Se consolidó el proyecto narcoparamilitar en el Congreso de la República
Salvo por la elección de Iván Cepeda Castro, y la confirmación de curul de varios congresistas de enorme calidad y relevancia para la democracia colombiana, las pasadas elecciones pasarán a la historia como un proceso viciado, corrupto y excluyente en el que se confirma una patología masoquista muy afirmada en el pueblo colombiano, una enorme ignorancia política e inconciencia social y la vigencia de la parapolítica.
Por Maureén Maya S
Con el éxito electoral del filósofo y defensor de derechos humanos, Iván Cepeda Castro, no sólo ganó el PDA o la política colombiana, sino también ganó el país que además de contar en adelante con un representante decente y valeroso, fue testigo de que sí es posible hacer política exitosa sin maquinaria y sin trampas. Ganó Cepeda, ganaron las víctimas y los defensores de derechos humanos, pero perdió su partido: el PDA.
No se puede negar que uno de los grandes derrotados en las jornadas electorales del domingo fue el Polo; derrota que más que orientar la vista y las acciones futuras hacia fuera en un fatuo intento por adjudicar responsabilidades dentro del uribismo, debe servir para replantear el desempeño político de este partido como fuerza de oposición, para fortalecer su trabajo de base y desde la autocrítica, realizar un análisis profundo sobre los costos históricos, políticos y sociales de sus enormes mezquindades y vanidades. El PDA debe abanderar el nuevo lenguaje de la nueva política, proponer alternativas eficaces que logren dar respuesta al enorme desafío de nuestra caótica y triste realidad y dejar de emular los vicios de los partidos tradicionales. Enorme desafío en el que además de plantearse la existencia del PDA como genuina coalición de izquierda y fuerza de oposición con reales opciones de poder, debe conjurar, desde el fortalecimiento democrático y la acción coherente, la crisis institucional y la decadencia democrática del país.
El triunfo de Iván Cepeda Castro, representa una esperanza para Colombia. No hay duda. Con éste se reafirma el valor del voto de opinión, se reconoce la posibilidad de participar y hacer política sin recurrir al fraude, la compra de votos, el despilfarro electoral y de recursos, la intimidación y el despliegue de promesas que nunca se han de cumplir. Es posible ganar sin corrupción y sin manipular al electorado. Además de este resultado y de algunas elecciones meritorias que reflejan un ejercicio ciudadano conciente e independiente, es poco lo que podemos celebrar tras los comicios legislativos, y muy poco lo que debemos esperar de las elecciones presidenciales, a no ser que ocurra algo extraordinario y no previsible.
Perdimos buenos parlamentarios, como Wilson Borja, Parmenio Cuellar y muchos más. La oportunidad de contar con nuevas figuras en el Congreso; personas con enorme trayectoria y sobradas en decoro, inteligencia, dignidad, y valentía como Gloria Cuartas, Felipe Zuleta, Hernando Gómez Serrano, Carlos Lozano, Jaime Caicedo, Ayda Quilcue, Lilia Solano, Luis Eladio Pérez o el profesor Gustavo Moncayo. Perdimos la oportunidad de tener en el Parlamento Andino a valientes luchadores como Rafael Vergara o Alfonso Cabrera. Reafirmamos congresistas idóneos como Jorge Robledo, Piedad Córdoba, Alexander López Maya y ganamos a Gilma Jiménez y a Mauricio Ospina. También entendimos que la masa electoral, usualmente desinformada, ya no le come cuento a los desnudos programados, a las curvas, los músculos o a la linda y cuidada imagen de los ídolos de la tele. Eso quedó demostrado con el descabezamiento de todos los famosos que creyeron que esa figuración mediática y novelesca era suficiente para seducir al electorado.
Pero más allá de estas consideraciones, de reconocer que se registraron menos incidentes violentos en el país o que no fueron divulgados, que la eficacia de la fuerza pública logró neutralizar varios atentados como el de Arauca donde fue desactivado un carro bomba, se frustró un plan terrorista contra el metro de Medellín, se descubrió un saboteo en el Cauca y se decomisaron 7 cargas explosivas en Nariño, si es que estas denuncias son reales y no montajes, las elecciones legislativas del pasado 14 de marzo son las más viciadas en una larga historia de fraudes y anomalías electorales en Colombia. Los resultados y el triunfo de la abstención, dejan importantes lecciones y alertas que no deben pasar desapercibidas.
Por un lado y como para arrancar con lo operativo, el sistema electoral debe ser reformado y modernizado. Si bien nadie -medianamente informado- puede desconocer los esfuerzos hechos por el Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, por modernizar la RNEC, y llevar a cabo un asombroso proceso de cedulación en tiempo record con el apoyo de las llamadas Booking, nuevos planes de cubrimiento nacional y el uso de nueva tecnología; nada de lo dispuesto, ni siquiera con las reformas al sistema electoral, ha podido garantizar lo esencial de todo proceso de elección popular: transparencia, cultura ciudadana y legitimidad. Sin embargo, pese a las fallas del sistema y a las pocas garantías democráticas que ofrece, es necesario reconocer la independencia y el valor que ha demostrado Sánchez al momento de frenar irregularidades (como en el caso de referendo reeleccionista, cuyos ponentes aún no han logrado explicar el origen dudoso de sus millonarios recursos) y mantener a raya a políticos y poderes de Estado que desde siempre han intentado hacer de éste organismo un ente de bolsillo. El Registrador no es funcionario de bolsillo; es claro, y por eso los ataques que no paran de lloverle y la urgencia por sustituirlo antes de las elecciones presidenciales.
El gobierno acusa, haciendo eco a las difamaciones hechas por un miembro de la familia Lacouture (clan integrado por algunos de los beneficiarios de la estafa de Agro Ingreso Seguro y vinculados a la parapolítica como en el caso del ex congresista Luis Eduardo Vives Lacouture, condenado a siete años de prisión por concierto para promover grupos armados al margen de la ley y alteración de resultados electorales) al Registrador Nacional, quien es abstemio por principios, de estar borracho el día de las elecciones. Este señalamiento ha sido interpretado como una cuenta de cobro que le pasa el gobierno nacional al Registrador Sánchez por su independencia y solvencia moral al haber cuestionado, desde la legalidad, el proyecto de reelección presidencial. También refleja el talante reivindicativo, traqueto, y perverso del actual mandatario, quien aún intenta, contrariando la ley, perpetuarse en el poder y acomodar la Constitución a su voluntad personal.
La democracia colombiana, pese a algunos pequeños logros, sigue estando debilitada. No sólo por la existencia de unos procesos electorales sobre los que nadie puede garantizar independencia o pulcritud, sino porque prácticas democráticas como la separación del poderes, el afianzamiento de principios esenciales de un Estado social de Derecho, la independencia y responsabilidad social de los medios masivos de comunicación o el debido respeto a los fallos y sentencias de las altas cortes, no están debidamente garantizadas en Colombia. Ningún gobierno puede ser genuinamente democrático cuando está liderado por un heredero de la mafia vinculado además, a crímenes atroces. Tampoco puede ser legítimo cuando lleva a cuestas un fraude electoral, una reelección producto del delito de cohecho y su principal bancada se encuentra tras las rejas o está siendo investigada por sus vínculos paramilitares.
En el nuevo Congreso la parapolítica logró importante representación. “En las elecciones del domingo fueron elegidos 22 senadores que están en las investigaciones de la 'parapolítica' o son herederos de quienes están presos o condenados por estos delitos: 8 del partido de 'la U', 7 en el PIN, 5 en el Partido Conservador, 1 en Cambio Radical y 1 en el Partido Liberal. La influencia en la Cámara de Representantes es aún más grande…”[1]
Con el triunfo de la U en las pasadas elecciones se reafirma un proyecto excluyente, corrupto y criminal que da sustento a las principales políticas del gobierno Uribe. Igual sucede ante la innegable fuerza política con la que se consolida el partido PIN (Paras Insisten Nuevamente), agrupación política heredera de la parapolítica, integrada por familiares de varios políticos vinculados a este proceso y gestada desde La Picota. Estos cuestionables triunfos, que deben ser minuciosamente investigados, son llamados de alerta que no pueden ni deben pasar desapercibidos. Con estos resultados se ahonda, si se quiere, o se reafirma la derrota moral del país.
Aunque la jornada se desarrolló sin grandes sobresaltos, la Misión de observación de la Organización de Estados Americanos, MOE, expresó su preocupación por la compra de votos en varios departamentos del país: costa Caribe, Cundinamarca, Nariño y Santander. “Nuestros delegados observaron que personas de la tercera edad y discapacitados fueron inducidos a votar por un candidato en particular. Vimos también que se daba dinero o el ofrecimiento de refrigerios a cambio del voto”, informó el jefe de la misión, el chileno Enrique Correa. La MOE, también denunció una “compra masiva de votos y anunció que habían recibido múltiples denuncias de proselitismo armado y constreñimiento al electorado por parte de grupos paramilitares”.
En declaraciones a RFI, Nicolás Montoya, coordinador de la oficina jurídica del MOE, afirmó que han recibido denuncias de muchas regiones: “Son lugares que presentan gran cantidad de necesidades básicas insatisfechas, entonces los candidatos se aprovechan de eso para hacer transacciones ilegales”, dijo Montoya”[2]. Igualmente, el candidato al senado por el partido Verde, Fabio Villa denunció irregularidades en los conteos de votos en los departamentos de Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Nariño, Antioquia, Valle, y otros.
Los escrutinios avanzan con inusual lentitud y los ataques al Registrador Nacional no cesan. El ministro Valencia Cossio habló de una hecatombe tras la crisis, al parecer provocada por saboteadores, en la RNEC y el Presidente Uribe afirmó que ésta entidad no es confiable y que no existen garantías para los comicios presidenciales. Todo parece perversamente planeado.
Y ahí no paran las anomalías. Otros hechos ocurridos durante el conteo de votos encienden las alertas sobre el que podría ser el fraude más grande de la historia de los fraudes electorales en Colombia: sorpresivos apagones de luz en algunos municipios, la caída de la página web de la RNEC, la aparición de sobres abiertos, traslados de conteos a último momento, la ignorancia de los jurados electorales, la inconsistencia de los boletines que en vez de señalar aumento de votos conforme transcurría el conteo, mostraban reducciones en las cifras de algunos candidatos, sobrevotaciones en zonas de control paramilitar y otros, no han sido aclarados ni denunciados con la debida vehemencia. Varios observadores vieron a ciudadanos que cedían a su deber y derecho de elegir a conciencia y se tranzaban por dinero, incluso a un observador se le ofreció vender su voto. La incultura política es evidente, no se puede negar pero si contrarrestar aunque poco o nada se hace para modificar esta histórica realidad.
En Colombia, pese a los intentos de paz y esfuerzos por reafirmar valores democráticos y humanos, y gracias a los proyectos de legitimación mafiosa y criminal, a la parálisis de la justicia y a la miseria del pueblo colombiano (miseria física y moral) el poder sigue estando en manos de los violentos y sus vigorosas estructuras políticas, económicas y sociales.
Ejemplo de ello son los resultados electorales obtenidos por el PIN. Al haber alcanzado el millón de votos que se había fijado como meta, este controvertido partido se hizo a 19 curules (8 en el Senado y 11 en la Cámara de Representantes). Este revés para la endeble democracia colombiana, demuestra como aún sigue prevaleciendo el poder de las armas, del dinero, la intimidación, la corrupción, el transfuguismo, el constreñimiento y peor aún, la debilidad de los entes de control y de la justicia para imponer unas normativas capaces de afianzar, también desde las urnas, los derechos y deberes de los ciudadanos y garantizar transparencia en los procesos de democráticos de elección popular.
La consigna soterrada “Si no hay PIN, habrá balín” al parecer resultó efectiva en algunas regiones del país. Ahora falta conocer el mapa de la actividad electoral para poder determinar lo ocurrido en regiones de fuerte dominio paramilitar o en otras, en las que se teme y no se descarta una nueva expansión.
Resulta sospechoso desde la transparencia electoral, pero previsible desde un ejercicio irregular constante y ya demostrado, que los herederos políticos de personajes condenados o investigados por el escándalo de la infiltración paramilitar en el Congreso en el 2006 aseguren varias curules en el Senado y la Cámara, incluso sobre partidos con mayor fuerza y trayectoria como el PDA o Cambio Radical o con importante reconocimiento social como el partido Verde.
Uno de los elegidos en estas elecciones por el PIN fue Héctor Julio Alfonso López, hijo de Enilce López, la miedosa y peligrosa “gata”, y quien además es investigado en la Corte Suprema por parapolítica. Este cuestionado personaje obtuvo 69.304 votos[3], la segunda mayor votación del PIN, asegurando su curul en el Senado.
Hoy la “gata” -llamada a juicio en un proceso por asesinato, financiadora de la campaña de Álvaro Uribe Vélez y ligada al paramilitarismo- cuenta con cuatro fichas en el Congreso. Además de su hijo Héctor Julio Alfonso, en el Senado, también ganaron curul para la Cámara de Representantes por el PIN, Eduardo Pérez, el ex diputado Yahir Acuña, quien había renunciado a su aspiración a la Cámara en Sucre por este mismo partido, poco después de que el diario El Tiempo revelara que su nombre aparece en varios informes de Inteligencia de la Armada que lo señalan como cercano a las autodefensas de alias “Cadena”; y Antonio Correa, éste último con 50.491 votos. Correa fue secretario de Educación de Magangué cuando el otro hijo de 'La Gata', Jorge Luis, destituido e inhabilitado por la Procuraduría por actos de corrupción, era alcalde.
“Magangué fue uno de los municipios que más votos pusieron por los diferentes candidatos del PIN. Allí, dicen la OEA y la Misión de Observación Electoral, hubo abierta compra y venta de votos”[4].
Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado, hijo de Hugo Aguilar, ex gobernador de Santander, investigado por sus relaciones con el temible jefe paramilitar 'Ernesto Báez', logró 49.224 sufragios. La séptima votación, con 48.553 la heredó la desconocida Teresita García Romero, hermana de Álvaro el 'gordo' García, condenado a 40 años de prisión como autor intelectual de la masacre de Macayepo, departamento de Bolívar; hecho ocurrido entre el 14 y el 16 de octubre del año 2000 bajo las ordenes del temible jefe paramilitar Rodrigo Antonio Mercado Pelufo, alias “Cadena”[5] y que significó la muerte violenta de15 labriegos y el desplazamiento de 200 familias[6]. Hemel Hurtado, ex suplente del senador Juan Carlos Martínez (preso y llamado a juicio por supuestos nexos con narcos y 'paras'), obtuvo 50.182 votos por el PIN. Un total de 9 políticos señalados de tener vínculos paramilitares se presentaron como candidatos al parlamento por el PIN, obteniendo curul.
No fue sólo el PIN. En otros partidos, que abrieron las puertas a los herederos de la parapolítica, se observan resultados sorprendentes. Por ejemplo, tal como sucedió en Córdoba hace 4 años, la mayor votación del Partido Liberal al Senado la recibió Arleth Patricia Casado, esposa del ex senador Juan Manuel López Cabrales, condenado a siete años de prisión por sus nexos con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Casado logró 111.640 votos.
Por Cambio Radical, Javier Cáceres acusado de haber sido apoyado electoralmente por los paramilitares para llegar al Senado y vinculado a una investigación por irregularidades en la empresa Etesa, fue elegido con 74.765 votos. Antonio Guerra de la Espriella, investigado por sus nexos con 'paras' de Sucre logró 49.415 votos. También lograron curul en la Cámara, Jairo Hinestroza y Didier Alberto Tavera, ficha de Luis Alberto Gil, quien se encuentra en prisión.
El partido Conservador también logró hacer elegir a un dudoso político. Se trata de Hernán Francisco Andrade, acusado en octubre de 2008 por la revista Semana de haber recibido una serie pagarés girados a su nombre por uno de los involucrados en el desfalco de Cajanal, fue investigado por estos hechos y ahora resultó elegido Senador con 84.904 votos.
En el partido de la U' también resultaron elegidos cuestionados políticos, algunos de ellos, herederos de la mafia paramilitar. Como Musa Besaile Faydad, investigado por parapolítica, obtuvo 51.768 votos. Piedad Zuccardi, esposa del ex congresista José García Romero, sentenciado a 3 años y medio de prisión por el delito de peculado, y cuñada de Álvaro el 'gordo' García, de quien ya se habló anteriormente, conquistó con 65.022 votos una curul en el parlamento.
La cuestionada y protegida ex presidenta del Senado, Dilian Francisca Toro, candidata al Senado por el partido de la U logró la nada despreciable suma de 137.237 votos. En el 2008, la Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar contra esta política vallecaucana por sus presuntos nexos con las Auc a partir de las declaraciones de narcos y ex paramilitares. Su fórmula para la Cámara en el Valle, Luis Carlos Restrepo, también investigado por los mismos hechos y acusado por líderes sociales de Cartago de haber participado en el asesinato del joven Andrés Felipe Llano Calvo y tener vínculos con alias “rasguño”, aseguró su retorno al Congreso. El proceso contra Dilian Francisca además de iniciarse por las denuncias de paramilitares, fue generado por otro hecho bastante inusual y torpemente evidente. Dos años antes de que fuera investigada por la Corte, el jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40 decidió -tras haber escapado a la zona de reubicación de Santa Fe de Ralito- someterse a la Ley de Justicia y Paz. Para ello exigió como garante de su entrega la presencia de congresistas de su confianza: Dilian Francisca Toro y César Alfredo Cuello Baute, (investigado por parapolítica y su proceso precluido por la Fiscalía. La Corte Suprema no encontró pruebas suficientes para relacionarlo con alias “jorge 40”)[7]. El encuentro de los dos parlamentarios con el jefe paramilitar y sus actitudes públicas permitieron entender la cercanía que había entre ellos.
Al respecto el senador Gustavo Petro se preguntó por aquellos días: "¿cómo es posible que los encargados de hacer las leyes se abracen y sonrían con una de las personas que más infringe la ley como lo es 'Jorge 40'?".
La semana pasada, Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño', declaró desde su prisión en Estados Unidos ante la Corte Suprema de Justicia, haber entregado “300 millones de pesos para financiar la campaña al Congreso, en el año 2002, de la senadora Dilian Francisca Toro, quien en ese momento se presentó por el Partido Liberal. De acuerdo con su versión, revelada este viernes por La FM, la entrega del dinero a la congresista se hizo en efectivo y a través de uno de sus hombres de máxima confianza, el ex concejal de Cartago, Ariel Rodríguez, conocido en el mundo del narcotráfico como ‘el flaco' o ‘el diablo', y también esposo de la ex representante a la Cámara María Nancy Montoya, a quien alias `Rasguño' también dice que apoyó”.[8]
Capitulo de la historia no superado. El segundo tomo del libro “la Parapolítica”, está por escribirse, y promete ser más gordo que el anterior.
Como conclusión premilitar a este proceso electoral, y teniendo en cuenta que aún no existe un consolidado definitivo sobre los escrutinios, se ignora el desenlace final de la consulta interna de los partidos y lo que pueda suceder con las elecciones al Parlamento Andino en las que al parecer el voto blanco fue mayoría, se puede afirmar que el escepticismo y el analfabetismo político fueron protagonistas en los resultados. Ganaron las mafias organizadas. La demos cracia, poder del pueblo no es del todo cierta y contrario a los avances y nuevas propuestas sociales, e intentos por reafirmar un Estado Social de Derecho, más que fortalecerse, aún sobre los logros de la Constitución del 91, parece degradarse cada día más.
En Colombia no existen las garantías necesarias para que otra fuerza política u otra clase social llegue al poder. Y la izquierda agrupada, aún con sus valientes y positivos protagonismos individuales, no logra consolidarse política ni socialmente en el imaginario colectivo –cierto es que la campaña de estigmatización, la persecución del gobierno y asociación al “terrorismo” surte sus efectos- y tampoco al interior de importantes procesos sociales organizativos con sustento real y coherencia programática. Procesos sociales que entre otras debería liderar el PDA, o en su efecto acompañar con actitud respetuosa y propositiva.
El llamado al POLO
El candidato presidencial, Gustavo Petro, afirmó que si bien los resultados de su partido en las elecciones para el Congreso "no son un duro revés" porque se produjo la misma votación de hace cuatro años, también reconoció un "estancamiento" en el Polo Democrático Alternativo. Estancamiento cuestionable, diría yo, pues sería más fidedigno hablar de retroceso: Perdió, según cálculos premilitares 7 curules en el Parlamento.
Petro también afirmó que la equivocación del PDA es su estrategia de campaña, porque el partido "no aprovechó la televisión para defenderse de los ataques hechos por el Presidente". De hecho, fue el mismo Petro, quien hizo coro a una de esas acusaciones del mandatario, al expresar que en efecto, miembros de su colectividad estarían gestionando recursos con el gobierno de Hugo Chávez. Gestiones que además de no haber sido demostradas, generaron un enorme malestar interno por cuanto se cuestionó una acción legítima del candidato internacional Mauricio Trujillo y fue “condenado” sin siquiera haber sido escuchado.
El error del PDA entonces no es responder o no a las embestidas del gobierno; su principal error es haber caído en los mismos vicios y prácticas burocráticas y clientelistas de los partidos tradicionales. No pronunciarse enérgicamente frente a los crímenes de Estado, los escándalos políticos, las irregularidades administrativas o sobre sus propios desatinos de modo oportuno, claro y coherente. Su error es permitir que sea el gobierno el que determine sus intervenciones, su agenda y el desarrollo de sus propios acontecimientos políticos. Su error es no abanderar una oposición sana, propositiva, menos contestataria y más activa frente a los intereses y las grandes problemáticas nacionales. El tema del PDA no es ni debe ser Uribe, debe ser la realidad del país que urge transformar. Su error es evidenciar y sostener pugnas internas que en vez de ser conjuradas a partir del dialogo y la defensa a ultranza de los principios del partido, generan divisiones e inestabilidad política. El error de la cabeza política del PDA es enseñar coqueteos con la derecha que en vez de fortalecer su colectividad y propiciar el fin de la polarización política, hacen presumir su debilidad ideológica, un hambre de poder que bien podría llevar, no sólo a tragar algunos sapos, sino a tomar posiciones contrarias a las demandas nacionales y a los propios postulados y necesidades de esta coalición de izquierda, siempre relegada, martirizada y estigmatizada por el poder regente y una sociedad adormilada que sin criterio ni análisis repite lo que de manera sesgada afirman los grandes medios de comunicación.
Los reveces electorales de Jaime Dussán Calderón (25.039 votos) -quien presentó renuncia irrevocable a la presidencia del Polo en un acto valiente, acertado y que enseña en él algo de generosidad, coherencia y responsabilidad de partido- y de Carlos Romero (19.552) no pueden ser ignorados; pues en ellos se refleja claramente que la izquierda no está dispuesta a hacerle juego la burocracia de su partido. Aunque el caso de Néstor Iván Moreno Rojas, hermano del alcalde de Bogotá, quien logró la segunda votación más alta del partido con 77.993 votos, pareciera afirmar lo contrario. Moreno Rojas, siendo alcalde Bucaramanga, fue investigado por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Este proceso, precluido por un fiscal seccional de Bucaramanga, laceró su imagen y supuso entonces el fin de su carrera política.[9] Extrañamente no fue así y su consolidación política hoy es una realidad.
Otras figuras de enorme relevancia política para el Polo y para el país, han sido acusadas de tener vínculos con las FARC. Hoy muchos de esos procesos, precluidos y reconocidos como ataques políticos sin fundamento jurídico, hacen parte de los expedientes sobre persecución ideológica y política en el país; intentos perversos con los que se pretende restar legitimidad a varios congresistas, líderes y activistas de izquierda. El caso de Jorge Enrique Robledo, acusado por al Procurador General de la Nación, es emblemático sobre este tipo de ataques.
El Procurador, quien si debería ser investigado y retirado de su cargo, decidió emplear su posición para emprender cacerías de brujas contra quienes de conformidad con sus responsabilidades parlamentarias y ciudadanas, lo han cuestionado. Hoy la Corte no lleva ningún proceso contra Robledo, pero la acusación, que no logró restarle adeptos y prueba de ello es que obtuvo la votación más alta del Polo con 152.936 votos, se constituye en prueba fehaciente de la ambivalencia con la que se inician o precluyen procesos en Colombia, del manoseo a la justicia y de la politización en los organismos de control del Estado. Robledo es hoy la figura más sobresaliente del PDA, y es reconocido como un parlamentario serio, honesto, inteligente y valiente, incluso por sus contradictores.
“Si alguien ha encarado las nefastas políticas uribistas, como el TLC o la implantación de las bases militares norteamericanas, ha denunciado las corruptelas de la familia presidencial y de sus allegados como Uribito (en el caso de Agro Ingreso Seguro), no se ha doblegado ante la persecución ni entregado por la seducción burocrática, ha sido Robledo […] El mensaje de Robledo va más allá del político impoluto, no clientelista, llega hasta el dirigente que persiste en sus ideas, bañadas por la defensa a ultranza de la democracia y de la soberanía, sin virajes ni flojeras…”[10]
El PDA con mucho esfuerzo ha logrado sostenerse como bandera de unidad de la izquierda colombiana y de sectores profundamente democráticos, no obstante en la práctica cotidiana no ha logrado superar el mediatismo ni se ha abierto a la posibilidad de construir un escenario diferente al que le plantea el establecimiento. El principal obstáculo que enfrenta hoy el Polo, repito, no está afuera, no lo encarna el presidente Uribe, ni el apoyo que le brinda, según las encuestas, buena parte de la población. El principal obstáculo del PDA es su propia dinámica política; es no haber podido desarrollar un ejercicio político activo consecuente con sus propios planteamientos y con los cambios de tiempo.
El sentido del tiempo político y del tiempo histórico como lo plantea Luis Sandoval en su libro “Polo Democrático Alternativo. ¿Hacia dónde? ¿Con quiénes?”, reconoce la existencia de un mundo cambiante que constantemente lanza nuevas demandas pero también donde se impone la urgencia de dar respuesta a viejas problemáticas cuya solución sigue o debería seguir ocupando la agenda de la política nacional. Tiempo de crisis, de derrumbe del Estado o del llamado “optimismo trágico” del maestro Gerardo Molina al afirmar que de aquella crisis -mucho menor a la actual- con sus enormes costos haremos transito a algo mucho mejor y deseable para todos. Transito que necesariamente debe contemplar el rol activo de los violentos en la política contemporánea.
Desde hace muchos años las acciones políticas han estado determinadas por la acción de los violentos. Decir que Colombia más que una democracia sólida y reafirmada en la construcción de un Estado Social de derecho, sufre de una oclocracia en la que la acción electoral se desarrolla desde la ignorancia política, la apatía y la compra y venta de votos, y bajo la presión de las mafias en armas, es una realidad dolorosa que debemos conjurar.
El PDA puede ser la gran decepción que reafirme nuestra precariedad democrática o puede ser la diferencia que marque un nuevo rumbo para Colombia. El país ha caído en el negocio del miedo permanente y por ende de las reacciones defensivas por parte de movimientos políticos como el PDA. Esto ha frenado la ejecución de un plan propositivo que trascienda el unanimismo y se compenetre con la realidad del país.
Si bien el mayor acierto del polo ha sido construirse sobre la posibilidad de representar una nación diversa y plural que clama justicia social, libertad y equidad, su mayor reto es traducir sus aspiraciones democráticas en una actividad constante al interior del partido que marche en consonancia con el sentir y las esperanzas de la gente. Es articular su fuerza política con las organizaciones sociales, fortalecer la conciencia política y liderar una ruptura definitiva entre los viejos vicios que hacen de la actividad política un acontecimiento mezquino y desafortunado y la nueva política que necesariamente se plantea desde la ética, la generosidad y la responsabilidad histórica.
El Polo necesita de un candidato presidencial política e ideológicamente claro, audaz, propositivo y que sepa escuchar. Un candidato que enarbole un genuino y profundo discurso de izquierda -los discursos de centro derecha son creíbles en Antanas Mockus no en Gustavo Petro-, que lidere una real oposición contra las cosas terribles que suceden en el país, y que conquiste la unidad al interior del PDA. Buena parte de está unidad dependerá del discurso con el cual Petro lidere su campaña presidencial, de sus propuestas de Cambio Seguro, de que sea capaz de reconocer públicamente su equivoco de votar a favor la elección del Procurador, Alejandro Ordóñez, que exija la aplicación de una justicia ejemplar para los militares responsables de crímenes atroces y acepte las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario. La ambivalencia política se paga cara en las urnas y esto Petro lo sabe bien, como el político agudo que siempre ha sido.
El embrujo autoritario pasará, es inevitable; pero la herencia mafiosa del actual régimen se sostendrá por muchos años más. Y está justificada. Hoy en Colombia, la ciudadanía se sabe y se siente más segura e inmune a sufrir ataques de la guerrilla, pero es más vulnerable al accionar criminal del Estado puesto que es desde allí, desde el Departamento de seguridad, DAS, desde la Casa de Nariño y sus redes narcoparas y desde los batallones militares, cuyos soldados son entrenados para que operen como sicarios a sueldo, desde donde se gestan acciones violentas y represivas; contrarias a las normas constitucionales y disposiciones internacionales en materia de derechos humanos.
La guerra contra el “terrorismo” todo lo justifica; el fin es más grande y en consecuencia hoy la gente tiene menos derechos. Luis Sandoval pregunta: ¿Cómo es que la gente termina favoreciendo un régimen con su opinión, con sus votos, cuando en el fondo se está empobreciendo más, cuando tiene condiciones de vida menos positivas, menos favorables; cuando sus derechos están menos garantizados y reina la impunidad? Más que a causa de un espejismo de seguridad, de la guerrerista identificación de un enemigo compartido al que hay que destruir a cómo dé lugar y para lo cual se vale pisotear hasta el Estado social de derecho y la jurisprudencia nacional, esta dolorosa sumisión a la tiranía, tiene que ver con un masoquismo histórico, un autodesprecio enraizado y la ausencia de referentes culturales, éticos y humanos. Además de libertades y más democracia, el país necesita con urgencia someterse a un profundo psicoanálisis nacional.
[1] Valencia, León;” A Santos le conviene más que gane Noemí”. Columna de opinión. El Tiempo. Marzo 17 de 2010.
[2] http://www.espanol.rfi.fr/americas/20100315-observadores-electorales-denuncian-compra-de-votos
[3] Según boletín 42 de la Registraduría. El Tiempo afirma que su votación, obtenida principalmente en el Atlántico, supera los 100 mil votos.
[4] En El Tiempo; “La polémica empresaria del chance Enilce López, 'La Gata', quedó con 4 fichas en el Congreso”. Marzo 17 de 2010.
[5] Revista Semana; “Las pruebas hablan por si solas”. Una conversación telefónica efectuada el 6 de octubre de 2000 fue grabada y obtenida por la revista Semana. En dicha conversación aparecen involucrados el ex senador Álvaro García Romero (acusado de homicidio agravado por su presunta autoría intelectual de la masacre de Macayepo) y el hacendado y ganadero, Joaquín García. En la conversación, éste último le dice a García que se debe obtener el apoyo del gobernador de Sucre para movilizar a un grupo armado a las localidades de El Aguacate (municipio por donde ingresaron los paramilitares que luego cometerían la masacre) y Pajonalito. También afirma que ese hecho deberá producirse en 10 días. Justo diez días después de esta conversación, se ejecutó la masacre en Macayepo, municipio vecino a las localidades mencionadas. Noviembre 11 de 2006.
[6] Revista Semana “Coincidencias macabras” Macayepo no fue una masacre aislada. Por el contrario, hizo parte de una violenta cadena de matanzas emprendida por los paramilitares de la región en un intento por obtener el control de los Montes de María. Los corregimientos localizados en esa región, entre ellos Macayepo, están localizados en un corredor estratégico que da un fácil acceso desde el sur de Bolívar hacia todos los departamentos de la Costa Atlántica. En la zona hay presencia de cerca de 300 guerrilleros de los frentes 35 y 37 de las Farc bajo el mando de ‘Martín Caballero’, quienes desde 1998 libran una guerra territorial contra un grupo de 80 paramilitares del bloque norte de las AUC, al mando de Rodrigo Antonio Mercado Pelufo (alias ‘Cadena’ o ‘Pelufo’). Este grupo de paramilitares es señalado por las autoridades de ser el mismo que entre febrero de 2000 y enero de 2001 realizó cinco grandes masacres en la zona de Montes de María, las cuales dejaron un trágico saldo de más de 100 muertos y 4.000 desplazados. Entre ellas la de El Salado, que ocurrió el 18 de febrero de 2000, en donde fueron asesinadas 36 personas, y la de Chengue, en la que fueron masacradas 27 personas el 17 de enero de 2001. Ver: http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=22014
[7] “La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió cerrar la investigación contra el ex representante del Cesar, Alfredo Cuello Baute, por carecer de pruebas sobre presuntos nexos con 'Jorge 40'. Su abogado fue Álvaro Pérez, quien también está defendiendo al representante del Magdalena Luis Vanegas Queruz, con investigación preliminar por nexos con el frente paramilitar Resistencia Motilona de las AUC. Lo interesante es que el abogado es hijo del ex magistrado de la Corte Suprema Álvaro Orlando Pérez Pinzón, quien junto con el magistrado auxiliar Iván Velásquez descubrió la parapolítica. Además, el hijo es abogado y trabaja en el bufete de su papá”. La Silla Vacía. Ver en: http://www.lasillavacia.com/queridodiario/6906/de-papa-investigador-de-la-parapolitica-hijo-defensor
[8] En El Espectador; “'Rasguño' dice que financió campaña de Dilian Francisca Toro”. Marzo 19 de 2010. Ver en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo193904-rasguno-dice-financio-campana-de-dilian-francisca-toro
[9] A Moreno Rojas, se la acusa, al término de su mandato, de haber dejado a la ciudad endeudada en 59 mil millones de pesos y al menos 200 obras sin concluir. En ese entonces el Ministerio de Hacienda advirtió que Moreno excedió los pagos de funcionamiento y transferencias al Concejo, la Personería y la Contraloría durante su último año de gobierno. La situación llegó a tal punto, que su sucesor y amigo en el poder, Honorio Galvis, dijo en 2004 que durante los primeros 18 meses la ciudad no recibiría un solo peso de inversión, pues la ciudad no tenía otra manera de superar la crisis fiscal en que la había sumido su antecesor. También hubo lluvia de críticas a su gestión porque pagó jugosas propinas en clubes y organizó fiestas con dinero del municipio. “Él se justificaba diciendo que tenía que atender bien las visitas presidenciales. Pero luego la Presidencia informó su desacuerdo con las declaraciones de Moreno, explicando que Palacio cubría todos los gastos de las visitas”, dijo un conocido que trabajó para el político. Su comportamiento para el desarrollo de la feria de la ciudad, que se celebra por tradición en septiembre, fue similar: “A Iván lo criticaron por despilfarrar el dinero. Del presupuesto del municipio, destinó al menos 1.000 millones de pesos para cada feria”, cuenta una persona que trabajó en su administración. Algunos de los contratos que suscribió su gobierno no lucieron por su transparencia. Uno le pagaba a la firma privada UT Ciudad Móvil para que le pusiera cepos a los carros mal estacionados, pero hubo quejas de arbitrariedad (¡bloquearon ambulancias!). Además, la Procuraduría General suspendió el contrato, pues consideró que delegaba en un particular el ejercicio de una función administrativa, desconocía el principio de transparencia y además atentaba contra el patrimonio público y destituyó e inhabilitó por 11 años al responsable directo, Rodrigo Zambrano, director de Tránsito. Otro contrato al que se le encontraron lunares fue el de ‘El vaso de leche’, un programa de asistencia alimentaria, pues según los organismos de control, el dinero invertido no correspondía con los alimentos que en realidad recibieron los niños. Los ambientalistas le recriminan a la gestión de Moreno haber impulsado la remodelación del Parque San Pío, que implicó tumbar árboles y en su lugar construir canchas de cemento y un parqueadero que permaneció cerrado por más de cinco años. Impulsó la creación de la empresa de transporte masivo de Bucaramanga mediante buses, llamada Metrolínea, lo cual no sería sino positivo, de no ser porque las subsiguientes obras de adecuación de las vías fueron lentas y con sobrecostos. Ninguna investigación de las autoridades, sin embargo, encontró mérito para imputarle responsabilidades o sanciones. Muchos ciudadanos suspicaces señalan la sospechosa coincidencia de que se incendiara del tercer piso de la Alcaldía, donde estaban las oficinas de Valorización (recaudo del pago de impuestos), la Secretaría de Planeación así como de la Contraloría Municipal, que adelantaba más de 20 investigaciones contra el gobierno de Moreno. Más curioso fue que los bomberos, cuya estación queda a tres cuadras de la Alcaldía, llegaran 45 minutos tarde. Después de siete años, la justicia no da cuenta de los responsables del incendio. La Fiscalía informó que las pruebas recolectadas no fueron valoradas, porque fueron recogidas de forma antitécnica. En broma los ciudadanos llaman por eso a Iván Moreno, ‘Nerón’, haciendo alusión al emperador que incendió a Roma. En septiembre de 2009 el senador Armando Benedetti denunció que los Moreno Rojas hacían ‘politiquería’ en la Alcaldía de Bogotá y que algunos aspirantes a las subsecretarías de la Alcaldía Mayor eran ex funcionarios de su administración en Bucaramanga. Ver en: http://www.terra.com.co/elecciones_2010/votebien/html/vbn391-nestor-ivan-moreno-rojas.htm
[10] Montoya Suárez, Aurelio; “Una lección de consistencia política”. Bogotá, 16 de marzo de 2010. Boletin del MOIR.
Relatos y recuerdos de la historia del país que permiten entender cómo la guerra y la crisis social, política y moral, profundizada con la elección de dirigentes incompetentes y corruptos, no son hechos arbitrarios sino resultado de una construcción histórica.
miércoles, 3 de noviembre de 2010
LA TORTURA EN COLOMBIA COMO ARMA DE CONTROL POLÍTICO
Hablemos de las torturas
Por maureén maya
En Colombia, miles de personas fueron torturadas en batallones militares durante las últimas décadas. Estos casos no han sido denunciados con el despliegue merecido y el país se resiste a asumir sus evidentes costos. Es tiempo de hablar de las víctimas no reparadas de la tortura y de los militares condecorados por sus crímenes de lesa humanidad.
La actual crisis institucional, política y de valores que atraviesa Colombia, con todos sus anuncios decadentes, no es extraña, al contrario, es el claro resultado de un proceso histórico marcado por la complicidad institucional, la indolencia, el desvergonzado saqueo del erario público, la filtración de la mafia y la creencia de que todo es susceptible de ser comprado y que el crimen tarde que temprano se olvida. El fin justifica los medios, es la regla de oro de mediados y finales del siglo XX en Colombia, de hecho al actual mandatario, le cala muy bien, y Maquiavelo parece su triste mentor. Se roba y se prostituye el alma y el cuerpo para pagar lipoesculturas, se tranza el destino del país para tener carros de lujos, rubias ensiliconadas y haciendas de gusto traqueto, se mata para garantizar supremacía en el poder y evitar la confrontación de las ideas. Vivimos bajo la ley del consumo en su máximo esplendor y en el más absoluto desprecio por la vida humana.
A lo lejos, bajo el puente presidencial que esgrime la bandera de la seguridad, está la miseria que nadie quiere ver, niños barrigones, desnutridos, mujeres como esqueletos ambulantes, hombres sin provenir y sin derechos. Desplazados, aterrados, encerrados y desterrados; tal como ayer; esa es la realidad de nuestra patria y cierto es, no podría ser de otra manera; es lo que desde el silencio, la cobardía y el cinismo hemos construido como sociedad.
Cuando se avanza en el camino del encubrimiento cínico, de la hipócrita permisividad y de la indiferencia social no se puede esperar una nación limpia, sana democráticamente o que este orientada hacia la consolidación de un Estado soberano, en paz, con desarrollo y prosperidad. Nada mejor que un Estado controlado por mafias asesinas, podemos tener.
Si quisiéramos echar un vistazo a nuestro pasado para encontrar el punto exacto en el que se perdió el rumbo, tendríamos que reconocer o que siempre estuvo perdido o que sucedió hace tantas décadas atrás que sería difícil precisar en que momento se gestó el horror que recién enfrentamos hoy en día o quienes fueron sus directos responsables. Es difícil saber porque en ello se conjugaron tantos elementos a fin de garantizar la permanencia en el poder de una clase social, excluyente y perversa que ni siquiera los rostros de los últimos siete u ocho mandatarios podrían darnos la respuesta; tras ellos estaba una oligarquía criminal, una dirigencia corrupta permeada desde hace por lo menos 30 años por el narcotráfico, unas fuerzas Armadas adiestradas para asesinar en total impunidad, una Iglesia de derecha, que siempre se hizo la de la vista gorda frente a los crímenes porque sólo le interesaba mantenerse como aliada de un poder que se legitimaba a través del engaño, la compra de conciencias y el delito. Uribe es el resultado de todo eso, no hay porque alarmarse.
Hace rato perdimos la cuenta de las masacres que nunca fueron investigadas, de los delincuentes premiados y nombrados en cargos diplomáticos en el extranjero, del número de violaciones a los derechos humanos encubiertas por el Estado, de los lideres asesinados o desaparecidos; si acaso, a veces recordamos que un partido político fue exterminado bajo el silencio cómplice de varios gobiernos de turno que jamás se atrevieron a levantar la voz para censurar las persecuciones y menos para impulsar las debidas investigaciones o al menos para brindar protección a los sobrevivientes, muchos de los cuales viven sólo porque partieron para el exilio, y habrá uno que otro, como Ricardo Palmera, que optó por la lucha armada.
En Colombia, se calcula que bajo el régimen de Turbay fueron torturadas en batallones militares cerca de 15 mil personas, la Corte Suprema de Justicia llevaba 1.800 procesos cuando se produjo la toma del Palacio de Justicia, no se sabe con exactitud cuantas personas fueron desaparecidas por agentes uniformados que portaban armas de uso privativo del ejército, y jamás estos militares fueron ni siquiera señalados, investigados o de algún modo sancionados. Y era natural, no tenían porque ser siquiera amonestados cuando ese era el procedimiento habitual, lo que garantizaba el ascenso en las carreras militares, y esto se siguió reproduciendo hasta nuestros días. Ahora por vez primera en la historia se encierran a algunos mandos por haber desaparecido civiles y guerrilleros en la toma del Palacio de Justicia, pero hay que ver la calidad de sus reclusiones, las libertades y los lujos de los que gozan burlando, una vez más, la justicia colombiana. Es decir, cuando la sanción debería ser ejemplar porque además de sus delitos, traicionaron la confianza de la sociedad, de las instituciones, usaron las armas, su poder y el uniforme para cometer actos criminales y encima se garantizaron impunidad, son llevados a clubes militares donde los soldaditos les sirven de mucamas y de meseros y encima, nos dicen que eso es justicia!. ¡Por Dios!!!
En Colombia la tortura ha sido una práctica constante que nunca ha sido sancionada ejemplarmente, ni siquiera tibiamente. La llamada "tortura del agua" inventada en tiempos de la inquisición, que legitima el gobierno de Estados Unidos y denomina "interrogatorio duro" es una violación a los derechos humanos. En el Cantón Norte, en la escuela de Caballería de Usaquén, en la escuela de Facatativa, en la Charry Solano y en muchas más, se practicó la tortura del agua y esto no es secreto: cientos de miles de personas fueron sometidas al submarino, al estiramiento con caballos, a las colgadas al aire libre, choques eléctricos en el cerebro y los genitales, y a toda clase de técnicas medievales con las que se pretendía inducir confesiones, atemorizar a las personas y diezmarlas en todos los sentidos en medio de la peor y más abyecta degradación humana. Abogados defensores de derechos humanos que siguieron estos procesos han corrido la misma suerte, como en el caso de Alirio Pedraza, quien fue torturado y descuartizado por oficiales del ejército, o Eduardo Umaña Mendoza acribillado a tiros en su propia casa. A los militares asesinos de Colombia nadie los toca, ellos son el poder real, y esa ha sido la histórica consigna.
Hoy sabemos perfectamente donde están esos militares que torturaron y desaparecieron civiles acusados de ser simpatizantes de la guerrilla, por ser lideres de izquierda, comunistas, maestros, artistas, hasta el poeta Luís Vidales fue arrancado al amanecer de su casa para ser interrogado en batallones militares, García Márquez se tuvo que marchar de Colombia como muchas otras mentes brillantes y todo aquel que fuera interpretado como una amenaza en razón de sus ideas fue torturado y sus responsables hoy en día ocupan altos cargos dentro del ejército, se han pensionado con honores, uno que otro ha sido sepultado como héroe de la patria, o algunos otros han sido asignados como agregados militares en distintas embajadas de Colombia en el exterior.
Y las víctimas de la tortura, ¿dónde están? ¿Quién las reparó? ¿Quién reconoció en ellas el abuso del Estado? Las víctimas de las torturas siguieron adelante con sus vidas hechas añicos, marcadas para siempre; hoy muchas de ellas prefieren no tocar el tema, sufren de pesadillas, de odio, rabia e impotencia. Algunos miran con sospecha a todo aquel que se les acerca, no logran conciliar el sueño si no se han asegurado que la puerta tiene doble seguro y que la luz del dormitorio está encendida, algunos cada que se emborrachan entran en angustiosos estados de pánico, no soportan los ruidos fuertes, las luces incandescentes o los espacios cerrados. Nunca han olvidado lo que les tocó vivir aunque se resistan a recordar; y lo más grave de sus experiencias, lo que lo convierte en algo insuperable es que jamás recibieron justicia.
Una torturada cuenta, que por accidente en alguna oportunidad reconoció a uno de sus torturadores, él ya la había olvidado, ella nunca lo olvido; y su triunfo personal, fue no experimentar odio hacia él ni deseos de venganza. "Tiempo atrás, explica, no lo hubiera resistido, hubiera echado a correr presa del pánico o de ira me le hubiera abalanzado encima". Ella dice que lo supero tras años de terapia, que por suerte su familia le pudo costear, de ir y venir en el tiempo, de traer al presente su impotencia, el horror de saberse sola e indefensa, abrazada a su ideología como bandera moral, frente a unos hombres de uniforme que la insultaban, la sumergían en pozos de agua fétida hasta perder la conciencia, la amarraban y colgada de vigas la golpeaban con barillas y palos, la violaron infinidad de veces hasta con armas, le arrancaron las uñas, esas si nunca le sanaron, y los pezones con alicates. Ella hoy se siente triunfadora, el objetivo de la tortura era diezmarla moralmente como ser humano, y eso, nunca lo consiguieron. Sus verdugos continúan libres, incluso algunos de ellos llevan soles en la solapa, miran con altivez con sus zapatos bien lustrados y los periodistas les hacen reverencias cada que van a recoger un informe oficial, de esos que se emplean para elaborar las noticias y falsear la memoria de este país.
Tengo otra amiga que también fue torturada, brutalmente torturada en los calabozos del DAS y en el Cantón Norte. Ella nunca lo superó ni se declara victoriosa; fue violada por batallones completos de bestias de uniforme militar, asistió a simulados fusilamientos en estado de embarazo, su hijo, quien hoy tiene 20 años, es el testimonio claro de la rebeldía de la vida; pues contra todo pronóstico logró nacer aunque no puede procesar el odio que su madre dice sentir hacia él. Ella sabe quienes la torturaron, incluso señala directamente al director del DAS de aquella época, al querido y ejemplar ciudadano, devoto del Divino Niño que le hizo el milagrito de salvarlo de morir en un atentado. "Para qué denunciar, me dice ella, para qué me vuelvan a encerrar, a torturar y esta vez sí, a desaparecer; no vale la pena, fuimos muchos los torturados, a los que el Estado nos inyectó el veneno del odio y la desconfianza en la sangre; a mi ya nada me salva, dice, ni siquiera en un manicomio encontrare redención. Lo hecho, hecho está y en Colombia no existe la justicia.
¿Cómo entonces, podemos creer en un nuevo país, cuando el odio y la injusticia nos dominan? A las víctimas que he observado en canales extranjeros, a las que les arrebataron hasta las ganas de vivir, les encuentro en el rostro una luz de esperanza cuando saben que lo que sufrieron no quedó en la impunidad y que sus verdugos fueron condenados. En Colombia las víctimas sobreviven solas, marginadas, condenadas al silencio y a la urgencia por encontrar el olvido, o por ejercer justicia por mano propia. Quizás todo el país merezca el psicoanálisis, un pare en el camino para poder confrontar a la luz de la verdad nuestra cadena de odios y venganzas sin resolver. Lo que vivimos hoy, la motosierra, la parapolítica, los escuadrones de la muerte, los que escriben las amenazas, los que intentan paralizar en el miedo a quienes no piensan como ellos, son el resultado de esta tragedia inconclusa, de un Estado cómplice de acciones terribles, un Estado que bajo el pretexto de preservar unas instituciones podridas en mora de ser restauradas, prefirió esconder la barbarie si es que no patrocinarla, legitimar el crimen y hacer de la justicia un dolorosa burla para los millones de compatriotas que ante su ausencia no han encontrado la paz ni el equilibrio necesarios para poder seguir adelante con sus vidas. ¿Qué noción de patria, de democracia, de justicia puede tener en Colombia una víctima de la tortura jamás reparada o alguien a quien las Fuerzas Armadas le desaparecieron a un ser querido sin que jamás nadie haya sido señalado o responsabilizado por ese crimen?
Creo que ha llegado el tiempo de confrontar nuestro pasado infame; y considerando que los delitos de lesa humanidad no prescriben, es necesario que las víctimas se vistan de valor y se decidan a hablar para poder sanar su alma, para que logren procesar del mejor modo posible sus tragedias y vislumbrar un mejor mañana; es hora de que las víctimas de la tortura se integren como una coalición de apoyo, donde cuenten con asesoría sicológica y jurídica, donde puedan ser escuchadas, valoradas, redignificadas. Es tiempo de que encaremos como sociedad esta tragedia, porque sólo confrontando el pasado podemos escribir un mejor futuro, sólo cuando se abran los debidos procesos y haya justicia, podremos soñar con un país sin odio ni violencias. Este es un tema impostergable si es que de verdad queremos que nuestros hijos y nietos hereden un país mucho mejor del que nos toco a nosotros.
En Colombia no tuvimos dictaduras militares como las del Cono Sur, nunca fue necesario porque el disfraz democrático bajo un poder civil garantizaba toda suerte de desafueros e impunidad para esas Fuerzas Armadas de Colombia, adiestradas en la Escuela de las Americas. Pero del mismo modo, bajo el Plan Cóndor y la DSN con todas sus perversiones importadas desde Estados Unidos, se impartieron las mismas técnicas de terror, muerte y violencia. Tal como en Chile o Argentina las mujeres fueron violadas en batallones militares por tropas completas y por animales salvajes, sus hijos fueron robados para ser, en algunos casos, adoptados por militares, decenas de civiles o de guerrilleros fueron lanzados vivos desde aviones militares, muchos hombres fueron castrados, quemados, reducidos en toda su integridad; y los sobrevivientes aún cargan las secuelas físicas y emocionales de todas esta barbarie legitimada, sin que el país haya asumido jamás con valor y dignidad este tenebrosa realidad para abrazar a las víctimas, y buscar castigo para los militares asesinos y sus cómplices religiosos, políticos y civiles.
Por maureén maya
En Colombia, miles de personas fueron torturadas en batallones militares durante las últimas décadas. Estos casos no han sido denunciados con el despliegue merecido y el país se resiste a asumir sus evidentes costos. Es tiempo de hablar de las víctimas no reparadas de la tortura y de los militares condecorados por sus crímenes de lesa humanidad.
La actual crisis institucional, política y de valores que atraviesa Colombia, con todos sus anuncios decadentes, no es extraña, al contrario, es el claro resultado de un proceso histórico marcado por la complicidad institucional, la indolencia, el desvergonzado saqueo del erario público, la filtración de la mafia y la creencia de que todo es susceptible de ser comprado y que el crimen tarde que temprano se olvida. El fin justifica los medios, es la regla de oro de mediados y finales del siglo XX en Colombia, de hecho al actual mandatario, le cala muy bien, y Maquiavelo parece su triste mentor. Se roba y se prostituye el alma y el cuerpo para pagar lipoesculturas, se tranza el destino del país para tener carros de lujos, rubias ensiliconadas y haciendas de gusto traqueto, se mata para garantizar supremacía en el poder y evitar la confrontación de las ideas. Vivimos bajo la ley del consumo en su máximo esplendor y en el más absoluto desprecio por la vida humana.
A lo lejos, bajo el puente presidencial que esgrime la bandera de la seguridad, está la miseria que nadie quiere ver, niños barrigones, desnutridos, mujeres como esqueletos ambulantes, hombres sin provenir y sin derechos. Desplazados, aterrados, encerrados y desterrados; tal como ayer; esa es la realidad de nuestra patria y cierto es, no podría ser de otra manera; es lo que desde el silencio, la cobardía y el cinismo hemos construido como sociedad.
Cuando se avanza en el camino del encubrimiento cínico, de la hipócrita permisividad y de la indiferencia social no se puede esperar una nación limpia, sana democráticamente o que este orientada hacia la consolidación de un Estado soberano, en paz, con desarrollo y prosperidad. Nada mejor que un Estado controlado por mafias asesinas, podemos tener.
Si quisiéramos echar un vistazo a nuestro pasado para encontrar el punto exacto en el que se perdió el rumbo, tendríamos que reconocer o que siempre estuvo perdido o que sucedió hace tantas décadas atrás que sería difícil precisar en que momento se gestó el horror que recién enfrentamos hoy en día o quienes fueron sus directos responsables. Es difícil saber porque en ello se conjugaron tantos elementos a fin de garantizar la permanencia en el poder de una clase social, excluyente y perversa que ni siquiera los rostros de los últimos siete u ocho mandatarios podrían darnos la respuesta; tras ellos estaba una oligarquía criminal, una dirigencia corrupta permeada desde hace por lo menos 30 años por el narcotráfico, unas fuerzas Armadas adiestradas para asesinar en total impunidad, una Iglesia de derecha, que siempre se hizo la de la vista gorda frente a los crímenes porque sólo le interesaba mantenerse como aliada de un poder que se legitimaba a través del engaño, la compra de conciencias y el delito. Uribe es el resultado de todo eso, no hay porque alarmarse.
Hace rato perdimos la cuenta de las masacres que nunca fueron investigadas, de los delincuentes premiados y nombrados en cargos diplomáticos en el extranjero, del número de violaciones a los derechos humanos encubiertas por el Estado, de los lideres asesinados o desaparecidos; si acaso, a veces recordamos que un partido político fue exterminado bajo el silencio cómplice de varios gobiernos de turno que jamás se atrevieron a levantar la voz para censurar las persecuciones y menos para impulsar las debidas investigaciones o al menos para brindar protección a los sobrevivientes, muchos de los cuales viven sólo porque partieron para el exilio, y habrá uno que otro, como Ricardo Palmera, que optó por la lucha armada.
En Colombia, se calcula que bajo el régimen de Turbay fueron torturadas en batallones militares cerca de 15 mil personas, la Corte Suprema de Justicia llevaba 1.800 procesos cuando se produjo la toma del Palacio de Justicia, no se sabe con exactitud cuantas personas fueron desaparecidas por agentes uniformados que portaban armas de uso privativo del ejército, y jamás estos militares fueron ni siquiera señalados, investigados o de algún modo sancionados. Y era natural, no tenían porque ser siquiera amonestados cuando ese era el procedimiento habitual, lo que garantizaba el ascenso en las carreras militares, y esto se siguió reproduciendo hasta nuestros días. Ahora por vez primera en la historia se encierran a algunos mandos por haber desaparecido civiles y guerrilleros en la toma del Palacio de Justicia, pero hay que ver la calidad de sus reclusiones, las libertades y los lujos de los que gozan burlando, una vez más, la justicia colombiana. Es decir, cuando la sanción debería ser ejemplar porque además de sus delitos, traicionaron la confianza de la sociedad, de las instituciones, usaron las armas, su poder y el uniforme para cometer actos criminales y encima se garantizaron impunidad, son llevados a clubes militares donde los soldaditos les sirven de mucamas y de meseros y encima, nos dicen que eso es justicia!. ¡Por Dios!!!
En Colombia la tortura ha sido una práctica constante que nunca ha sido sancionada ejemplarmente, ni siquiera tibiamente. La llamada "tortura del agua" inventada en tiempos de la inquisición, que legitima el gobierno de Estados Unidos y denomina "interrogatorio duro" es una violación a los derechos humanos. En el Cantón Norte, en la escuela de Caballería de Usaquén, en la escuela de Facatativa, en la Charry Solano y en muchas más, se practicó la tortura del agua y esto no es secreto: cientos de miles de personas fueron sometidas al submarino, al estiramiento con caballos, a las colgadas al aire libre, choques eléctricos en el cerebro y los genitales, y a toda clase de técnicas medievales con las que se pretendía inducir confesiones, atemorizar a las personas y diezmarlas en todos los sentidos en medio de la peor y más abyecta degradación humana. Abogados defensores de derechos humanos que siguieron estos procesos han corrido la misma suerte, como en el caso de Alirio Pedraza, quien fue torturado y descuartizado por oficiales del ejército, o Eduardo Umaña Mendoza acribillado a tiros en su propia casa. A los militares asesinos de Colombia nadie los toca, ellos son el poder real, y esa ha sido la histórica consigna.
Hoy sabemos perfectamente donde están esos militares que torturaron y desaparecieron civiles acusados de ser simpatizantes de la guerrilla, por ser lideres de izquierda, comunistas, maestros, artistas, hasta el poeta Luís Vidales fue arrancado al amanecer de su casa para ser interrogado en batallones militares, García Márquez se tuvo que marchar de Colombia como muchas otras mentes brillantes y todo aquel que fuera interpretado como una amenaza en razón de sus ideas fue torturado y sus responsables hoy en día ocupan altos cargos dentro del ejército, se han pensionado con honores, uno que otro ha sido sepultado como héroe de la patria, o algunos otros han sido asignados como agregados militares en distintas embajadas de Colombia en el exterior.
Y las víctimas de la tortura, ¿dónde están? ¿Quién las reparó? ¿Quién reconoció en ellas el abuso del Estado? Las víctimas de las torturas siguieron adelante con sus vidas hechas añicos, marcadas para siempre; hoy muchas de ellas prefieren no tocar el tema, sufren de pesadillas, de odio, rabia e impotencia. Algunos miran con sospecha a todo aquel que se les acerca, no logran conciliar el sueño si no se han asegurado que la puerta tiene doble seguro y que la luz del dormitorio está encendida, algunos cada que se emborrachan entran en angustiosos estados de pánico, no soportan los ruidos fuertes, las luces incandescentes o los espacios cerrados. Nunca han olvidado lo que les tocó vivir aunque se resistan a recordar; y lo más grave de sus experiencias, lo que lo convierte en algo insuperable es que jamás recibieron justicia.
Una torturada cuenta, que por accidente en alguna oportunidad reconoció a uno de sus torturadores, él ya la había olvidado, ella nunca lo olvido; y su triunfo personal, fue no experimentar odio hacia él ni deseos de venganza. "Tiempo atrás, explica, no lo hubiera resistido, hubiera echado a correr presa del pánico o de ira me le hubiera abalanzado encima". Ella dice que lo supero tras años de terapia, que por suerte su familia le pudo costear, de ir y venir en el tiempo, de traer al presente su impotencia, el horror de saberse sola e indefensa, abrazada a su ideología como bandera moral, frente a unos hombres de uniforme que la insultaban, la sumergían en pozos de agua fétida hasta perder la conciencia, la amarraban y colgada de vigas la golpeaban con barillas y palos, la violaron infinidad de veces hasta con armas, le arrancaron las uñas, esas si nunca le sanaron, y los pezones con alicates. Ella hoy se siente triunfadora, el objetivo de la tortura era diezmarla moralmente como ser humano, y eso, nunca lo consiguieron. Sus verdugos continúan libres, incluso algunos de ellos llevan soles en la solapa, miran con altivez con sus zapatos bien lustrados y los periodistas les hacen reverencias cada que van a recoger un informe oficial, de esos que se emplean para elaborar las noticias y falsear la memoria de este país.
Tengo otra amiga que también fue torturada, brutalmente torturada en los calabozos del DAS y en el Cantón Norte. Ella nunca lo superó ni se declara victoriosa; fue violada por batallones completos de bestias de uniforme militar, asistió a simulados fusilamientos en estado de embarazo, su hijo, quien hoy tiene 20 años, es el testimonio claro de la rebeldía de la vida; pues contra todo pronóstico logró nacer aunque no puede procesar el odio que su madre dice sentir hacia él. Ella sabe quienes la torturaron, incluso señala directamente al director del DAS de aquella época, al querido y ejemplar ciudadano, devoto del Divino Niño que le hizo el milagrito de salvarlo de morir en un atentado. "Para qué denunciar, me dice ella, para qué me vuelvan a encerrar, a torturar y esta vez sí, a desaparecer; no vale la pena, fuimos muchos los torturados, a los que el Estado nos inyectó el veneno del odio y la desconfianza en la sangre; a mi ya nada me salva, dice, ni siquiera en un manicomio encontrare redención. Lo hecho, hecho está y en Colombia no existe la justicia.
¿Cómo entonces, podemos creer en un nuevo país, cuando el odio y la injusticia nos dominan? A las víctimas que he observado en canales extranjeros, a las que les arrebataron hasta las ganas de vivir, les encuentro en el rostro una luz de esperanza cuando saben que lo que sufrieron no quedó en la impunidad y que sus verdugos fueron condenados. En Colombia las víctimas sobreviven solas, marginadas, condenadas al silencio y a la urgencia por encontrar el olvido, o por ejercer justicia por mano propia. Quizás todo el país merezca el psicoanálisis, un pare en el camino para poder confrontar a la luz de la verdad nuestra cadena de odios y venganzas sin resolver. Lo que vivimos hoy, la motosierra, la parapolítica, los escuadrones de la muerte, los que escriben las amenazas, los que intentan paralizar en el miedo a quienes no piensan como ellos, son el resultado de esta tragedia inconclusa, de un Estado cómplice de acciones terribles, un Estado que bajo el pretexto de preservar unas instituciones podridas en mora de ser restauradas, prefirió esconder la barbarie si es que no patrocinarla, legitimar el crimen y hacer de la justicia un dolorosa burla para los millones de compatriotas que ante su ausencia no han encontrado la paz ni el equilibrio necesarios para poder seguir adelante con sus vidas. ¿Qué noción de patria, de democracia, de justicia puede tener en Colombia una víctima de la tortura jamás reparada o alguien a quien las Fuerzas Armadas le desaparecieron a un ser querido sin que jamás nadie haya sido señalado o responsabilizado por ese crimen?
Creo que ha llegado el tiempo de confrontar nuestro pasado infame; y considerando que los delitos de lesa humanidad no prescriben, es necesario que las víctimas se vistan de valor y se decidan a hablar para poder sanar su alma, para que logren procesar del mejor modo posible sus tragedias y vislumbrar un mejor mañana; es hora de que las víctimas de la tortura se integren como una coalición de apoyo, donde cuenten con asesoría sicológica y jurídica, donde puedan ser escuchadas, valoradas, redignificadas. Es tiempo de que encaremos como sociedad esta tragedia, porque sólo confrontando el pasado podemos escribir un mejor futuro, sólo cuando se abran los debidos procesos y haya justicia, podremos soñar con un país sin odio ni violencias. Este es un tema impostergable si es que de verdad queremos que nuestros hijos y nietos hereden un país mucho mejor del que nos toco a nosotros.
En Colombia no tuvimos dictaduras militares como las del Cono Sur, nunca fue necesario porque el disfraz democrático bajo un poder civil garantizaba toda suerte de desafueros e impunidad para esas Fuerzas Armadas de Colombia, adiestradas en la Escuela de las Americas. Pero del mismo modo, bajo el Plan Cóndor y la DSN con todas sus perversiones importadas desde Estados Unidos, se impartieron las mismas técnicas de terror, muerte y violencia. Tal como en Chile o Argentina las mujeres fueron violadas en batallones militares por tropas completas y por animales salvajes, sus hijos fueron robados para ser, en algunos casos, adoptados por militares, decenas de civiles o de guerrilleros fueron lanzados vivos desde aviones militares, muchos hombres fueron castrados, quemados, reducidos en toda su integridad; y los sobrevivientes aún cargan las secuelas físicas y emocionales de todas esta barbarie legitimada, sin que el país haya asumido jamás con valor y dignidad este tenebrosa realidad para abrazar a las víctimas, y buscar castigo para los militares asesinos y sus cómplices religiosos, políticos y civiles.
CARTAGO: LA LUCHA DE LOS QUIJOTES
En memoria de Andrés Felipe Llano Calvo
“Quisiera que la juventud usará las balas de las letras. Las armas de las palabras, y dispararán ráfagas de poesía”
Andrés Felipe Llano Calvo
Estando en el Eje cafetero con el fin de pasar allí las fiestas de fin de año, escuche a través de La W que el tres de enero se llevaría a cabo la primera marcha por los derechos humanos del 2009. El 16 de mayo de 2008 Andrés Felipe Llano Calvo, un joven radiólogo que se dedicó a exponer la radiografía de la corrupción y la violencia que azotaba la ciudad de Cartago, Valle del Cauca, fue impunemente asesinado. Ante la falta de repuesta por parte de la justicia de Cali, cuya Fiscalía seccional No 46 adelanta las investigaciones, decidieron emprender una caminata pacífica desde la ciudad de Cartago, pasando por Obando, Sarzal, Tulúa, Buga la grande y Palmira para arribar finalmente a Cali, según tienen programado el próximo 10 de enero.
El día en que se iniciaba la marcha viajé hacia Cartago y mientras escuchaba en un programa de radio llamado “Un día en la historia de hace muchos años” a un periodista de voz profunda y serena de apellido Marín Hernández quien recordaba “la masacre de las bananeras” y conmovido exaltaba el nombre de líderes sociales de la década de los veintes como Raúl Eduardo Mahecha, yo recordaba a Francisco de Heredia, a los hermanos Uribe Márquez, a Enriqueta Jiménez, Elvira Medina y a tantas olvidadas y olvidados de nuestra historia. La lucha por la tierra, las protestas reprimidas a sangre y fuego como la de los artesanos en la plaza de Bolívar de Bogotá en 1919, la violencia que se desató contra los trabajadores en 1924 tras su protesta en Barranca, año en el que se realizaron 17 huelgas en todo el país, la de 1927 que también dejó decenas de muertos en Barranca, la de los ferroviarios en Ambalema y la de choferes en Bogotá. Era la vigencia de la antigua “Ley de los Caballos”, la del confinamiento, el destierro para los luchadores o la muerte a bala de sus líderes como en el caso de Erasmo Coronel o Petrona Yance, quienes hacen parte de las mil o mil doscientas víctimas, nunca se sabrá, que dejó “la masacre de las bananeras” en Cienaga, Magdalena ocurrida el 5 de diciembre de 1928.
El periodista radial, al relatar la forma brutal en que los soldados colombianos al servicio de la empresa norteamericana dispararon contra una masa de más de tres mil trabajadores desarmados -con mujeres y niños- que exigían garantías laborales y cuyos muertos poco a poco la historia ha ido revelando, sentenciaba conmovido que los vencedores escriben la historia mientras que para las victimas sólo queda el silencio y el olvido. Lo escuche atenta y pensé en la dimensión de la marcha a la cual me dirigía, la cual había sido anunciada a través de una de las emisoras con mayor impacto ciudadano del país, un líder de opinión a decir de los analistas, y en cómo las familias y las mismas víctimas cada día de modo más organizado y corajudo desafían el miedo y el dolor y salen a tomarse las calles para romper el silencio y exigir justicia y verdad. Sin duda se trata de ejemplos de enorme valentía porque la violencia sigue sintiéndose con fiereza en esta región. En Pereira, situada a cuarenta y cinco minutos de Cartago, se informa a diario sobre asesinatos de jóvenes, muertos que aparecen bajo los puentes, mujeres degolladas: dos en vísperas de navidad, una niña de 9 años a la que le estalló una granada lanzada por sicarios contra su casa el 31 de diciembre, y en Cartago la situación no es mejor, allí las amenazas son constantes, la vigilancia, los seguimientos, y el terror y el silencio son tan extremos que empiezan a asfixiar. Una marcha por los derechos humanos en una ciudad donde su práctica es desconocida, la primera del 2009 y en memoria de uno de sus líderes más jóvenes y carismáticos: supuse entonces que ésta sería una gran movilización, y de hecho lo fue pero no como me lo imaginaba.
La mafia domina en Cartago
La ciudad de Cartago está ubicada en la zona norte del departamento del Valle del Cauca, una región durante años dominada por la mafia, donde además tienen presencia frentes de las FARC, bloques paramilitares y nuevas estructuras de sicarios al servicio de esas mismas mafias. Buena parte de su territorio rural, de su ganadería y agricultura, y el ejercicio de la política se encuentran bajo el control y la vigilancia de las redes mafiosas. No es extraño entonces que el tema del narcotráfico sea poco comentado en la ciudad, incluso por los periodistas. Cuando en el país se comentaba la captura de José Aldemar Rendón, alias ‘Mechas’ en Medellín, reconocido narcotraficante de Cartago, los periodistas de la ciudad prefirieron no abordar el tema, argumentando que sus negocios y estructuras seguían vigentes en Cartago y el norte del Valle. La ocasional presencia de Bloques de Búsqueda e incautaciones a bienes de narcotraficantes tampoco son comentados por la prensa local. Sin duda el miedo reina en esta ciudad y de narcotráfico no se habla porque quienes lo hacen conocen de sobra las consecuencias.
Sus índices de violencia como producto de las desigualdades sociales y de las acciones de los armados, son unas de las más altas del país, y sus tentáculos de muerte y destrucción se extienden al departamento de Risaralda y al resto del Valle. La ciudad de Cartago es atravesada por el Río Cauca y La Vieja, sus tierras son en extremo fértiles y aptas para el cultivo y la ganadería. La provincia de Quimbaya, como se conocía antes de la llegada de los españoles fue descubierta y fundada por el mariscal Jorge Robledo el 9 de agosto de 1540, quien fue sentenciado siete años después a muerte por garrote y no degollado como él pedía dada su condición de Hidalgo.
Cartago cuenta con una historia de violencia que pasa por las confrontaciones entre indígenas y españoles, acciones de resistencia de los Pijaos, disputas entre tropas españolas por las comarcas conquistadas, presencia de bandoleros, de frentes guerrilleros y por la sangrienta incursión de los grupos paramilitares que de la mano de fuertes estructuras mafiosas continúan cobrando su ansias de control territorial a través del sistemático asesinato de campesinos, sindicalistas, activistas sociales y periodistas. Ubicada a 30 kilómetros de la ciudad de Pereira, Cartago es afectada por las estructuras paramilitares que dominan los municipios de Dos Quebradas, Guadualito, los barrios de Cuba, Villa Santana y otros. El principal eje de violencia lo constituye la disputa territorial, un marcado desequilibrio económico y la formación de escuelas de sicarios para niños y jóvenes. Los hombres de alias “Macaco”, los del frente “Cacique Nutibara”, los de Wilber Alirio Varela que conforman la organización “Los Rastrojos”, las llamadas “Águilas negras”, “Los Rolos” “Los Machos” formados por hombres de Diego Montoya Henao, o incluso “la Cordillera” han logrado a sangre y fuego el control total de los llamados “baby carteles” y a través de sus acciones se ha impuesto un régimen de silencio que además ha producido el desplazamiento forzado interno – el más alto en todo el país- de decenas de familias indígenas y campesinas, un creciente número de asesinatos selectivos, hostigamientos, persecuciones y destierros también por causas políticas. El Cañón de Garrapatas que es una zona de difícil acceso se encuentra en inmediaciones de Cartago, y durante las últimas décadas se ha convertido en un importante corredor para el transporte de las más de 5.000 hectáreas de coca cultivadas en esta zona. Los Machos y Los Rastrojos sostienen desde hace varios años una fuerte y violenta disputa territorial.
Una Comisión de Observación conformada por representantes cinco organizaciones de prensa (Comité de Protección a Periodistas de New York –CPJ-, Reporteros sin Fronteras –RSF-, el Instituto Prensa y Sociedad –IPYS-, el Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas –CESOFIP- y de la Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP-, con las Naciones Unidas como observador), visitaron el departamento del Valle del Cauca en el 2005 con el fin de entrevistarse con periodistas, autoridades y organizaciones sociales y analizar la situación de riesgo y vulnerabilidad tanto de periodistas como de activistas sociales. En su reporte final, la Comisión señaló que en Cartago el miedo domina la labor periodística y como aspectos neurálgicos de esa situación destacó el asesinato de periodistas, amenazas contra reporteros, alto nivel de autocensura en temas relacionados con narcotráfico y corrupción en la administración local. Varios periodistas han cedido a la autocensura para no correr la misma suerte de Javier Darío Arroyabe, director del programa radial de opinión “¿Cómo les parece?” de Ondas del Valle de Caracol y corresponsal freelance del diario El Tiempo, quien fuera asesinado en el 2005. En septiembre de 2007 una patrulla de la policía atacó, golpeó y arrestó al periodista y camarógrafo Juan Alonso Restrepo Vejarano, frente a su esposa y otros dos colegas que cuando quisieron grabar los hechos fueron amenazados con armas de fuego. Los ejemplos abundan.
“En Cartago muchas personas aseguran que existen vínculos entre políticos y narcotraficantes. Algunos periodistas manifestaron haber sufrido intimidaciones luego de publicar un artículo donde se criticaba al alcalde por la construcción de una terminal de transporte en la ciudad. En una de las conversaciones que sostuvo la Comisión de Observación, informan que un periodista, al cual no identifican, declaró lo siguiente: “Uno se pone a patear con esos temas y va a dar a la 11”, en referencia a la calle donde queda el cementerio”[1]. Otro factor de riesgo se relaciona con las denuncias que se realizan sobre narcotráfico, posible causa del asesinato del periodista Oscar Polanco en la ciudad de Cartago.
Además, según informó la Comisión “tres frentes de las FARC luchan por el control territorial contra grupos de paramilitares al servicio del narcotráfico como las bandas “Los Machos” y “Los Rastrojos”, cada una con cerca de 800 hombres armados”
En Cartago aparentemente no sucede nada, todo parece dormitar en medio de un calor sofocante, de la ausencia de brisa y de un clima seco donde la realidad parece congelada entre el mutismo y la indiferencia y sólo asoma la majestuosidad de su catedral blanca que abarca más de una manzana de construcción. Los vehículos circulan sin mayor prisa, la Iglesia usualmente está abierta y ocupada por decenas de feligreses y la Plaza principal siempre está atestada de vendedores de piña, de raspados y por hombres viejos que pasan las tardes de calor y quietud conversando tranquilamente, quizás recordando cuando en Cartago se podía hablar y hasta soñar con alguna especie de porvenir.
Un quijotesco acto de memoria: “Por la verdad Felipe Vive”
Al llegar a la ciudad en busca de la publicitada marcha advertí esa densa calma, así que me dediqué a recorrer sus calles a la espera de encontrar un trancón que me indicara que estaba en el camino correcto. En una calle cercana a la Plaza de Bolívar efectivamente se presentaba un insignificante embotellamiento de no más de 10 carros en fila. Al frente estaba la marcha que había anunciado La W, la de los Derechos Humanos, la que intentaba romper la indiferencia y exaltar el nombre de uno de sus dirigentes más significativos asesinado apenas siete meses atrás, la que se hacía en memoria de Andrés Felipe Llano Calvo. Los marchantes vestían camiseta blanca con letreros en tinta negra que decían “Por la verdad Felipe Vive”, uno llevaba una pancarta, dos cargaban megáfonos que se rotaban para exclamar su repudio por el crimen y la indolencia ciudadana y en todos ello brillaba la chispa de la indignación. La cantidad de los marchantes fue fácil de establecer: eran tres. Una hermana y un hermano de Andrés Felipe y Luis Fernando Posso, su fiel amigo de luchas y desafíos. Al frente de ellos iba una camioneta roja con maletas y una madre desconsolada al volante y atrás de ellos una patrulla de la policía. Nadie más.
Caminando a paso lento, con la mirada altiva de quien se sabe en lo correcto, los tres marchantes se tomaron la ciudad de Cartago ante la mirada impávida de los transeúntes que con asombro y conmovedora solidaridad, en algunos casos, los miraban pasar sin atreverse a engrosar sus filas. “No nos vamos a callar ni a dejar dominar por la mafia que controla la ciudad. Nosotros caminaremos hasta Cali para exigir resultados de la justicia para que el asesinato de Andrés Felipe Llano Calvo no quedé en la impunidad!. Seguimos su ejemplo y su valor; él nunca se arrodilló y nosotros tampoco lo haremos”- gritaban a través del megáfono.
Rubén Darío Llano Calvo cuenta que su hermano era poeta, escritor y un fuerte opositor a la autoridad local, a la que siempre cuestionó desde su función como veedor social intentando ponerle freno a la corrupción y desenmascarar el régimen paramafioso que se había tomado a la ciudad. “Mi hermano siempre cuestionó con decencia y con valor los manejos administrativos del gobierno local, de entidades públicas y municipales como la del aseo. Fue consejero juvenil y desde su activismo social se comprometió con la defensa de la ciudad porque su mayor anhelo era quebrantar ese estilo de vida traqueto que se estaba imponiendo y que los jóvenes convertían en aspiracional. Esa fue su lucha; recuperar los valores sociales y humanos que se estaban perdiendo”
Andrés Felipe tenía 29 años de edad cuando fue asesinado, alternaba su vida entre el activismo social en los barrios, su trabajo como empleado de Carrefour y su familia. No tenía esposa ni hijos, vivía con sus padres y sus hermanos, y si bien no dejó viuda ni huérfanos, si dejó a buena parte de la sociedad conmocionada, especialmente a los jóvenes que atentamente lo escuchaban y lo seguían. Resultaba entonces paradójico, que una sociedad conmocionada por un hecho semejante y con tantos amigos resentidos por este crimen, que ninguno de ellos acompañara a la familia en este valiente clamor de justicia, y que sólo contarán con una camioneta de la policía que los sigue en su recorrido, les carga una pancarta en el platón y les toma fotografías.
-Es el miedo- me explica Juan Fernando- Hacer esta marcha es suicida. -En cada esquina de esta ciudad hay un francotirador-, acota Rubén. -La ciudad de Cartago está tomada por el para militarismo y la mafia y eso Andrés Felipe lo venía denunciando, incluso con nombres propios. A el lo asesinaron después de acusar al representante a la Cámara Luis Carlos Restrepo Orozco ante la Corte Suprema de Justicia que hoy lo investiga por parapolítica y también por este asesinato. Restrepo Orozco fue alcalde de Cartago, diputado ante la Asamblea Departamental en varias oportunidades, y representante a la Cámara.
Andrés Felipe Llano no era un hombre ingenuo, él sabía con quienes se estaba metiendo, sabía que su vida corría peligro, pero también sabía que no podía guardar cómodo silencio. Fue muy valiente. Las amenazas se habían convertido en un asunto rutinario en su vida, unas eran anónimas, otras venían firmadas por las Águilas Negras, y aún así nunca se detuvo porque él no concebía el silencio cómplice ni la cobardía. Siempre denunció al poder mafioso que controlaba Cartago, ese poder mafioso y sicarial que se había tomado la ciudad y que es patrocinado por la dirigencia política de la región.
En Cartago los hechos de violencia y represión son una historia que se repiten año tras año y que parecieran no tener ni principio ni final. -Aquí se violan los derechos humanos todos los días, no se puede protestar contra la mala administración ni contra los homicidios ni denunciar amenazas ni hostigamientos -Sostiene Luis Fernando Posso- Nadie puede decir nada, nos quieren someter al silencio y al miedo; por esa razón yo fui expulsado en el 2001 junto a mi familia, por haber acompañado a Felipe en su labor de denuncia, y aunque el Estado me ha prestado cierta protección de nada me ha servido porque al sitio donde llegó, llegan también las amenazas”.
El asesinato sistemático de lideres sociales, de sindicalistas y de disidentes a los mandatarios de turno ha sido posible en Cartago como en otras regiones del país porque existe una mafia incrustada en la sociedad que desde hace varios lustros viene siendo patrocinada por los políticos que desean acallar a los lideres sociales. “Salir es un riesgo pero es un riesgo que se debe asumir. Por eso necesitamos que los medios de comunicación nos apoyen, que cuenten nuestra historia, que nos acompañen en nuestra lucha contra el miedo, el silencio y la impunidad. Acá tememos por nuestra vida y por la de nuestras familias, pero no podemos ni debemos callar, nos corresponde tomar la vocería de aquellos que tienen más miedo que nosotros para que el país y el mundo sepan lo que está pasando y por qué estamos luchando desde la civilidad y la resistencia pacífica. Eso nos lo enseñó Felipe”.
Luis Fernando comenta que los amigos los acompañan de corazón. Todos tienen miedo a ser asesinados y por eso en la calle o en espacios públicos ni siquiera los saludan. Y es hasta cierto modo natural. En una ciudad donde no hay justicia, donde la pulcritud de sus autoridades es cuestionada y quienes se atreven a desafiar o señalar irregularidades pronto se convierten en blanco de asesinos, el silencio reina y sólo algunos valientes se atreven a exponer sus vidas y las de los suyos para que la realidad cambie.
El asesinato de Andrés Felipe fue denunciado por varias organizaciones sociales, algunos medios nacionales registraron el hecho como uno más en la larga cadena de homicidios que sacuden la historia colombiana, pero aún así la actuación de la justicia deja mucho que desear. El proceso reposa en la Fiscalía 46 Seccional de Cali desde hace casi ocho meses pero aún no hay resultados. Por eso los familiares y el amigo de Felipe tomaron la decisión de marchar hacia Cali. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, haremos lo que sea necesario para que se sindiquen a los responsables, para que las investigaciones contra Luis Carlos Restrepo Orozco, a quien hemos señalado ante la Corte Suprema, junto con Hernando Gómez, arroje resultados satisfactorios, que no son otra cosa que verdad, justicia y reparación. Es vergonzoso para la comunidad que se siga perpetuando la impunidad, y por eso queremos sentar un precedente con esta marcha y que Colombia sepa que la muerte de Felipe fue crimen político, fue un crimen de Estado. La sociedad de Cartago lo sabe, no lo dice abiertamente por miedo, pero lo sabe. Todos sabemos que la clase política de Cartago es la responsable de este crimen”
El PDA se pronunció sobre el asesinato de Llano Calvo pidiendo un reconocimiento póstumo por su labor ejemplarizante al haber dedicado “todos sus esfuerzos a defender los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de Cartago sobre todo de los menos favorecidos”. El representante a la Cámara por el Valle del Cauca de dicha colectividad, River Franklin Legro, anunció unos días después del homicidio que se reuniría con el Gobernador del Departamento y con las autoridades militares y de Policía “para exigir que este crimen no quede impune y solicitar garantías para el ejercicio de la oposición en esa región del país”. Aún no se conocen los resultados de su gestión, pues el caso continúa en la impunidad.
¡No nos vamos a callar! ¡Exigimos resultados!
La muerte de Andrés Felipe Llano Calvo
El 16 de mayo de 2008 a las 11 de la noche, cuando Andrés Felipe salía de Carrefour tras cumplir con su jornada laboral, a una cuadra de la Sijin, del Distrito de la Policía del Norte del Valle, fue interceptado por sicarios que se movilizaban en una moto y le dispararon ocasionándole la muerte.
Andrés Felipe no contaba con protección pese a que la había solicitado y ha que su situación de riesgo era una realidad ampliamente conocida.
La familia logró contactarse con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para denunciar el caso, pero pese a la buena disposición que expresó este alto organismo por apoyarlos en su búsqueda de justicia, aún esperan que se pronuncie llamando a las autoridades competentes para que con la mayor celeridad posible produzcan resultados en este caso. Las denuncias también han sido presentadas a diferentes medios de comunicación y ONGs nacionales e internacionales. “Son nuestro único recurso para poder hablar y contar lo que pasa, si los medios no nos escuchan somos una voz muerta en todo el Valle del Cauca”. En Cartago existen dos fundaciones que trabajan el tema de los derechos Humanos a muy bajo perfil por que el miedo así lo exige. “Y es normal, pero cuando matan a un defensor, a un hombre pulcro, valiente y soñador como Felipe, nos llenan el alma de valentía para seguir adelante y luchar contra tanta violencia y corrupción. La muerte de Felipe nos da ánimo y coraje para no desfallecer”.
Aunque la familia y un solo amigo exijan justicia públicamente, otros desde el silencio y el corazón, y varios habitantes de Cartago, quizás los mismos viejitos que mientras caminábamos bajo un sol inclemente de medio día nos levantaban el dedo pulgar en señal de apoyo y luego rápidamente lo ocultaban, no tengan mucha esperanza en la pronta y eficaz acción de las autoridades, están dispuestos a agotar todos los recursos a su alcance para lograrlo. “No creemos en ningún organismo, no creemos en la Fiscalía, ni en los entes de justicia, no creemos ni tenemos razones para creer, pero aún así no descansaremos hasta que se conozca la verdad y los asesinos sean judicializados”.
Salir a marchar en una ciudad como Cartago y más para denunciar el crimen y el poder mafioso que gobierna y todo lo controla, es sin duda una acción de enorme valentía; una acción que no sólo desafía a los violentos y a la dirigencia corrupta y cómplice de un sinnúmero de atrocidades, sino también a la indolente sociedad, a las juventudes que sumidas en el sueño fastuoso de ser ante los demás a partir del capital y la riqueza, olvidan quienes son y a quienes se deben, pretenden escapar de la miseria y el anonimato sin darse cuenta que están asumiendo una nueva y peor esclavitud.
En memoria de Andrés Felipe Llano Calvo.
233 días de impunidad… ¿Cuántos faltarán para que haya verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición?
[1] Informe de la Comisión de Observación sobre libertad de prensa. Colombia 2005.
El Sicario de las FF AA

El Sicario de las FF AA
Por Maureén Maya
Es Increíble cómo un hecho puntual refleja la profundidad histórica de un Estado criminal.
Increíble, pero no extraño, porque mientras no se cierren las heridas de tanta victimización impune con justicia, verdad y reparación, éstas seguirán supurando indefinidamente; frenando el avance social y obstaculizando cualquier intento de paz. No es posible sepultar el ayer que no ha sido resuelto, porque éste tarde o temprano regresa como una maldición que si no se conjura como es debido, termina por convertirse en un fantasma burlón que nos acompaña y atormenta permanentemente.
El Sub oficial del ejército, Edgar Paz Morales, en un estado de desesperación y evidente perturbación, decide tomarse bajo la intimidación la sede central del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, para reclamar por el abandono del Estado que lo mantiene en la miseria y el resentimiento justificado, y de paso, hacer una fuerte denuncia que no sólo revela el modo perverso bajo el cual han operado las Fuerzas Armadas de Colombia, sino que pone en evidencia una larga y ampliamente conocida trayectoria de impunidad y criminalidad gestada desde el mismo Estado colombiano.
En su documento de denuncia-que hoy los principales medios se resisten a divulgar en detalle-, el ex oficial afirma lo que en su momento el Ministro de Justicia Enrique Parejo González ya había denunciado públicamente: militares activos tienen nexos con el narcotráfico; no sólo para la conformación del MAS y el traslado de laboratorios clandestinos a Brasil, sino para el desarrollo de otras operaciones encubiertas que involucran torturas y desapariciones, y que según el oficial terminaron en la conformación de las llamadas CONVIVIR. Este vínculo no era secreto ni era ajeno a la dinámica nacional de aquel entonces, incluso era investigado por la Corte Suprema de Justicia, la misma que fue exterminada durante la toma y contratoma del Palacio en 1985.
Si regresamos en la memoria a ese otro oscuro episodio nacional, veremos sin ambages que esta alianza explica en buena medida mucho de lo que ocurrió durante esas 28 horas de terror; no así el caso no ha sido analizado desde esta perspectiva y quizás por ello no podemos entender a cabalidad tantas anomalías que se registraron durante esos dos días y mucho tiempo después. Por ejemplo: las razones por las cuales se retiro la seguridad el día de la anunciada toma cuando el plan de la guerrilla ya había sido descubierto y dado a conocer a través de los medios de comunicación, incluso había sido anunciado por los mismos subversivos en una proclama pública, las amenazas de los extraditables eran de amplio conocimiento, y no así los oficiales que mintieron como quedó demostrado, para justificar el abrupto retiro de las urgentes medidas de seguridad y que fueron demandados por falsedad ideológica en documento público, en vez de ser sancionados como era lógico fueron ascendidos; el mismo día de los hechos la página principal del diario El Espectador hacia referencia a esta temible alianza. Esto explica también porque en esa grabación anónima que varios oficiales dirigieron a las autoridades el sábado siguiente a la toma, y que éstas diligentemente archivaron en caja fuerte, se habla de las torturas que bajo la dirección de Plazas Vega se le aplicaron a algunos guerrilleros rescatados con vida de Palacio, para forzarlos a firmar un documento en el cual reconocían haber sido financiados por la mafia. Las FF AA siempre han hecho evidente su afán por demostrar estos vínculos, contrariando el resultado de las investigaciones judiciales y la pobreza en armamento que exhibió la guerrilla en su acción.
Las declaraciones del suboficial Paz, como un cuento irresoluto que por no haber sido asumido con valor nos regresa una y otra vez a la historia velada, dramática y turbia de nuestro pasado, nos confronta la con la práctica de la tortura, legitimada tradicionalmente en Colombia desde su aplicación sistemática como instrumento de intimidación y degradación física y moral, promovida por altos mandos militares y encubierta por políticos y gobernantes.
De nuevo aparece como signo imperecedero en nuestra historia patria la legendaria imagen del M-19, pues el Sub Oficial cuenta sobre su infiltración en la camioneta donde se negociaba la liberación de los rehenes de la Embajada de la República Dominicana para grabar las conversaciones y en caso de ser descubierto o evidenciar alguna reacción violenta por parte de Carmenza Londoño alias “La Chiqui” asesinarla. De haberse producido este crimen otra sería la historia, o quizás la misma, nadie puede precisar el desenlace que hubiera tenido esta acción que para fortuna de Colombia, del Eme y de los directamente implicados no se dio, y la toma tuvo una salida negociada, que después fue traicionada con el asesinato a mansalva de "La Chiqui".
Cuenta también que recibió la orden de asesinar a la madre de Jaime Bateman, Clementina Cayón, aquella mujer Rosacruz que le contagió a su hijo la certeza del amor y que la CIA tras la toma del Palacio, interpretó como clara influencia en la conformación de una organización gnóstica que había decidido autoinmolarse dentro del Palacio de Justicia; pero después de hacerle seguimiento, Paz afirmó que cuando ella lo miró a los ojos, desde un anden mientras esperaba abriera la Iglesia, él sintió su bondad y no la pudo asesinar. Habló de su trabajo en el batallón Charry Solano, aquella escuela celebre por sus torturas y desaparecidos -aunque la justicia nunca la intervino- y se refirió también, a las ordenes recibidas de asesinar a la dirigencia del M-19. Incluso narró su participación en el atentado a Antonio Navarro Wolf cuando en pleno proceso de paz, fue atacado con una granada al interior de la Cafetería El Oeste en Cali.
Quizás para el país todo esto pudiera ser novedoso, pero no para una amplia fracción nacional que desde siempre supo quienes habían ordenado este crimen contra el vocero de paz del Eme. El establecimiento le tenía miedo a esta agrupación, no hay duda y le sigue temiendo pese a que no existe más allá de la alegoría fantasiosa o la resistencia al olvido que nos impide renunciar a la memoria de tantos héroes no reconocidos o anónimos que dieron su vida, sus ideas y su inteligencia a la causa de hacer de Colombia un país al menos vivible.
Han sido tantos lo eventos sangrientos encubiertos por el Estado, tanto el engaño y la impunidad, que no es de extrañar que tras Paz aparezcan nuevos oficiales aturdidos en su conciencia con ganas de revelar que efectivamente el Estado colombiano formaba grupos de sicarios encargados de hacerle el trabajo sucio. Que hoy aparezca este suboficial diciendo que al interior de las FF AA le ofrecieron 20 millones a mediados de los 80s por asesinar a Vera Grave, Marcos Chalita, Carlos Pizarro y Gustavo Petro, entre otros dirigentes del temido por unos y amado por otros M-19, no es extraño; lo extraño es que después de una historia tan aburrridora y desoladoramente repetitiva no hayamos atado cabos para comprender porque toda expresión popular es de inmediato asesinada o silenciada, y quienes están han estado siempre detrás de estos crímenes, o que viendo esto, sigamos creyendo en este orden institucional y haciéndole juego a nuestra farsa democrática.
Eso es lo extraño, que no despertemos después de tanto ruido y de tanto temblor, que nos dejemos envenenar el alma y pasivamente repitamos que el enemigo es el que nos imponen sin ser capaces de pensar, cuestionar o identificar donde se esconde realmente, y cómo bajo los sofismas de libertad, justicia y seguridad, sigue actuando en contra de nuestras voces y anhelos.
Lo que queda claro de este episodio es que el suboficial Paz no es un delirante ni es la excepción de la regla. El Fiscal General (e) Guillermo Mendoza Diago anunció el día de ayer, ante el Congreso de la República, que se adelantará una investigación de oficio, para corroborar o invalidar estas declaraciones; pero muy posiblemente, y como para no contrariar la costumbres, aquí no pase nada y él, aunque se declare inocente, termine pudriéndose en una cárcel, donde por lo menos comida no le ha de faltar, quien sabe si seguridad, y en dos semanas ya nadie recordara ni su nombre ni sus acusaciones, porque serán otros escándalos -planeados, mediáticos o espontáneos- los que convoquen la dispersa atención nacional.
En Colombia las Fuerzas Armadas siempre han operado como sicarios entrenados para matar y burlar la ley. Y si nos horrorizan los militares chilenos, argentinos, paraguayos que hicieron y deshicieron bajo las sanguinarias dictaduras que estremecieron el Cono Sur, es porque no conocemos la historia de lo que hicieron en nuestro propio país, donde esas mismas bestialidades se cometieron con la misma sevicia y lo que es peor, se siguen cometiendo en total impunidad y con ascensos garantizados. Una reconocida periodista colombiana, una vez me dijo, “peor que echarse a la guerrilla y a los paras juntos de enemigos, es echarse a las Fuerzas Armadas”. Por algo será.
“Barrancabermeja: Dónde el amor es la clave”
“Barrancabermeja: Dónde el amor es la clave”[1]
Por Maureén Maya
La semana pasada en el Club Infantas de la ciudad de Barrancabermeja se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de Planeación Local y Presupuesto Participativo. En un ambiente de calma, orden y armonía, se presentaron las ponencias de un selecto grupo de invitados, entre ellos tres voces autorizadas provenientes de España, Brasil y Uruguay y de algunas autoridades regionales. Con una organización casi milimétrica que hizo posible que las actividades programadas transcurrieran sin tropiezo alguno, y que al final, el optimismo y las ganas por conocer más sobre esta genuina expresión de democracia participativa permitiera formular la creación de una Red Nacional de Planeación local y sentar las bases para un segundo encuentro, el evento culminó con la sensación de éxito total. Todos los esfuerzos invertidos se vieron recompensados por los resultados. Al interior del Club Infantas, decenas de colombianos asumían con resolución su ciudadanía y su firme compromiso de trabajar en comunidad por lograr un incremento en la calidad de vida de otros cientos de compatriotas. Afuera del Club la realidad de la ciudad era distinta.
A esas mismas horas la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos –CREDHOS- había convocado a una rueda de prensa con la presencia de Brigadas Internacionales de Paz, de varias organizaciones sociales, y de algunos medios de comunicación, con el fin de denunciar el clima de tensión y violencia que se vive en la ciudad petrolera. En menos de 24 horas tres jóvenes habían sido asesinados a disparos; el último de ellos escasamente llegaba a los 14 años de edad. También se denunciaron las amenazas de muerte recibidas por el señor David Ravelo Crespo, secretario general de CREDHOS y por varios dirigentes de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra –ACVC-. Algunas de estas amenazas eran atribuibles al Comandante “El Panadero”, quien ya había declarado a Ravelo objetivo militar y declaraban “muerte de todos los izquierdistas comunistas […] muerte a todos los integrantes de asociaciones, ONGs, y sindicatos de nuestra querida Barrancabermeja”. La amenaza era firmada por el autoproclamado grupo de las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” –AGC-. Otros pasquines enviados recientemente vía correo electrónico desde la dirección santandersinguerrilla@yahoo.es, conminaban a varios sindicatos
-entre ellos ANTHOC, SINALTRAINAL, USO, SINDISPETROL, ADECO, y a las ONGs OFP, ACVC, PPDH y CREDHOS- a “terminar sus vínculos con los grupos terroristas” amenazando con que, de lo contrario “los obligaremos a hacerlo por la fuerza”. Amenazas similares, firmadas por el Frente Lanceros Boyacá – Santander, el Bloque Central Hermanos Castaño, el comandante del bloque Héroes de Castaño, alias Don Mario, y las ya consabidas Águilas Negras Unidas de Colombia, declaraban objetivos militares a los jóvenes del barrio 22 de marzo, sitio dónde justamente fue asesinado el menor de 14 años anteriormente mencionado.
Más que rezagos del paramilitarismo o grupos emergentes, lo que quedó plenamente demostrado tras estas denuncias -que debido al terror generalizado se pronuncian en voz baja, casi que en susurros- es que estas estructuras criminales se mantienen intactas en buena parte del territorio colombiano. Una lidereza social con quien tuve la oportunidad de conversar acerca del creciente número de jóvenes asesinados en Barrancabermeja, me contó que en cinco días seis muchachos fueron asesinados sin que las autoridades hayan aclarado ni uno sólo de estos crímenes, agregando que cada día llegan más y más familias desplazadas a la ciudad. Solicitándome la reserva de su nombre “porque el miedo no es cosa del pasado”, esta dirigente, notablemente alarmada, narró el caso de una familia conformada por dos adultos y tres menores, que hace poco más de un mes tuvo que huir del nordeste antioqueño a raíz de una masacre perpetrada por paramilitares, de la cual ningún medio colombiano dio noticia. “Llegaron en harapos, cansados, aterrados, con hambre y deshidratados […] Por fortuna logramos sacarlos de la región porque eran perseguidos y habían sido declarados objetivos militares por estos grupos que siguen operando en la zona y que son encubiertos por agentes del Estado”.
¿Qué sucede realmente en Barrancabermeja?
Históricamente esta región de Colombia ha sido duramente golpeada por la violencia. Su riqueza petrolera no sólo atrajo a grupos armados ilegales, sino que también se fueron consolidando fuertes estructuras mafiosas que coparon el espacio social y político de la región. La presencia guerrillera, en especial del ELN, y posteriormente, de algunos frentes de las FARC, predominó durante buena parte de las décadas de los setentas y ochentas. En forma paralela, las organizaciones sociales y los sindicatos fueron ganando importancia en todo el país, y poco a poco sus esfuerzos organizativos se convirtieron en un referente nacional, convirtiéndolas en blanco de toda clase de ataques y amenazas.
Actualmente Barrancabermeja se constituye en un fuerte desafío, tanto para las autoridades civiles, como para los grupos de apoyo y de resistencia civil que trabajan en la región, de manera valiente y comprometida. Labores como las que desarrolla Pastoral Social con la población marginada y con las víctimas de la violencia, sin duda alguna son un ejemplo para todo el país. La administración del alcalde electo, Carlos Contreras López -quien cuenta con un importante respaldo popular y ha dado muestra de seriedad y real compromiso con la comunidad, intentando cumplir con lo prometido durante su reñida campaña electoral- pareciera anunciar la llegada de un nuevo periodo para la ciudad, que durante décadas ha sido el botín de las grandes empresas, de los actores armados ilegales y de una dirigencia política desligada por completo de las necesidades de sus habitantes. En la actualidad, cuatro de las siete comunidades que conforman Barranca, se han declarado Territorios de paz y No Violencia”, y esto, en una situación tan compleja como la que afronta Barrancabermeja, representa una apuesta, además de osada, urgente. Aunque la violencia siga afectando la vida y el desarrollo de la ciudad, el valor, la resistencia y el coraje de su gente, son la expresión de un profundo compromiso con la vida y en un valioso ejemplo de dignidad.
Alexander Barajas Maldonado escribió un artículo titulado “Barrancabermeja: Territorios de No Violencia”, que inicia del siguiente modo: “El clima de Barrancabermeja —donde en un mismo día se puede vivir un caluroso atardecer y una torrencial tormenta— imita la ambigua realidad de este puerto santandereano sobre el Magdalena, donde bajo el mismo cielo se encuentran la riqueza petrolera y la miseria del desplazado; la belleza de sus ciénagas y el horror de una violencia tan añeja como inútil. Y coexisten, además, la sinrazón de la razón armada y la unión de la comunidad para defender la vida”[2]. Y es verdad. Barranca es un enigma doloroso pero a la vez esperanzador. Respirar en esta ciudad es difícil: es como si algo dulce, pero triste y trágico a la vez, se levantara del mismo asfalto que suelta toda suerte de espejismos, para tratar de tomar la forma del aire, de un aire que de cualquier modo no es fácil de digerir. En él se respiran miedos, viejas derrotas, recuerdos relacionados con toda suerte de acciones heroicas o temerarias o sangrientas y brutales. Aún es posible escuchar el eco los disparos que le cegaron la vida a Ricardo Lara Parada en 1985, quien desde su retiro de la lucha armada se había comprometido con la paz de la región. También se escuchan las voces de Jesús Rojas Castañeda, miembro del sindicato local de profesores del Departamento de Santander o de Julio César Díaz Quintero, afiliado al Sindicato de Trabajadores del Seguro Social SINTRAISS, y las de una gran cantidad de líderes sociales y sindicalistas impunemente asesinados.
Es evidente que en la ciudad petrolera persisten residuos de una cruenta guerra que no quiere terminar, y que, de modo reiterativo, marcan la cultura local. El miedo y su constante desafío son parte de una tradición de lucha por la vida y resistencia ante la barbarie. Los muertos, los desaparecidos, las amenazas, los ejecutados, los desaparecidos, la incesante pugna por el control y el poder sobre esta región, más que historia patria, son parte del presente. Viejos y nuevos actores de la violencia conviven en el mismo escenario, asumiendo sus mismos roles, como si el tiempo se hubiese detenido para ellos en el momento más álgido del camino y como si los procesos de cambio que sacuden el mundo y el corazón de miles de colombianos hastiados de la violencia no hubieran logrado penetrar la densidad de su mundo. Por ello, hoy más que nunca, las organizaciones civiles juegan un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos y se constituyen en un grito que rompe el olvido y desafía la impunidad.
En febrero de 2001, la Embajada de Estados Unidos a través de una declaración pública, deploraba el recrudecimiento de la violencia en Barrancabermeja: “La ciudad está en medio de una intensificación de la lucha por el control de la región entre paramilitares y guerrilleros. Estos combates urbanos dejaron como resultado 567 homicidios en 2000. Y en lo que va corrido de este año ya han sido asesinadas sesenta personas. Tristemente las verdaderas víctimas de este conflicto civil en Barrancabermeja, así como en toda Colombia, son ciudadanos inocentes”[3]. En octubre de 2005, la Defensoría Regional del Pueblo informaba sobre 106 muertes violentas, el destierro de más de 500 personas por amenazas y la desaparición de 21 personas. Desafortunadamente estas cifras siguen aumentando. A un mes de iniciado el 2008 ya se habían registrado 22 asesinatos. Según el Observatorio de Paz Integral, la cifra de homicidios en Barrancabermeja ascendió en el primer semestre del presente año un 209 por ciento, en relación con el mismo periodo en el 2007. Entre enero y junio de 2008, 44 personas fueron asesinadas.[4]
En el marco de toda esta rapiña por el poder que buscan imponer unos actores sobre otros a través del crimen y la intimidación, subsisten esfuerzos increíbles por romper la quietud y el letargo que dificultan cualquier actividad en medio del calor insoportable de días interminables en los que ni siquiera se mueven las hojas de los árboles. Organizaciones sociales, como la OFP o las nuevas organizaciones de jóvenes, son un permanente desafío a la muerte y al olvido.
Barrancabermeja entre la opulencia y la miseria
Barranca es el principal puerto que existe sobre el río Magdalena. Allí se encuentra una de las dos más importantes refinerías de petróleo de todo el país, de la cual dependen buena parte de las empresas que trabajan y comercian con sus derivados. Sin embargo, y contrario a lo que pudiera pensarse, dada la cantidad de dinero que produce el negocio del petróleo, el progreso de la ciudad ha sido lento debido a los factores políticos, culturales y sociales que han sido mencionados anteriormente. Barranca vive el atraso de la guerra y los efectos de una destacada labor de saqueo, corrupción e inoperancia administrativa. Es difícil aceptar que una ciudad como ésta, con tanta afluencia de turistas y empresarios, y que además es conocida como el Puerto Petrolero de Colombia, cuente con vías tan deplorables, como la que comunica al aeropuerto con la ciudad, o que el mismo aeropuerto sea similar al de cualquier ciudad colombiana sitiada por el abandono y la pobreza.
La principal fuente de empleo en Barrancabermeja es Ecopetrol. Según sus propios registros, hasta octubre de 2008 esta sociedad – ahora de economía mixta- había generado un total de 65 mil 615 empleos a través de empresas contratistas, en la Refinería de Barrancabermeja y en los campos de operación adscritos a la gerencia regional Magdalena Medio. El 55 por ciento del personal contratado, es decir, 36.175 empleos, corresponden a mano de obra local”. La infraestructura de la refinería de Barrancabermeja o del llamado Complejo Industrial de Barrancabermeja, está bajo control de Ecopetrol desde 1961, produce cerca de 250.000 barriles de combustible al día y tiene una extensión de 254 hectáreas en las que se ubican más de cincuenta plantas y unidades de procesamiento, tratamiento, servicios y evacuación de residuos. A sus afueras se encuentra como custodio del lugar y cómo símbolo de la ciudad el “Cristo Petrolero”, un monumento de veinte metros de altura, elaborado por los mismos trabajadores de la refinería y que reposa sobre las aguas de la ciénaga Miramar.
Una torre alta de las muchas que asoman desde la ciudad de hierro, como se conoce a la impresionante refinería de petróleo, expulsa de vez en cuando un gas denso y amarillo. Es azufre, me explica el padre Eliécer Soto, director de Pastoral Social. Esto sucede en algunas ocasiones, cuando se presentan equivocaciones al interior de la planta. “Es mejor así” -me dice con voz firme- “el veneno se difumina en lo alto del cielo y ésto evita una tragedia de impredecibles consecuencias”. Advierto entonces en medio de esa amalgama de sensaciones que trae el aire de Barranca, que en el fondo hay un olor amargo predominante, no sé de donde viene, ni si se relaciona con la refinería, con el azufre, con el río Magdalena que atraviesa la ciudad, o con los muertos que reposan en el fondo de sus aguas, como confesara meses atrás, un jefe paramilitar desmovilizado. Lo que sí reconozco con total nitidez es que en Barranca no existe el silencio. Además del barullo humano propio de una ciudad, de su gente -mezcla interesante entre paisas, santandereanos y costeños- de los pitos y de las chicharras, todo el tiempo se escucha un susurro lejano, una especie de silbido plano y constante que no reposa y que puede advertirse desde cualquier punto de la ciudad. Este sonido efectivamente proviene de la refinería, como me explica un habitante de la ciudad, “pero al rato de escucharlo ya el oído se acostumbra y no existe más”. Como sucede con los muertos, pienso yo, o con las víctimas de la guerra, que, desde que tengo memoria, azota al país. El sonido nunca se detiene, siempre está presente, ahí, se escuche o no, está como un himno permanente y vigilante, como los ojos de quienes se fueron antes de tiempo y desde el silencio de la muerte que se resiste al olvido, claman justicia y dignidad.
Que los barranqueños se acostumbren a ese sonido metálico y que para muchos sea parte natural de su entorno es comprensible; lo que no es comprensible es que sus ciudadanos se familiaricen con la muerte y la empiecen a asumir como condición natural de la realidad en la que están inmersos. Afortunadamente los barranqueños han aprendido a hacerle el quite al sinsentido de la violencia y a desafiarla desde el trabajo social organizado y desde una apuesta ética en defensa de la vida.
Triste y oscuro el destino de un país que se acostumbra a la muerte, a la violenta usurpación de la dignidad de su gente, a la acción bárbara y criminal y al entierro definitivo de sus muertos que termina por avalar la desmemoria y la inhumanidad Aunque el ejercicio de la violencia siempre nos deje dolor y derrota, también nos impele a conjurarla a través de una férrea negativa al silencio y al olvido.
El amor es la clave.
[1] Slogan de la ciudad bajo la administración de Carlos Conteras López.
[2] BARAJAS, Maldonado Alexander; “Barrancabermeja: Territorios de No Violencia”. Ver en :
http://www.saliendodelcallejon.pnud.org.co
[3] The Center for International Policy´s. Colombia Program. Ver en : http/usembassy.state.gov/Colombia/wwwhbar1/HTML
[4] En El Tiempo; “Instalan cámaras de vigilancia en calles de Barrancabermeja”. Septiembre 18 de 2008.
Por Maureén Maya
La semana pasada en el Club Infantas de la ciudad de Barrancabermeja se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de Planeación Local y Presupuesto Participativo. En un ambiente de calma, orden y armonía, se presentaron las ponencias de un selecto grupo de invitados, entre ellos tres voces autorizadas provenientes de España, Brasil y Uruguay y de algunas autoridades regionales. Con una organización casi milimétrica que hizo posible que las actividades programadas transcurrieran sin tropiezo alguno, y que al final, el optimismo y las ganas por conocer más sobre esta genuina expresión de democracia participativa permitiera formular la creación de una Red Nacional de Planeación local y sentar las bases para un segundo encuentro, el evento culminó con la sensación de éxito total. Todos los esfuerzos invertidos se vieron recompensados por los resultados. Al interior del Club Infantas, decenas de colombianos asumían con resolución su ciudadanía y su firme compromiso de trabajar en comunidad por lograr un incremento en la calidad de vida de otros cientos de compatriotas. Afuera del Club la realidad de la ciudad era distinta.
A esas mismas horas la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos –CREDHOS- había convocado a una rueda de prensa con la presencia de Brigadas Internacionales de Paz, de varias organizaciones sociales, y de algunos medios de comunicación, con el fin de denunciar el clima de tensión y violencia que se vive en la ciudad petrolera. En menos de 24 horas tres jóvenes habían sido asesinados a disparos; el último de ellos escasamente llegaba a los 14 años de edad. También se denunciaron las amenazas de muerte recibidas por el señor David Ravelo Crespo, secretario general de CREDHOS y por varios dirigentes de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra –ACVC-. Algunas de estas amenazas eran atribuibles al Comandante “El Panadero”, quien ya había declarado a Ravelo objetivo militar y declaraban “muerte de todos los izquierdistas comunistas […] muerte a todos los integrantes de asociaciones, ONGs, y sindicatos de nuestra querida Barrancabermeja”. La amenaza era firmada por el autoproclamado grupo de las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” –AGC-. Otros pasquines enviados recientemente vía correo electrónico desde la dirección santandersinguerrilla@yahoo.es, conminaban a varios sindicatos
-entre ellos ANTHOC, SINALTRAINAL, USO, SINDISPETROL, ADECO, y a las ONGs OFP, ACVC, PPDH y CREDHOS- a “terminar sus vínculos con los grupos terroristas” amenazando con que, de lo contrario “los obligaremos a hacerlo por la fuerza”. Amenazas similares, firmadas por el Frente Lanceros Boyacá – Santander, el Bloque Central Hermanos Castaño, el comandante del bloque Héroes de Castaño, alias Don Mario, y las ya consabidas Águilas Negras Unidas de Colombia, declaraban objetivos militares a los jóvenes del barrio 22 de marzo, sitio dónde justamente fue asesinado el menor de 14 años anteriormente mencionado.
Más que rezagos del paramilitarismo o grupos emergentes, lo que quedó plenamente demostrado tras estas denuncias -que debido al terror generalizado se pronuncian en voz baja, casi que en susurros- es que estas estructuras criminales se mantienen intactas en buena parte del territorio colombiano. Una lidereza social con quien tuve la oportunidad de conversar acerca del creciente número de jóvenes asesinados en Barrancabermeja, me contó que en cinco días seis muchachos fueron asesinados sin que las autoridades hayan aclarado ni uno sólo de estos crímenes, agregando que cada día llegan más y más familias desplazadas a la ciudad. Solicitándome la reserva de su nombre “porque el miedo no es cosa del pasado”, esta dirigente, notablemente alarmada, narró el caso de una familia conformada por dos adultos y tres menores, que hace poco más de un mes tuvo que huir del nordeste antioqueño a raíz de una masacre perpetrada por paramilitares, de la cual ningún medio colombiano dio noticia. “Llegaron en harapos, cansados, aterrados, con hambre y deshidratados […] Por fortuna logramos sacarlos de la región porque eran perseguidos y habían sido declarados objetivos militares por estos grupos que siguen operando en la zona y que son encubiertos por agentes del Estado”.
¿Qué sucede realmente en Barrancabermeja?
Históricamente esta región de Colombia ha sido duramente golpeada por la violencia. Su riqueza petrolera no sólo atrajo a grupos armados ilegales, sino que también se fueron consolidando fuertes estructuras mafiosas que coparon el espacio social y político de la región. La presencia guerrillera, en especial del ELN, y posteriormente, de algunos frentes de las FARC, predominó durante buena parte de las décadas de los setentas y ochentas. En forma paralela, las organizaciones sociales y los sindicatos fueron ganando importancia en todo el país, y poco a poco sus esfuerzos organizativos se convirtieron en un referente nacional, convirtiéndolas en blanco de toda clase de ataques y amenazas.
Actualmente Barrancabermeja se constituye en un fuerte desafío, tanto para las autoridades civiles, como para los grupos de apoyo y de resistencia civil que trabajan en la región, de manera valiente y comprometida. Labores como las que desarrolla Pastoral Social con la población marginada y con las víctimas de la violencia, sin duda alguna son un ejemplo para todo el país. La administración del alcalde electo, Carlos Contreras López -quien cuenta con un importante respaldo popular y ha dado muestra de seriedad y real compromiso con la comunidad, intentando cumplir con lo prometido durante su reñida campaña electoral- pareciera anunciar la llegada de un nuevo periodo para la ciudad, que durante décadas ha sido el botín de las grandes empresas, de los actores armados ilegales y de una dirigencia política desligada por completo de las necesidades de sus habitantes. En la actualidad, cuatro de las siete comunidades que conforman Barranca, se han declarado Territorios de paz y No Violencia”, y esto, en una situación tan compleja como la que afronta Barrancabermeja, representa una apuesta, además de osada, urgente. Aunque la violencia siga afectando la vida y el desarrollo de la ciudad, el valor, la resistencia y el coraje de su gente, son la expresión de un profundo compromiso con la vida y en un valioso ejemplo de dignidad.
Alexander Barajas Maldonado escribió un artículo titulado “Barrancabermeja: Territorios de No Violencia”, que inicia del siguiente modo: “El clima de Barrancabermeja —donde en un mismo día se puede vivir un caluroso atardecer y una torrencial tormenta— imita la ambigua realidad de este puerto santandereano sobre el Magdalena, donde bajo el mismo cielo se encuentran la riqueza petrolera y la miseria del desplazado; la belleza de sus ciénagas y el horror de una violencia tan añeja como inútil. Y coexisten, además, la sinrazón de la razón armada y la unión de la comunidad para defender la vida”[2]. Y es verdad. Barranca es un enigma doloroso pero a la vez esperanzador. Respirar en esta ciudad es difícil: es como si algo dulce, pero triste y trágico a la vez, se levantara del mismo asfalto que suelta toda suerte de espejismos, para tratar de tomar la forma del aire, de un aire que de cualquier modo no es fácil de digerir. En él se respiran miedos, viejas derrotas, recuerdos relacionados con toda suerte de acciones heroicas o temerarias o sangrientas y brutales. Aún es posible escuchar el eco los disparos que le cegaron la vida a Ricardo Lara Parada en 1985, quien desde su retiro de la lucha armada se había comprometido con la paz de la región. También se escuchan las voces de Jesús Rojas Castañeda, miembro del sindicato local de profesores del Departamento de Santander o de Julio César Díaz Quintero, afiliado al Sindicato de Trabajadores del Seguro Social SINTRAISS, y las de una gran cantidad de líderes sociales y sindicalistas impunemente asesinados.
Es evidente que en la ciudad petrolera persisten residuos de una cruenta guerra que no quiere terminar, y que, de modo reiterativo, marcan la cultura local. El miedo y su constante desafío son parte de una tradición de lucha por la vida y resistencia ante la barbarie. Los muertos, los desaparecidos, las amenazas, los ejecutados, los desaparecidos, la incesante pugna por el control y el poder sobre esta región, más que historia patria, son parte del presente. Viejos y nuevos actores de la violencia conviven en el mismo escenario, asumiendo sus mismos roles, como si el tiempo se hubiese detenido para ellos en el momento más álgido del camino y como si los procesos de cambio que sacuden el mundo y el corazón de miles de colombianos hastiados de la violencia no hubieran logrado penetrar la densidad de su mundo. Por ello, hoy más que nunca, las organizaciones civiles juegan un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos y se constituyen en un grito que rompe el olvido y desafía la impunidad.
En febrero de 2001, la Embajada de Estados Unidos a través de una declaración pública, deploraba el recrudecimiento de la violencia en Barrancabermeja: “La ciudad está en medio de una intensificación de la lucha por el control de la región entre paramilitares y guerrilleros. Estos combates urbanos dejaron como resultado 567 homicidios en 2000. Y en lo que va corrido de este año ya han sido asesinadas sesenta personas. Tristemente las verdaderas víctimas de este conflicto civil en Barrancabermeja, así como en toda Colombia, son ciudadanos inocentes”[3]. En octubre de 2005, la Defensoría Regional del Pueblo informaba sobre 106 muertes violentas, el destierro de más de 500 personas por amenazas y la desaparición de 21 personas. Desafortunadamente estas cifras siguen aumentando. A un mes de iniciado el 2008 ya se habían registrado 22 asesinatos. Según el Observatorio de Paz Integral, la cifra de homicidios en Barrancabermeja ascendió en el primer semestre del presente año un 209 por ciento, en relación con el mismo periodo en el 2007. Entre enero y junio de 2008, 44 personas fueron asesinadas.[4]
En el marco de toda esta rapiña por el poder que buscan imponer unos actores sobre otros a través del crimen y la intimidación, subsisten esfuerzos increíbles por romper la quietud y el letargo que dificultan cualquier actividad en medio del calor insoportable de días interminables en los que ni siquiera se mueven las hojas de los árboles. Organizaciones sociales, como la OFP o las nuevas organizaciones de jóvenes, son un permanente desafío a la muerte y al olvido.
Barrancabermeja entre la opulencia y la miseria
Barranca es el principal puerto que existe sobre el río Magdalena. Allí se encuentra una de las dos más importantes refinerías de petróleo de todo el país, de la cual dependen buena parte de las empresas que trabajan y comercian con sus derivados. Sin embargo, y contrario a lo que pudiera pensarse, dada la cantidad de dinero que produce el negocio del petróleo, el progreso de la ciudad ha sido lento debido a los factores políticos, culturales y sociales que han sido mencionados anteriormente. Barranca vive el atraso de la guerra y los efectos de una destacada labor de saqueo, corrupción e inoperancia administrativa. Es difícil aceptar que una ciudad como ésta, con tanta afluencia de turistas y empresarios, y que además es conocida como el Puerto Petrolero de Colombia, cuente con vías tan deplorables, como la que comunica al aeropuerto con la ciudad, o que el mismo aeropuerto sea similar al de cualquier ciudad colombiana sitiada por el abandono y la pobreza.
La principal fuente de empleo en Barrancabermeja es Ecopetrol. Según sus propios registros, hasta octubre de 2008 esta sociedad – ahora de economía mixta- había generado un total de 65 mil 615 empleos a través de empresas contratistas, en la Refinería de Barrancabermeja y en los campos de operación adscritos a la gerencia regional Magdalena Medio. El 55 por ciento del personal contratado, es decir, 36.175 empleos, corresponden a mano de obra local”. La infraestructura de la refinería de Barrancabermeja o del llamado Complejo Industrial de Barrancabermeja, está bajo control de Ecopetrol desde 1961, produce cerca de 250.000 barriles de combustible al día y tiene una extensión de 254 hectáreas en las que se ubican más de cincuenta plantas y unidades de procesamiento, tratamiento, servicios y evacuación de residuos. A sus afueras se encuentra como custodio del lugar y cómo símbolo de la ciudad el “Cristo Petrolero”, un monumento de veinte metros de altura, elaborado por los mismos trabajadores de la refinería y que reposa sobre las aguas de la ciénaga Miramar.
Una torre alta de las muchas que asoman desde la ciudad de hierro, como se conoce a la impresionante refinería de petróleo, expulsa de vez en cuando un gas denso y amarillo. Es azufre, me explica el padre Eliécer Soto, director de Pastoral Social. Esto sucede en algunas ocasiones, cuando se presentan equivocaciones al interior de la planta. “Es mejor así” -me dice con voz firme- “el veneno se difumina en lo alto del cielo y ésto evita una tragedia de impredecibles consecuencias”. Advierto entonces en medio de esa amalgama de sensaciones que trae el aire de Barranca, que en el fondo hay un olor amargo predominante, no sé de donde viene, ni si se relaciona con la refinería, con el azufre, con el río Magdalena que atraviesa la ciudad, o con los muertos que reposan en el fondo de sus aguas, como confesara meses atrás, un jefe paramilitar desmovilizado. Lo que sí reconozco con total nitidez es que en Barranca no existe el silencio. Además del barullo humano propio de una ciudad, de su gente -mezcla interesante entre paisas, santandereanos y costeños- de los pitos y de las chicharras, todo el tiempo se escucha un susurro lejano, una especie de silbido plano y constante que no reposa y que puede advertirse desde cualquier punto de la ciudad. Este sonido efectivamente proviene de la refinería, como me explica un habitante de la ciudad, “pero al rato de escucharlo ya el oído se acostumbra y no existe más”. Como sucede con los muertos, pienso yo, o con las víctimas de la guerra, que, desde que tengo memoria, azota al país. El sonido nunca se detiene, siempre está presente, ahí, se escuche o no, está como un himno permanente y vigilante, como los ojos de quienes se fueron antes de tiempo y desde el silencio de la muerte que se resiste al olvido, claman justicia y dignidad.
Que los barranqueños se acostumbren a ese sonido metálico y que para muchos sea parte natural de su entorno es comprensible; lo que no es comprensible es que sus ciudadanos se familiaricen con la muerte y la empiecen a asumir como condición natural de la realidad en la que están inmersos. Afortunadamente los barranqueños han aprendido a hacerle el quite al sinsentido de la violencia y a desafiarla desde el trabajo social organizado y desde una apuesta ética en defensa de la vida.
Triste y oscuro el destino de un país que se acostumbra a la muerte, a la violenta usurpación de la dignidad de su gente, a la acción bárbara y criminal y al entierro definitivo de sus muertos que termina por avalar la desmemoria y la inhumanidad Aunque el ejercicio de la violencia siempre nos deje dolor y derrota, también nos impele a conjurarla a través de una férrea negativa al silencio y al olvido.
El amor es la clave.
[1] Slogan de la ciudad bajo la administración de Carlos Conteras López.
[2] BARAJAS, Maldonado Alexander; “Barrancabermeja: Territorios de No Violencia”. Ver en :
http://www.saliendodelcallejon.pnud.org.co
[3] The Center for International Policy´s. Colombia Program. Ver en : http/usembassy.state.gov/Colombia/wwwhbar1/HTML
[4] En El Tiempo; “Instalan cámaras de vigilancia en calles de Barrancabermeja”. Septiembre 18 de 2008.
¿A juicio Arias Cabrales?
El llamado a juicio del general(r9 Jesús Armando Arias Cabrales no es para hacerse ilusiones pero si para hacer un detallado seguimiento a los procesos que se siguen a éste y otros militares acusados de crímenes de lesa humanidad, que bien se sabe, no son amnistiables y tampoco precluyen.
Los militares involucrados, con abundante material probatorio al proceso que se sigue por la desaparición de once civiles y una guerrillera en la toma del Palacio de Justicia de 1985, han hecho uso de toda suerte de triquiñuelas para evadir la acción de la justicia. Desde hace 23 años han sido cobijados con el manto de la impunidad. Hace apenas dos años se reabrió el caso, algunos mandos medios fueron recluidos en condiciones de privilegio desde dónde continúan impartiendo órdenes. Eso lo sabemos todos, Por eso no fue extraño que tras el encarcelamiento del entonces jefe de inteligencia, coronel Edilberto Sánchez Rubiano, familiares de las víctimas hayan denunciado haberlo visto en un centro comercial haciendo compras navideñas a finales del 2006.
El aparato estatal siempre ha defendido la homicida acción de los militares en estos sangrientos hechos, han pasado por alto importantes testimonios y análisis de medicina legal y de medicina forense que dan cuenta de la brutalidad con la que actuaron miembros de la fuerza pública, ya desde entonces acostumbrados a torturar, desaparecer y ejecutar civiles sospechosos de ser amigos de la insurgencia, por ser opositores, tener una ideología de izquierda o alguna activa militancia política. Ni hablar entonces de la suerte que corrían los verdaderos guerrilleros detenidos, o mejor secuestrados por la fuerza pública.
El caso de los once muchachos desaparecidos en Palacio es distinto. Ellos no militaban, muchos ni siquiera tenían claridad política y fueron desaparecidos en su centro de trabajo que no era otro distinto que el corazón de la justicia colombiana, donde además fueron asesinados los magistrados por acción también de agentes del Estado. Lo paradójico es que la justicia ni siquiera actúo por sus propios funcionarios que entre magistrados, auxiliares, conductores y otros, sumaban alrededor de 98 personas. El caso fue reabierto en el 2006 por la valiente, persistente y decidida acción de los familiares de los desaparecidos, pues ni siquiera los hijos de los magistrados asumieron con hidalguía su deber de buscar verdad y justicia para los suyos.
En ese mismo año el Juez Baltazar Garzón declaró que el proceso debía ser asumido por la justicia y que el presidente Belisario Betancur debería responder en vida por estos hechos, los cuales no podían ser consignados en un libro póstumo del que por supuesto se lucrarían sus familiares, porque la verdad de este trágico suceso pertenece al pueblo colombiano. Sin embargo, llama la atención que se insista tanto en seguir manoseando a la justicia, que de nuevo se absuelva al ministro de Defensa General ® Rafael Samudio Molina, y que al Presidente Betancur, jefe máximo de las Fuerzas Armadas no sea responsabilizado por acción o por omisión, no sólo por las desapariciones forzadas sino también por la brutalidad de la acción militar que desconoció principios fundamentales del Derecho de Gentes y del Derecho Internacional Humanitario.
Aún no se ha realizado un racional juicio de responsabilidades históricas, penales y civiles. A cuenta gotas se han conocido detalles espeluznantes, pero lo esencial no ha sido revelado, pese a que en el informe del juzgado 30 de 1989 se aclaran varias dudas, que aún el país no conoce y la Fiscalía Delegada ya ha escuchado valiosos testimonios.
La ciudadanía ignorante de los hechos, de las razones política que estimularon la demencial acción del M-19 y de sus demandas que además de ser justas era necesarias para el país, sigue acusando exclusivamente a esta guerrilla, sin tener en cuenta las graves violaciones a los derechos humanos que protagonizaron los defensores de las instituciones, de la vida y honra de los colombianos. Nadie niega que efectivamente el eme se equivocó, eso es innegable, no sólo por llevar a cabo una acción mal calibrada que significó el sacrificio de un importante cuadro político de esa organización entre quienes se encontraban personas excepcionales como Andrés Almarales, Luis Otero, Alfonso Jaquim, Irma Franco Pineda, Ariel Sánchez, Elvencio Ruiz, Pilar, Josue, de importantes y lucidos magistrados y de casi un centenar de vidas humanas, sino también por desconocer el contexto nacional en ese momento, el talante del presidente Betancur, al régimen militar vigente, y por violar el principio de distinción durante la toma del Palacio de Justicia. Los guerrilleros del M-19 terminaron por convertirse en víctimas de su propia acción; las Fuerzas Armadas aplicaron la pena de muerte a los combatientes que se rindieron dentro del Palacio, otros fueron llevados al Catón Norte y allí fueron torturados, asesinados y sus restos desaparecidos, los que no participaron de modo directo en estos hechos fueron estigmatizados a perpetuidad y hoy la toma sigue siendo utilizada como una carta política que desde la actual decadencia administrativa se enarbola para acallar dirigentes políticos y justificar temerarias acciones en la llamada lucha contra el terrorismo. No obstante, el fatal desenlace si tiene un único responsable y ese es el Estado colombiano que con sus fuerzas armadas, realizaron la retoma del Palacio y a sangre y fuego masacraron a los magistrados, incendiaron el Palacio, secuestraron, torturaron, asesinaron y desparecieron a otros seres humanos, entre ellos a los combatientes del M-19. El Presidente es también responsable de la tragedia. Traicionó los acuerdos de paz, le mintió al país, realizó un operativo militar de engaño en Yarumales, por apego al poder cedió el trono a una cúpula militar asesina, nunca se opuso al exceso brutal de guerra que se ejecutó para supuestamente salvaguardar las instituciones sacrificando a sus funcionarios, guardó cómplice silencio mientras ciudadanos inocentes y guerrilleros desarmados eran objeto de toda suerte de violaciones a los derechos humanos y, finalmente permitió la carnicería. Hasta el sol de hoy ha burlado con inigualable cinismo la acción de la justicia.
No hay que hacerse ilusiones con la justicia colombiana, a estas alturas es posible que nadie se las haga, pero si es doloroso que se siga jugando con los sentimientos y las expectativas de las víctimas y que aún no se hayan recuperado los cuerpos de los desaparecidos, y que el hijo de Ana Rosa Castiblanco (quien para ese momento tenía 8 meses de embarazo) no haya sido identificado, pues según Gamez Masuera fue robado por un militar y hoy el joven vive y estudia en Bogotá ignorando su real origen.
Los sobrevivientes del la extinta guerrilla M-19 tampoco han asumido el deber moral de exigir que se conozca la verdad sobre estos hechos, ni ha denunciado con la suficiente vehemencia, con evidencias en mano, como sus militantes fueron ejecutados y desaparecidos y como sus restos se convirtieron en material de estudio de universitarios, se violó la cadena de custodia de los mismos, y no fueron entregados oportunamente a sus familiares.
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