales y la posibilidad de resarcir el daño causado procurando que las víctimas recuperen su condición de vida previa a la agresión o logren mejorarla. En concepto de la Corte, la justicia transformadora indica que la víctima al ser reparada no regresara a la situación que ostentaba antes del hecho de violencia, sino que obtendrá ganancias que le aseguren un nivel de vida superior y el ejercicio pleno de su ciudadanía. Por tanto la reparación debe ser transformadora.
“La Corte Constitucional determina que en los casos concretos de violaciones graves a los derechos humanos, existen niveles de responsabilidad, en el entendido de que el principal responsable de resarcir a las víctimas es el particular victimario individualmente considerado y solidariamente, el frente o grupo armado organizado al que éste pertenece. Sin embargo, y en virtud del deber constitucional de velar por la vida, honra y bienes de sus habitantes, el Estado se encuentra obligado a asumir la responsabilidad de manera subsidiaria ante la falta de voluntad o imposibilidad manifiesta para resarcir a las víctimas por parte del particular victimario .
Los artículos sobre reparación, sea por vía judicial o administrativa, que propone la Ley no logra satisfacer las expectativas de las víctimas ni les garantiza el goce pleno de sus derechos.
No sólo se reduce el costo de la reparación a un tope arbitrario, sino que además define la asistencia humanitaria y el acceso a programas sociales como mecanismos de reparación; excluye a familiares o colectivos afectados por el hecho de violencia infligido contra alguno de sus miembros y pretende establecer un programa de restitución de tierras sin garantías de retorno y sin opciones viables de desarrollo sostenible.
De otra parte, al establecerse una reparación exclusiva para los familiares con primer grado consanguinidad (hijos y padres) se está ignorando la realidad colombiana, que como efecto del conflicto armado ha modificado la estructura familiar alternado los roles tradicionales; de modo que la dependencia y responsabilidad sobre los hijos, por ejemplo, ya no recae exclusivamente en los padres sino que muchas veces a falta de éstos son los abuelos, tíos, hermanos mayores o parientes cercanos quienes deben velar por el bienestar y manutención de los más jóvenes o desvalidos. Las medidas de reparación debe reconocer el grado de dependencia y de relación existente entre los miembros de una familia.
Asistencia humanitaria no es reparación
Contrario a lo que determina la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, los artículos 19, 60 a 65 y 97 del proyecto de ley, plantean como medidas de reparación la asistencia humanitaria y las prestaciones sociales que son de obligatorio cumplimiento por parte del Estado. La Ley sostiene que el acceso prioritario a los servicios sociales y el pago de los valores consagrados en la Ley 418 de 1997, con el fin de asegurar la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho y garantizar la plenitud de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución Política y/o los Tratados Internacionales aprobados por Colombia tendrían “efectos reparadores” .
Al respecto, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han manifestado que el cumplimiento de los mandatos constitucionales sobre garantes sociales, como salud, vivienda y educación, no podrán ser entendidos como medidas de reparación.
El artículo 19 sostiene que los montos entregados por Acción Social, de acuerdo a la Ley 418 de 1997 y la Resolución No. 7381 de 2004, tienen efectos reparadores y en consecuencia se descontarían de aquellos montos que por reparación reciban las víctimas. Resulta inconstitucional, por decir lo menos, pretender que el acceso a los derechos universales -de los que son titulares todos los ciudadanos y deber del Estado el garantizarlos- conlleva algún efecto reparador o pretender restar el valor de la asistencia humanitaria a la reparación.
La tesis de los “efectos reparadores” no sólo encubre la incapacidad del Estado para asegurar los derechos que consagra la Constitución a todos sus ciudadanos, sino que además intenta eximirlo de su responsabilidad de reparar integralmente (conforme a jurisprudencia internacional) a todas las víctimas del conflicto armado que ha sido incapaz de resolver. La reparación de las víctimas no es un gesto humanitario y de solidaridad por parte del Estado, es un deber constitucional.
Como también lo es la reparación colectiva, que si bien se menciona en los artículos 79 y 80 de la Ley de Víctimas, no se exponen políticas claras ni medidas eficaces para dar cumplimiento a la norma.
3. SOSTENIBILIDAD FISCAL: Si hay recursos para la guerra tiene que haber recursos para la paz
La reparación no puede ser contingente ni debe estar sujeta a la sostenibilidad fiscal.
Condicionar la reparación a la sostenibilidad fiscal contraría la filosofía de una ley pro víctimas cuando interpreta los principios de progresividad y gradualidad como sujetos a la disponibilidad de recursos por parte del Estado. Esta medida podría llevar a que una vez concedido el derecho por los jueces, el Estado se resista a aplicar la respectiva sentencia aduciendo razones de carácter presupuestal .
Igualmente establecer topes para la indemnización por vía judicial, que según el Artículo 5º de la Ley no podrá ser superior a la indemnización por vía administrativa, es inconstitucional. No sólo se viola la autonomía de los jueces, sino que además dichos artículos se convierten en pretextos para eludir la responsabilidad del Estado. “Por lo tanto la propuesta debe ser la eliminación de los topes de que habla el Artículo 5º en su inciso cuarto y de la noción de sostenibilidad fiscal de que habla el inciso quinto del mismo artículo”

“Uno de los ejes transversales de la legislación propuesta por el gobierno del presidente Santos es la tesis de que las sentencias judiciales están entre las principales amenazas de la estabilidad macroeconómica. Para el Gobierno no son la corrupción ni el gigantesco gasto en defensa ni las generosas gabelas y beneficios tributarios a los más pudientes, las causas de los problemas de insolvencia fiscal. El peligro radica en los fallos de tutela que protegen los derechos de la población desplazada y el acceso al servicio de salud para los más pobres. Este razonamiento es el sustento ideológico de un frontal ataque contra la Constitución de 1991 hecho con una poderosa máquina parlamentaria.
Con ese mismo espíritu se ha diseñado la ley de víctimas. Los artículos 5 y 13 del proyecto introducen el concepto de “sostenibilidad fiscal” que recorta drásticamente la pretendida reparación. El proyecto además deja a discreción del Gobierno fijar los montos de la indemnización de las víctimas por la reparación administrativa, limita algunas de las modalidades de la indemnización por vía judicial —lo cual es un claro retroceso—, y no establece la restitución patrimonial para quienes han sido despojados de tierras”

La restitución de suelos que el gobierno llama de tierras no reconoce que para que esta política sea efectiva y no produzca nuevos desplazamientos o fomente las nuevas modalidades del despojo que se vienen registrando en varias zonas del país, debe incluir la restitución patrimonial que comprende bienes, animales, vivienda digna con saneamiento fiscal previo, tierra, y un proyecto productivo financiado, viable y rentable que permita la subsistencia y recuperación de la capacidad productiva de las familias “beneficiadas”.

“Por elementales principios éticos la reparación no debe ser un asunto de regateo económico. Lo indicado en este caso es crear mecanismos eficaces para que las fuentes de esa reparación sean los bienes y capitales de los aparatos criminales. Igualmente, desarrollar la jurisprudencia que ha establecido la creación de impuestos a las empresas que se han lucrado de la acción de los grupos armados ilegales como una de las fuentes para la reparación. De esta forma, el debilitamiento de las bases económicas de los aparatos criminales puede contribuir al mismo tiempo a la no repetición de la violencia”
Justicia y lucha contra la impunidad:
El proyecto de Ley no hace mención a las medidas que implementará para lograr justicia y sancionar a los perpetradores. Tampoco contempla la posibilidad de ampliar el marco vigente de defensa pública de las víctimas. La Defensoría del Pueblo cuenta con 180 defensores públicos que atienden 327 mil casos de víctimas dentro de la Ley 975.
Es necesario por consiguiente que se cree un sistema especial de representación judicial para que de forma paralela y bajo la coordinación de la Defensoría del Pueblo, se realicen acuerdos con la academia y organizaciones sociales para que brinden asistencia jurídica con apoyo profesional de alto nivel. No se trata de que los casos sean llevados por consultorios jurídicos pues la disparidad con los profesionales del Estado sería enorme y a todas luces contraproducente. Lo que se propone es contar con el apoyo de las Clínicas Jurídicas, que a diferencia de los consultorios, tienen un énfasis en derechos humanos y operan en varias universidades del país.




Memoria y verdad

El derecho a la verdad no se reduce a la verdad procesal. La verdad que se debe establecer es una “verdad completa”, donde todos los crímenes de lesa humanidad sean evidenciados junto con sus autores intelectuales y materiales
La justicia transicional es un recurso que se aplica en tiempos de posconflicto como respuesta a las violaciones sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos que ocurrieron en el pasado. Sin embargo, es el marco jurídico del proyecto de Ley del gobierno Nacional. Un modelo de justicia transicional para ser viable en Colombia tendría que darse en un estadio superior al que atraviesa el actual conflicto armado, y debería contener garantías claras de seguridad para el retorno de las familias desplazadas y de no repetición de los crímenes padecidos. Garantías que no pueden ser ofrecidas en la actualidad.

Sin embargo, algunos componentes de la justicia transicional que permiten avanzar en la reconstrucción del tejido social destruido a causa de la violencia, sí podrían ser aplicados. Las acciones penales y las investigaciones judiciales de los responsables de violaciones de derechos humanos, la creación de comisiones de la verdad (tema bastante polémico), la aplicación de programas de reparación material, simbólica y moral para las víctimas, la justicia de género para combatir la impunidad de la violencia sexual, y una reforma institucional que revele las formas de la victimización, las complicidades, y la identidad de los autores intelectuales que desde las entrañas del Estado han participado en la ejecución de múltiples crímenes y en la corrupción estatal, podrían ser viables en el país y sólo dependerían de la voluntad política del actual Gobierno.

La paz es impensable si se considera que para su realización se debe sacrificar la justicia, y a la justicia jamás se podrá llegar si no se conoce la verdad acerca de lo sucedido. La impunidad genera violencia, produce fuertes retrocesos humanos, sociales y culturales cuando la necesidad de justicia es asumida por mano propia en suplantación de un orden jurídico incapaz de cumplir con su deber esencial.

Asumir el reto de la verdad en sociedades fracturadas como la colombiana, donde persevera el conflicto, la polarización política y no hay consenso social sobre las causas de la violencia generalizada, es un proceso complejo y largo, pero si no se empieza a asumir desde ahora, aún cuando las condiciones no sean las óptimas, y se sigue postergando esta deuda histórica con las víctimas de la violencia, jamás se podrá alcanzar el equilibrio social que entraña la reconciliación y pone fin la herencia de odio y retaliación.

miércoles, 10 de noviembre de 2010

“De tu carne comeremos, de tu sangre beberemos, tus ojitos sacaremos y con ellos caldo haremos…”


El país horrorizado supo en días pasados que tres niños habían sido asesinados en Arauca, que varias niñas fueron violadas por efectivos de las Fuerzas Armadas y que un menor de 3 años resultó muerto en fuego cruzado. El país escuchó -años atrás- las declaraciones de Daniel Arcila Cardona, testigo de la masacre de Trujillo, Valle, quien luego fue desaparecido. Muchos ciudadanos leímos y escuchamos las confesiones de algunos paramilitares desmovilizados entrenados para asesinar causando el mayor grado de dolor posible a sus víctimas. El mundo perplejo los escucho hablar de motosierras, de descuartizamientos de seres humanos vivos, de la sangre que bebían, de sopletes, varillas incandescentes, de mutilaciones y de infinidad de actos de barbarie convertidos en macabros rituales de sangre y muerte.

Fue entonces cuando nos preguntamos ¿Cómo sucedió todo esto? ¿Cómo una sociedad como la nuestra pudo producir seres humanos capaces de esas atrocidades? ¿Cómo es que dejaron de ser humanos?

Aquella línea que separa al hombre del animal, del más feroz y depredador de todos los animales había sido traspasada. ¿Por qué?

Varios hechos tuvieron que haberse conjugado para que el hombre privilegiara en su accionar a la bestia que dormita en su interior sobre el hombre racional dotado de sentimientos y capacidad para discernir. Hoy no tengo la menor duda de que ese límite fue cruzado, y que muchos ciudadanos fueron obligados, adoctrinados y llevados al extremo de la barbarie, por cuenta de un Estado cómplice y de unas Fuerzas Militares decadentes y enfermas de odio.

Bajo un régimen despiadado, una disciplina férrea y un constante llamado al odio y la destrucción, miles de soldaditos colombianos terminaron convertidos en monstruosos criminales.

¿Un Batallón militar que se llama “Buitres” qué puede enseñar a sus miembros?

Agentes del Estado comprometidos en la violación y asesinato de menores, en la ejecución de civiles inocentes para luego ser presentados como guerrilleros caídos en combate y así recibir bonificaciones y condecoraciones. Soldados torturados por sus superiores; jóvenes ignorantes y maleables que obligados a prestar servicio militar deben enfrentar la lucha por la supervivencia en un ambiente hostil y repetir cantos de animación para el combate que dicen cosas como: Sube, sube guerrillero que en la cima yo te espero/ con granadas y morteros de baja te daremos/ A tus mujeres violaremos y a todos mataremos/ Uno a uno bajaremos/ de tu carne comeremos, de tu sangre beberemos, tus ojitos sacaremos y con ellos caldo haremos/. También deben gritar: "Quiero bañarme en una piscina llenita de sangre, sangre subversiva". Soy hombre de guerra/Mata que Dios perdona".

Sí un joven bachiller es llevado a la fuerza a prestar servicio militar, donde es dotado de armas y uniforme y sus relaciones personales se forjan a partir del miedo y la brutal represión, sí desde que abre los ojos a un nuevo día es objeto de maltratos, agresiones y una feroz disciplina, sí se le obliga a repetir día y noche cantos de odio que claman por vivir experiencias de violencia extrema, ¿qué cosa distinta a la barbarie que protagonizan los llamados ‘héroes de la patria’ podemos esperar?

Esta realidad no puede producir nada distinto a un René Muñoz, a un Rito Alejo del Río, a un Carlos Hernando Medina Camacho, a un Jorge Enrique Mora o a un Iván Ramírez. Nada distinto a pervertidos seres humanos capaces de las peores abyecciones o convertidos en temibles paramilitares.

Porque los cantos de las AUC y sus acciones demostrarían que buena parte de sus comandantes y algunos de sus miembros prestaron servicio militar y recibieron el mismo entrenamiento: Sube, sube guerrillero/ que en la cima yo te espero/ con granadas y morteros/ y de baja te daremos/ a tus hijas violaremos y después las mataremos/

En la confesión de un paramilitar desmovilizado se alcanza a conocer el nivel de demencia, sevicia y criminalidad con el que eran instruidos sus miembros.

“No era fácil llegar al rango de comandante. Para una persona en las AUC, el fin justificaba los medios y, a través de cualquier método, se buscaba lograr una posición superior en el grupo. Por ejemplo, se era capaz de matar a un familiar o a un amigo con el propósito de escalar en la jerarquía. […]Para el ingreso había pruebas extremadamente difíciles, como por ejemplo, desmembrar de 5 a 7 personas a machete.
(cf. Entrevista a ex combatiente de las AUC, 2009. País Libre.)

Por MM

miércoles, 3 de noviembre de 2010

El fanatismo de las cavernas colombianas.

Ataque al Colectivo de abogados José Alvear Restrepo
de Maureén Maya, el jueves, 02 de septiembre de 2010 a las 19:24
Hay quienes propagan el odio como un fuego capaz de consumir todo atisbo de razón.

Ayer frente a la sede del Colectivo de Abogados, José Alvear Restrepo, miembros de varias asociaciones pro militaristas se enfrentaron con miembros de varias organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.

Apoyados en la voz de una abogada que afirmaba tener pruebas sobre la presunta ubicación de los restos de dos víctimas de desaparición forzada en la toma del Palacio de Justicia (Norma Constanza Esguerra en la tumba del magistrado Serrano y Ana Rosa Castiblanco en la fosa común del Cementerio Sur), miembros de organizaciones como Un Millón de Voces contra las Farc, Héroes Visibles, Colombia Herida y ACORE (Asociación Colombiana de Militares Retirados) entre otras, argumentando la defensa de la dignidad nacional, lanzaron calumnias e improperios contra el Colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Lo acusaron de ser una organización estafadora que cobra más de 400 mil dólares por víctima desaparecida, de los cuales se queda con 180 mil. Sin embargo, cuando se les solicitó pruebas admitieron no tenerlas.
Frente a ellos, sobre las escaleras del edificio, y separados por un cordón de policías, se encontraban varios miembros del Movice y otras organizaciones sociales; víctimas que exhibían las fotos de sus seres queridos desaparecidos, exigían justicia, recordaban que muchos de ellos también han sido objeto de atentados y persecuciones, y respondían a las agresiones verbales que recibían con la misma carga de dolor e indignación que expresaban los defensores de las fuerzas armadas y del Estado colombiano, que a su entender “jamás ha desaparecido a ningún ciudadano”.

El acto no sólo evidenció el nivel de intolerancia que existe en el país sino la incapacidad para argumentar con solidez, de interlocutar con respeto y coherencia, y aceptar versiones contrarias a la “verdad” que se quiere imponer, incluso con la violencia.

Ni siquiera fue posible abrir las ventanas de la solidaridad para entender, aceptar y respetar el dolor de las víctimas ajenas a sus apegos ideológicos. Y digo apegos, porque allí no media ningún razonamiento previo que impele a adoptar una posición clara y elaborada en medio de la guerra fratricida que vive Colombia. No, el llamado perentorio es a descalificar, a estigmatizar, y a exterminar toda voz disidente.
Una mujer insistió en afirmar que una tal Irma Guarín era guerrillera y que no fue desaparecida. No quiso aceptar que confundía a Irma Franco Pineda, guerrillera torturada y desaparecida en la toma del Palacio de justicia como ya lo comprobó la justicia, con Cristina del Pilar Guarín, cajera de la cafetería, quien también corrió la misma suerte de Irma. Sólo repetía que ese René Guarín era un malhechor, un secuestrador y un guerrillero de las FARC. Lo afirmaba tajante, pero sin pruebas.

Lamentable. Frente al fanatismo no hay margen algún para el razonamiento o la construcción de acuerdos constructivos.

Pueblo contra pueblo, víctimas contra víctimas, oportunistas y politiqueros que se lucran del dolor de otros y lanzan palabras mediadas por el odio y el rencor y no por la razón.

Y es justamente ese odio enceguecedor, nutrido en la desinformación y la ignorancia, lo que nos impide forjar un proyecto de nación fuerte y cohesionado y apostar con contundencia a la construcción de un mejor país. Los oídos se cierran, la conciencia dormita y la boca sólo repite el discurso extremista y odioso que alguien propagó y sobre el que muchos se niegan a reflexionar. Ni siquiera hay esperanza de humana solidaridad.

SOY DE IZQUIERDA


Los estereotipos de la izquierda

Las personas que militan en la izquierda política no son mejores ni peores que las que no, pero dado el carácter de su ideología, su compromiso con la equidad y la justicia social y su fehaciente labor en defensa de los derechos humanos están llamadas a ser siempre mejores de lo que son.

En está realidad polarizada, en la que todo lo esencial se divide en lo que es y su contrario, y la existencia de todo parece depender justamente de la nada, constantemente y en casi todos los ámbitos del pensamiento humano y la acción social se ha pretendido satanizar al opuesto para restarle legitimidad a su discurso y divinizar el propio. Siempre, una y otra vez, caemos en la necesidad de validar nuestro pensamiento convenciendo a los demás de que nosotros somos portadores de la única verdad verdadera; y además creemos qué esa verdad se debe imponer como un dogma incuestionable. Nuestro discurso es el correcto y es el único en el que se puede sustentar, sin temor al equívoco, la ética, la razón social y nuestros más elevados y esenciales principios humanos y universales. Vivimos inmersos en la eterna dicotomía: a un lado el mal al otro el bien. El demonio y el santo. En el lado contrario están los equivocados, los malos, los que avalan la muerte y el cruel extermino humano; en el lado correcto estamos quienes defendemos y valoramos la vida humana, el heroísmo y la inteligencia divina. El mal se expresa en el contrario, el bien está de nuestro lado; y a la final todos nos creemos los habitantes del virtuosismo y los enviados a salvar y revelar la gran verdad. Sin embargo, la real perversión de esta pulsión ideológica que pretende reafirmar el ser, se oculta en los puritanismos ideológicos y se expresa en la imposibilidad de llevar a la práctica las ideas que con tanto ahínco defendemos.

Cada cual desde su orilla ideológica considera que sus creencias, son las que las mayorías -o las minorías inteligentes, cultas y decentes- deberían aplicar para garantizar un mundo de paz, respeto y real democracia. Las propias ideas que se aprenden en la ideología heredada o se inyectan a través de los genes de la rebeldía, son las únicas que pueden alcanzar la justicia, la equidad, la libertad, el bienestar y el progreso. Por esas ideas se puede entregar todo, incluso la vida misma, pues ellas guardan impecable coherencia con el llamado bien supremo.

Quienes militamos del lado del corazón somos de izquierda. Anhelamos un mundo con justicia social, sin oprimidos ni opresores, con equidad social sin pobres ni ricos, donde todos los seres humanos, sin excepción, tengan derecho a una vivienda digna, salud integral, educación de calidad, trabajos bien remunerados, opciones de desarrollo humano y crecimiento económico, vestido garantizado y buena alimentación. Creemos en la democracia y consideramos que las sociedades prosperas son aquellas que operan en función del ser humano y no del capital o el desarrollo industrial. El hombre siempre debe estar por encima de las cosas y su valor trasciende toda concepción burguesa o capitalista. El humano no es una máquina de producción es un individuo único e irrepetible. Su esencia fundamental es la libertad y la imaginación; por ello la esclavitud se opone tajantemente a su propia naturaleza.

Creemos que ser de izquierda implica tener una actitud decorosa ante la vida, convicciones firmes, carácter justo, alegre y dadivoso, compromiso, formación rigurosa, capacidad de sacrificio, estudio consagrado, generosidad, altruismo y disposición de entrega a las causas sociales. El machismo, el revanchismo, la mediocridad, la corrupción y el despotismo se oponen totalmente a la esencia que da sustento a ésta ideología. Ser de izquierda es comprometerse a ser mejor persona, mejor ciudadano y mejor profesional cada día. Es un esfuerzo permanente que debe expresarse tanto en los ámbitos públicos como en los privados.

Tanto en la derecha como en la izquierda nos nutrimos de estereotipos que nos ayudan a refirmar nuestras convicciones y a rechazar viseralmente las opuestas. Algunas de esas concepciones estereotipadas de la izquierda pueden ser las siguientes:

El hombre de izquierda tiene un gran corazón, el hombre de derecha no tiene ninguno.

El hombre de izquierda que marcha a la guerra lo hace para defender los derechos, la libertad y la tierra de los más desventurados, siempre está del lado del débil, jamás del poderoso. Es insobornable. Sus principios y motivaciones siempre trasciendan el mercantilismo de un mundo dominado por el capital y lo sitúa en lo más elevado de la conciencia humana. Tiene un carácter místico que lo hace valiente pero no temerario, generoso pero no dadivoso y siempre está dispuesto a entregar la vida por sus hermanos: los oprimidos y mancillados que claman desde el miedo y el silencio, libertad. El guerrero de izquierda se asemeja a veces un caballero del medioevo defendiendo doncellas y salvando menesterosos; es la voz del que no tiene voz y en sus batallas actúa como si en él se encarnara la justicia misma. Mantiene un respeto sagrado por todo combatiente, en especial por sus oponentes. Valora y reconoce a su enemigo, nunca lo subestima, y siempre está dispuesto a garantizarle la honra y la dignidad de acuerdo a las normas humanitarias de la guerra cuando se encuentra en estado de indefensión o rendición. El guerrero de izquierda jamás roba ni toma a la mujer del enemigo como botín de guerra, al contrario, es respetuoso de todas las mujeres, es considerado y en todo momento estaría dispuesto a dar la vida por defender lo que es justo, incluso para salvar la vida de sus contrarios o su derecho a enunciar sus propios y equivocados pensamientos. Carece de ambiciones materiales, sólo anhela una vida sencilla, en familia, en comunión con la naturaleza y estar rodeado de otros seres humanos que al igual que él puedan gozar de sus mismos derechos y libertades. La mayor ambición del hombre de izquierda es conocer y revelar la gran verdad, el santo grial de la humanidad, y su mayor conquista siempre es y será la libertad de todos los oprimidos del mundo.

El hombre de izquierda ideal ama la belleza, lo conmueve, pero no sucumbe ante ella. Sabe ser pasional en el amor y el combate pero también mantiene a prueba todo el tiempo su racionalidad y su capacidad intuitiva. Es prudente, caballeroso y aunque sea seductor y coqueto, es leal y fiel. Valora a los seres humanos por lo que son y no por lo que tienen y para todos, sin importar nombre o posición social, tiene un trato justo y respetuoso. No reconoce autoridad distinta a la de sus más altas convicciones y siempre lleva en alto el legado de sus antepasados, muchos de los cuales murieron luchando por un mundo justo y en paz. Es el ideal porque en la realidad se tiende a pensar que el hombre de izquierda es mucho menos que eso. Se piensa que aún cuando sea capaz de enormes sacrificios y grandes heroísmos, es un tipo bohemio, bebedor, infiel, irresponsable, casi siempre machista, obsesivo, a veces vicioso y que está tan alejado de las ambiciones materiales que poco o nada le interesa la situación económica del hogar o la suerte de su familia. Esto no siempre es verdad, y no siempre es mentira.

La mujer de izquierda, en la que se mezcla el ideal y el estereotipo, exhibe las mismas características generales del hombre y la misma fuerza en sus convicciones, pero a diferencia de éste es anárquica, reta al establecimiento, es independiente, le gusta llevar la contraria, despierta pasiones pero no cae fácilmente en ellas. Es indomable, rebelde y todo lo cuestiona. Dotada de una gran conciencia social y de una alta sensibilidad, es de carácter fuerte, a veces dominante, pero también es comprensiva, cariñosa y amable. Es estudiosa, disciplinada, trabajadora, un poco despistada, y siempre tiene sed de nuevos conocimientos. Desprecia las normas sociales, los roles femeninos estereotipados, no usa silicona, tampoco sigue la moda, si llegase a usar maquillaje sería con discreción, no la seducen las joyas, el poder o el dinero, ni le gusta sacar partido de su apariencia física razón por la cual, a no ser que se trate de una misión revolucionaria, no usa escotes ni faldas demasiado cortas. Ama la comodidad y la libertad. No es creyente pero es altamente espiritual. Suele ser dura consigo misma, la enfurecen sus propios errores o caer presa de su ingenuidad. No gusta de los excesos ni de los vicios porque ve en ellos las cadenas de la esclavitud. En un plano más real, se tiende a creer que la mujer de izquierda es desorganizada, rebelde con o sin causa y descuidada con los hijos y con el hogar. Más que sostener una familia, se siente llamada a trabajar por las causas sociales, a luchar contra las injusticias, a subvertir el orden imperante y a retar toda forma de opresión y esclavitud.

Jesús, William Wallace, Robin Hood, el rey Arturo, Carlos Pizarro, Carlos Marx, Luis Carlos Prestes, entre otros, fueron de izquierda. Iván Cepeda es de izquierda. También Juana de Arco, Manuelita Sáenz, Manuela Beltrán, Antonia Santos, María Cano, Betzabé Espinoza, Deborah Arango, María Mercedes Araujo, Tamara Bunker, entre otras más.

Sin ir muy lejos o quizás sí, diríamos también que los ángeles son de izquierda y los santos de derecha, que los abuelos indígenas que vencen la vida y la muerte y sanan el alma enferma de las personas porque conocen los misterios del cosmos son de izquierda. Si los animales tuvieran cabida en nuestra fragmentación, -ellos tienen las propias- diríamos que un perro Golden Retriever es de izquierda y un Doberman es de derecha. El chulo sería de derecha y una paloma de izquierda, un águila sería de izquierda y una serpiente de derecha. La hiena sería de derecha y el venado de izquierda…. El caballo, el búho, el oso panda o de anteojos, el conejo y el unicornio serían de izquierda. En un mundo mágico diríamos que las hadas son de izquierda y los duendes de derecha.

No hay duda entonces, de que está concepción idealizada de la izquierda política tiene mucho que ver con el concepto del hombre nuevo, el cuál sería el resultado de la revolución del proletariado. El hombre nuevo sería capaz de entregarlo todo, incluso la misma vida, por el bienestar de los demás, por una nueva sociedad. Y en esta creencia se soportaba el triunfo del comunismo en el continente americano.
Sin embargo, aún cuando fueron muchos los seres humanos que aceptaron el sacrificio en defensa del socialismo, y dieron muestra de templanza, generosidad, altruismo y sobre todo de una voluntad inquebrantable, no estuvieron exentos de caer en las mismas trampas que devoran a la humanidad. En el mismo egoísmo que según Fidel Castro, es condición natural a causa de los instintos. “La educación impone las virtudes”

Tal vez quien primero habló del hombre nuevo fue San Agustín, uno de los pocos santos bienvenidos al comunismo, pero evidentemente fue Ernesto “Che” Guevara, quien mejor encarnó y personifico este concepto. Varias veces repitió que uno de los principales objetivos del marxismo, en el ámbito personal y social, era erradicar el interés y el lucro. El sacrificio es fundamental en la educación comunista, afirmaba consciente de que en ello se sustentaba la moral del comunismo.

Lo opuesto a la izquierda es la derecha; luz y tinieblas se debaten en esta dicotomía, tanto los unos como los otros observan a sus contrarios sucumbir en las sombras de la ignorancia, el miedo y el fanatismo. La luz sólo está con los hombres justos, y está siempre oscila de un lado a otro, permaneciendo en el sitio correcto según los ojos que la puedan advertir.

Ubicados al lado del corazón, afirmarnos que los hombres de derecha son tan pusilánimes como Caifás, decadentes como cualquier emperador romano o tan cobardes como los más grandes cobardes la historia, como por ejemplo Pompeyo, quien después de intrigar contra César en el Senado huyó a Grecia para salvar su pellejo. Hitler para escapar del juicio mundial que le esperaba por sus crímenes atroces se suicidó y Lord Jim, el personaje de la novela de Joseph Conrad, abandonó el Patna, dejando a merced de la tormenta a los 800 peregrinos que habían confiado en él. O para hablar de un cobarde más familiar, podemos referirnos al ex presidente Belisario Betancur quien para sostenerse en el poder permitió la masacre del Palacio de Justicia, el asesinato de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a mano de soldados colombianos y un golpe militar transitorio que terminó con la desaparición de varios civiles bajo tortura y la ruptura definitiva de la frágil confianza que podía existir entre gobierno y gobernados.

El rebaño de la derecha es tan ciego, engreído y sumiso como cualquier adepto a la cienciología y sus líderes son tan maquiavélicamente brillantes como el mismo Maquiavelo, Wagner o Nitzsche.

La derecha defiende por tradición al establecimiento, el sistema capitalista y la estratificación social. Considera que la pobreza debe existir, así como la mano de obra barata y el orden establecido de patrón y siervo. De posiciones conservadoras y capitalistas defiende las instituciones, avala la disciplina y la propiedad privada. Todo es valido con tal de defender la patria, para lo cual se suele recurrir a la exacerbación de un nacionalismo impúdico. La derecha es amiga de los tratados de libre comercio, TLC, de la explotación salvaje, cree en la ley del más fuerte y en las jerarquías sociales. Respeta los roles sociales establecidos y no cree en la igualdad de genero.

Si bien defiende -y sus concepciones tienen buena parte de sustento en ello- la noción de soberanía nacional, la aplica sólo cuando le conviene, pues avala sin rubor el intervencionismo de las potencias en países en vías de desarrollo o incluso pueden aplaudir la propia entrega de la defendida “patria” si a cambio de ello recibe beneficios económicos o ascensos en el poder. Justifica el crimen, el imperialismo y la injerencia militar o el derecho de los poderosos a invadir otra nación. Considera necesaria e inevitable la violación de los derechos humanos y las muertes violentas de todo aquel que amenace la consolidación de su propio plan o la vigencia del régimen que favorece sus intereses mezquinos. Cree firmemente en la aplicación de la tortura y defiende la pena de muerte. Condena la dosis personal o la legalización de la marihuana y cree en la lucha militar con apoyo extranjero y las fumigaciones con glifosato para erradicar la siembra de coca.

La libertad a su entender es relativa y siempre debe estar condicionada al bienestar de la sociedad, bienestar que sólo se puede garantizar con el sostenimiento de la tradición y la exclusión política y social de las mayorías. Los inferiores nunca podrán gobernar.

Considera que la nación es el único referente identitario en una comunidad política y que la familia es la piedra angular de la sociedad. Se rige por los conceptos de tradición, familia y propiedad privada. El Estado es la máxima consolidación humana en la vida colectiva. El Leviatán es invencible y todo poderoso.

Cree que sólo a través de la defensa y vigencia de la propiedad y el orden institucional, es posible garantizar el desarrollo y el progreso de un país. No cree en los consensos o las salidas negociadas, pues siempre la razón se debe imponer, incluso por la fuerza. Defiende la moral pública, los impuestos, los valores tradicionales y la libertad de consumo de acuerdo al desarrollo capitalista que cada individuo logre conquistar. Los hombres no son iguales, los hay superiores e inferiores, y ello también se relaciona con la raza. En la posición más baja de la pirámide social estarían los indígenas y los negros. Las minorías raciales existen para demostrar que efectivamente hay razas superiores e inferiores.

Los hombres de derecha insisten en la necesidad de conservar a toda costa las ideas y sistemas que resultan útiles a la “patria” y en la urgencia de combatir todo concepto disidente a los regimenes presentes, así sea a través del asesinato político. El fin justifica los medios y siempre debe primar la supremacía del Estado, el bien más elevado según sus intereses, lo que permite en determinadas circunstancias sacrificar a algunos siervos o incluso “amigos” para garantizar el bienestar de las mayorías. Para la supervivencia de la especie humana considera de suma importancia la preservación de los valores y la moral cristianas; más no la preservación de la vida.

Tiende a sobrevalorar la tradición, sobre todo cuando ésta se ajusta a su visión cerrada y excluyente de la sociedad. Teme a las revoluciones o al levantamiento de los oprimidos, por eso constantemente está ideando alternativas de represión y control social bajo muchas fachadas. “El rebaño desconcertado nunca acaba de estar debidamente domesticado: es una batalla permanente”.

Para la derecha, el pueblo -el vulgo, la masa, aunque sea despreciado y visto como una sumatoria de seres reducidos e infelices sin identidad ni criterio- debe ser hábilmente manipulado y sus miembros deben ser aislados unos de otros frenando a como dé lugar todo proceso organizativo. Noam Chomski lo explica muy bien: “Es absolutamente necesario evitar las asociaciones. De aquí el individualismo. Hay que hacer que conserven un miedo permanente, porque a menos que estén debidamente atemorizados por todos los posibles males que pueden destruirles, desde dentro o desde fuera, podrían empezar a pensar por sí mismos, lo cual es muy peligroso…”

Miltón Fridman encarna el ideal y la perfección de la derecha.

La derecha prefiere que se mantenga todo en el mismo orden de siempre porque los cambios son peligrosos y desestabilizadores. El poder siempre debe estar concentrado en unas solas manos, las que por derecho y por superioridad nacieron para detentarlo. La búsqueda de la verdad no es su aspiracional, pues es claro que sólo existe una sola verdad, la cual ya les fue revelada. La verdad no tiene nada que ver con la razón, sino con la autoridad.

Uno de los grandes gurús de la derecha es Adam Smith y al igual que él, los hombres de derecha consideran que el principal el motor de la economía y el progreso social es el individualismo. Sólo la búsqueda de beneficio propio puede motivar al trabajador.

Las desigualdades sociales son inevitables; existen porque los hombres no son iguales unos a otros, hay quienes nacen con mayores habilidades, dotados de razón e inteligencia, mientras que hay otros que nacen para obedecer y cumplir funciones mecánicas que no demanden creatividad, ni la formulación de pensamientos originales ni siquiera de raciocinio. Hay hombres que nacen ricos y otros que nacen pobres, es ley natural. Además esta realidad funciona bien para el sostenimiento de la sociedad, pues en la medida que una masa bruta, analfabeta e ignorante se mantenga tal cual, será más fácil de explotar, reprimir y someter. Hay otros hombres que nacen para crear capital, para ser propietarios, para garantizar la rentabilidad del capital que a través de sus inversiones sostienen la vida económica de un país, y con ello el desarrollo garantizando progreso nacional.

Las políticas agrarias del gobierno Uribe confirman esta tesis. Uno de sus mayores defensores, y ejemplar clásico de la derecha es el controvertido Fernando Londoño, quien explica muy bien las razones tras la asignación arbitraria de los recursos de Agro Ingreso a los dueños del capital: ¿Acaso es negativo otorgar incentivos a los ricos, a la gente pudiente y empresarios en condiciones de generar riqueza? “El plan Marshal se hizo para reconstruir Europa y dar oportunidades productivas a Europa, ¿los beneficios a donde llegaron?, a los grandes empresarios europeos que habían visto destruidas sus fabricas, disminuida su capacidad de producción, en fin había que restituirlos en su condición productiva afectada duramente por la guerra. ¿Se les dieron esos subsidios a los pobres? NO, se le dieron a los ricos y se salvó a Europa y al mundo con el Plan Marshall…”

Las relaciones humanas y sociales dentro de la concepción de derecha se sustentan en la producción y el constante flujo e intercambio de bienes y servicios que obedecen a las normas del comercio y a los precios y estándares de los mercados. El matrimonio es un negocio, que en el mejor de los casos, podría dejar importante réditos comerciales, sociales y de capital.

Generalmente integran a la iglesia con el Estado como un matrimonio indisoluble. Defienden el clero, acuden a misa cuando les sobra tiempo o cuando se justifica porque se trata de un hecho noticioso, pero en la realidad no son practicantes ni han pensado jamás en seguir el ejemplo de Jesús o renunciar a sus riquezas.

Hombres de derecha han sido Jean Marie Le Pen, Adolfo Hitler, Augusto Pinochet, George Bush, Jorge Rafael Videla, Rafael Leónidas Trujillo, Fulgencio Batista, Hugo Banzer Suárez, Alfredo Stroessner, Anastasio Somoza, Francois Duvalier, Getulio Vargas y todos los sanguinarios dictadores de América Latina que sembraron el terror, la muerte y la desolación. Por supuesto no podrían faltar: “El monstruo” Laureano Gómez, Mariano Ospina Pérez, Belisario Betancur, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Fernando Londoño, José Obdulio Gaviria, Ernesto Yamhure, Salvador Arana, Luís Camilo Osorio, Jorge Noguera, Carlos Olguín Sardi, Plinio Apuleyo etc… mejor dicho y para no alargarnos, buena parte de la plana ministerial de los últimos 35 gobiernos colombianos, incluidos sus presidentes, la casi totalidad de la dirigencia política y empresarial del país y el cartel de la diplomacia nacional. Muchos de ellos, cierto es y hay que reconocerlo, son apenas embriones de derecha; pues militan allí sin mayor reflexión, sólo los guía el hambre de poder y la vanidad, como en el caso del ex ministro Arias.

La derecha estereotipada vista desde afuera, también posee ciertas características:
Los hombres de derecha son implacables, son seres despiadados que dan la vida por el lujo y el confort personal, son mezquinos, intolerantes, desprecian al ser humano y lo miden de acuerdo a los resultados que en términos capitalistas logre producir. La derecha tiene su Dios en la tierra y éste se llama capital; promueve el consumismo inconsciente, desprecia lo esencial y observa a la naturaleza como un bien de consumo que se debe explotar y dominar. El hombre de derecha es machista, frío, calculador, ambicioso, impúdico, tiene doble moral, justifica la violencia y el crimen, cree que las leyes y las normas son relativas y que así mismo debe ser la aplicación de la justicia. Es dominante, exigente, autoritario, represivo, egoísta, violento, corrupto, carece de escrúpulos y cree que todo se puede comprar pues no existe nada en el mundo que no tenga precio. Es buen cliente de los prostíbulos, aunque siente un profundo asco por las putas, por más finas que éstas sean. Suele caer en situaciones de acoso sexual, es chantajista, manipulador, odia la debilidad y siempre tiene la razón. El poder es un estadio que le permite tener servidumbre, venías, esclavos, satisfacer sus caprichos y acceder a todo lo que le antoja sin importar de quien sea o lo que deba pagar o hacer para obtenerlo.

La mujer de derecha exhibe las mismas características pero suele se más despiadada especialmente con otras mujeres, pues casi todas, aunque no estén a su altura, son sus rivales. Es vanidosa, materialista, infiel, coqueta, consumista, inconstante, depresiva, de nervios alterados, gritona, rígida, suele confesarse con regularidad y aunque no pone atención en las misas acude sagradamente a la iglesia cada semana. Se siente superior a los demás mortales, mira con desprecio a los más débiles, le cuesta reconocer virtudes en otras mujeres o admirar la belleza en alguien que no sea ella misma o su hermana aunque en el fondo ésta nunca deja de ser también su rival. La mujer de derecha apela a lo que sea por sostener su comodidad, incluso puede tranzar con sicarios o recurrir a las prácticas de magia negra o brujería. Es hipócrita, caprichosa, irracional, voraz, depredadora, fabuladora, engreída, envidiosa, ambiciosa, calumniadora e insensata. También es presumida, arrogante, conflictiva, aburrida, poco creativa, tiene muchos complejos que esconde en su altivez y agresividad, es cínica y mentirosa, y suele ser muy mala mamá, mala compañera y mala amiga. Es insegura e inestable, suele caer en excesos y pocas veces es dada a la lectura o al cultivo intelectual. Nunca se interesa por nadie que no sea ella misma, aunque nunca se anima a descubrirse totalmente ni intenta fortalecer sus talentos innatos; cree que lo merece todo y que quienes la rodean la deben adorar, servir y obedecer. Tiene ínfulas de princesa, nunca acepta un no a sus demandas y sus vástagos siempre serán superiores a los demás. Su arma preferida es la traición. Sabe fingir y suele ganarse la confianza de los demás convirtiéndose en confidente de otros para luego ser infidente empleando todo lo que se le ha confiado como arma de combate. Es implacable con sus enemigos; no tiene amigos sólo comparte intereses y proyectos de beneficio personal. Puede emplear fallidos intentos de suicidio como arma de control y manipulación, y en el fondo padece de violentas turbulencias emocionales. Es capaz de inventar embarazos para retener a un hombre a su lado, de fingir secuestros o enfermedades. Es holgazana, tirana, déspota, intrigante y tramposa. Sólo valora los objetos costosos y jamás se involucraría, al menos no seriamente, con un hombre inferior a ella en la escala social. Nunca asume la responsabilidad por sus acciones, siempre culpa a los demás de sus propios errores, es rencorosa, no sabe perdonar ni olvidar las ofensas recibidas, es insaciable en la venganza y todo lo resuelve con ojo por ojo, diente por diente, aunque si puede obtener más de lo perdido no dejará pasar la oportunidad. Su refrán favorito: es del ahogado el sombrero.

La mujer de derecha es mala, perversa y cruel. Está más que claro.

El Problema: ¿Para qué está reflexión?

“Diversas patologías afectan al pensamiento moderno: la hiper-simplificación que ciega al espíritu a la complejidad de lo real; el idealismo, donde la idea oculta a la realidad que pretende traducir; el dogmatismo que encierra a la teoría en sí misma, la racionalización que encierra lo real en un sistema coherente. Estas cegueras son parte de nuestra barbarie. Estamos siempre en la prehistoria del espíritu humano. Sólo el pensamiento complejo nos permitirá civilizar nuestro conocimiento" “SOBRE LA COMPLEJIDAD EN TORNO A EDGAR MORIN” de Juan Carlos Villanueva Pascual

Exposiciones y apreciaciones con sustento real o netamente imaginativo, pero totalmente cegadas y prejuiciosas nos alejan de la posibilidad de construir un modelo social incluyente y participativo con reales opciones de progreso y bienestar para todos; nos impide valorar opciones distintas que se producen lejos del alcance de nuestra militancia o nuestras ideas cortas.

Para la derecha la pobreza debe existir para que pueda existir la riqueza. Para la izquierda la pobreza es un mal social que debe ser erradicado. Lo último reafirma la ética humana, lo primero se opone tajantemente de ella ¿Que media entre las orillas? La concepción ética y el sustento filosófico con los que podamos asumir nuestro propio proceso humano y social. Desideologizar los valores, defender lo esencial y todo aquello con lo que instintivamente comulga nuestra alma y nos eleva como individuos. Pensarnos de manera más amplia.

La derecha es egoísta y carece de escrúpulos. La izquierda pretende ahogar la libertad y anular los logros individuales. La derecha es mezquina, la izquierda es anárquica. La derecha condena la cultura aborigen y habla de la coca como un cultivo ilícito, la izquierda reconoce su valor cultural y medicinal y se refiere a ella como la planta sagrada de uso ilícito. Para la derecha la naturaleza es una bestia que se debe dominar, para la izquierda es una madre que se debe cuidar con devoción. Un genuino hombre de izquierda está siempre con los débiles, un hombre de derecha con los poderosos.

Esta reflexión, puede parecer cómica, quizás extensa y cargada de adjetivos, pero surge a raíz de un comentario que escuche hace algún tiempo. Sin embargo, quizás lo sorprendente no haya sido el comentario en sí, sino mi reacción inmediata. Alguien afirmó que un compañero de izquierda, firme militante del partido, habría incurrido en acoso, al tratar de obtener un supuesto favor sexual de una compañera necesitada a cambio de garantizarle un buen puesto en alguna organización. De inmediato descalifique el suceso y di por sentado que eso no pudo ocurrir de ninguna manera, que tendría que ser un mal entendido, una confusión. Ante lo que parecían evidencias concretas, declaré entonces: Ese hombre no es de izquierda.

¿Por qué? Porque siempre he pensado, sintonizada con la polarización excluyente, lo reconozco, que ser de izquierda demanda de unos elevados principios éticos y concepciones filosóficas. Una persona de izquierda por naturaleza ideológica debe ser recta, justa, correcta, generosa, altruista, bondadosa, honrada, decente y sobre todo exigente consigo misma y muy estudiosa.

Olvide que independiente de la ideología que se profese, el ser humano obedece a leyes naturales y que su comportamiento está regulado no sólo por unas normas sociales, sino también por una educación, una herencia genética y las experiencias que se producen en su entorno inmediato, o las que va acumulando a lo largo de su existencia. Sin embargo, sigo pensando que la bandera por excelencia de la izquierda es el humanismo, es la conciencia ética que nos lleva siempre a asumir una posición clara de repudio a todo acto que lacere nuestra conciencia y a favor de toda expresión de vida y libertad. No hablo de los extremismos ideológicos que se expresan en la lucha a muerte en campos de batalla o en intentos fallidos de domesticación global, hablo de la guerra extremista que se da entre ideas y creencias, mitos y acontecimientos. Como militante de izquierda entiendo que nuestro deber primordial no es diferente al que se nos asigna al nacer, que no es otro que el de proteger, defender y garantizar la vida en igualdad para todos; aportar a la construcción de un mundo mejor al que nos ha correspondido vivir y asegurar una existencia de decoro, justicia y dignidad para todos los seres humanos sin diferencia alguna.

Cuando pienso que un gobernante de izquierda tiene que ser ejemplarmente transparente y correcto y en contraposición observo cómo algunos de ellos incurren en la corrupción, que reproducen a la perfección los vicios excluyentes de la oligarquía o de la derecha siempre detentora del poder en Colombia, que son burócratas y que abusan de su poder, pienso indefectiblemente que aún cuando se proclamen de izquierda su esencia es de derecha. En la izquierda genuina no puede tener cabida el autoritarismo, el desprecio a la clase trabajadora, el maltrato, la arrogancia, la corrupción, ni la exclusión política ni social; incluso bajo un mandato de izquierda se esperaría que el gobernante de turno, invitara a la oposición a construir país y a deponer los odios; y que bogara por la unidad nacional partiendo del hecho de que la justicia y los principios morales no se negocian y que la diversidad siempre enriquece tanto a los individuos como a las sociedades.

Increíblemente, incluso tratándose de asuntos políticos o que dependen de la contundencia argumentativa de hechos y procesos históricos con sustentos sociológicos, sobreviven los idealismos románticos. Una visión parcializada que trasciende todo raciocinio y que nos lleva a asumir posiciones visearles en defensa de la racionalidad y coherencia de nuestros argumentos y a rechazar de plano los contrarios. Desde el delirio, exceso de análisis, pretendemos defender la razón de las ideologías. Siempre ha sido así; y tal parece que ni el desarrollo científico alcanzado -en medicina, ciencia, informática y comunicaciones- ni la perspectiva de afianzamiento de nuestros instrumentos democráticos dando sustento a un Estado Social de Derecho, lograremos controlar la injerencia de nuestras emociones o el fantaseo infantil de mundos imaginarios en los que viven princesas hermosas, castas y puras, príncipes valientes y brujas despiadadas. Los malos son malos y muy malos; los buenos son extremadamente buenos; no existen las tonalidades medias.

Ante esta perspectiva, necia y extremista, necia por lo extremista y extremistamente necia, urge superar la visión bipolar de un mundo chato y reducido que se divide en luz y oscuridad, bien y mal, y dónde todo se politiza. ¡Hasta a los derechos humanos se les enrostra bandera política, y al hambre también!. Es necesario renunciar a la mitificación y la divinización humana de nuestra voz y a la satanización de los contrarios; el ser humano es uno solo y aunque se exprese de múltiples formas está llamado siempre a vencer sus propios obstáculos y aquellos que se imponen en razón de las fragmentaciones sociales a las que apelamos indefectiblemente y de las que hacemos parte también.

La respuesta que buscamos tal vez se encuentre en la filosofía y quizás sólo la podamos comprender cuando nos atrevamos a matar a nuestros dioses y a sacrificar en el altar de las despedidas los puritanismos ideológicos.

Perspectiva de futuro

“La pureza de los principios, no solamente tolera sino que, más aún, necesita de las violencias -afirmaba el filósofo francés Merleau Ponty- Hay, pues, una mistificación liberal. Consideradas en la vida y en la historia, las ideas liberales forman sistema con esas violencias, constituyendo, como decía Marx, su "pundonor espiritualista", el "complemento solemne", la "razón general de consolación y de justificación"

“Sea cual fuere la filosofía que se profese, y aun si es teológica, una sociedad no es el templo de los valores-ídolos que figuran al frente de sus monumentos o en sus textos constitucionales; una sociedad vale lo que valen en ella las relaciones del nombre con el hombre”.

Por tanto, la cuestión no es solamente saber qué piensan la izquierda o la derecha, para no hablar ya de liberales y conservadores o comunistas y fascistas, sino constatar que en efecto son capaces de llevar a la realidad tanto desde el ejercicio de poder como desde la oposición política, sus propios planteamientos. La pureza de los principios no absuelve a los partidos ni a las ideologías; al contrario, los condena si se comprueba que éstos no existen en la práctica. Y esa es justamente la condena más dura y definitiva que confronta la izquierda colombiana. La derecha en cambio, ha sido mucho más efectiva y coherente en la aplicación social y económica de sus postulados, aunque desconoce la esencia humana tras ellos y por supuesto, su compromiso de defender la vida, libertades y honra de las personas.

Los problemas que enfrenta la humanidad contemporánea, que por supuesto trascienden las crisis de las ideologías, nos obliga a reconsiderar las bases de la concepción y la moralidad humana. Desde mediados del siglo XX se habla de la ramificación de la ética, siento ésta UNA por excelencia, y desde entonces nos referimos a la ética ambiental, la bioética o a la ética ligada a las diversas disciplinas. Sin embargo, el sentido más elemental de ello y de toda apuesta novedosa en torno a la reconstrucción del pensamiento humano y su ejercicio social y colectivo, es el de reafirmar una noción de seguridad capaz de responder a la escalada de nuestros temores. Y a eso justamente juegan nuestros tiranos: a crear crisis que ellos con represión pueden conjurar. Nos ofrecen el deleite de una falsa seguridad que nos hace dependientes, manipulables y anula toda forma de interacción interna; ya no hace falta buscar adentro lo que afuera ha sido garantizado; pero no hay tal: a más seguridad depositemos en un tercero, más frágiles nos hacemos y contrariamente, reafirmamos aún más nuestra inseguridad. Es un círculo vicioso del que los poderosos se saben lucrar.

Autonomía, seguridad y desarrollo integral debieran ser las bases desde las cuales se pudiera emprender la aventura vivir una vida rica en desafíos, no así, vivimos llamados por una lógica reduccionista según la cual el peligro acecha y la seguridad la garantizan otros. Poco a poco empezamos a evadir nuestra principal responsabilidad. Ya no es posible descubrirnos o habitarnos completamente cuando somos incapaces de entender que siendo nosotros nuestro principal objeto de estudio, no podemos ignorar nuestro contexto, antecedentes y un posible devenir. Claramente nuestra naturaleza no es el autismo.

Trascender el pensamiento reduccionista y simplista que nos anula, exige empezar a pensar la experiencia humana como una realidad mucho más profunda y diversa de lo que queremos ver. Necesitamos desarrollar una obligatoria curiosidad intelectual y una pasión ética por la vida; recuperar nuestra capacidad de asombro ante los misterios que muchas veces en silencio nos rodean, y asumir la tarea de viajar hacia nosotros mismos. La ética es neutral y el ser humano es multifacético. Descubrirlo no sólo es una responsabilidad personal, es también una forma de garantizar nuestra existencia y escribir nuestro destino, no desde las tinieblas de la ignorancia, la luz incandescente de lo sobrenatural sino desde nuestras propias y reales posibilidades.

La mente humana, además de generar ideas y obedecer a ellas, también está regulada por las tradiciones familiares, sociales, culturales, étnicas, y genéricas. El mundo está integrado por seres biológicos y también culturales. No lo podemos desconocer.

Ningún ser humano se creería capaz de cometer actos execrables a la conciencia humana, de actuar con perversión o malignidad; pues desde antes del primer recuerdo empezamos a ser controlados, ajustados a los moldes sociales, sea cual fuere el entono y los valores culturales de éste; y es así como logramos ahogar nuestros instintos animales o criminales, pero siempre es posible que situaciones extremas agoten nuestra defensas y cometamos actos inconfesables. Todo es posible y el ser humano nunca dejará de sorprendernos.

Un criminal, un hombre corrupto, acosador sexual, autoritario o mezquino no lo es porque su ideología sea de derecha, y tampoco es inmune a todo ello por ser de izquierda. No obstante, en los segundos si existe la exigencia moral y ética que impone su ideología, pues ella se basa en una alta dosis de humanismo, y quien siendo izquierda lo niegue, traiciona su propio discurso y se anula así mismo.

Todo ser humano, sin importar su ideología, puede ser capaz de acciones de conmovedora belleza, de generosidad y servicio a sus congéneres, pero también es capaz de las peores acciones. Sólo media para el alcance de nuestras acciones la capacidad analítica y reflexiva que se posea, la intensidad y firmeza de las más elevadas y altruistas convicciones que nos animan, las enseñanzas aprehendidas, el nivel intelectual y espiritual en igual medida, el cáliz del alma y el sentido que se le asigne al propio existir.

Dostoievsky desahuciaba al hombre desde antes de nacer: el hombre por naturaleza siempre está abocado al mal, al egoísmo y a la inconsciente depredación. Los actos de bondad son el resultado de imposiciones sociales y del autocontrol. Sin duda alguna la naturaleza nos rige pero también es cierto que la sociedad deforma la esencia del hombre. Dios y Diablo son uno sólo y siempre habla el más fuerte. Tal como sucede afuera sucede adentro; día y noche: la luz puede enceguecer y el sol quemar; la oscura noche trae descanso y también estrellas. El asesino más despiadado y brutal puede realizar un gran sacrificio de amor por su hijo, el hombre más justo puede en algún momento ser doblegado por la cobardía y traicionar lo esencial.

La búsqueda del sentido humano -exprésese en política, arte, trabajo social o cualquiera otra rama del conocimiento- implica un fecundo trabajo interior; abordarnos a nosotros mismos con cuidado, exigencia y paciencia para ser mejores personas cada día; es decir menos presas de nuestro nombre y más parte de la humanidad, menos esclavos de nuestras limitantes y debilidades y más libres de nosotros mismos y los demás. Más unidad y menos fragmentación.

Miedo y ambición, la dualidad de vestido espiritual. Ambicionamos el paraíso y tememos al infierno. Queremos lo sencillo, el orden y la armonía pero vivimos en constante desequilibrio fluctuando todo el tiempo entre caos y armonía, dicha y desdicha, anhelando las cosas fáciles, condenando la dificultad y los obstáculos y evitando las complejidades de la vida. Quizás, como lo afirma el filósofo francés Edgar Morín, el pensamiento complejo no es aquél que evita o suprime el desafío, sino aquél que ayuda a revelarlo e incluso, tal vez, a superarlo.

Las relaciones humanas suelen ser complejas, pero ¿quién se pudiera negar a ellas? Para conocer y juzgar una sociedad es preciso conocer los seres humanos que la conforman, los lazos humanos que la sostienen, sus formas productivas, su sistema religioso y jurídico, pero también sus maneras de amar, vivir, sentir y morir.

El desafío de la humanidad es el mismo que hoy enfrenta la izquierda política. Dejar ser a los demás y empezar a ser en el plano de la realidad social. La teoría como bien enseña Gramsci necesita de la acción política; y en ese sentido, la izquierda necesita reafirmar en la práctica y desde la acción revolucionaria -constante y cambiante- sus postulados para superar las contradicciones filosóficas que no pueden ser resueltas en el plano del pensamiento especulativo, pero sí en el ejercicio cotidiano de formular una nueva sociedad.

Toda discusión seria sobre las ideologías debe partir de hechos fácticos, del ejercicio y su capacidad de afectar la realidad social de los hombres. No es sobre el terreno de los principios que se debe desarrollar la discusión, sino sobre el de las relaciones humanas.

¿Qué ideología será entonces capaz de resolver los más apremiantes problemas y angustias humanas para al fin poder formular unas sanas relaciones entre los hombres donde medie el dialogo, la solidaridad y el bien común?

Creo que ninguna podría hacerlo porque a cada cual le asiste la urgencia primera de revalidar en la practica sus pensamientos excluyentes y divisionistas por naturaleza. Sólo nos queda por tanto una alternativa, una capaz de trascender la fragmentación y convocar la unidad sin banderas ni discursos, de reconocer la importancia de los procesos en la historia y de hacernos capitular ante las inevitables contradicciones de la vida humana. Impulsar una verdadera rebelión moral.

El camino es el ser humano y el objetivo es la ética universal. Nuestra bandera es la esperanza, la esperanza pese a todo.