sábado, 18 de junio de 2011

“La agonía de la Comisión de Acusaciones: Un septimazo hacia la Corte Penal Internacional”

Por MM

Con enorme expectativas se inició el pasado jueves 16 de junio, la audiencia de versión libre del ex presidente Álvaro Uribe en la Comisión de Acusaciones e Investigaciones de la Cámara de Representantes. La transmisión en directo por las cadenas nacionales e internacionales y redes sociales como facebook o twitter, fue seguida con máxima atención por miles de ciudadanos en varios países. Sin embargo, el evento duró poco; menos de dos horas después de haberse iniciado, fue abruptamente aplazada. ¿Por qué razón?

Uribe llegó muy puntual al recinto acompañado por su esposa Lina Moreno y uno de sus hijos, los ex ministros Fabio Valencia Cossio, Diego Palacio, Óscar Iván Zuluaga, los senadores Roy Barreras, Juan Carlos Vélez Uribe y Juan Lozano (presidente de La U), el ex embajador Carlos Moreno de Caro, y los abogados defensores, Jaime Lombana y Jaime Granados. Inexplicablemente los “invitados” del ex presidente pudieron instalarse en el recinto sin inconveniente alguno, mientras que los acompañantes de las víctimas fueron enviados a las barras.

Faltando trece minutos para las tres de la tarde, con un retraso de 17 minutos empezó la Audiencia con las palabras protocolarias del polémico representante Yahir Acuña, quien declaró que por un gesto de cordialidad se había permitido el ingreso de personas ajenas a la Comisión y al círculo del ex mandatario al recinto. Vaya descaro el de estos representantes. Cómo si fuera posible dar inicio a un proceso de enorme relevancia nacional contra quien fuera uno de los jefes de Estado más cuestionados en la reciente historia del país por su oprobioso mandato, salpicado de toda clase de irregularidades y de actos de corrupción, a espaldas de la nación y de las víctimas; cómo si el sagrado deber de informar a los ciudadanos y de permitir su pleno derecho a ejercer control político, principio esencial de una democracia participativa, sobre el desempeño de sus altos “dignatarios” tuviera que ser entendido como un gesto de generosidad de quienes fueron elegidos para representar a los ciudadanos.

El Abogado Jaime Lombana, defensor del ex presidente Uribe, empezó la audiencia cuestionando la actuación del representante de la ex senadora Piedad Córdoba, el abogado Luís Guillermo Pérez, quien horas antes a través de un memorial, había solicitado que dos de los tres miembros de la Comisión de Acusación, se declararan impedidos para participar en la Audiencia, pues de lo contrario serían recusados. El abogado Lombana pidió que se compulsaran copias para que se examinara lo que calificó como un comportamiento disciplinario. “En mi sentir, no hay recusación, lo que hay es un interés de no permitir que un inocente se defienda” concluyó.

Los abogados defensores de derechos humanos en representación de 64 víctimas reconocidas oficialmente por la Fiscalía General de la Nación, aguardaron con paciencia las interpelaciones del abogado, hasta que finalmente se le concedió el uso de la palabra al representante de la Ex Senadora Piedad Córdoba, Luís Guillermo Pérez, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y Secretario General de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), a fin de qué explicara el memorial por él radicado.

Pérez inició su intervención narrando las dificultades que habían tenido que sortear para poder asistir a la Audiencia. “Desde el mes de noviembre del año anterior, hemos intentado que se nos reconozcan nuestros derechos como víctimas en este procedimiento. Y no nos ha sido fácil ni fue fácil tampoco lograr que esta audiencia fuera pública porque entonces ustedes me cerraron la puerta en la nariz, como se le cerró la puerta a la senadora Piedad Córdoba y se nos dijo no tienen derecho a entrar, pero además se nos dijo no tienen derecho a constituirse ni siquiera como víctimas en este procedimiento. Y nos dijeron que este procedimiento se adelantaba bajo el carácter de secretividad. Entonces frente a eso, tuvimos que acudir en tutela al Tribunal Superior de Bogotá, que decidió recordarles a ustedes, señores representantes, que hay una norma procedimental penal que obliga desde un comienzo a que cualquier instrucción, ya se encuentre en etapa preliminar o no, que se surta contra un presidente o ex presidente de la República, en relación con hechos que se refieran al ejercicio de su mandato presidencial y que podría constituir crímenes internacionales o hechos criminales, (cuente con la participación de las víctimas y la ciudadanía) […] El pueblo colombiano tiene derecho a ejercer control político no solamente sobre aquella gestión que haya adelantado el máximo mandatario de la nación sino también […] sobre la gestión que ustedes constitucionalmente están obligados a cumplir como operadores judiciales con relación al principal aforado de la nación. Dicho lo anterior nos vimos abocados a presentar una segunda tutela porque no se nos reconocía el derecho a estar acá representados como víctimas”. En sentencia confirmada por la Corte Suprema de Justicia se aceptó la petición de que fueran reconocidos como víctimas y representantes de las víctimas dentro de este proceso.

El abogado Pérez también recordó que en el mismo pronunciamiento, el Tribunal Superior de Bogotá solicitó se investigara disciplinariamente a los miembros de la Comisión de Acusaciones por los hechos irregulares denunciados por las víctimas y sus representantes, y concedió tres días para que se pronunciaran al respecto. “Han pasado tres semanas sin que la comisión cumpla con ese mandato constitucional” señaló. También recordó que el representante Bocanegra renunció públicamente argumentando que lo hacía porque sus colegas de la Comisión le impedían reconocer los derechos de las víctimas. “Esta denuncia pública […] nos permitió presentar denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia, por un posible prevaricato por omisión en relación con los miembros de la Comisión de Acusaciones e Investigaciones de la Cámara de Representantes”

Las víctimas presentes en la Audiencia le estaban reclamando a Uribe el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, pero fundamentalmente, estaban demandando garantías de no repetición de los hechos de enorme gravedad que fueron denunciados ante la Comisión, como crímenes de lesa humanidad.

El derecho a la verdad, consagrado en la Carta Política de Colombia, es un derecho que hace parte del bloque de constitucionalidad, señaló Pérez, y en él se reconoce el pleno derecho de las victimas a participar en todas las instancias procesales, sobre lo cual ya existe reiterada jurisprudencia y pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional. En aras de ese derecho, el abogado Pérez, dijo que pedían interrogar al ex presidente Uribe. “En el sentido de que queremos contribuir, también a través de nuestras preguntas a la propia defensa técnica del ex presidente Uribe Vélez. Y lo decimos con fundamento de causa, señor representante, porque participamos como víctimas en las más de quince investigaciones que se han abierto en los distintos procesos, y donde nosotros, desde noviembre pasado, solicitamos que se trasladaran las respectivas copias de la Fiscalía General y los Juzgados especializados o penales del circuito, para que obrando en estas diligencias, la defensa técnica pueda ejercer con todas las garantías el derecho que le corresponde al señor Álvaro Uribe Vélez de poder responder frente a esas distintas imputaciones que allí aparecen y que implican ya el reconocimiento en sentencias penales, de un concierto para delinquir agravado entre la dirección del DAS y miembros de la Casa de Nariño”

Finalmente, después de ser interrumpido en su declaración Pérez declaró que en concreto lo que se estaba pidiendo era que se les permitiera el derecho a interrogar. Asimismo, considerando que ya dos representantes de la Comisión, Heriberto Escobar y Yahir Acuña, se habían pronunciado públicamente al respecto negando ese derecho, estos debían declararse impedidos; pues de no hacerlo se procedería a la recusación respectiva.

De inmediato el representante Acuña, solicitó que se suspendiera la audiencia por diez minutos para tomar decisiones. Luego pidió que la Comisión se reuniera para discutir lo relacionado con las recusaciones, lo cual no fue posible porque no había quórum, pues siete de los representantes de la Comisión de Acusaciones no acudieron al Congreso, cuatro de ellos al parecer estaban fuera del país, otro en la cárcel y los otros dos, sin explicación conocida, optaron por ausentarse. De cualquier modo, ninguna excusa, salvo una certificación médica que impidiera la movilidad, es aceptable para justificar su inasistencia a un evento de tanta trascendencia para el país. Esta ausencia debería ser objeto de suspensión inmediata.

Una vez reanudada la audiencia, y tras escucharse la breve pero contundente intervención de la abogada Sandra Gamboa, representante del periodista Hollman Morris y otros, en la que declaró que al ser ellos algunos de los que denunciaron al señor ex presidente Álvaro Uribe, son los más interesados en que se desarrolle un procedimiento de su responsabilidad penal sobre los crímenes denunciados. “No podemos aceptar como víctimas, y menos como abogados y abogadas defensores de derechos humanos que este proceso, que esperamos termine en una sanción ejemplar, no sea conducido de conformidad con un debido proceso. […] los hechos señalan la existencia de crímenes de lesa humanidad”. Según la abogada, el caso requería de la participación activa de las víctimas con las limitaciones que exige la ley pero que también emergen del bloque de constitucionalidad. Acto seguido, el presidente Uribe tomó la palabra, y tergiversando lo dicho por la abogada afirmó cosas que ella no había dicho. Su estrategia fue posicionarse como víctima. Ello era previsible en razón de su solicitud enviada horas antes de la Audiencia a la Sala Penal en la que solicitaba ser reconocido como víctima en la indagación contra la ex senadora Piedad Córdoba, pese a que este proceso se encuentra en fase previa, no formal. "Queremos confirmar si en los computadores de "Mono Jojoy" hay referencia de los vínculos no sólo entre Piedad Córdoba y las Farc, sino una referencia específica a las amenazas de muerte contra Álvaro Uribe", insistió el abogado Jaime Granados horas antes de la Audiencia[1].

“¿Qué ha pasado aquí hasta este momento?- preguntó el ex presidente Uribe en la Audiencia- Acabamos de oír a la señora abogada acusándome de asesino, pidiendo sanciones ejemplares en mi contra, en un proceso que como usted ha dicho lo escucha el país y el mundo. Ya produjo su efecto, es la continuación de una larga cadena de infamias a quien dirigió en este país la recuperación de la seguridad. Ellos vivieron los ocho años de mi gobierno, rodeados de garantías; criticaron y difamaron al gobierno, pero vivieron rodeados de garantías. ¿Cuáles son hoy mis garantías?”

El abogado Lombana, declaró con asombro, que se estaba manipulando la acción de la justicia; y luego de exigir el respeto a los derechos constitucionales de su cliente, como el derecho a la defensa, remató con una perlita que será difícil de olvidar: “La única victima de toda esta tramoya se llama Álvaro Uribe Vélez”. El recinto casi estalla de indignación.

Uribe retomó de nuevo la palabra para decir que ante “esa grave e infamante acusación, yo pregunto, ¿por qué a mí no se me puede escuchar?”. Luego recordó que él fue quien pidió que la audiencia fuera pública. Además argumentó que no ha llamado a ningún congresista de la Comisión de Acusaciones. No obstante, admitió que si había llamado a Alfredo Bocanegra pero “no a hablar de procesos, sino porque él dijo que no iba a ser el Heyne Mogollón de mi Gobierno. Lo único que pido después de sufrir una larga infamia, cuando los difamadores no han tenido límites y han aprovechado la cobertura de medios, lo único que pido es que se me deje defender (sic)”[2].

El procurador delegado Jorge González Vásquez consideró que antes de iniciar la versión libre, la Comisión de Acusaciones tenía que resolver la recusación. La mesa directiva de la Comisión de Acusaciones pidió entonces un receso de media hora para deliberar sobre las recusaciones instauradas por los representantes de las víctimas.

Una vez se reanudó la diligencia, el representante Acuña dijo que "la abogada Sandra Gamboa se le había acercado con la voz entrecortada para decirle que ella no señaló al ex presidente Uribe de asesino'. Según Acuña, ella le pidió garantías para su seguridad"[3]. Nuevamente Uribe pidió la palabra. "Esta ha sido una costumbre. Me difaman. Hoy me acusan de violador de los derechos humanos cuando yo fui el que defendí a los defensores de derechos humanos y a la asociación sindical. Hoy se han lucido ante el mundo aprovechando toda la cobertura publicitaria que se quiso darle a este evento", dijo Uribe.

Finalmente el representante Heriberto Escobar confirmó que el 20 de julio se reprogramarán las diligencias de esta investigación, cuando regresen de vacaciones. Si la Comisión de Acusaciones acepta la recusación presentada por los abogados de las víctimas contra dos de los investigadores, tendrá que elegirse a otros dos representantes para que asuman este delicado proceso. Sin embargo, lo más seguro es que la recusación sea rechazada y el proceso siga su curso, es decir que quizás en dos o tres meses, se cite a nueva audiencia, Uribe entonces rendirá versión libre durante el tiempo que guste; y una vez se acepte su declaración y se le imputan cargos, si es que sucede, la Comisión votara, y el proceso pasara a plenaria de la Cámara.

Concluida la audiencia Uribe salió caminando del Capitolio por la carrera séptima seguido por dos grupos de ciudadanos; los que lo apoyaban y le ofrecían respaldo incondicional, y los que le gritaban asesino paramilitar. En la calle 26 se subió a su carro. Esta caminata fue interpretada por algunos como un acto de populismo que tiene relación con sus pretensiones políticas.

Resultado de la Audiencia

El ex presidente, quien había llegado con una gruesa carpeta, listo para rendir su versión sobre el caso de las interceptaciones telefónicas ilegales, ordenadas bajo su gobierno, no pudo declarar. Luego afirmaría que una estrategia usada en su contra era enmudecerlo, mientras que sus alfiles, declaraban con tono enérgico ante los medios de comunicación, que el trato dado al ex presidente había sido irrespetuoso y nada acorde con su investidura. En sus mensajes difundidos por Twitter el ex presidente Uribe expresó su malestar así: “Acusan y no permiten que yo hable”; “Mis difamadores no han tenido límites, su truco es enmudecerme”; “Nuestra seguridad democrática recuperó la conciencia de respeto a los derechos humanos”; “He procedido con Patriotismo, por eso doy la cara a toda infamia”.

Según el senador Roy Barreras, fueron las maniobras dilatorias y leguleyadas empleadas por los representantes de las víctimas, las que impidieron que el ex presidente Uribe pudiera declarar. En el programa radial Hora 20, Barreras declaró que se había violado el derecho a la defensa y a la libertad de expresión; pues según sostuvo, en audiencias libres no se permite que las víctimas interroguen. También acusó al abogado Luís Guillermo Pérez de querer hacer de la audiencia un circo, y dijo además que los cinco “pelagatos” que se dicen defensores libertad y de la expresión impidieron la expresión del ex presidente. Asimismo arremetió contra el representante Acuña por haber “oficiado como mensajero de la infamia”, al transmitir los temores de la abogada Sandra Gamboa. “Sus contradictores lo atacan todos los días y cuando él quiere hablar no lo dejan”, dijo refiriéndose al obligado silencio que tuvo que guardar el ex presidente Uribe mientras se intentaba resolver el tema de la recusación. Para Barreras, la intención de los abogados que representaban a las víctimas de sabotear el proceso obedece a que sueñan con llevar el caso ante la Corte Penal Internacional. “Esa es la trampa; […] querían impedir que (Uribe) se defienda para llevarlo al escenario internacional, pero a la CPI eso le parece delirante”

Para el político Juan Gabriel Uribe lo presenciado en la Comisión de Acusaciones fue una vergüenza. “Un zafarrancho -según dijo- deberían cerrar esa Comisión de Acusaciones. “Es una entidad que no sirve, que no es seria, que no funciona, que no tiene la majestad de la justicia. […]Por un lado como por el otro lado, es decir lo que faltó fue juez. No tenían idea de lo que estaban hablando, no tenían ni idea de lo que es la recusación, no tenían idea de nada. […] Siete parlamentarios no fueron dizque por estar viajando; es una sinvergüencería. Eso deberían cerrarlo, estoy francamente indignado, me parece una cuestión de quinta. No porque no debiera existir esa institución sino porque debería cambiarse eso, y que el presidente pasara a ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia, no pasar por ahí, por unos señores que son el bagazo del Congreso”[4]

La Comisión de Absoluciones

La evidente falta de garantías que ofrece una Comisión de Investigaciones integrada en inmensa mayoría por miembros del uribismo, debe replantear seriamente su legitimidad. Conocida popularmente como la Comisión de absoluciones, esta Comisión se ha caracterizado por oficiar más política que jurídicamente, procurando proteger a quienes debe investigar y sancionar; como ha quedado demostrado en sus diferentes fallos, como en el caso de los ex presidentes Ernesto Samper y Belisario Betancur, para hacer referencia sólo a dos casos relativamente recientes.

¿Qué garantías de imparcialidad puede ofrecer una comisión cuando 11 de sus 15 miembros son uribistas y no se admitió la participación de ningún representante de la oposición? ¿Qué garantías pueden ofrecer los tres representantes elegidos para investigar al ex presidente Uribe, cuando uno de ellos es representante del PIN, otro de Apertura Liberal, y el último, el controvertido Yahir Acuña, quien posa de representante de las comunidades afrodescendientes, ha sido cercano a la mafia de la “Gata” en Sucre, uno de los departamentos más golpeados y manoseados por los grupos paramilitares? Además, la periodista Salud Hernández afirmó en Hora 20 que alias “Diego Vecino” había declarado que Acuña fue utilizado para infiltrar la Universidad de Sucre.

Considerando los antecedentes de esta Comisión, el pobre prestigio del que goza, la histórica ausencia de independencia por parte de sus miembros frente al poder ejecutivo y en particular la arbitraria y excluyente conformación de la actual Comisión, su existencia no tiene ningún sentido; es más se constituye en una afrenta a la Constitución Política de Colombia, a la democracia y a la misma sociedad.

La derogación de esta Comisión debe quedar incorporada como tema prioritario en el proyecto de reforma de la justicia. Y eso parece entenderlo el gobierno. “Somos conscientes de que la comisión debe ser reformada […] actualmente hay 1.100 expedientes que están pendientes de instrucción en esa comisión”, aseguró el Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, después del aplazamiento de la audiencia de versión libre.[5]

Para voceros de la oposición política, la Comisión no puede operar como le corresponde debido a su conformación. Según declaraciones rendidas por el senador por el PDA, Jorge Enrique Robledo, a finales del 2010, “la Comisión de acusaciones no funciona debido a los intereses políticos que hay actualmente”[6]. Para al representante a la Cámara, Iván Cepeda, según declaraciones dadas a la prensa cuando la bancada de Unidad Nacional del gobierno del presidente electo Juan Manuel Santos decidió excluir a la única fuerza de oposición de esta Comisión: “La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes no ha sido un órgano independiente y tememos que, por su conformación, no realice las investigaciones transparentes que lleguen a esclarecer hechos que han sido responsabilidad del presidente de la República o de otros altos funcionarios del Estado”, concluyó.

“Los juicios ante el Senado (léase Congreso, Cámara de Representantes, Comisión de Acusaciones) se convierten por regla general en procesos de índole política donde los amigos absuelven y los enemigos condenan sin otra fórmula que la consigna del partido”.
Ex presidente de Colombia, Carlos E. Restrepo (12 de septiembre de 1867 -6 de julio de 1937)


[1] El Tiempo; “'Uribe fue amenazado por las Farc esta semana': Jaime Granados”; Bogotá, junio 16 de 2011
[2] Revista Semana; “Minuto a minuto: versión libre del ex presidente Uribe acerca del caso de las ‘chuzadas”. Bogotá, junio 16 de 2011
[3] Ídem
[4] Radio Caracol; Hora 20. Bogotá, junio 16 de 2011.
[5] El Espectador; “Gobierno anuncia 'revolcón' en comisión de Acusación”. Bogotá, junio 17 de 2011
[6] La W Radio; Bogotá, Octubre 17 de 2010. Ver en: http://www.wradio.com.co/oir.aspx?id=1372532

Artículo publicado en el Semanario Caja de Herramientas

domingo, 5 de junio de 2011

Un presunto parapolítico investigara a Uribe en la Comisión de Acusaciones


(Foto de El Tiempo)
No existen garantías de imparcialidad en el proceso que se sigue ante la Comisión de Acusaciones contra el ex presidente Uribe por las “chuzadas”

Lamentable elección para reemplazar al representante Camilo Andrés Abril


El primero en excluirse de la investigación que adelanta la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez por las interceptaciones ilegales adelantados por el DAS, fue el parlamentario de la U, Augusto Posada, quien a finales del 2010 fuera recusado por la senadora Piedad Córdoba, parte civil del proceso, porque éste la había demandado por traición a la patria, y por su ya conocida cercanía con el ex mandatario. Posada entonces, se declaró impedido y se apartó del caso . En abril del presente año, fue el representante, Alfredo Bocanegra, también del partido de la U y coordinador de la investigación, quien de manera sorpresiva declaró ante los medios que “Uribe no encontrará el Heine Mogollón que Samper sí”. Luego en un artículo publicado en Semana.com, Bocanegra, según el abogado defensor de Uribe, Jaime Lombana, desafío al ex presidente cuando dijo: “Para un paisa berraco, aquí hay un tolimense más bravo”.

El abogado de Uribe tramitó entonces ante la secretaría de la Comisión de Acusaciones una recusación contra el representante Alfredo Bocanegra, afirmando que sus declaraciones comprometían seriamente su imparcialidad e independencia. Bocanegra tuvo que abandonar el proceso. La semana pasada, un tercer investigador, Camilo Andrés Abril, representante por el departamento de Casanare por el partido Cambio Radical, renunció a la investigación luego de denunciar amenazas en su contra. Una semana después de su renuncia, tres congresistas, dos de ellos del departamento de Sucre, se ofrecieron para sustituirlo. Fueron los representantes Yahir Acuña, ex miembro del PIN y señalado de tener estrechos vínculos paramilitares, Héctor Vergara del Partido de la U, actual presidente de la Comisión de Acusaciones, quien es investigado por fraude, falsedad en documento público, inhabilidad e injuria y el liberal, Orlando Velandia. El historial de estos personajes, en especial de los dos primeros, sumado a la exclusión de parlamentarios de partidos de oposición dentro de la Comisión y la investigación, llevan a pensar que el objetivo de este proceso contra el ex presidente Uribe, no es lograr justicia, sino por el contrario, impedirla.

El elegido entre los tres postulados para asumir esta histórica responsabilidad, fue el representante Yahir Acuña

Yahir Acuña y sus vínculos paramilitares


Yahir Acuña, egresado como Ingeniero Civil de la Universidad de Sucre , fue la sorpresa en las pasadas elecciones legislativas. Con apenas 30 años y una débil trayectoria política logró ser elegido como representante por el departamento de Sucre con 40 mil –inexplicables- votos, lo que le permitió hacerse a una de las dos curules reservadas para las negritudes.

Acuña, una figura cuya labor con comunidades afros es poco conocida, se inscribió a última hora por Afrovides (Asociación de Afrocolombianos para la Vivienda, Deporte, Educación y Salud), dejando de lado su candidatura por el PIN.

En tan solo 5 años de carrera pública, Acuña Cardales ha pasado por el Concejo de Sincelejo y por la Asamblea Departamental de Sucre, siendo repetidamente relacionado con personajes de la cuestionada clase dirigente regional, por cuenta de la llamada Parapolítica.

El 6 de febrero de 2010, en la sección justicia, el diario El Tiempo publicó una nota titulada “Informe de inteligencia de la armada salpica a fórmula para la Cámara del hijo de 'La Gata'”. Allí se afirmó que la candidatura de Yahir Acuña, el ex concejal y ex diputado de Sucre, podría enredarse por cuenta del escándalo de la parapolítica. Pero no fue así. ¿Por qué no?, es una pregunta que tendrán que responder las respectivas autoridades.

Acuña, quien había sido elegido por Héctor Julio Alfonso López, el 'delfín' de la empresaria del chance Enilce López para su regreso al Congreso como candidato por el controvertido Partido de Integración Nacional, PIN, que aglutinó fuerzas de Convergencia Ciudadana y Apertura Liberal, partidos duramente golpeados por las investigaciones de la infiltración 'para' en el Congreso , después de tres años de retiro, apareció mencionado en documentos de Inteligencia de la Armada como parte de la 'estructura política' de los paramilitares en ese departamento de la costa Caribe.

De concejal de Sincelejo, pasó a convertirse en diputado de la Asamblea de Sucre, donde causó enorme polémica su férrea defensa de 'La Gata', quien es considerada su madrina política. “Incluso, sostuvo una dura discusión con el Comandante de la Policía en el departamento por el desarme del aparato de seguridad de las empresas de Enilce López, que la Supervigilancia declaró ilegal. En el 2003, la Armada empezó a golpear las estructuras ilegales de Rodrigo Mercado Peluffo, alias 'Cadena'. Tras varios meses de seguimientos y allanamientos a fincas utilizadas por los 'paras', esa fuerza entregó una serie de reportes que fueron la base, tres años después, para el arranque formal de las investigaciones por la parapolítica. Acuña es mencionado en un informe oficial al lado de dirigentes sucreños (vinculados al mismo escándalo) como Muriel Benito Revollo, Salvador Arana, Jorge Luis Feris, Nelson Stanp y Álvaro García Romero, sindicado […] como supuesto apoyo político del Bloque 'Héroes de los Montes de María'” . Todos ellos, salvo Acuña, se ignora la razón, fueron procesados. El ex gobernador de Sucre, Salvador Arana, al parecer muy cercano a Acuña, fue nombrado por Álvaro Uribe como embajador de Colombia en Chile, cargo al que tuvo que renunciar, para convertirse durante 560 días en prófugo de la justicia, hasta que finalmente fue capturado en Santa Marta en un lujoso apartamento en el sector de El Rodadero, y condenado a 40 años de prisión por el asesinato del alcalde de El Roble, Eudaldo León Díaz Salgado, cometido por alias 'Cadena'. En el mismo documento, que se basó en el famoso computador del jefe paramilitar 'Juancho Dique', se hacen graves señalamientos contra la 'Gata', contra el cuestionado empresario de Cartagena Alfonso 'El Turco Hilsaca' y varios ex mandatarios de la Costa.

La estrecha relación de Acuña con Héctor Julio Alonso López, hijo de alias la “gata” (elegido como representante a la Cámara por el controvertido Partido Apertura Liberal en el 2006) hizo suponer que resultaría electo en las pasadas elecciones como cuota de la poderosa familia López; sin embargo, a último momento Acuña se apartó del PIN y pasó, de la nada, a convertirse en representante de las negritudes, aunque su nombre cause enorme malestar justamente, entre los pueblos que él dice representar.

El PIN fue su hogar, un partido que ha sido señalado en los reportes de la MOE (Misión de Observación Electoral) por sospecha de compra de votos y que se ha configurado en trampolín político para los familiares de los parapolíticos, y como supuesto garante del control político que éstos han ejercido en el Congreso de la República y en otras corporaciones públicas.

“Lo cierto es que rompiendo cualquier pronóstico esperado para la disputa por las dos curules reservadas para las “minorías” afrodescendientes, los cerca de 40.000 sufragios obtenidos en su departamento son el pilar de los más de 45.000 que le permitieron barrer en la Circunscripción Especial. Acuña y López (quien obtuvo 70.000 votos) celebraron así su escaño en el Congreso”.

Amistades peligrosas

Salvador Arana: Uno de los controvertidos amigos del Acuña fue el ex gobernador de Sucre, Salvador Arana, quien fue el padrino de bautizo de uno de sus hijos y hoy está preso acusado de varios crímenes. Entre ellos el asesinato del acalde de El Roble, Eudaldo León Díaz. En su falló la Fiscalía afirmó que “en las variadas reuniones que sostenía el Gobernador con los paramilitares se impartieron órdenes en torno a lo que debía ser el juego de poderes: asumió qué se debía eliminar y con ello retirar de manera definitiva a quien denunciaba la inconformidad con el manejo de lo público, mientras que Mercado Peluffo sentenció que el Alcalde señalado debía ser eliminado previa su desaparición, suceso final para el cual se esperaba que Arana diera la orden y Peluffo actuara”.

En marzo de 2003, en un consejo comunitario realizado en Corozal, Sucre, el alcalde Eudaldo León Díaz tuvo el coraje de pararse frente al presidente Álvaro Uribe y decirle, "Presidente, a mí me van a matar". “Díaz era militante del Polo Democrático y uno de los pocos políticos sucreños que hasta ese momento seguían con vida, a pesar de oponerse a ser manejado por los paramilitares. Poco después, el 5 de abril de ese año, desapareció. A los cinco días fue encontrado su cuerpo sin vida en una de las salidas de Sincelejo. […]Antes de que todo esto ocurriera, Eudaldo Díaz les había advertido a sus familiares que si algo le pasaba, el responsable era Salvador Arana, a quien el Alcalde había denunciado como el más corrupto dentro de la administración del departamento” .

Las Fiscalía llamó a indagatoria al ex gobernador y le dictó medida de aseguramiento por los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado. La Fiscalía lo acusa de ser el "determinador" del crimen. Versiones de varios testigos lo incriminaron. "Miembros de grupos paramilitares del departamento manifiestan haber escuchado cuando se decía que Salvador Arana suministró los recursos económicos para que el comandante paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo diera muerte al Alcalde"

La sombra oscura de los García en Sucre

Otros cuestionado personaje, de la incipiente y oscura vida política del departamento de Sucre, cercano a Acuña, según el mismo lo confirmó cuando en plena campaña electoral como candidato del PIN, reconoció estar en conversaciones con la candidata al Senado, Teresita García, hermana del también ex Senador, Álvaro García Romero, quien fuera señalado de financiar al grupo paramilitar de “Cadena”, y condenado por concierto para delinquir agravado y como autor intelectual de la masacre de Macayepo, Bolívar, ocurrida el 14 o el 16 de octubre de 2000, cuando miembros del bloque Héroes de los Montes de María de las AUC, asesinaron a 15 campesinos a punta de garrote, machete y piedras.

La grabación de una conversación realizada entre el parlamentario García Romero y el hacendado Joaquín García, quien fuera investigado por paramilitarismo, el 6 de octubre de 2000, fue una de las pruebas que encontró la Fiscalía para condenar a García Romero. “En ella el hacendado habla con García de conseguir el apoyo del gobernador de Sucre para movilizar a un grupo armado en las localidades de El Aguacate y Pajonalito y habla de que ese hecho ocurriría en 10 días, a los diez días de realizarse la grabación se ejecutó la masacre en Macayepo, (corregimiento vecino) […] de las localidades mencionadas” García Romero también fue señalado de ser el presunto responsable del homicidio de una líder de San Onofre, Sucre en 1997.
Sobre el ganadero sucreño Joaquín García, un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó, en febrero de 2011, la resolución acusatoria en su contra por la masacre de Macayepo.

Oportunista candidatura por las minorías

Después de rodar por varios partidos políticos, todos, curiosamente ligados a la parapolítica, de llegar a la Asamblea Departamental como miembro de Apertura Liberal, de pasar por el PIN y anunciar su candidatura por este partido y denunciar ser víctima de una persecución que incluso ponía en grave riesgo su “seguridad personal”, Acuña resolvió, para concretar sus aspiraciones políticas, postularse a la Cámara dentro de la Circunscripción Especial por Negritudes. “En declaraciones a RCN Radio en Sincelejo, advertía que “aunque poco conocido era su trabajo explícitamente con afros”, él podía acreditar más de 10 años laborando con esta causa. Todo indica que acreditar una candidatura por la Circunscripción Especial por Negritudes ha resultado ser un buen atajo para llegar al Congreso”

Acuña finalmente, fue el representante escogido para investigar en la Comisión de Acusaciones al ex presidente Uribe. Una vez fue designado en el caso, afirmó ante los medios de comunicación: “Si el ex presidente Uribe eventualmente tiene algún tipo de responsabilidad no nos va a temblar la mano para llevar la investigación hasta las últimas (consecuencias) en el marco de la ley”, aseguró. Sin embargo, aclaró que si eventualmente Uribe es inocente “tampoco nos van a temblar para tomar las decisiones que nos toque”. No es difícil adivinar cuál será su posición y menos aún cuál será el desenlace de las investigaciones.

La elección de Acuña, pone en tela de juicio la idoneidad de los representantes que investigan al ex mandatario, sin embargo, los demás candidatos que se postularon para suceder al representante Camilo Andrés Abril, tampoco ofrecían mayores garantías.
Héctor Vergara: un caso crítico y preocupante

Héctor Vergara, elegido como representante a la cámara por el Partido de la U con 39.481 votos, en las pasadas elecciones del 14 de marzo de 2010, tiene un prontuario de denuncias en su contra, que hacen difícil entender cómo fue designado presidente de la Comisión de Acusaciones y cómo es que aún sigue legislando.

A finales del 2010, Vergara fue denunciado penalmente ante la Corte Suprema de Justicia por uno de sus empleados, quien lo acusó de exigirles dinero de sus honorarios a los trabajadores que integraban la nómina de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), a cambio del nombramiento. Buena parte de esta denuncia que es grave e indignante, fue publicada por el diario El Universal de Sincelejo.

En un aparte de la publicación, se afirma que el denunciante asegura que el representante le “ordenó a su secretaria quitarle la tarjeta débito del banco BBVA, y que empezó a acosar a su hijo quien trabaja como vigilante en la empresa Vimarco que es gerenciada en la actualidad por (el hermano gemelo del parlamentario), Alberto Vergara Sierra. Luego señala que “de todo el personal incluido en la nómina UTL del representante Vergara Sierra solamente laboran dos personas, que son la secretaria y él; las demás tienen trabajo en Sincelejo y hay otra persona que estudia. Asimismo, relacionó los nombres que conforman la nómina de la UTL de Vergara Sierra en la que se encuentran: Pedro Antonio Paternina Gulfo como Asesor I, hijo del Alcalde de Sincelejo, y quien recibe mensualmente $4.230.000; Leopoldo Antonio Sarabia Beleño, como Asistente V, yerno del Alcalde de Sincelejo, con un sueldo de $3.605.000; Mauricio Andrés Hernández Ibañez, Asistente II, con $2.060.000; Leidis Paola Mendoza Sierra, Asistente II, con $4.635.000; Isabel Cristina Márquez González, como asistente V, con sueldo de $3.605.000, estas dos últimas, según el denunciante, laboran en la empresa Vimarco; y Lucía Etel Díaz Martínez, Asesor I, con $4.230.000”
No es el único proceso que ha debido enfrentar el representante sucreño, Héctor Vergara Sierra. También la Corte lo investiga por presunta falsedad en documento, inhabilidad e injuria.


FALSO DIPLOMA PROFESIONAL


El representante a la Cámara por el partido de la U, Héctor Vergara Sierra, al parecer mostró en su hoja de vida, una certificación que lo acredita como administrador de empresas, egresado de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla.
Según un certificado expedido por la Secretaría General de dicha Universidad para dar respuesta a un derecho de petición presentado por un medio de comunicación, Vergara Sierra no es egresado de esa Institución. De acuerdo con los diplomas que adiciona a su hoja de vida, el actual Presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes primero fue profesional y después técnico en Administración de Empresas.

“La Secretaría General de la Universidad Simón Bolívar también informa que Héctor Vergara Sierra ingresó a la Universidad Simón Bolívar - Extensión Sincelejo (Corposucre), en séptimo semestre y de acuerdo a los controles realizados por la oficina de Registro y Control de esa Institución, los certificados aportados por Vergara Sierra fueron negados en su totalidad por parte de la Corporación Universitaria del Caribe (Cecar), institución de educación superior de Sincelejo que supuestamente los había expedido”.

Al ser nombrado Gerente Regional de Telecom – Sincelejo, Vergara Sierra anexó a su hoja de vida el diploma de Administrador de Empresas expedido por La Corporación para el Desarrollo Simón Bolívar el día 28 de enero de 2002. No obstante, en la hoja de vida que presentó al Partido de la U, para obtener el aval y aspirar a la Cámara de Representantes, Vergara Sierra anexó sólo las copias de un diploma expedido por el Instituto de Administración y Finanzas de Cartagena (Iafic) como Técnico en Administración de Empresas el 30 de abril de 2002, y de otro como Administrador de Empresas de la (Unad)

La Corte Suprema de Justicia requirió a la Fiscalía 16 Seccional de Sincelejo, el proceso que por falsedad y fraude procesal lleva contra el presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. En la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación se afirma que Vergara Sierra falsificó el diploma para posesionarse como gerente engañando al Presidente de la Empresa y hacerlo incurrir en un error.

“En el año 2004 la Procuraduría Regional de Sucre archivó una investigación por estos mismos hechos por considerar que el denunciante no tenía la credibilidad suficiente, pues la misma se hizo a través de un anónimo. Vergara Sierra abría aportado documentos en los que sustenta su título profesional como administrador de empresas, el cual era requisito indispensable para asumir el cargo de gerente de la entonces empresa colombiana de telecomunicaciones Telecom. El Universal conoció que el diploma del que se hace referencia en la denuncia habría sido expedido en el 2002 por la Universidad Simón Bolívar extensión Sincelejo. No obstante, tras una indagación se logró establecer que la mencionada universidad para la época no tenía sede o extensión en Sincelejo”

Vergara es investigado por la Corte Suprema de Justicia mediante auto del 29 de septiembre de 2010, radicado 34.757, y se le imputan los presuntos delitos de falsedad en documento, uso de documento público falso como medio de prueba y fraude procesal. El ponente de dicha investigación es el Magistrado Alfredo Quintero de la Sala Penal de la Corte.

Ahí no paran las denuncias contra Vergara Sierra.

Credencial demandada ante el Consejo de Estado


Según una demanda presentada contra el representante Vergara Sierra, éste se encontraba inhabilitado para inscribirse y resultar elegido como Representante a la Cámara por circunscripción electoral de Sucre, en las pasadas elecciones del 14 de marzo de 2010. “Mediante una acción pública de nulidad, Adrián David Cañate Mancera solicita a la alta Corte se declare la nulidad de la elección del Representante a la Cámara por Sucre por considerar que éste incurrió en faltas al Código Electoral que llevan a una flagrante inhabilidad. Ello en razón de que para la fecha de las elecciones, Vergara fungía como administrador de la Agencia Vimarco Servicios Generales Limitada, según certificado de existencia registrado en la Cámara de Comercio de Sincelejo”.

“En septiembre de 2009 la mencionada empresa suscribió un contrato con el Consejo Superior de la Judicatura para la prestación del servicio de aseo con destino a las torres A, B y C del Palacio de Justicia de Sincelejo y la sede donde funcionan los Juzgados Administrativos de Sucre, Palacio de Justicia de Corozal, Sincé, Sampués, San Marcos, Sucre, La Unión y las sedes de los Juzgados de Tolú, Majagual, Guaranda y San Onofre.

Lo anterior indica que Vergara Sierra no solamente participó en el proceso de selección abreviada, sino que también intervino en la etapa precontractual, contractual y postcontractual, incurriendo así en una gestión de negocios lo cual se configura en una inhabilidad de acuerdo con el Código Nacional Electoral.”

El tercer postulado para investigar a Uribe: Orlando Velandia Sepulveda.

Orlando Velandia, nacido en Samacá, Boyacá, es abogado egresado de la Universidad Libre, con máster en negocios en la Universidad de Phoenix – Arizona, y otras especializaciones; llegó al congreso como candidato por el Partido Liberal. Dada su formación académica y trayectoria, parecía ser, entre los tres postulados, el más indicado para asumir la investigación del presidente Uribe, pero también ha sido investigado por otros hechos y su posible cercanía con uribistas furibundos, como el ex presidente de Fedegan, José Félix Lafourie, tampoco garantizaba la debida imparcialidad en el proceso. Además de eso se rumora que hizo parte de Apertura Liberal, partido ligado a DMG ; rumor que no ha sido demostrado.


Investigado por la Procuraduría General


Cuando se desempeñaba como Subdirector de Gestión de Fiscalización Tributaria en la Unidad Administrativa Especial de la DIAN, el actual representante Velandia Sepúlveda, fue investigado por la Procuraduría General de la Nación. En el año 2009, el Ministerio Público abrió investigación disciplinaria por la posible intervención tardía de la Superfinanciera, la Supersociedades, la DIAN y la UIAF en la crisis de las pirámides (entre ellas DMG) que se presentó en el país entre los años 2006 y 2008. En ese momento se emprendieron investigaciones contra nueve funcionarios de la Superintendencia Financiera, tres de la Superintendencia de Sociedades, cinco de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y uno de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF), por “la presunta omisión del cumplimiento de sus funciones y posible intervención tardía en el ejercicio de las mismas en relación con la captación masiva de recursos del público.”

Recomendaciones
En el año 2002, el entonces Contralor General de la República (E.), José Félix Lafaurie Rivera, quien fuera presidente de Fedegan, envío una carta al Luis Francisco Boada Gomez, Secretario General (E.) del Senado de la República, en la que se disculpaba por no poder atender una citación de la Plenaria en la que Juan Manuel Ospina adelantaría un debate sobre la ley de regalías. En dicha carta recomendó al entonces Contralor Delegado del Sector Minas y Energía, Orlando Velandia Sepúlveda, para que asistiera a la sesión en representación de la Contraloría General de la República, argumentando que al ser su hermana, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, titular de la cartera de Minas y Energía, debía marginarse de estos temas. Esta recomendación, no obstante, no significa que sean amigos, ni siquiera conocidos, a los mejor sólo obedeció al cargo que Velandia desempeñaba, o quizás, a las buenas referencias que Lafaurie tenía sobre él; lo cierto es que no deja de ser un hecho llamativo.

El nombre de Lafaurie, ha estado durante años relacionado con paramilitarismo, aunque nunca se ha podido determinar la profundidad de dichos vínculos. Durante el discurso del inauguración del XXX Congreso Nacional de Ganaderos, en noviembre de 2006, el entonces presidente de Fedegan, declaró: “En el tema de los paramilitares, la responsabilidad colectiva de los ganaderos no es inferior a la de la sociedad entera y a la de el Estado, que por haber olvidado el campo y haberlo llevado a postración, polarizó por la fuerza a sus habitantes entre los dos extremos, la guerrilla y las autodefensas […]. Esta condición de víctimas y de sujetos pasivos del conflicto, no puede convertir a los ganaderos de Colombia en paramilitares”

Camilo González, director de Indepaz, afirmó que existen declaraciones firmadas por centenares de ganaderos de zonas como el Magdalena Medio, Córdoba y Urabá, que reconocen haber respaldado y financiado grupos paramilitares. “Hay algo que es alarmante: el actual presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, dijo que desde el gremio ganadero se auspició a los paramilitares y lo justifica como una medida de autodefensa. Por eso no es de extrañar que la Corte vincule en investigación a quien fue una de las figuras emblemáticas de Fedegán en el pasado”. […]En noviembre de 2006, Lafaurie declaró que si los jueces llaman a esos ganaderos, ellos tendrán que responder ante la sociedad. “El gremio tiene la valentía de asumir la responsabilidad de que en el pasado financió el movimiento paramilitar del país”.

Lafaurie también fue investigado por denuncias presentadas en su contra, según las cuales había mediado en el Congreso ante la representante Yidis Medina para que cambiara su voto por el proyecto de reelección presidencial inmediata. Sin embargo, en marzo del 2009, el procurador Alejandro Ordoñez lo absolvió a él y a un grupo de funcionarios entre los cuales estaban el ex Ministro del Interior Sabas Pretelt y al Ministro de Protección Social Diego Palacio . En el 2004, después de que la Procuraduría sancionara a Lafaurie por tráfico de influencias , tuvo que renunciar a su cargo en la Superintendencia, luego demandó esta decisión ante el Consejo de Estado, que respaldó la decisión de la Procuraduría, y su posterior acción de tutela contra la decisión adoptada por el Consejo ante la Corte Constitucional, también fue rechazada el pasado 12 de octubre, cuando la Corte respaldó al Consejo.

Lafaurie es conocido como un fiel seguidor de Álvaro Uribe, aunque ha militado en el Partido Conservador. “Desde Fedegán celebró cuando la Corte Constitucional permitió la reelección de Uribe en 2006, y también apoyó su reelección en el 2010. Ya que la Corte no permitió que el ex presidente se volviera a lanzar, Lafaurie pasó a trabajar en el comité de Seguridad y Defensa en la campaña presidencial de Andrés Felipe Arias.

Si bien es cierto que las recomendaciones o la cercanía, laboral o personal, con personajes dudosos de la vida nacional, no constituyen delito alguno, y nadie podría ser juzgado por ello, al menos no penalmente, si permite entender como el poder en Colombia se ha ido configurando alrededor de un proyecto político que desestima la legalidad, y en el que se han ido perfilando diversos personajes que tienen en común, la existencia, de por lo menos, serios interrogantes sobre su independencia frente a los actores y promotores del conflicto armado y la violencia en Colombia, responsables además, de graves violaciones a los derechos humanos.
La Comisión que investigara a Uribe

Finalmente la investigación por las 'chuzadas' que adelanta la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes, ha quedado en manos de José Rodolfo Pérez del controvertido partido Apertura Liberal, de Heriberto Escobar del aún más controvertido Partido de Integración Nacional, Pin y de Yahir Acuña, quien se proclama como representante de las negritudes, aunque fuertes y reconocidas organizaciones de estas comunidades, no lo reconocen de tal modo.

Una vez fue oficializada la designación de Acuña, el presidente de la comisión, Héctor Javier Vergara, señaló que con Acuña la investigación tendría garantías. Además, recordó que no pertenece a la mesa de unidad nacional (al menos no oficialmente).

La ausencia de representantes del único partido de oposición que existe en la actualidad, es decir del PDA, dentro de la Comisión y como investigadores del caso, debilita seriamente la imagen de transparencia e imparcialidad que esta Comisión debería ostentar, pues aún cuando nunca ha gozado de gran prestigio, y suele ser llamada la Comisión de absoluciones, dada la complejidad del caso que se investiga y de los elevados índices de corrupción que reflejan la decadencia en el ejercicio político y que desbordaron al anterior gobierno, sí merecería un mejor criterio la selección de los miembros que la han de conformar.

No hay que hacerse muchas ilusiones sobre los resultados que arroje esta investigación, que tendrá de todo, menos de imparcialidad.

NOTAS AL PIE
Revista Semana; “Investigador de Uribe, recusado”. Bogotá, abril 6 de 2011
Ídem
http://yahir.jimdo.com/quien-soy/
Revista Semana; “¿Un 'Gatico' en la Cámara por Negritudes? Sorpresa: ganó con 40 mil votos en Sucre?. Bogotá, marzo 15 de 2010
El Tiempo; “Informe de Inteligencia de la armada salpica a fórmula para la cámara del hijo de 'la gata'”. Bogotá, febrero 6 de 2010
Ídem
Ídem
Ídem
Revista Semana; “¿Un 'Gatico' en la Cámara por Negritudes? Sorpresa: ganó con 40 mil votos en Sucre?. Bogotá, marzo 15 de 2010
Semana; Op, Cit,.
Verdad Abierta; “Ratifican condena de 40 años de cárcel a Salvador Arana”, Junio 22 de 2010. Ver en: http://www.verdadabierta.com/parapolitica/sucre/2513-ratifican-condena-de-40-anos-de-carcel-a-salvador-arana-
Revista Semana; “El gobernador de la muerte” Sección Justicia, Bogotá, Noviembre 18 de 2006.
Ídem; La orden de captura a Salvador Arana, ex gobernador de Sucre y ex diplomático del gobierno Uribe, por ordenar el asesinato de un alcalde, pone en entredicho la actuación del anterior Fiscal General en el mismo caso.
Revista Semana; “Coincidencias macabras”. Bogotá, junio 2 de 2002. Disputa territorial. Macayepo no fue una masacre aislada. Por el contrario, hizo parte de una violenta cadena de matanzas emprendida por los paramilitares de la región en un intento por obtener el control de los Montes de María. Los corregimientos localizados en esa región, entre ellos Macayepo, están localizados en un corredor estratégico que da un fácil acceso desde el sur de Bolívar hacia todos los departamentos de la Costa Atlántica. En la zona hay presencia de cerca de 300 guerrilleros de los frentes 35 y 37 de las Farc bajo el mando de ‘Martín Caballero’, quienes desde 1998 libran una guerra territorial contra un grupo de 80 paramilitares del bloque norte de las AUC, al mando de Rodrigo Antonio Mercado Pelufo. Este grupo de paramilitares es señalado por las autoridades de ser el mismo que entre febrero de 2000 y enero de 2001 realizó cinco grandes masacres en la zona de Montes de María, las cuales dejaron un trágico saldo de más de 100 muertos y 4.000 desplazados. Entre ellas la de El Salado, que ocurrió el 18 de febrero de 2000, en donde fueron asesinadas 36 personas, y la de Chengue, en la que fueron masacradas 27 personas el 17 de enero de 2001
Revista Semana; “Las pruebas hablan por sí solas”, Sección Justicia, Bogotá, noviembre 11 de 2006. Ver también: Revista Semana; “Coincidencias macabras”. Bogotá, junio 2 de 2002.
El Espectador; “La parapolítica en el departamento se conecta con el escándalo de los Nule. Un cheque clave”. Bogotá 9 de abril de 2011. “[…] el caso de Joaquín García, hasta ahora dejado de soslayo, apunta a ser muy importante. Él oficiaba como un acaudalado prestamista. Y entre sus beneficiarios estaban los políticos. Su negocio Agrocentro fue mucho más que un pequeño negocio de herramientas agrícolas. Fue la conexión para muchos dineros que se movieron en las autodefensas”
Revista Semana; “Afro, vote bien”. Marzo 15 de 2010. Ver en : http://www.semana.com/wf_InfoBlog.aspx?IdBlg=51&IdEnt=2436 . Revista Semana
El Espectador; "No nos va a temblar la mano": nuevo investigador de Uribe”. Sección Política, Bogotá, junio 2 de 2011.
El Universal; “Otra denuncia penal contra el representante Vergara Sierra”. Sincelejo, octubre 26 de 2010. http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/local/otra-denuncia-penal-contra-el-representante-vergara-sierra
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El Universal; “Vergara Sierra no es egresado de administración de empresas”, Sincelejo, Febrero 2 de 2011. http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/local/vergara-sierra-no-es-egresado-de-administracion-de-empresas-7055
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La Silla Vacía; “La familia DMG estrena casa: Apertura Liberal”. Bogotá, septiembre 29 de 2009. “Desde mayo de 2009 Murcia aseguró una alianza con el partido Apertura Liberal, que le permitirá lanzar líderes de la 'familia DMG' como candidatos a la Cámara en 19 departamentos. Y una lista al Senado, encabezada por su hermano Cristian Murcia”
Procuraduría General de la Nación; La Procuraduría abrió investigación disciplinaria por la posible intervención tardía de la Superfinanciera , la Supersociedades, la DIAN y la UIAF en la crisis de las pirámides que se presentó en el país entre los años 2006 y 2008. Bogotá, octubre 26 de 2009. Ver en: http://www.procuraduria.gov.co/html/noticias_2009/noticias_613.htm
Actas del Senado de la República; Número 33 de la Sesión Ordinaria del día martes 28 de mayo de 2002. Bogotá D.C., 28 de mayo de 2002
Cepeda, Iván; Rojas, Jorge; A las puertas del Uberrimo. Bogotá, editorial Random House Mondadori, sello Debate, 2008. PP 41.
El Espectador; “Los ganaderos y la financiación paramilitar”. Bogotá, mayo 14 de 2009.
Primera Página; “Renunció el superintendente de Notariado y Registro José Félix Lafaurie”. Agosto 4 de 2004.
La Silla Vacía; “José Felix Lafaurie, presidente de Fedegán”. Sección Perfil. Ver en: http://www.lasillavacia.com/perfilquien/20811/jose-felix-lafaurie
El Tiempo; “Procuraduría multa a 31 congresistas por palancas”. Bogotá enero 31 de 2004. Ver en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1529059
La Silla Vacía; “José Felix Lafaurie, presidente de Fedegán”. Op, Cit,.
El Espectador; "No nos va a temblar la mano": nuevo investigador de Uribe”. Sección Política, Bogotá, junio 2 de 2011.

PUBLICADO EN EL SEMANARIO CAJA DE HERRAMIENTAS