martes, 20 de diciembre de 2011

Restitución sin garantías


La falta de garantías en materia de seguridad para la no repetición de los crímenes, para la desarticulación de las mafias que se lucran con la tierra despojada y para la implementación de un proyecto de vida digno y justo que logre, dentro de un modelo de justicia restaurativa, asegurar el retorno de las familias desterradas al campo en condiciones mejores a las pérdidas a causa de la violencia, podría conllevar a una nueva forma de revictimización


El pasado 4 de diciembre, el presidente Juan Manuel Santos denunció nuevas amenazas contra líderes campesinos y señaló que una ‘mano negra’, de la extrema derecha y de la extrema izquierda, intenta obstaculizar la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras (1), con el fin de evitar que las víctimas regresen a sus tierras. Luego anunció la puesta en marcha de la misma y cuestionada estrategia empleada por su antecesor: crear una red de informantes y pagar recompensas de hasta 10 millones de pesos para quienes entreguen información sobre los responsables de las intimidaciones (2)

El tema no era nuevo. Desde tiempo atrás las organizaciones sociales, las víctimas y algunos periodistas venían denunciando los asesinatos sistemáticos de líderes campesinos que intentaban recuperar sus tierras; abogados, defensores de derechos humanos, líderes sociales, analistas políticos y hasta representantes del Clero, no han cesado en sus denuncias ni en sus exigencias de protección para las víctimas.
Ya el 5 de febrero de 2011, la Corporación SISMA MUJER y el Observatorio de los “Derechos Humanos de las Mujeres en Colombia en situación de desplazamiento forzado”, denunció un incremento en las amenazas contra lideresas, líderes sociales y miembros de organizaciones de derechos humanos y los asesinatos selectivos contra reclamantes de tierras. “La gravedad y sistematicidad de las amenazas y ataques en contra de la población en situación de desplazamiento, y en particular de los hombres y mujeres que ejercen el liderazgo a favor de la protección de sus derechos afecta de manera profunda los procesos de empoderamiento político y exigibilidad de derechos como lo ha reconocido la Corte Constitucional de Colombia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR-” (3)

“Escuchamos con mucha atención sus preocupaciones, –afirmó el presidente Santos- están denunciando que hay amenazas contra algunos voceros de los campesinos que están reclamando tierras. Inclusive (hay) algunas denuncias de asesinatos de algunos (sic) de esos dirigentes, cosa que nos preocupa enormemente”, precisó el Jefe de Estado.

No son pocas las víctimas (líderes sociales, defensores de los derechos humanos, dirigentes agrarios, campesinos, desplazados) que han caído acribilladas en su valiente lucha por recuperar lo que les fue arrebatado, y no se trata de algunas denuncias como sostiene el mandatario; lo que se revela acá, es la existencia de una estrategia criminal, a través de la cual se pretende evitar la devolución de tierras que pertenecen a miles de familias desterradas y desplazadas con violencia. Se trata de garantizar (mediante la parálisis judicial, la propagación del miedo, el terror y las indebidas presiones políticas) que muchas de estas tierras sigan siendo usufructuadas por empresarios sin escrúpulos que, en algunos casos, se han valido de testaferros para apoderarse y lucrarse económicamente de miles de millones hectáreas de tierra. Según lo determinó la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado en la III Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada 2010, el total de tierras despojadas o abandonadas entre los años 1980 y julio de 2010 es de cerca de 6,6 millones de hectáreas, sin contar los territorios colectivos; cifra equivalente al 12,9% de la superficie agropecuaria del país. Este masivo despojo o abandono forzado de tierras ha afectado a cerca de 434.099 grupos familiares (4)

El problema de la tenencia de la tierra, de la poca democratización para su acceso y la precariedad del campo, no son tampoco asuntos nuevos en el país; como tampoco lo son las acciones criminales que han emprendido sin tregua las eufemísticamente denominadas “manos negras” en Colombia, que, como señaló en días pasados alguien en FB, cada vez que se habla de "mano negra" uno piensa en familias bien blanquitas.

La apuesta por impulsar e implementar una Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, con todas las falencias que pueda tener y sus graves retrocesos, muchos de los cuales ya vienen siendo objeto de demandas ante la Corte Constitucional, no es una labor sencilla, eso se sabe y se sabía de tiempo atrás, pero cuando el Gobierno Nacional decide darle fuerza a esta iniciativa que durante años fue luchada por las organizaciones sociales y los movimientos de víctimas, es porque cuenta con los recursos financieros, humanos y con la voluntad necesaria para llevar a buen término su aplicación. Proponer un plan de restitución de tierras que pretenda desconocer la realidad de violencia y marginalidad en el campo, el poder mafioso que a través de alianzas políticas se ha consolidado para beneficio de fuertes empresarios que se valen del terrorismo y el accionar criminal de los grupos paramilitares en asocio con agentes del Estado, es apostarle a un fracaso de enormes costos y graves consecuencias sociales, económicas, históricas y políticas.

La ausencia de garantías para el retorno y la devolución de las tierras podría llevar a una revictimización de las víctimas de la violencia y el desplazamiento forzado; no sólo se estarían generando falsas expectativas en millones de colombianos que ansían recuperar su proyecto de vida abortado a causa de la violencia; poder superar -mediante una acción ejemplar de la justicia que revele toda la verdad acerca de lo sucedido y sancione a los victimarios intelectuales y materiales- el sufrimiento y los daños padecidos, sino que se estaría declarando, implícitamente, la incapacidad del Estado de cumplir con sus mandatos constitucionales. Estaría, ni más ni menos, que enunciando la supremacía de un poder mafioso en Colombia sobre el Estado Social de Derecho.

No basta con que se denuncie que existen enemigos de la restitución de tierras o que se anuncie que el gobierno establecerá una alianza con la sociedad civil para que la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras tenga éxito; tampoco que se asignen cuantiosos recursos para el pago de recompensas en la feria de los apetitos económicos y las traiciones consentidas; lo esencial es que se emprendan acciones definitivas para garantizar la no repetición de los crímenes y para que se logre desarticular el andamiaje financiero y político de las estructuras armadas y empresariales que operan en buena parte del territorio nacional; que se apliquen sanciones ejemplarizantes a los responsables de las violaciones; que se fortalezca el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo; que se investigue el patrimonio de quienes están siendo investigados, procesados o han sido condenados por violaciones a los DDHH y graves infracciones al DIH y que se profundice la protección jurídica y social de las víctimas para que efectivamente se restablezca y garantice el goce efectivo de sus derechos, tal y como lo propuso el representante Iván Cepeda Castro en las preposiciones que presentó durante el primer debate de la Ley de Víctimas en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

El Gobierno Nacional también propuso en marzo de 2011 la creación de un Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2-RT) mediante la implementación de una mesa de trabajo integrada por los organismos que desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia e instituciones gubernamentales; con el fin de garantizar la protección y la seguridad del proceso de restitución de tierras, que hasta le fecha no han sido garantizadas. Esta propuesta si bien fue acogida con optimismo por algunos sectores, en otros ha generado reticencia, pues justamente algunos de quienes integran estos llamados organismos de inteligencia y contrainteligencia del Estado, además de haber sido proclives al soborno y haber beneficiado a los victimarios, se han convertido en parte activa de esas mafias que intentan obstaculizar el proceso de restitución de tierras.

Carmen Palencia, de la Asociación de Víctimas para la restitución de tierras de Urabá y directora de la organización ‘Tierra y vida’, declaró que “Desde hace más de un año, cuando murió ‘Colombia’ (Albeiro Valdés Martínez, miembro de la Asociación de Víctimas para la restitución de tierras y bienes- ASOVIRESTIBI- asesinado el 11 de mayo de 2011), hemos pedido por diferentes medios y ante diferentes instancias que se conforme una comisión especializada donde se haga investigación de los casos de atentados y amenazas de las que hemos sido víctimas quienes buscamos que se nos regresen nuestras tierras” (5). Sin embargo, la creación de esta Comisión que seguramente, en algo aportará a la resolución de la crisis, sigue siendo insuficiente.

La semana pasada, el Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia, Cristian Salazar, hizo un llamado al Gobierno para proteger a las víctimas y a sus representantes señalando que parte de esa protección es no estigmatizarlos.
"Vemos con gran preocupación que en los últimas días y semanas (se han dado) intentos de desprestigiar y estigmatizar a las víctimas y sus organizaciones, esto a raíz de la implementación del Ley de víctimas y restitución de tierras. Es importante que el país se dé cuenta que hay gente que ha sufrido mucho y las que se les ha arrebatado millones de hectáreas por lo que tienen derecho a reclamar sus tierras", sostuvo Salazar.(6)

El mensaje que queremos dar, claro y contundente, es que el Gobierno no va a permitir que los enemigos, o bien de la extrema derecha o bien de la extrema izquierda, de la restitución de tierras, de la reparación a las víctimas, se salgan con la suya”(7), declaró el presidente Santos.

Mientras se debate cuál será la mejor estrategia para evitar los asesinatos, las desapariciones, las persecuciones, las estigmatizaciones, las torturas, los falsos judiciales, el continúo robo y expropiación de tierras, el oportunista desarrollo de megaproyectos y de siembra de palma en tierras despojadas a punta de terror por parte de reconocidos empresarios y politiqueros; en los campos desolados y sitiados por el miedo y la violencia se siguen recogiendo los restos de cientos de víctimas anónimas por las que la sociedad no marcha y la justicia no responde.

Pedro Murillo, líder de las comunidades desplazadas de Curvaradó y Jiguamindó, asesinado en enero de 2005 en el Chocó; Martha Aguirre, líder de la Asociación de Desplazados de Apartadó (Asocodea), asesinada en febrero de 2005 en Antioquia; Giovanny Montoya, líder de la Asociación de Desplazados de Apartadó, asesinado en febrero de 2005 en Antioquia; Orlando Valencia, líder comunitario de Curvaradó, asesinado en octubre de 2005 en el Chocó; Eislen Escalante Pérez, líder de la Asociación de Desplazados Víctimas del Sistema por una Colombia Nueva, asesinado en octubre de 2005 en Atlántico; Alfonso Ibáñez, líder de las comunidades desplazadas de Curvaradó y Jiguamindó, asesinado en enero de 2006 en el Chocó; Óscar Cuadrado, líder de la Asociación de Desplazados en el departamento, asesinado en noviembre de 2006 en La Guajira; Yolanda Izquierdo, líder de la Organización Popular de Vivienda, asesinada en enero de 2007 en Córdoba; Freddy Abel Espitia, presidente del Comité de Desplazados de Cotorra, asesinado en enero de 2007 en Córdoba; Valdiris Padrón, líder de desplazados de Pueblo Nuevo de Necloclí, asesinado en febrero de 2007 en Antioquia; Osiris Jacqueline Amaya Beltrán, maestra wayúu, defensora de desplazados, asesinada en marzo de 2007 en La Guajira; José Guillermo Sosa, líder de la población desplazada asentada en Buenaventura, asesinado en mayo de 2007 en el Valle del Cauca; Luis Miguel Gómez Porto, líder de desplazados de los Montes de María, asesinado en mayo de 2007 en Sucre; Francisco Puerta, líder de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, asesinado en mayo de 2007 en Antioquia; Manuel López Ayala, dirigente de la Organización de Personas en Condición de Desplazamiento (OPD), asesinado en junio de 2007 en Bolívar; Dairo Torres, coordinador de la zona humanitaria de Alto Bonito, asesinado en julio de 2007 en Antioquia; Miguel Orozco, líder de desplazados de Tumaco, asesinado en agosto de 2007 en Nariño; Julio César Molina, de la Fundación Nuevo Amanecer de los desplazados de Cartago, asesinado en mayo de 2008 en el Valle del Cauca; Azael Hernández Bedoya, líder de 27 familias guardabosques en Tierralta, asesinado en junio de 2008 en Córdoba; Martha Cecilia Obando, presidenta de la Asociación de Mujeres Desplazadas (Asodesfran), asesinada en junio de 2008 en el Valle del Cauca; Alexánder Gómez, líder de la Legión del Afecto-Retorno, asesinado en julio de 2008 en Antioquia; Juan Jiménez, líder de los desplazados, asesinado en julio de 2008 en Antioquia; John Correa, del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), asesinado en julio de 2008 en Caldas; Walberto Hoyos Rivas, líder de la comunidad de Curvaradó, asesinado en octubre de 2008 en el Chocó; Benigno Gil, presidente de la Mesa Nacional Campesina, asesinado en noviembre de 2008 en Antioquia; Carlos Cabrera, líder de la Asociación de Desplazados de Arauquita, asesinado en noviembre de 2008 en Arauca; Jaime Antonio Gaviria, líder de la Mesa Nacional Campesina, asesinado en diciembre de 2008 en el Chocó; Geler Uberne Cruz, Líder de Organización de Personas Desplazadas-OPD,asesinado el 27 de diciembre de 2008 en Arauca; Alejandro Pino Medrado, líder de población desplazada en proceso de reclamación de tierras en Turbo, asesinado en febrero de 2009 en Antioquia; Ana Isabel Gómez Pérez, presidenta del Comité Municipal de Familiares Víctimas del Conflicto Armado (Comfavic), asesinada en abril de 2009 en Córdoba; Antonio Blandón, dirigente de Afrodes, asesinado en junio de 2009 en Bolívar; José Betancourt, miembro de la Asociación Campesina del Bajo Cauca antioqueño (Asocbac), asesinado en julio de 2009 en Antioquia; Jesús Guachetá Morales, líder indígena, asesinado en mayo de 2009 en Cauca; Guillermo Antonio Ramos, líder de población desplazada en proceso de reclamación de tierras de 80 familias, asesinado en julio de 2009 en Córdoba; Alberto Manuel Pastrana, miembro del Comité de Familiares Víctimas del Conflicto Armado (Comfavic), asesinado en octubre de 2009 en Córdoba; Sori Valenzuela Cobo, Presidente Junta Acción Comunal, vereda Buena Vista asesinado el 25 de mayo de 2009 en el Cauca; Albeiro Valdés Ramírez, líder de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras, asesinado en mayo de 2010 en Antioquia; Rogelio Martínez, líder del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, asesinado en mayo de 2010 en Sucre; Alexánder Quintero, coordinador de la Asociación de Víctimas de la Masacre de El Naya, asesinado en mayo de 2010 en Cauca; Luis Alfonso Socarrás, líder wayúu, asesinado en julio de 2010 en La Guajira; Jair Murillo, líder de la población desplazada, Afrodes, asesinado en julio de 2010 en el Valle del Cauca; Beto Ufo Pineda, líder de la Organización Nueva Florida, asesinado en agosto de 2010 en Cauca; Álvaro Montoya, presidente de la Junta de Acción Comunal de San José de Apartadó, asesinado en agosto de 2010 en Antioquia; Ramiro Inampuez, líder indígena por la restitución de tierras de su cabildo, asesinado el 28 de agosto de 2010 en Nariño; Hernando Pérez, dirigente de la Asociación de Restitución de Bienes y Tierras de Urabá, asesinado en septiembre de 2010 en Antioquia; Édgar Bohórquez, presidente de la Asociación de Desplazados Unidos del Sarare (Asodus), asesinado en septiembre de 2010 en Arauca; Fernando Enamorado de la Asociación de Víctimas de Urabá para la restitución de tierras y Bienes de Urabá-Asovirestibi- asesinado el 25 de octubre de 2010 en Antioquia; Óscar Manuel Maussa, líder de la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Blanquicet, asesinado en noviembre de 2010 en Bolívar; Argenito Díaz, líder de campesinos desplazados de Curvaradó, asesinado en enero de 2010 en el Chocó; Yonnel Delgado Villamil, miembro de la Fundación Nuevo Amanecer, asesinado en enero de 2011 en el Tolima; José Alfonso Delgado Villamil, miembro de la Fundación Nuevo Amanecer, asesinado en enero de 2011 en el Tolima; Andrés Alfonso Arenas Buelvas, miembro de la Fundación Nuevo Amanecer, asesinado en enero de 2011 en el Tolima; Éder Verbel Rocha, líder del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), asesinado en marzo de 2011 en Sucre; David de Jesús Góez, líder de restitución de tierras en Urabá, asesinado en marzo de 2011 en Antioquia (8); Nayibis María Centeno de la Cruz, Representante Legal de la Asociación de Desplazados del Corregimiento de la Mesa y miembro de la Mesa Departamental de Fortalecimiento de Población Desplazada del Cesar, asesinada el 11 de abril de 2011 en el Cesar; Ana Fabricia Córdoba, de Ruta Pacífica de las Mujeres asesinada el 7 de junio de 2011 en Antioquia; William Andrés Álvarez Orosco, Líder comunitario, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Porvenir asesinado el 7 de abril de 2011 en Antioquia; Fredy Jiménez, Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda las Acacias y líder de ASOCBAC, asesinado el 23 de noviembre de 2011 en Antioquia; la lista continúa, continúa y continúa; son millares las víctimas que han sido asesinadas durante los últimos años y cuyos crímenes siguen en la impunidad.

El Estado debe cumplir con lo ordenando por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- asignando las medidas provisionales y cautelares que corresponden y garantizando la protección de todas las víctimas, de los desplazados y de quienes integran las organizaciones sociales. Para que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras trascienda el papel y las buenas intenciones, el Gobierno Nacional debe garantizar, como se afirma en el Artículo 1º de la Ley, “el goce de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales”.

Ley 1448 de 2011: Artículo 31. Medidas Especiales de Protección: Las autoridades competentes deberán adoptar medidas de protección integral a las víctimas, testigos y a los funcionarios públicos que intervengan en los procedimientos administrativos y judiciales de reparación y en especial de restitución de tierras…

Parágrafo 2º. Teniendo en cuenta que los procesos de reparación judicial y administrativo pueden representar un riesgo especial para las víctimas y los funcionarios públicos que intervienen en estas actuaciones, se deberán establecer medidas de prevención suficientes para mitigar esos riesgos, para lo cual se tendrá en cuenta la información del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo si es del caso. Especialmente, en aquellos municipios en donde se estén adelantando procesos de restitución, las alcaldías deberán formular estrategias de seguridad pública de manera conjunta con el Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de prevenir afectaciones a los derechos de las víctimas, sus representantes, así como de los funcionarios.

NOTAS AL PIE
1. El Espectador; “Mano negra amenaza proceso de restitución de tierras: Santos”. Sección judicial. Bogotá, diciembre 4 de 2011.
2. Ídem
3. Sisma Mujer; “Nuevas amenazas contra lideresas en situación de desplazamiento forzado y organizaciones defensoras de sus derechos”. Bogotá, febrero 5 de 2010
4. Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado. III Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada 2010. Resumen de Resultados Preliminares en Materia de Bienes Rurales. Bogotá, octubre de 2010.
5. Revista Semana; “CI2-RT, la estrategia para proteger a quienes intentan recuperar sus tierras”. Sección Nación. Bogotá, marzo 16 de 2011.
6.Caracol Radio; “ONU pide al Gobierno proteger a las víctimas de restitución de tierras y no estigmatizarlas”. Diciembre 6 de 2011
7. El Espectador; “Mano negra amenaza proceso de restitución de tierras: Santos”.
8. Op Cit
9.Revista Semana; In Memóriam. Mártires. Bogotá, mayo 28 de 2011.


http://www.viva.org.co/cajavirtual/svc0284/articulo05.html

viernes, 2 de diciembre de 2011

En la mira (Gobierno y Defensores de Derechos Humanos)


Mientras aumentan las denuncias sobre violaciones a los derechos Humanos en Colombia, el gobierno busca imponer una ley de impunidad para los militares.

La Misión Internacional de Verificación, integrada por 40 defensores de derechos humanos de 15 países, invitada por la campaña nacional e internacional "Por el derecho a defender los derechos humanos en Colombia", visitó 8 municipios de Colombia para verificar la situación que afrontan los defensores de derechos humanos en el país. El pasado 2 de diciembre la Misión convocó a una rueda de prensa para dar a conocer en un informe preliminar su diagnóstico y algunas recomendaciones.
La Misión, cuyo objetivo primordial era constatar la difícil situación que atraviesan los defensores de derechos humanos en Colombia, enfocó su labor de investigación en cinco ejes temáticos: Sistema de protección, usos y fines de la inteligencia militar; estigmatizaciones y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, niveles de impunidad y falsas judicializaciones.

El informe presentado, siendo preliminar, muestra un grave deterioro en la situación durante los últimos meses, en términos de garantías, respeto y seguridad para los defensores de derechos humanos y ausencia de diligencia e independencia por parte de la justicia. Se evidencia un significativo incrementó en las agresiones denunciadas y la falta de una respuesta adecuada por parte del Estado colombiano. El Gobierno colombiano y su política de protección en favor de los defensores de derechos humanos continúan bajo la lupa internacional.

Sin embargo, con plena conciencia de ello, la comisión primera de la Cámara aprobó en tercer debate el proyecto de Ley de reforma a la justicia en el que se incluye el controvertido fuero militar. La experiencia, de la que han aprendido otras naciones, indica que el acto de juzgar miembros de la fuerza pública por graves violaciones a los derechos humanos, por parte de tribunales militares, ha sido un factor determinante para el sostenimiento de la impunidad. La comunidad internacional desde tiempo atrás ha expresado su desacuerdo frente a la existencia de estos tribunales, integrado por militares en servicio activo, donde se niega el derecho a la verdad de las víctimas y se imponen las versiones de los militares implicados en la ejecución de graves crímenes.

Este proyecto, al que se suma otro sobre el marco legal para la paz, actualmente en trámite ante el Senado, el de justicia transicional y Defensoría Técnica, no sólo desconocen que el Estatuto Penal Internacional hace parte del bloque de constitucionalidad de Colombia, y que los delitos considerados internacionales como los crímenes de lesa humanidad o de guerra no son amnistiables, sino que además, estos proyectos favorecerían la impunidad.

Este tema no fue ajeno a la observación que realizó la Misión Internacional en Colombia.

Eric Sottas, fundador de la Organización Mundial Contra la Tortura, OMCT, se refirió al mal uso de la inteligencia estatal y a las judicializaciones sin fundamento contra defensores de derechos humanos que han sido criminalizados por su trabajo.

“Lo que hemos encontrado es que entre julio de 2010 y mayo de 2011, se han producido en Colombia 255 agresiones contra quienes defienden los derechos humanos y entre ellos se cuentan 54 asesinatos, según el registro del programa Somos Defensores. Se nota un incremento en las violaciones contra las defensoras y defensores de Derechos Humanos en Colombia”

También indicó que la misión ha trabajado con una esperanza de cambio de espíritu, de acuerdo a las declaraciones rendidas por el presidente Juan Manuel Santos, quien en su discurso de posesión afirmó que la defensa de los derechos humanos es un “compromiso indeclinable” y una “convicción profundamente democrática, ética y humana”; no obstante, afirmó Sottas, hay quizás un cierto desfase entre estas declaraciones y los meses que han transcurrido de su mandato.

“Las conclusiones que hemos sacado se basan en agresiones sufridas durante los últimos años, que incluyen atentados, desapariciones forzadas, asesinatos y amenazas. […] Hemos notado que en la mayoría de los casos las denuncias de violaciones graves siguen en total impunidad, tanto en los casos actuales como en casos antiguos donde no hemos visto, con pocas excepciones, una sanción a los autores y hemos advertido que los autores intelectuales no son condenados”

Entre los factores que contribuyen a esa impunidad, Sottas resaltó la existencia de un temor generalizado que impide que las víctimas denuncien las agresiones padecidas en razón de las represalias que puedan sufrir. Otro factor importante para el sostenimiento de la impunidad, y que ameritaría una exhaustiva investigación, se refiere a la filtración en los organismos del Estado por parte de organizaciones criminales. “En algunos ejemplos que hemos escuchado, se habla de la filtración entre fiscalías y bases militares; recordamos que en algunos casos la Fiscalía está dentro de las guarniciones militares lo que representa un obstáculo muy grande (para las víctimas). [..] También se filtran informaciones que se pasan a la fiscalía y llegan a manos de agresores generando nuevas represalias y amenazas. Hemos recibido varios testimonios sobre actitudes hostiles y hasta amenazantes frente a grupos vulnerables por parte de los organismos encargados de la investigación”.

La Misión informó con preocupación que “muchas autoridades niegan la existencia de grupos armados ilegales en zonas donde operan, particularmente de paramilitares; esa negación conduce al desvío de la investigación, porque si ya se considera que no hay grupos de esa índole no se va a investigar a fondo sin son responsables de las violaciones que se denuncian”

En algunas regiones la Fiscalía se muestra reticente a recibir nuevas denuncias por la cantidad de casos que debe llevar, según argumentan sus mismos funcionarios; no obstante es llamativo que en algunas zonas donde se le informó a la Misión que no se podían atender todas las denuncias por falta de recursos, no se esgrimiera el mismo argumento al momento de judicializar a los defensores de derechos humanos.

Sottas, al querer destacar la loable labor que realizan los defensores de los derechos humanos para visibilizar crímenes; reclamar del Estado el cabal cumplimiento de los mandatos constitucionales y las normas internacionales; fortalecer la democracia y humanizar las sociedades, recordó que desde hace más de 10 años, los relatores de la ONU, definen -tal y como se establece en el mundo- a los defensores de derechos humanos como todas aquellas personas que defienden sus derechos y los de otros, sean estos campesinos, mujeres, afrodescendientes, indígenas, desplazados, sindicalistas, abogados, periodistas o miembros de la comunidad LGTB. “Los defensores de derechos humanos son personas que actúan de manera pacífica en la promoción y en la protección de los derechos humanos; defienden los derechos humanos en favor de mujeres, niños, lesbianas, gays, indígenas, refugiados, desplazados internos, minorías nacionales, religiosas y lingüísticas; supervisan e informan sobre la política y la práctica gubernamental para defender los principios del Estado de derecho, la no discriminación y las normas de derechos humanos recogidas en las legislaciones nacionales e internacionales y denuncian los casos de violaciones de estos derechos”, como lo define Amnistía Internacional.

La norteamericana Lisa Haugaard, directora ejecutiva de Latin American Working Group, LAWG, declaró que la protección ejercida para garantizar la vida y el buen desempeño laboral de los defensores en Colombia no es la adecuada. “El programa de protección del gobierno colombiano ha sido y es muy necesario, ha contribuido a la protección de los defensores y ha salvado vidas; queremos empezar con este reconocimiento, sin embargo, de acuerdo a los testimonios recibidos los programas no son adecuados; a veces porque el proceso es muy lento y burocrático; hemos escuchado casos en los que las medidas llegan después de que los defensores sufren agresiones” También advirtió que los programas implementados carecen de una perspectiva integral y diferencial.
“Con gran preocupación hemos observado que los casos contra defensores siguen en la impunidad. No hay mejor manera de proteger a los defensores de Derechos Humanos que luchando contra la impunidad”, concluyó.

Haugaard se refirió con especial énfasis a los falsos señalamientos contra defensores de derechos humanos. La Misión encontró en casi todas las regiones visitadas, graves sindicaciones por parte de miembros de grupos ilegales, funcionarios estatales y militares. “Hemos visto que el ejército, en algunas regiones, distribuye panfletos con nombres y fotos de líderes de comunidades en los que les dicen que se deben desmovilizar, señalándolos así de insurgentes. Estos hechos ponen en riesgo tanto la vida de ellos como de la comunidad en su conjunto”

Los aspectos más preocupantes que destacó la Misión durante su observación, los que además cuestionan seriamente la política del gobierno Santos en esta materia, se refieren al sostenimiento de los elevados índices de impunidad; a la minimización en los ataques que reciben los defensores de derechos humanos, a las estigmatizaciones y a las arbitrarias judicializaciones.

Por su parte, el diputado y portavoz de presidencia y justicia de la Asamblea de Madrid, Mauricio Valiente, después de reconocer que el gobierno ha adoptado algunas medidas para reforzar el sistema de inteligencia estatal, medidas que espera logren prevenir el mal uso de la inteligencia contra defensores en un futuro inmediato, advirtió que en el desarrollo de la Misión se recibieron numerosas informaciones en el sentido de que los defensores siguen estando preocupados por el robo de información de ordenadores, archivos, teléfonos, casos que son tramitados como hurtos simples; por las falsas judicializaciones y por la actuación inadecuada de la fuerza pública que graba las actividades que realizan las organizaciones sociales, hostiga a sus miembros y desarrolla interrogatorios inadecuados (casi siempre partiendo no del principio jurídico de la presunción de inocencia sino de culpabilidad).

“En este mismo sentido se nos ha reportado y hemos recogido numerosos testimonios del uso de información proveniente de inteligencia militar para la judicialización de defensores pese a que existe una clara jurisprudencia al respecto […] En la conversación que sostuvimos con la Dirección Nacional de Fiscalías se reconoció que no era un aspecto que podía justificar judicializaciones”

La Misión encontró serias y múltiples irregularidades en los procesos que se adelantan contra defensores de derechos humanos sindicados, en su mayoría, de pertenecer o favorecer grupos armados ilegales. “Quiero destacar que hemos tenido noticias de detenciones individuales y masivas y judicializaciones en la realización de actividades legales, legítimas, como protesta social, oposición a proyectos mineros, acciones de recuperación de tierras o manifestaciones estudiantiles”, puntualizó Valiente.

Denis L´Anglais, miembro de la directiva de abogados sin fronteras y ex funcionario del Ministerio de relaciones internacionales de Quebec, Canadá, presentó las recomendaciones que a partir de su análisis, la Misión plantea al gobierno colombiano.

Frente a la imperiosa necesidad de poner fin a la impunidad, la Misión recomendó que la Unidad Nacional de Derechos Humanos, la nueva agencia de protección del Ministerio del Interior y la Unidad especial de la Fiscalía, investigue y centralice toda la información sobre las violaciones cometidas contra defensores y defensoras de derechos humanos, identifique la cadena de responsabilidad de mando en los crímenes cometidos, realice un exhaustivo seguimiento a todos los casos hasta lograr justicia y haga públicos los resultados de sus investigaciones.

“Nos parece que hay una obligación del Estado de identificar los mandos detrás de los crímenes; que todas las investigaciones y procesos por violaciones a los derechos humanos en los que estén identificados miembros de la fuerza pública se adelanten ante la justicia penal ordinaria. Vemos con una cierta preocupación el proyecto de ley (en curso ante la Cámara), en el cual se podría pasar al fuero penal militar lo que pertenece al fuero civil ordinario”.

Todo ello es contrario a la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Sistema Interamericano de Naciones Unidas. Asimismo, la Misión recomendó que se retiren las Fiscalías de las guarniciones militares. En cuanto al tema de la protección declaró que se debe mejorar de manera estructural y diferencial el contenido de los programas de protección de las personas en riesgo; “que los cambios anunciados y puestos en marcha en los programas de protección del Ministerio del Interior, tendientes a mejorar los estudios de riesgo, las medidas de protección y su eficacia puedan ser evaluados en próximos meses en conjunto con las mismas organizaciones; en particular consideramos esencial que los cambios respondan siempre a las necesidades de los defensores de derechos humanos de las regiones, del país y del grupo en particular, sea de mujeres, LGTB, pueblos indígenas o afrodescendientes. Deben implementarse programas diferenciales”

Líderes reclamantes de tierras, activistas de organizaciones no gubernamentales, defensoras de los derechos Humanos, dirigentes de movimientos sociales, juristas que representan a las víctimas y reclamantes de tierras que fueron objeto del despojo, siguen siendo blanco de intimidaciones, asesinatos, montajes judiciales, interceptaciones ilegales -pese al desmonte del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS-y de graves estigmatizaciones en las que se equipara la defensa de los Derechos Humanos con una actividad terrorista y, más recientemente, con un acto de corrupción a través del cual se pretende defraudar al Estado, denunció el Programa Somos Defensores.

Desde la perspectiva de los estándares internacionales, frente al debido proceso y los derechos inalienables de todo ciudadano (contenidos en la declaración de los derechos del hombre y sus posteriores generaciones, la primera proclamada desde la revolución francesa), debe mantenerse la plena observancia de las garantías judiciales y de los derechos de las víctimas sobre cualquier otra consideración. No hacerlo va en detrimento de la democracia y de la consolidación de un genuino Estado social de derecho.

ARTÍCULO PUBLICADO EN EL SEMANARIO CAJA DE HERRAMIENTAS