Por MM
Con enorme expectativas se inició el pasado jueves 16 de junio, la audiencia de versión libre del ex presidente Álvaro Uribe en la Comisión de Acusaciones e Investigaciones de la Cámara de Representantes. La transmisión en directo por las cadenas nacionales e internacionales y redes sociales como facebook o twitter, fue seguida con máxima atención por miles de ciudadanos en varios países. Sin embargo, el evento duró poco; menos de dos horas después de haberse iniciado, fue abruptamente aplazada. ¿Por qué razón?
Uribe llegó muy puntual al recinto acompañado por su esposa Lina Moreno y uno de sus hijos, los ex ministros Fabio Valencia Cossio, Diego Palacio, Óscar Iván Zuluaga, los senadores Roy Barreras, Juan Carlos Vélez Uribe y Juan Lozano (presidente de La U), el ex embajador Carlos Moreno de Caro, y los abogados defensores, Jaime Lombana y Jaime Granados. Inexplicablemente los “invitados” del ex presidente pudieron instalarse en el recinto sin inconveniente alguno, mientras que los acompañantes de las víctimas fueron enviados a las barras.
Faltando trece minutos para las tres de la tarde, con un retraso de 17 minutos empezó la Audiencia con las palabras protocolarias del polémico representante Yahir Acuña, quien declaró que por un gesto de cordialidad se había permitido el ingreso de personas ajenas a la Comisión y al círculo del ex mandatario al recinto. Vaya descaro el de estos representantes. Cómo si fuera posible dar inicio a un proceso de enorme relevancia nacional contra quien fuera uno de los jefes de Estado más cuestionados en la reciente historia del país por su oprobioso mandato, salpicado de toda clase de irregularidades y de actos de corrupción, a espaldas de la nación y de las víctimas; cómo si el sagrado deber de informar a los ciudadanos y de permitir su pleno derecho a ejercer control político, principio esencial de una democracia participativa, sobre el desempeño de sus altos “dignatarios” tuviera que ser entendido como un gesto de generosidad de quienes fueron elegidos para representar a los ciudadanos.
El Abogado Jaime Lombana, defensor del ex presidente Uribe, empezó la audiencia cuestionando la actuación del representante de la ex senadora Piedad Córdoba, el abogado Luís Guillermo Pérez, quien horas antes a través de un memorial, había solicitado que dos de los tres miembros de la Comisión de Acusación, se declararan impedidos para participar en la Audiencia, pues de lo contrario serían recusados. El abogado Lombana pidió que se compulsaran copias para que se examinara lo que calificó como un comportamiento disciplinario. “En mi sentir, no hay recusación, lo que hay es un interés de no permitir que un inocente se defienda” concluyó.
Los abogados defensores de derechos humanos en representación de 64 víctimas reconocidas oficialmente por la Fiscalía General de la Nación, aguardaron con paciencia las interpelaciones del abogado, hasta que finalmente se le concedió el uso de la palabra al representante de la Ex Senadora Piedad Córdoba, Luís Guillermo Pérez, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y Secretario General de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), a fin de qué explicara el memorial por él radicado.
Pérez inició su intervención narrando las dificultades que habían tenido que sortear para poder asistir a la Audiencia. “Desde el mes de noviembre del año anterior, hemos intentado que se nos reconozcan nuestros derechos como víctimas en este procedimiento. Y no nos ha sido fácil ni fue fácil tampoco lograr que esta audiencia fuera pública porque entonces ustedes me cerraron la puerta en la nariz, como se le cerró la puerta a la senadora Piedad Córdoba y se nos dijo no tienen derecho a entrar, pero además se nos dijo no tienen derecho a constituirse ni siquiera como víctimas en este procedimiento. Y nos dijeron que este procedimiento se adelantaba bajo el carácter de secretividad. Entonces frente a eso, tuvimos que acudir en tutela al Tribunal Superior de Bogotá, que decidió recordarles a ustedes, señores representantes, que hay una norma procedimental penal que obliga desde un comienzo a que cualquier instrucción, ya se encuentre en etapa preliminar o no, que se surta contra un presidente o ex presidente de la República, en relación con hechos que se refieran al ejercicio de su mandato presidencial y que podría constituir crímenes internacionales o hechos criminales, (cuente con la participación de las víctimas y la ciudadanía) […] El pueblo colombiano tiene derecho a ejercer control político no solamente sobre aquella gestión que haya adelantado el máximo mandatario de la nación sino también […] sobre la gestión que ustedes constitucionalmente están obligados a cumplir como operadores judiciales con relación al principal aforado de la nación. Dicho lo anterior nos vimos abocados a presentar una segunda tutela porque no se nos reconocía el derecho a estar acá representados como víctimas”. En sentencia confirmada por la Corte Suprema de Justicia se aceptó la petición de que fueran reconocidos como víctimas y representantes de las víctimas dentro de este proceso.
El abogado Pérez también recordó que en el mismo pronunciamiento, el Tribunal Superior de Bogotá solicitó se investigara disciplinariamente a los miembros de la Comisión de Acusaciones por los hechos irregulares denunciados por las víctimas y sus representantes, y concedió tres días para que se pronunciaran al respecto. “Han pasado tres semanas sin que la comisión cumpla con ese mandato constitucional” señaló. También recordó que el representante Bocanegra renunció públicamente argumentando que lo hacía porque sus colegas de la Comisión le impedían reconocer los derechos de las víctimas. “Esta denuncia pública […] nos permitió presentar denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia, por un posible prevaricato por omisión en relación con los miembros de la Comisión de Acusaciones e Investigaciones de la Cámara de Representantes”
Las víctimas presentes en la Audiencia le estaban reclamando a Uribe el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, pero fundamentalmente, estaban demandando garantías de no repetición de los hechos de enorme gravedad que fueron denunciados ante la Comisión, como crímenes de lesa humanidad.
El derecho a la verdad, consagrado en la Carta Política de Colombia, es un derecho que hace parte del bloque de constitucionalidad, señaló Pérez, y en él se reconoce el pleno derecho de las victimas a participar en todas las instancias procesales, sobre lo cual ya existe reiterada jurisprudencia y pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional. En aras de ese derecho, el abogado Pérez, dijo que pedían interrogar al ex presidente Uribe. “En el sentido de que queremos contribuir, también a través de nuestras preguntas a la propia defensa técnica del ex presidente Uribe Vélez. Y lo decimos con fundamento de causa, señor representante, porque participamos como víctimas en las más de quince investigaciones que se han abierto en los distintos procesos, y donde nosotros, desde noviembre pasado, solicitamos que se trasladaran las respectivas copias de la Fiscalía General y los Juzgados especializados o penales del circuito, para que obrando en estas diligencias, la defensa técnica pueda ejercer con todas las garantías el derecho que le corresponde al señor Álvaro Uribe Vélez de poder responder frente a esas distintas imputaciones que allí aparecen y que implican ya el reconocimiento en sentencias penales, de un concierto para delinquir agravado entre la dirección del DAS y miembros de la Casa de Nariño”
Finalmente, después de ser interrumpido en su declaración Pérez declaró que en concreto lo que se estaba pidiendo era que se les permitiera el derecho a interrogar. Asimismo, considerando que ya dos representantes de la Comisión, Heriberto Escobar y Yahir Acuña, se habían pronunciado públicamente al respecto negando ese derecho, estos debían declararse impedidos; pues de no hacerlo se procedería a la recusación respectiva.
De inmediato el representante Acuña, solicitó que se suspendiera la audiencia por diez minutos para tomar decisiones. Luego pidió que la Comisión se reuniera para discutir lo relacionado con las recusaciones, lo cual no fue posible porque no había quórum, pues siete de los representantes de la Comisión de Acusaciones no acudieron al Congreso, cuatro de ellos al parecer estaban fuera del país, otro en la cárcel y los otros dos, sin explicación conocida, optaron por ausentarse. De cualquier modo, ninguna excusa, salvo una certificación médica que impidiera la movilidad, es aceptable para justificar su inasistencia a un evento de tanta trascendencia para el país. Esta ausencia debería ser objeto de suspensión inmediata.
Una vez reanudada la audiencia, y tras escucharse la breve pero contundente intervención de la abogada Sandra Gamboa, representante del periodista Hollman Morris y otros, en la que declaró que al ser ellos algunos de los que denunciaron al señor ex presidente Álvaro Uribe, son los más interesados en que se desarrolle un procedimiento de su responsabilidad penal sobre los crímenes denunciados. “No podemos aceptar como víctimas, y menos como abogados y abogadas defensores de derechos humanos que este proceso, que esperamos termine en una sanción ejemplar, no sea conducido de conformidad con un debido proceso. […] los hechos señalan la existencia de crímenes de lesa humanidad”. Según la abogada, el caso requería de la participación activa de las víctimas con las limitaciones que exige la ley pero que también emergen del bloque de constitucionalidad. Acto seguido, el presidente Uribe tomó la palabra, y tergiversando lo dicho por la abogada afirmó cosas que ella no había dicho. Su estrategia fue posicionarse como víctima. Ello era previsible en razón de su solicitud enviada horas antes de la Audiencia a la Sala Penal en la que solicitaba ser reconocido como víctima en la indagación contra la ex senadora Piedad Córdoba, pese a que este proceso se encuentra en fase previa, no formal. "Queremos confirmar si en los computadores de "Mono Jojoy" hay referencia de los vínculos no sólo entre Piedad Córdoba y las Farc, sino una referencia específica a las amenazas de muerte contra Álvaro Uribe", insistió el abogado Jaime Granados horas antes de la Audiencia[1].
“¿Qué ha pasado aquí hasta este momento?- preguntó el ex presidente Uribe en la Audiencia- Acabamos de oír a la señora abogada acusándome de asesino, pidiendo sanciones ejemplares en mi contra, en un proceso que como usted ha dicho lo escucha el país y el mundo. Ya produjo su efecto, es la continuación de una larga cadena de infamias a quien dirigió en este país la recuperación de la seguridad. Ellos vivieron los ocho años de mi gobierno, rodeados de garantías; criticaron y difamaron al gobierno, pero vivieron rodeados de garantías. ¿Cuáles son hoy mis garantías?”
El abogado Lombana, declaró con asombro, que se estaba manipulando la acción de la justicia; y luego de exigir el respeto a los derechos constitucionales de su cliente, como el derecho a la defensa, remató con una perlita que será difícil de olvidar: “La única victima de toda esta tramoya se llama Álvaro Uribe Vélez”. El recinto casi estalla de indignación.
Uribe retomó de nuevo la palabra para decir que ante “esa grave e infamante acusación, yo pregunto, ¿por qué a mí no se me puede escuchar?”. Luego recordó que él fue quien pidió que la audiencia fuera pública. Además argumentó que no ha llamado a ningún congresista de la Comisión de Acusaciones. No obstante, admitió que si había llamado a Alfredo Bocanegra pero “no a hablar de procesos, sino porque él dijo que no iba a ser el Heyne Mogollón de mi Gobierno. Lo único que pido después de sufrir una larga infamia, cuando los difamadores no han tenido límites y han aprovechado la cobertura de medios, lo único que pido es que se me deje defender (sic)”[2].
El procurador delegado Jorge González Vásquez consideró que antes de iniciar la versión libre, la Comisión de Acusaciones tenía que resolver la recusación. La mesa directiva de la Comisión de Acusaciones pidió entonces un receso de media hora para deliberar sobre las recusaciones instauradas por los representantes de las víctimas.
Una vez se reanudó la diligencia, el representante Acuña dijo que "la abogada Sandra Gamboa se le había acercado con la voz entrecortada para decirle que ella no señaló al ex presidente Uribe de asesino'. Según Acuña, ella le pidió garantías para su seguridad"[3]. Nuevamente Uribe pidió la palabra. "Esta ha sido una costumbre. Me difaman. Hoy me acusan de violador de los derechos humanos cuando yo fui el que defendí a los defensores de derechos humanos y a la asociación sindical. Hoy se han lucido ante el mundo aprovechando toda la cobertura publicitaria que se quiso darle a este evento", dijo Uribe.
Finalmente el representante Heriberto Escobar confirmó que el 20 de julio se reprogramarán las diligencias de esta investigación, cuando regresen de vacaciones. Si la Comisión de Acusaciones acepta la recusación presentada por los abogados de las víctimas contra dos de los investigadores, tendrá que elegirse a otros dos representantes para que asuman este delicado proceso. Sin embargo, lo más seguro es que la recusación sea rechazada y el proceso siga su curso, es decir que quizás en dos o tres meses, se cite a nueva audiencia, Uribe entonces rendirá versión libre durante el tiempo que guste; y una vez se acepte su declaración y se le imputan cargos, si es que sucede, la Comisión votara, y el proceso pasara a plenaria de la Cámara.
Concluida la audiencia Uribe salió caminando del Capitolio por la carrera séptima seguido por dos grupos de ciudadanos; los que lo apoyaban y le ofrecían respaldo incondicional, y los que le gritaban asesino paramilitar. En la calle 26 se subió a su carro. Esta caminata fue interpretada por algunos como un acto de populismo que tiene relación con sus pretensiones políticas.
Resultado de la Audiencia
El ex presidente, quien había llegado con una gruesa carpeta, listo para rendir su versión sobre el caso de las interceptaciones telefónicas ilegales, ordenadas bajo su gobierno, no pudo declarar. Luego afirmaría que una estrategia usada en su contra era enmudecerlo, mientras que sus alfiles, declaraban con tono enérgico ante los medios de comunicación, que el trato dado al ex presidente había sido irrespetuoso y nada acorde con su investidura. En sus mensajes difundidos por Twitter el ex presidente Uribe expresó su malestar así: “Acusan y no permiten que yo hable”; “Mis difamadores no han tenido límites, su truco es enmudecerme”; “Nuestra seguridad democrática recuperó la conciencia de respeto a los derechos humanos”; “He procedido con Patriotismo, por eso doy la cara a toda infamia”.
Según el senador Roy Barreras, fueron las maniobras dilatorias y leguleyadas empleadas por los representantes de las víctimas, las que impidieron que el ex presidente Uribe pudiera declarar. En el programa radial Hora 20, Barreras declaró que se había violado el derecho a la defensa y a la libertad de expresión; pues según sostuvo, en audiencias libres no se permite que las víctimas interroguen. También acusó al abogado Luís Guillermo Pérez de querer hacer de la audiencia un circo, y dijo además que los cinco “pelagatos” que se dicen defensores libertad y de la expresión impidieron la expresión del ex presidente. Asimismo arremetió contra el representante Acuña por haber “oficiado como mensajero de la infamia”, al transmitir los temores de la abogada Sandra Gamboa. “Sus contradictores lo atacan todos los días y cuando él quiere hablar no lo dejan”, dijo refiriéndose al obligado silencio que tuvo que guardar el ex presidente Uribe mientras se intentaba resolver el tema de la recusación. Para Barreras, la intención de los abogados que representaban a las víctimas de sabotear el proceso obedece a que sueñan con llevar el caso ante la Corte Penal Internacional. “Esa es la trampa; […] querían impedir que (Uribe) se defienda para llevarlo al escenario internacional, pero a la CPI eso le parece delirante”
Para el político Juan Gabriel Uribe lo presenciado en la Comisión de Acusaciones fue una vergüenza. “Un zafarrancho -según dijo- deberían cerrar esa Comisión de Acusaciones. “Es una entidad que no sirve, que no es seria, que no funciona, que no tiene la majestad de la justicia. […]Por un lado como por el otro lado, es decir lo que faltó fue juez. No tenían idea de lo que estaban hablando, no tenían ni idea de lo que es la recusación, no tenían idea de nada. […] Siete parlamentarios no fueron dizque por estar viajando; es una sinvergüencería. Eso deberían cerrarlo, estoy francamente indignado, me parece una cuestión de quinta. No porque no debiera existir esa institución sino porque debería cambiarse eso, y que el presidente pasara a ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia, no pasar por ahí, por unos señores que son el bagazo del Congreso”[4]
La Comisión de Absoluciones
La evidente falta de garantías que ofrece una Comisión de Investigaciones integrada en inmensa mayoría por miembros del uribismo, debe replantear seriamente su legitimidad. Conocida popularmente como la Comisión de absoluciones, esta Comisión se ha caracterizado por oficiar más política que jurídicamente, procurando proteger a quienes debe investigar y sancionar; como ha quedado demostrado en sus diferentes fallos, como en el caso de los ex presidentes Ernesto Samper y Belisario Betancur, para hacer referencia sólo a dos casos relativamente recientes.
¿Qué garantías de imparcialidad puede ofrecer una comisión cuando 11 de sus 15 miembros son uribistas y no se admitió la participación de ningún representante de la oposición? ¿Qué garantías pueden ofrecer los tres representantes elegidos para investigar al ex presidente Uribe, cuando uno de ellos es representante del PIN, otro de Apertura Liberal, y el último, el controvertido Yahir Acuña, quien posa de representante de las comunidades afrodescendientes, ha sido cercano a la mafia de la “Gata” en Sucre, uno de los departamentos más golpeados y manoseados por los grupos paramilitares? Además, la periodista Salud Hernández afirmó en Hora 20 que alias “Diego Vecino” había declarado que Acuña fue utilizado para infiltrar la Universidad de Sucre.
Considerando los antecedentes de esta Comisión, el pobre prestigio del que goza, la histórica ausencia de independencia por parte de sus miembros frente al poder ejecutivo y en particular la arbitraria y excluyente conformación de la actual Comisión, su existencia no tiene ningún sentido; es más se constituye en una afrenta a la Constitución Política de Colombia, a la democracia y a la misma sociedad.
La derogación de esta Comisión debe quedar incorporada como tema prioritario en el proyecto de reforma de la justicia. Y eso parece entenderlo el gobierno. “Somos conscientes de que la comisión debe ser reformada […] actualmente hay 1.100 expedientes que están pendientes de instrucción en esa comisión”, aseguró el Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, después del aplazamiento de la audiencia de versión libre.[5]
Para voceros de la oposición política, la Comisión no puede operar como le corresponde debido a su conformación. Según declaraciones rendidas por el senador por el PDA, Jorge Enrique Robledo, a finales del 2010, “la Comisión de acusaciones no funciona debido a los intereses políticos que hay actualmente”[6]. Para al representante a la Cámara, Iván Cepeda, según declaraciones dadas a la prensa cuando la bancada de Unidad Nacional del gobierno del presidente electo Juan Manuel Santos decidió excluir a la única fuerza de oposición de esta Comisión: “La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes no ha sido un órgano independiente y tememos que, por su conformación, no realice las investigaciones transparentes que lleguen a esclarecer hechos que han sido responsabilidad del presidente de la República o de otros altos funcionarios del Estado”, concluyó.
“Los juicios ante el Senado (léase Congreso, Cámara de Representantes, Comisión de Acusaciones) se convierten por regla general en procesos de índole política donde los amigos absuelven y los enemigos condenan sin otra fórmula que la consigna del partido”.
Ex presidente de Colombia, Carlos E. Restrepo (12 de septiembre de 1867 -6 de julio de 1937)
[1] El Tiempo; “'Uribe fue amenazado por las Farc esta semana': Jaime Granados”; Bogotá, junio 16 de 2011
[2] Revista Semana; “Minuto a minuto: versión libre del ex presidente Uribe acerca del caso de las ‘chuzadas”. Bogotá, junio 16 de 2011
[3] Ídem
[4] Radio Caracol; Hora 20. Bogotá, junio 16 de 2011.
[5] El Espectador; “Gobierno anuncia 'revolcón' en comisión de Acusación”. Bogotá, junio 17 de 2011
[6] La W Radio; Bogotá, Octubre 17 de 2010. Ver en: http://www.wradio.com.co/oir.aspx?id=1372532
Artículo publicado en el Semanario Caja de Herramientas
sábado, 18 de junio de 2011
domingo, 5 de junio de 2011
Un presunto parapolítico investigara a Uribe en la Comisión de Acusaciones
(Foto de El Tiempo)
No existen garantías de imparcialidad en el proceso que se sigue ante la Comisión de Acusaciones contra el ex presidente Uribe por las “chuzadas”
Lamentable elección para reemplazar al representante Camilo Andrés Abril
El primero en excluirse de la investigación que adelanta la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez por las interceptaciones ilegales adelantados por el DAS, fue el parlamentario de la U, Augusto Posada, quien a finales del 2010 fuera recusado por la senadora Piedad Córdoba, parte civil del proceso, porque éste la había demandado por traición a la patria, y por su ya conocida cercanía con el ex mandatario. Posada entonces, se declaró impedido y se apartó del caso . En abril del presente año, fue el representante, Alfredo Bocanegra, también del partido de la U y coordinador de la investigación, quien de manera sorpresiva declaró ante los medios que “Uribe no encontrará el Heine Mogollón que Samper sí”. Luego en un artículo publicado en Semana.com, Bocanegra, según el abogado defensor de Uribe, Jaime Lombana, desafío al ex presidente cuando dijo: “Para un paisa berraco, aquí hay un tolimense más bravo”.
El abogado de Uribe tramitó entonces ante la secretaría de la Comisión de Acusaciones una recusación contra el representante Alfredo Bocanegra, afirmando que sus declaraciones comprometían seriamente su imparcialidad e independencia. Bocanegra tuvo que abandonar el proceso. La semana pasada, un tercer investigador, Camilo Andrés Abril, representante por el departamento de Casanare por el partido Cambio Radical, renunció a la investigación luego de denunciar amenazas en su contra. Una semana después de su renuncia, tres congresistas, dos de ellos del departamento de Sucre, se ofrecieron para sustituirlo. Fueron los representantes Yahir Acuña, ex miembro del PIN y señalado de tener estrechos vínculos paramilitares, Héctor Vergara del Partido de la U, actual presidente de la Comisión de Acusaciones, quien es investigado por fraude, falsedad en documento público, inhabilidad e injuria y el liberal, Orlando Velandia. El historial de estos personajes, en especial de los dos primeros, sumado a la exclusión de parlamentarios de partidos de oposición dentro de la Comisión y la investigación, llevan a pensar que el objetivo de este proceso contra el ex presidente Uribe, no es lograr justicia, sino por el contrario, impedirla.
El elegido entre los tres postulados para asumir esta histórica responsabilidad, fue el representante Yahir Acuña
Yahir Acuña y sus vínculos paramilitares
Yahir Acuña, egresado como Ingeniero Civil de la Universidad de Sucre , fue la sorpresa en las pasadas elecciones legislativas. Con apenas 30 años y una débil trayectoria política logró ser elegido como representante por el departamento de Sucre con 40 mil –inexplicables- votos, lo que le permitió hacerse a una de las dos curules reservadas para las negritudes.
Acuña, una figura cuya labor con comunidades afros es poco conocida, se inscribió a última hora por Afrovides (Asociación de Afrocolombianos para la Vivienda, Deporte, Educación y Salud), dejando de lado su candidatura por el PIN.
En tan solo 5 años de carrera pública, Acuña Cardales ha pasado por el Concejo de Sincelejo y por la Asamblea Departamental de Sucre, siendo repetidamente relacionado con personajes de la cuestionada clase dirigente regional, por cuenta de la llamada Parapolítica.
El 6 de febrero de 2010, en la sección justicia, el diario El Tiempo publicó una nota titulada “Informe de inteligencia de la armada salpica a fórmula para la Cámara del hijo de 'La Gata'”. Allí se afirmó que la candidatura de Yahir Acuña, el ex concejal y ex diputado de Sucre, podría enredarse por cuenta del escándalo de la parapolítica. Pero no fue así. ¿Por qué no?, es una pregunta que tendrán que responder las respectivas autoridades.
Acuña, quien había sido elegido por Héctor Julio Alfonso López, el 'delfín' de la empresaria del chance Enilce López para su regreso al Congreso como candidato por el controvertido Partido de Integración Nacional, PIN, que aglutinó fuerzas de Convergencia Ciudadana y Apertura Liberal, partidos duramente golpeados por las investigaciones de la infiltración 'para' en el Congreso , después de tres años de retiro, apareció mencionado en documentos de Inteligencia de la Armada como parte de la 'estructura política' de los paramilitares en ese departamento de la costa Caribe.
De concejal de Sincelejo, pasó a convertirse en diputado de la Asamblea de Sucre, donde causó enorme polémica su férrea defensa de 'La Gata', quien es considerada su madrina política. “Incluso, sostuvo una dura discusión con el Comandante de la Policía en el departamento por el desarme del aparato de seguridad de las empresas de Enilce López, que la Supervigilancia declaró ilegal. En el 2003, la Armada empezó a golpear las estructuras ilegales de Rodrigo Mercado Peluffo, alias 'Cadena'. Tras varios meses de seguimientos y allanamientos a fincas utilizadas por los 'paras', esa fuerza entregó una serie de reportes que fueron la base, tres años después, para el arranque formal de las investigaciones por la parapolítica. Acuña es mencionado en un informe oficial al lado de dirigentes sucreños (vinculados al mismo escándalo) como Muriel Benito Revollo, Salvador Arana, Jorge Luis Feris, Nelson Stanp y Álvaro García Romero, sindicado […] como supuesto apoyo político del Bloque 'Héroes de los Montes de María'” . Todos ellos, salvo Acuña, se ignora la razón, fueron procesados. El ex gobernador de Sucre, Salvador Arana, al parecer muy cercano a Acuña, fue nombrado por Álvaro Uribe como embajador de Colombia en Chile, cargo al que tuvo que renunciar, para convertirse durante 560 días en prófugo de la justicia, hasta que finalmente fue capturado en Santa Marta en un lujoso apartamento en el sector de El Rodadero, y condenado a 40 años de prisión por el asesinato del alcalde de El Roble, Eudaldo León Díaz Salgado, cometido por alias 'Cadena'. En el mismo documento, que se basó en el famoso computador del jefe paramilitar 'Juancho Dique', se hacen graves señalamientos contra la 'Gata', contra el cuestionado empresario de Cartagena Alfonso 'El Turco Hilsaca' y varios ex mandatarios de la Costa.
La estrecha relación de Acuña con Héctor Julio Alonso López, hijo de alias la “gata” (elegido como representante a la Cámara por el controvertido Partido Apertura Liberal en el 2006) hizo suponer que resultaría electo en las pasadas elecciones como cuota de la poderosa familia López; sin embargo, a último momento Acuña se apartó del PIN y pasó, de la nada, a convertirse en representante de las negritudes, aunque su nombre cause enorme malestar justamente, entre los pueblos que él dice representar.
El PIN fue su hogar, un partido que ha sido señalado en los reportes de la MOE (Misión de Observación Electoral) por sospecha de compra de votos y que se ha configurado en trampolín político para los familiares de los parapolíticos, y como supuesto garante del control político que éstos han ejercido en el Congreso de la República y en otras corporaciones públicas.
“Lo cierto es que rompiendo cualquier pronóstico esperado para la disputa por las dos curules reservadas para las “minorías” afrodescendientes, los cerca de 40.000 sufragios obtenidos en su departamento son el pilar de los más de 45.000 que le permitieron barrer en la Circunscripción Especial. Acuña y López (quien obtuvo 70.000 votos) celebraron así su escaño en el Congreso”.
Amistades peligrosas
Salvador Arana: Uno de los controvertidos amigos del Acuña fue el ex gobernador de Sucre, Salvador Arana, quien fue el padrino de bautizo de uno de sus hijos y hoy está preso acusado de varios crímenes. Entre ellos el asesinato del acalde de El Roble, Eudaldo León Díaz. En su falló la Fiscalía afirmó que “en las variadas reuniones que sostenía el Gobernador con los paramilitares se impartieron órdenes en torno a lo que debía ser el juego de poderes: asumió qué se debía eliminar y con ello retirar de manera definitiva a quien denunciaba la inconformidad con el manejo de lo público, mientras que Mercado Peluffo sentenció que el Alcalde señalado debía ser eliminado previa su desaparición, suceso final para el cual se esperaba que Arana diera la orden y Peluffo actuara”.
En marzo de 2003, en un consejo comunitario realizado en Corozal, Sucre, el alcalde Eudaldo León Díaz tuvo el coraje de pararse frente al presidente Álvaro Uribe y decirle, "Presidente, a mí me van a matar". “Díaz era militante del Polo Democrático y uno de los pocos políticos sucreños que hasta ese momento seguían con vida, a pesar de oponerse a ser manejado por los paramilitares. Poco después, el 5 de abril de ese año, desapareció. A los cinco días fue encontrado su cuerpo sin vida en una de las salidas de Sincelejo. […]Antes de que todo esto ocurriera, Eudaldo Díaz les había advertido a sus familiares que si algo le pasaba, el responsable era Salvador Arana, a quien el Alcalde había denunciado como el más corrupto dentro de la administración del departamento” .
Las Fiscalía llamó a indagatoria al ex gobernador y le dictó medida de aseguramiento por los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado. La Fiscalía lo acusa de ser el "determinador" del crimen. Versiones de varios testigos lo incriminaron. "Miembros de grupos paramilitares del departamento manifiestan haber escuchado cuando se decía que Salvador Arana suministró los recursos económicos para que el comandante paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo diera muerte al Alcalde"
La sombra oscura de los García en Sucre
Otros cuestionado personaje, de la incipiente y oscura vida política del departamento de Sucre, cercano a Acuña, según el mismo lo confirmó cuando en plena campaña electoral como candidato del PIN, reconoció estar en conversaciones con la candidata al Senado, Teresita García, hermana del también ex Senador, Álvaro García Romero, quien fuera señalado de financiar al grupo paramilitar de “Cadena”, y condenado por concierto para delinquir agravado y como autor intelectual de la masacre de Macayepo, Bolívar, ocurrida el 14 o el 16 de octubre de 2000, cuando miembros del bloque Héroes de los Montes de María de las AUC, asesinaron a 15 campesinos a punta de garrote, machete y piedras.
La grabación de una conversación realizada entre el parlamentario García Romero y el hacendado Joaquín García, quien fuera investigado por paramilitarismo, el 6 de octubre de 2000, fue una de las pruebas que encontró la Fiscalía para condenar a García Romero. “En ella el hacendado habla con García de conseguir el apoyo del gobernador de Sucre para movilizar a un grupo armado en las localidades de El Aguacate y Pajonalito y habla de que ese hecho ocurriría en 10 días, a los diez días de realizarse la grabación se ejecutó la masacre en Macayepo, (corregimiento vecino) […] de las localidades mencionadas” García Romero también fue señalado de ser el presunto responsable del homicidio de una líder de San Onofre, Sucre en 1997.
Sobre el ganadero sucreño Joaquín García, un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó, en febrero de 2011, la resolución acusatoria en su contra por la masacre de Macayepo.
Oportunista candidatura por las minorías
Después de rodar por varios partidos políticos, todos, curiosamente ligados a la parapolítica, de llegar a la Asamblea Departamental como miembro de Apertura Liberal, de pasar por el PIN y anunciar su candidatura por este partido y denunciar ser víctima de una persecución que incluso ponía en grave riesgo su “seguridad personal”, Acuña resolvió, para concretar sus aspiraciones políticas, postularse a la Cámara dentro de la Circunscripción Especial por Negritudes. “En declaraciones a RCN Radio en Sincelejo, advertía que “aunque poco conocido era su trabajo explícitamente con afros”, él podía acreditar más de 10 años laborando con esta causa. Todo indica que acreditar una candidatura por la Circunscripción Especial por Negritudes ha resultado ser un buen atajo para llegar al Congreso”
Acuña finalmente, fue el representante escogido para investigar en la Comisión de Acusaciones al ex presidente Uribe. Una vez fue designado en el caso, afirmó ante los medios de comunicación: “Si el ex presidente Uribe eventualmente tiene algún tipo de responsabilidad no nos va a temblar la mano para llevar la investigación hasta las últimas (consecuencias) en el marco de la ley”, aseguró. Sin embargo, aclaró que si eventualmente Uribe es inocente “tampoco nos van a temblar para tomar las decisiones que nos toque”. No es difícil adivinar cuál será su posición y menos aún cuál será el desenlace de las investigaciones.
La elección de Acuña, pone en tela de juicio la idoneidad de los representantes que investigan al ex mandatario, sin embargo, los demás candidatos que se postularon para suceder al representante Camilo Andrés Abril, tampoco ofrecían mayores garantías.
Héctor Vergara: un caso crítico y preocupante
Héctor Vergara, elegido como representante a la cámara por el Partido de la U con 39.481 votos, en las pasadas elecciones del 14 de marzo de 2010, tiene un prontuario de denuncias en su contra, que hacen difícil entender cómo fue designado presidente de la Comisión de Acusaciones y cómo es que aún sigue legislando.
A finales del 2010, Vergara fue denunciado penalmente ante la Corte Suprema de Justicia por uno de sus empleados, quien lo acusó de exigirles dinero de sus honorarios a los trabajadores que integraban la nómina de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), a cambio del nombramiento. Buena parte de esta denuncia que es grave e indignante, fue publicada por el diario El Universal de Sincelejo.
En un aparte de la publicación, se afirma que el denunciante asegura que el representante le “ordenó a su secretaria quitarle la tarjeta débito del banco BBVA, y que empezó a acosar a su hijo quien trabaja como vigilante en la empresa Vimarco que es gerenciada en la actualidad por (el hermano gemelo del parlamentario), Alberto Vergara Sierra. Luego señala que “de todo el personal incluido en la nómina UTL del representante Vergara Sierra solamente laboran dos personas, que son la secretaria y él; las demás tienen trabajo en Sincelejo y hay otra persona que estudia. Asimismo, relacionó los nombres que conforman la nómina de la UTL de Vergara Sierra en la que se encuentran: Pedro Antonio Paternina Gulfo como Asesor I, hijo del Alcalde de Sincelejo, y quien recibe mensualmente $4.230.000; Leopoldo Antonio Sarabia Beleño, como Asistente V, yerno del Alcalde de Sincelejo, con un sueldo de $3.605.000; Mauricio Andrés Hernández Ibañez, Asistente II, con $2.060.000; Leidis Paola Mendoza Sierra, Asistente II, con $4.635.000; Isabel Cristina Márquez González, como asistente V, con sueldo de $3.605.000, estas dos últimas, según el denunciante, laboran en la empresa Vimarco; y Lucía Etel Díaz Martínez, Asesor I, con $4.230.000”
No es el único proceso que ha debido enfrentar el representante sucreño, Héctor Vergara Sierra. También la Corte lo investiga por presunta falsedad en documento, inhabilidad e injuria.
FALSO DIPLOMA PROFESIONAL
El representante a la Cámara por el partido de la U, Héctor Vergara Sierra, al parecer mostró en su hoja de vida, una certificación que lo acredita como administrador de empresas, egresado de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla.
Según un certificado expedido por la Secretaría General de dicha Universidad para dar respuesta a un derecho de petición presentado por un medio de comunicación, Vergara Sierra no es egresado de esa Institución. De acuerdo con los diplomas que adiciona a su hoja de vida, el actual Presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes primero fue profesional y después técnico en Administración de Empresas.
“La Secretaría General de la Universidad Simón Bolívar también informa que Héctor Vergara Sierra ingresó a la Universidad Simón Bolívar - Extensión Sincelejo (Corposucre), en séptimo semestre y de acuerdo a los controles realizados por la oficina de Registro y Control de esa Institución, los certificados aportados por Vergara Sierra fueron negados en su totalidad por parte de la Corporación Universitaria del Caribe (Cecar), institución de educación superior de Sincelejo que supuestamente los había expedido”.
Al ser nombrado Gerente Regional de Telecom – Sincelejo, Vergara Sierra anexó a su hoja de vida el diploma de Administrador de Empresas expedido por La Corporación para el Desarrollo Simón Bolívar el día 28 de enero de 2002. No obstante, en la hoja de vida que presentó al Partido de la U, para obtener el aval y aspirar a la Cámara de Representantes, Vergara Sierra anexó sólo las copias de un diploma expedido por el Instituto de Administración y Finanzas de Cartagena (Iafic) como Técnico en Administración de Empresas el 30 de abril de 2002, y de otro como Administrador de Empresas de la (Unad)
La Corte Suprema de Justicia requirió a la Fiscalía 16 Seccional de Sincelejo, el proceso que por falsedad y fraude procesal lleva contra el presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. En la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación se afirma que Vergara Sierra falsificó el diploma para posesionarse como gerente engañando al Presidente de la Empresa y hacerlo incurrir en un error.
“En el año 2004 la Procuraduría Regional de Sucre archivó una investigación por estos mismos hechos por considerar que el denunciante no tenía la credibilidad suficiente, pues la misma se hizo a través de un anónimo. Vergara Sierra abría aportado documentos en los que sustenta su título profesional como administrador de empresas, el cual era requisito indispensable para asumir el cargo de gerente de la entonces empresa colombiana de telecomunicaciones Telecom. El Universal conoció que el diploma del que se hace referencia en la denuncia habría sido expedido en el 2002 por la Universidad Simón Bolívar extensión Sincelejo. No obstante, tras una indagación se logró establecer que la mencionada universidad para la época no tenía sede o extensión en Sincelejo”
Vergara es investigado por la Corte Suprema de Justicia mediante auto del 29 de septiembre de 2010, radicado 34.757, y se le imputan los presuntos delitos de falsedad en documento, uso de documento público falso como medio de prueba y fraude procesal. El ponente de dicha investigación es el Magistrado Alfredo Quintero de la Sala Penal de la Corte.
Ahí no paran las denuncias contra Vergara Sierra.
Credencial demandada ante el Consejo de Estado
Según una demanda presentada contra el representante Vergara Sierra, éste se encontraba inhabilitado para inscribirse y resultar elegido como Representante a la Cámara por circunscripción electoral de Sucre, en las pasadas elecciones del 14 de marzo de 2010. “Mediante una acción pública de nulidad, Adrián David Cañate Mancera solicita a la alta Corte se declare la nulidad de la elección del Representante a la Cámara por Sucre por considerar que éste incurrió en faltas al Código Electoral que llevan a una flagrante inhabilidad. Ello en razón de que para la fecha de las elecciones, Vergara fungía como administrador de la Agencia Vimarco Servicios Generales Limitada, según certificado de existencia registrado en la Cámara de Comercio de Sincelejo”.
“En septiembre de 2009 la mencionada empresa suscribió un contrato con el Consejo Superior de la Judicatura para la prestación del servicio de aseo con destino a las torres A, B y C del Palacio de Justicia de Sincelejo y la sede donde funcionan los Juzgados Administrativos de Sucre, Palacio de Justicia de Corozal, Sincé, Sampués, San Marcos, Sucre, La Unión y las sedes de los Juzgados de Tolú, Majagual, Guaranda y San Onofre.
Lo anterior indica que Vergara Sierra no solamente participó en el proceso de selección abreviada, sino que también intervino en la etapa precontractual, contractual y postcontractual, incurriendo así en una gestión de negocios lo cual se configura en una inhabilidad de acuerdo con el Código Nacional Electoral.”
El tercer postulado para investigar a Uribe: Orlando Velandia Sepulveda.
Orlando Velandia, nacido en Samacá, Boyacá, es abogado egresado de la Universidad Libre, con máster en negocios en la Universidad de Phoenix – Arizona, y otras especializaciones; llegó al congreso como candidato por el Partido Liberal. Dada su formación académica y trayectoria, parecía ser, entre los tres postulados, el más indicado para asumir la investigación del presidente Uribe, pero también ha sido investigado por otros hechos y su posible cercanía con uribistas furibundos, como el ex presidente de Fedegan, José Félix Lafourie, tampoco garantizaba la debida imparcialidad en el proceso. Además de eso se rumora que hizo parte de Apertura Liberal, partido ligado a DMG ; rumor que no ha sido demostrado.
Investigado por la Procuraduría General
Cuando se desempeñaba como Subdirector de Gestión de Fiscalización Tributaria en la Unidad Administrativa Especial de la DIAN, el actual representante Velandia Sepúlveda, fue investigado por la Procuraduría General de la Nación. En el año 2009, el Ministerio Público abrió investigación disciplinaria por la posible intervención tardía de la Superfinanciera, la Supersociedades, la DIAN y la UIAF en la crisis de las pirámides (entre ellas DMG) que se presentó en el país entre los años 2006 y 2008. En ese momento se emprendieron investigaciones contra nueve funcionarios de la Superintendencia Financiera, tres de la Superintendencia de Sociedades, cinco de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y uno de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF), por “la presunta omisión del cumplimiento de sus funciones y posible intervención tardía en el ejercicio de las mismas en relación con la captación masiva de recursos del público.”
Recomendaciones
En el año 2002, el entonces Contralor General de la República (E.), José Félix Lafaurie Rivera, quien fuera presidente de Fedegan, envío una carta al Luis Francisco Boada Gomez, Secretario General (E.) del Senado de la República, en la que se disculpaba por no poder atender una citación de la Plenaria en la que Juan Manuel Ospina adelantaría un debate sobre la ley de regalías. En dicha carta recomendó al entonces Contralor Delegado del Sector Minas y Energía, Orlando Velandia Sepúlveda, para que asistiera a la sesión en representación de la Contraloría General de la República, argumentando que al ser su hermana, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, titular de la cartera de Minas y Energía, debía marginarse de estos temas. Esta recomendación, no obstante, no significa que sean amigos, ni siquiera conocidos, a los mejor sólo obedeció al cargo que Velandia desempeñaba, o quizás, a las buenas referencias que Lafaurie tenía sobre él; lo cierto es que no deja de ser un hecho llamativo.
El nombre de Lafaurie, ha estado durante años relacionado con paramilitarismo, aunque nunca se ha podido determinar la profundidad de dichos vínculos. Durante el discurso del inauguración del XXX Congreso Nacional de Ganaderos, en noviembre de 2006, el entonces presidente de Fedegan, declaró: “En el tema de los paramilitares, la responsabilidad colectiva de los ganaderos no es inferior a la de la sociedad entera y a la de el Estado, que por haber olvidado el campo y haberlo llevado a postración, polarizó por la fuerza a sus habitantes entre los dos extremos, la guerrilla y las autodefensas […]. Esta condición de víctimas y de sujetos pasivos del conflicto, no puede convertir a los ganaderos de Colombia en paramilitares”
Camilo González, director de Indepaz, afirmó que existen declaraciones firmadas por centenares de ganaderos de zonas como el Magdalena Medio, Córdoba y Urabá, que reconocen haber respaldado y financiado grupos paramilitares. “Hay algo que es alarmante: el actual presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, dijo que desde el gremio ganadero se auspició a los paramilitares y lo justifica como una medida de autodefensa. Por eso no es de extrañar que la Corte vincule en investigación a quien fue una de las figuras emblemáticas de Fedegán en el pasado”. […]En noviembre de 2006, Lafaurie declaró que si los jueces llaman a esos ganaderos, ellos tendrán que responder ante la sociedad. “El gremio tiene la valentía de asumir la responsabilidad de que en el pasado financió el movimiento paramilitar del país”.
Lafaurie también fue investigado por denuncias presentadas en su contra, según las cuales había mediado en el Congreso ante la representante Yidis Medina para que cambiara su voto por el proyecto de reelección presidencial inmediata. Sin embargo, en marzo del 2009, el procurador Alejandro Ordoñez lo absolvió a él y a un grupo de funcionarios entre los cuales estaban el ex Ministro del Interior Sabas Pretelt y al Ministro de Protección Social Diego Palacio . En el 2004, después de que la Procuraduría sancionara a Lafaurie por tráfico de influencias , tuvo que renunciar a su cargo en la Superintendencia, luego demandó esta decisión ante el Consejo de Estado, que respaldó la decisión de la Procuraduría, y su posterior acción de tutela contra la decisión adoptada por el Consejo ante la Corte Constitucional, también fue rechazada el pasado 12 de octubre, cuando la Corte respaldó al Consejo.
Lafaurie es conocido como un fiel seguidor de Álvaro Uribe, aunque ha militado en el Partido Conservador. “Desde Fedegán celebró cuando la Corte Constitucional permitió la reelección de Uribe en 2006, y también apoyó su reelección en el 2010. Ya que la Corte no permitió que el ex presidente se volviera a lanzar, Lafaurie pasó a trabajar en el comité de Seguridad y Defensa en la campaña presidencial de Andrés Felipe Arias.
Si bien es cierto que las recomendaciones o la cercanía, laboral o personal, con personajes dudosos de la vida nacional, no constituyen delito alguno, y nadie podría ser juzgado por ello, al menos no penalmente, si permite entender como el poder en Colombia se ha ido configurando alrededor de un proyecto político que desestima la legalidad, y en el que se han ido perfilando diversos personajes que tienen en común, la existencia, de por lo menos, serios interrogantes sobre su independencia frente a los actores y promotores del conflicto armado y la violencia en Colombia, responsables además, de graves violaciones a los derechos humanos.
La Comisión que investigara a Uribe
Finalmente la investigación por las 'chuzadas' que adelanta la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes, ha quedado en manos de José Rodolfo Pérez del controvertido partido Apertura Liberal, de Heriberto Escobar del aún más controvertido Partido de Integración Nacional, Pin y de Yahir Acuña, quien se proclama como representante de las negritudes, aunque fuertes y reconocidas organizaciones de estas comunidades, no lo reconocen de tal modo.
Una vez fue oficializada la designación de Acuña, el presidente de la comisión, Héctor Javier Vergara, señaló que con Acuña la investigación tendría garantías. Además, recordó que no pertenece a la mesa de unidad nacional (al menos no oficialmente).
La ausencia de representantes del único partido de oposición que existe en la actualidad, es decir del PDA, dentro de la Comisión y como investigadores del caso, debilita seriamente la imagen de transparencia e imparcialidad que esta Comisión debería ostentar, pues aún cuando nunca ha gozado de gran prestigio, y suele ser llamada la Comisión de absoluciones, dada la complejidad del caso que se investiga y de los elevados índices de corrupción que reflejan la decadencia en el ejercicio político y que desbordaron al anterior gobierno, sí merecería un mejor criterio la selección de los miembros que la han de conformar.
No hay que hacerse muchas ilusiones sobre los resultados que arroje esta investigación, que tendrá de todo, menos de imparcialidad.
NOTAS AL PIE
Revista Semana; “Investigador de Uribe, recusado”. Bogotá, abril 6 de 2011
Ídem
http://yahir.jimdo.com/quien-soy/
Revista Semana; “¿Un 'Gatico' en la Cámara por Negritudes? Sorpresa: ganó con 40 mil votos en Sucre?. Bogotá, marzo 15 de 2010
El Tiempo; “Informe de Inteligencia de la armada salpica a fórmula para la cámara del hijo de 'la gata'”. Bogotá, febrero 6 de 2010
Ídem
Ídem
Ídem
Revista Semana; “¿Un 'Gatico' en la Cámara por Negritudes? Sorpresa: ganó con 40 mil votos en Sucre?. Bogotá, marzo 15 de 2010
Semana; Op, Cit,.
Verdad Abierta; “Ratifican condena de 40 años de cárcel a Salvador Arana”, Junio 22 de 2010. Ver en: http://www.verdadabierta.com/parapolitica/sucre/2513-ratifican-condena-de-40-anos-de-carcel-a-salvador-arana-
Revista Semana; “El gobernador de la muerte” Sección Justicia, Bogotá, Noviembre 18 de 2006.
Ídem; La orden de captura a Salvador Arana, ex gobernador de Sucre y ex diplomático del gobierno Uribe, por ordenar el asesinato de un alcalde, pone en entredicho la actuación del anterior Fiscal General en el mismo caso.
Revista Semana; “Coincidencias macabras”. Bogotá, junio 2 de 2002. Disputa territorial. Macayepo no fue una masacre aislada. Por el contrario, hizo parte de una violenta cadena de matanzas emprendida por los paramilitares de la región en un intento por obtener el control de los Montes de María. Los corregimientos localizados en esa región, entre ellos Macayepo, están localizados en un corredor estratégico que da un fácil acceso desde el sur de Bolívar hacia todos los departamentos de la Costa Atlántica. En la zona hay presencia de cerca de 300 guerrilleros de los frentes 35 y 37 de las Farc bajo el mando de ‘Martín Caballero’, quienes desde 1998 libran una guerra territorial contra un grupo de 80 paramilitares del bloque norte de las AUC, al mando de Rodrigo Antonio Mercado Pelufo. Este grupo de paramilitares es señalado por las autoridades de ser el mismo que entre febrero de 2000 y enero de 2001 realizó cinco grandes masacres en la zona de Montes de María, las cuales dejaron un trágico saldo de más de 100 muertos y 4.000 desplazados. Entre ellas la de El Salado, que ocurrió el 18 de febrero de 2000, en donde fueron asesinadas 36 personas, y la de Chengue, en la que fueron masacradas 27 personas el 17 de enero de 2001
Revista Semana; “Las pruebas hablan por sí solas”, Sección Justicia, Bogotá, noviembre 11 de 2006. Ver también: Revista Semana; “Coincidencias macabras”. Bogotá, junio 2 de 2002.
El Espectador; “La parapolítica en el departamento se conecta con el escándalo de los Nule. Un cheque clave”. Bogotá 9 de abril de 2011. “[…] el caso de Joaquín García, hasta ahora dejado de soslayo, apunta a ser muy importante. Él oficiaba como un acaudalado prestamista. Y entre sus beneficiarios estaban los políticos. Su negocio Agrocentro fue mucho más que un pequeño negocio de herramientas agrícolas. Fue la conexión para muchos dineros que se movieron en las autodefensas”
Revista Semana; “Afro, vote bien”. Marzo 15 de 2010. Ver en : http://www.semana.com/wf_InfoBlog.aspx?IdBlg=51&IdEnt=2436 . Revista Semana
El Espectador; "No nos va a temblar la mano": nuevo investigador de Uribe”. Sección Política, Bogotá, junio 2 de 2011.
El Universal; “Otra denuncia penal contra el representante Vergara Sierra”. Sincelejo, octubre 26 de 2010. http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/local/otra-denuncia-penal-contra-el-representante-vergara-sierra
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El Universal; “Vergara Sierra no es egresado de administración de empresas”, Sincelejo, Febrero 2 de 2011. http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/local/vergara-sierra-no-es-egresado-de-administracion-de-empresas-7055
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La Silla Vacía; “La familia DMG estrena casa: Apertura Liberal”. Bogotá, septiembre 29 de 2009. “Desde mayo de 2009 Murcia aseguró una alianza con el partido Apertura Liberal, que le permitirá lanzar líderes de la 'familia DMG' como candidatos a la Cámara en 19 departamentos. Y una lista al Senado, encabezada por su hermano Cristian Murcia”
Procuraduría General de la Nación; La Procuraduría abrió investigación disciplinaria por la posible intervención tardía de la Superfinanciera , la Supersociedades, la DIAN y la UIAF en la crisis de las pirámides que se presentó en el país entre los años 2006 y 2008. Bogotá, octubre 26 de 2009. Ver en: http://www.procuraduria.gov.co/html/noticias_2009/noticias_613.htm
Actas del Senado de la República; Número 33 de la Sesión Ordinaria del día martes 28 de mayo de 2002. Bogotá D.C., 28 de mayo de 2002
Cepeda, Iván; Rojas, Jorge; A las puertas del Uberrimo. Bogotá, editorial Random House Mondadori, sello Debate, 2008. PP 41.
El Espectador; “Los ganaderos y la financiación paramilitar”. Bogotá, mayo 14 de 2009.
Primera Página; “Renunció el superintendente de Notariado y Registro José Félix Lafaurie”. Agosto 4 de 2004.
La Silla Vacía; “José Felix Lafaurie, presidente de Fedegán”. Sección Perfil. Ver en: http://www.lasillavacia.com/perfilquien/20811/jose-felix-lafaurie
El Tiempo; “Procuraduría multa a 31 congresistas por palancas”. Bogotá enero 31 de 2004. Ver en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1529059
La Silla Vacía; “José Felix Lafaurie, presidente de Fedegán”. Op, Cit,.
El Espectador; "No nos va a temblar la mano": nuevo investigador de Uribe”. Sección Política, Bogotá, junio 2 de 2011.
PUBLICADO EN EL SEMANARIO CAJA DE HERRAMIENTAS
lunes, 30 de mayo de 2011
JAQUE A LA DEMOCRACIA
Democracia Real se toma el mundo.
Este hecho, de enormes proporciones es un claro desafío histórico que podría obligar a un profundo replanteamiento de las estructuras sociales y políticas en el mundo occidental.
El Movimiento 15-M en España, se ha tomado las principales ciudades de ese país en un llamado a la reflexión y a manifestar su indignación colectiva. Millones de personas han salido a protestar contra la politiquería, la corrupción, la falsa democracia y los derechos civiles. Ya la manifestación es comparada con el "mayo del 68" y la "Comuna de París!
El objetivo inicial de la manifestación, como continuación de otra que se realizó el pasado mes de abril, y que había sido convocada por jóvenes universitarios, era desafiar las medidas económicas adoptadas por el gobierno, así como el recorte de libertades civiles y convocar a una jornada de reflexión ciudadana. El lema era: sin casa, sin pensión, sin trabajo, SIN MIEDO!. Sin embargo, los organizadores de la marcha no tenían previsto que las personas empezarían a acampar en las plazas; y tampoco la masiva respuesta que recibirían por parte de una ciudadanía que se identifica plenamente con sus propuestas y su indignación. Ahora, conscientes de la fuerza de su acción, alguno de los convocantes se atreve a declarar que en efecto "esto es una revolución!". A medida que se han ido reprimiendo las manifestaciones en algunos sitios de España, -ayer los detenidos superaban los veinte- nuevas personas han ido acudiendo a la Puerta del Sol en Madrid y han empezado a llamar la realización de nuevas manifestaciones similares en otras ciudades del mundo.
Los manifestantes, además de cuestionar las políticas económicas, denunciar falta de garantías democráticas y los elevados índices de corrupción, ahora intentan, sin violencia ni coerción, alterar el proceso electoral del próximo 22 de mayo. La Junta Electoral de España ha prohibido que la protesta se sostenga los días sábado y domingo; pero contrario a ello, pese a que el Movimiento analiza la situación y todo indica que persistirá en su acto de desobediencia civil y resistencia, se siguen sumando miles de personas en todo el mundo. De sostenerse esta masiva manifestación, desbordará la capacidad de respuesta del Gobierno.
Con el llamado a protestar y a expresarse públicamente contra una realidad social y política, indecorosa, injusta y que alberga la criminalidad y la corrupción, se encienden los corazones de las juventudes en todo el mundo; la inconformidad es masiva y se hace evidente. Pocos, muy pocos ciudadanos realmente se sienten representados por sus gobiernos; pocos muy pocos confían en la transparencia de los procesos democráticos, en la idoneidad de sus candidatos y en los poderes constituidos; el pueblito se cansó de padecer gobiernos despóticos, injustos, que roban a manos llenas, que imponen normas arbitrarias en detrimento de los sueños y libertades de las mayorías. Hoy ese pueblo hastiado de padecer penurias, de soportar la corrupción rampante de sus gobernantes, y de vivir en shock sometidos al miedo y la noción de una falsa seguridad, desafían a sus gobiernos. Este acto podría expandirse, como en efecto está sucediendo, por todo el continente, incendiar América, y por fin, convocar a un cambio profundo en las estructuras de poder.
Un grito de indignación que recorre el mundo
El Movimiento 15-M es sinónimo de esperanza para buena parte de las juventudes. Su grito ya no es sólo su grito. Ahora pertenece a millones de personas de diversas nacionalidades.
Como una llamarada incontenible que se extiende, cruzando valles, llanuras, montañas y océanos, los gritos de los españoles rompen la fronteras y retumban en el corazón americano y europeo; en el corazón vibrante de millones de personas que, compartiendo la misma indignación ante la misma afrenta de que hemos sido objeto durante larguísimos años, y que se consolidó bajo un modelo sociopolítico y económico rapaz, excluyente y criminal que ha sido incapaz de responder a las demandas más apremiantes de la mayorías, hoy muchos sienten que este grito emancipador es un llamado a la libertad, y un compromiso al que se debe responder con valor y generosidad. La indignación es masiva y se toma las calles españolas; el ejemplo empieza a ser replicado en muchos lugares, lejanos, cercanos pero unidos por un mismo sentir: llegó la hora, y los poderes corruptos y despóticos tiemblan mientras empieza a germinar la semilla de la esperanza y la libertad.
¿Qué pueden hacer los gobiernos cuando los pueblos masivamente se levantan y desafían al régimen vigente? ¿Su único recurso será acudir a la represión brutal de millones de personas que se toman las ciudades de manera simultánea? Hoy no se pide masivamente la libertad de un preso político, tampoco una rebaja en los tiquetes del metro, ni transparencia electoral. Hoy se pide mucho más. Lo que se exige es un cambio profundo en el sistema político y social; el advenimiento de un nuevo modelo, un estadio superior que garantice la plena realización del ser humano y la conquista de sus más elevados anhelos. ¿Ante ello, qué pueden hacer los gobiernos? Los injustos tiemblan; los dueños del poder político tendrán que agachar la cabeza y reconocer que el verdadero poder, en efecto, emana del pueblo; de ese mismo pueblo mancillado, manoseado y engañado, que hoy se levanta y pide lo que jamás le debió haber sido arrebatado ni negado. Hoy el pueblo español, como una luz en la oscura noche de las tempestades, de levanta y exige justicia y libertad!!!
“Ante los hechos que estamos presenciando, ya los detentores del poder político no podrán mirar para otro lado como solían hacer - declara uno de los manifestantes en ciudad de México- ni llamar a sus guardias para que como perros rabiosos salgan a intimidar o a matar a su mismo pueblo. Acá, soñamos, dormidos y despiertos, rogamos y esperamos que este desafío, que nace en la Puerta del Sol como un buen augurio de renovación, se extienda por todo el continente europeo; logré incendiar a esta América indómita y vibrante, y entre todos, por fin unidos como un solo pueblo conquistar una nueva dimensión para la humanidad; una donde reine la libertad, la justicia y la solidaridad”
Propuestas de cambio
La recuperación del Estado interventor es imprescindible; así como contrarrestar las políticas que se vienen implementando dentro de una política neoliberal, herencia de la Escuela de Chicago, y que tienen que ver con la desregularización del Estado, la privatización y el recorte en la inversión social y de las libertades civiles. Los manifestantes, quizás no tienen muy claro el rumbo de sus acciones, pero sus quejas de indignación tienen un amplio sustento que deberá ser objeto de debate en las altas esfera del poder español.
Hasta el momento no se sabe lo que pueda suceder; como dijera ayer el mismo gobierno de España, la situación es impredecible. Los jóvenes analizan sus propuestas e intentan darle un sustento a cada una de sus demandas; pues es cierto que el apoyo masivo que han recibido los tomó por sorpresa y aún no saben bien, como responder con eficacia a las expectativas que su acción ha generado en diversos puntos del planeta.
Sea lo que suceda, es un hecho histórico; en el que además de conjugarse con acierto el uso de la tecnología, de las nuevas redes sociales, se suma el espíritu de cooperación y la fuerza de la indignación que logra expandirse más allá de las fronteras y convocar acciones en lugares lejanos, de personas que comparten la misma problemática y el mismo hastío frente al mal uso de la democracia, su degradación y la corrupción de sus dirigentes políticos.
Un elemento interesante de esta masiva convocatoria es que no se reconocen liderazgos individuales. Por ejemplo a la acción que se desarrolló en Bogotá, y a la cual acudieron no más de 60 personas, se hizo evidente que la forma de llamar a la acción, se centra particularmente en el uso del facebook y el twitter. Nadie asume el liderazgo de manera clara, y todos permanecen unidos por un mismo ideal, y rechazan tajantemente ser identificados con algún partido político, a los que consideran depreciables. “No somos de izquierda ni de derecha, somos sólo ciudadanos hastiados con nuestra realidad de injusticia, manifestando nuestra indignación, y exigiendo el respeto de nuestros derechos y transformaciones profundas en el sistema de gobierno”, afirmó uno de los asistentes a la concentración que el viernes 20 de mayo se realizó frente a la Embajada de España en Bogotá.
¿Las protestas en España lograran imponer una real democracia?
"Ya tiene una consecuencia muy fuerte porque evidencia un amplio rechazo de diversos sectores contra la gobernabilidad, la gestión administrativa, la clase política. Las inquietudes pueden ser inconexas pero hay un sentimiento común de hastío y de avanzar en la democracia. Con las redes sociales el ciudadano ya no es un sujeto pasivo sino activo. Si los partidos quieren seguir teniendo legitimación tendrán que acercarse más a los ciudadanos", comenta a BBC Mundo Javier Rivero, editorialista del diario independiente Diagonal .
De las asambleas generales, en plena calle, han salido algunas propuestas que se han multiplicado en las decenas de pancartas que empapelan el corazón de Madrid: reforma electoral, listas abiertas o circunscripción nacional, entre otras . También en la formulación de un tratado democrático, que está siendo ampliado y analizado con máximo cuidado.
"Son propuestas defendibles por separado pero imposibles cuando se mezclan. Las listas abiertas significarían que cada ciudadano elegiría los candidatos que más le gustan de cada partido componiendo su propia ensalada. El tema se complica con una circunscripción única: cada votante tendría que seleccionar 350 candidatos para el Congreso entre miles de candidatos de los que no sabría nada. En la práctica se votaría a las listas confeccionadas por los partidos", señala Pedro J. Ramírez, director del diario El Mundo, en su editorial.
"Que legislen lo imposible y que este viernes se vayan a casa en cumplimiento de la ley. Es mejor que aquello sea un ágape ateniense a que se convierta en un foco de intimidación violenta", puntualiza el director.
La prohibición de la Junta Electoral de prolongar la manifestación durante el fin de semana, mientras pasan las elecciones del domingo, al parecer la medida no será acatada por los manifestantes, lo que hace impredecible saber lo que pueda suceder, aunque muchos descartan que pueda producirse una acción violenta por parte de la policía, no sólo porque las manifestaciones con masivas, sino porque lo ojos del mundo están encima; y a ningún gobierno le convendría, menos en proceso electoral, desatar una acción represiva, menos aún cuando en las plazas se encuentran niños y personas de la tercera edad.
“Alrededor siempre han estado las furgonetas de la policía esperando una orden que no llega para el desalojo de la emblemática plaza. Durante estos días la plataforma web Actuable, surgida en la acampada, ha reunido más de cien mil firmas que, según afirman, "reflejan un debate social sin precedentes, que va más allá de cualquier político y que sólo plantea alternativas viables en una situación de crisis".
"No tengo claro que surja un partido que canalice este descontento. Ahora bien, la sociedad es mucho más exigente gracias a las redes sociales. A través de ellas se están derribando barreras que se creían inexpugnables. Da igual que sea en El Cairo o en Madrid porque la sensación es la misma: detrás hay personas que sienten que se están quedando fuera del sistema", opina Rivero.
Tanto en la Puerta del Sol como en otras ciudades de España las cámaras han enfocado diferentes rostros y generaciones en las protestas. "Esa es uno de los aspectos más interesantes de esta protesta. El concepto de ciudadanía incluye por igual al desempleado, al estudiante, al jubilado, al inmigrante. Mientras los partidos no entiendan ese lenguaje, mientras no haya una relación de igual a igual, no va a ver conexión. La sociedad no quiere la relación clientelar de la temporada electoral, está demandando otra cosa", puntualiza el analista.
Más allá de Sol
“El espíritu de denuncia y revolución que empezó el pasado miércoles con una acampada en la madrileña Puerta del Sol se reproduce ya en más de sesenta ciudades españolas e incluso en 15 internacionales, según cuentan los mismo organizadores en su página de recuento de concentraciones (tomalaplaza.net). Y no parece que vaya a disminuir, más bien al contrario. Así, según sus datos, hay acampadas, concentraciones y protestas en todas las comunidades españolas (consulta el listado completo aquí). Las manifestaciones se han extendido a Bilbao donde se reunieron 800 personas; en Valencia, 1.000; en Sevilla, 500. Hubo también cientos de personas en plazas de Granada, Santiago, A Coruña, Vigo, Pontevedra” .
Por ejemplo en Mallorca, cerca de 600 personas han coreado"¡Viva la revolución!". En la Plaza de Granada aumenta la presencia de personas, incluso de la tercera edad. En Cádiz, más de 600 ciudadanos indignados, entre jóvenes, adultos mayores y desempleados, se han reunido en la céntrica Plaza del Arenal Jerez de la Frontera haciendo sonar las cacerolas en señal de protesta por el elevado costo de la vida y la reducción arbitraria de los salarios. También en la Plaza Juan Casinello de la ciudad de Almería, cerca de 300 personas, han acordado mantener la concentración e incluso extenderla hasta la Plaza de la Leche. Igualmente en Sevilla, capital de Andalucia, un promedio de mil personas se han reunido frente al conjunto arquitectónico Metropol Parasol, en pleno centro de la ciudad, para aprobar un documento que recoge la definición del "movimiento" y sus principales reivindicaciones.
Los manifestantes están también muy orgullosos de que sus reivindicaciones se hayan extendido a otras ciudades europeas como Boston, Brighton, Buenos Aires, Bristol, Dublin, Edinburgh, Florencia, Graz (Austria), Lisboa, Budapest, Berlín, Atenas, o Montpellier, donde se han convocado concentraciones frente a las Embajadas y Consulados españoles. Esta madrugada la protesta ha llegado también a Ciudad de México y a Bogotá, Colombia.
El diario el País, analiza desde una perspectiva sociológica lo que está sucediendo: ¿Será un Mayo del 68? Se preguntan los analistas españoles
“Las protestas de los indignados dividen a los sociólogos. "Los especialistas estamos desconcertados, no podemos hacer un pronóstico", dice Javier Elzo
El embrión del Movimiento 15-M es el distanciamiento del centro de poder y la ciudadanía. Es lo único en lo que los sociólogos consultados coinciden. Hay quien ve en las protestas un nuevo Mayo del 68 y otros, una gran fiesta callejera” .
“El sociólogo y profesor de la Universidad de Deusto Javier Elzo, especialista en el comportamiento y los valores de la juventud, reconoce que las protestas han descolocado a los expertos: "Los especialistas estamos desconcertados, no podemos hacer un pronóstico", dice. "La sociedad actual se caracteriza por una gran volatilidad. Es capaz de crear un movimiento de la noche a la mañana y esa velocidad de reacción unida al vertiginoso efecto contagio a través de la Red complica el que podamos encuadrarlo". "¿En qué quedó la indignación de los estudiantes franceses que se levantaron el año pasado por la reforma del sistema de pensiones?", se pregunta el sociólogo. "¿En qué va a quedar todo esto? Tengo más preguntas que respuestas".
"Hay una clara similitud con las revueltas árabes", opina Jaime Pastor
“Jaime Pastor, profesor de Sociología de la UNED y experto en movimientos de masas, es entusiasta: "Se trata de un acontecimiento con mayúsculas y la prueba es la repercusión que está teniendo a nivel internacional. Estamos ante el nacimiento de un nuevo tipo de movimiento social autónomo de partidos y sindicatos", explica. "Algunos se muestran escépticos porque están pidiendo al 15-M un programa como el de cualquier partido a los cuatro días de nacer", protesta Pastor. "Eso sería construir la casa por el tejado y asentarse en los mismos principios que critican. De momento ya han logrado la fuerza social y esta simbólica protesta ha servido para que gran parte de la población abandone el individualismo".
El sociólogo además ve una "clara similitud" entre las revueltas árabes y el 15-M. "Ambas han surgido de las redes sociales juveniles y han encontrado un vehículo de expresión en la ocupación simbólica del espacio público", explica. "Allí se enfrentaban a una dictadura real y aquí tenemos una democracia de baja calidad, sometida a la dictadura de los mercados".
Pastor, de la UNED, cree que las protestas sí pueden prolongarse más allá del domingo. "No se trata de una reacción anárquica porque la asamblea se autogestiona mediante comisiones de trabajo y han creado tablas reivindicativas", explica. "Estas bases que están construyendo pueden servirles para mantenerse después de las municipales, aunque pierdan intensidad. De hecho, ya se están discutiendo iniciativas para junio".
La otra gran incógnita, que no gobierno, manifestantes o académicos logran responder, es si estas protestas tendrán algún efecto en las elecciones municipales como lo tuvieron hace siete años las manifestaciones del 11-M. Javier Elzo cree que no: "Entonces los españoles sabían que les estaban mintiendo ante un hecho muy concreto.
Ahora nadie nos engaña. Sabemos lo que tenemos y queremos otra democracia".
Ortega tampoco cree que vaya a tener algún efecto: "Los políticos no han trastocado su campaña en absoluto. La prueba es que Camps sigue hablando, nadie lo ha silenciado aunque protagonice muchos de los carteles que piden que se termine con la corrupción política".
En opinión de José Álvarez Junco, doctor de Historia del Pensamiento, de Movimientos Sociales y Políticos de la Complutense, los políticos deberían estar preocupados: "Si se produjera un voto en blanco masivo, como en la novela de Saramago [Ensayo sobre la lucidez], los partidos deberían entenderlo como un acto de repulsa y probablemente eso provocaría un shock, pero será algo pasajero que se disolverá con el tiempo, como sucedió con Mayo del 68. Ahora existe una distancia entre los políticos y la ciudadanía que los candidatos no saben llenar, no hay formas de democracia directa y los partidos perpetúan a la misma gente en el poder, sin que se produzca ese relevo generacional que pide el pueblo. Hay muchos motivos para la protesta, al margen de la crisis", concluye.
Fermín Bouza, catedrático de Sociología y especialista en tendencia de voto, cree que esta vez las protestas afectarán a los socialistas: "El PSOE es el que va a pagar los platos rotos. Este es un momento que ya conocemos. En el año 2000, cuando se preveía que el PP iba a sacar mayoría absoluta, los votantes de izquierda se retiraron porque estaban descontentos con los socialistas y al final eliminaron las alternativas y allanaron el camino a la derecha. Puede que esta vez suceda algo similar". "Este nuevo movimiento puede triunfar a medio plazo precisamente porque no hay una propuesta concreta", continúa. "Es abstracto, como el Mayo Francés. Puede que después de las elecciones cese la agitación, pero no el espíritu del 15-M. Lo que perdurará será la idea de que hay que repensar la política".
El Inspirador de la Manifestación
“El pequeño libro ¡Indígnate! de Stephane Hessel se ha convertido en el manual de inspiración para las manifestaciones pacíficas que se han tomado la principal plaza de Madrid. Hessel, de 93 años y ex-combatiente de la Resistencia Francesa, publicó su libro el año pasado y su versión en castellano se lanzó en Madrid a finales del pasado mes de marzo. En su obra invita a las nuevas generaciones y a la ciudadanía a indignarse, a no resignarse, a hacer uso de su libertad para combatir al nuevo fascismo de nuestro tiempo: el terrorismo financiero, la privatización de lo público y la dictadura del mercado. Algunos párrafos de su alegato libertario y pacifista:
“La razón de la resistencia, es la indignación. Se osa decirnos que el Estado no puede asegurar los costos de estas medidas ciudadanas como Salud o Educación. Pero… ¿Cómo puede faltar dinero para mantener y prolongar estas conquistas si la producción de riquezas ha aumentado considerablemente después de la Liberación, período en el que Europa estaba arruinada? Por el contrario, el poder del dinero, tan combatido por la Resistencia, no ha sido nunca tan insolente, tan egoísta, con sus propios servidores hasta en las más altas esferas del Estado. Los bancos, a partir de ahora privatizados, se muestran pendientes de sus dividendos, y de los elevados salarios de sus dirigentes, no del interés general. La distancia entre los más pobres y los más ricos no ha sido nunca tan importante; y la carrera por el dinero, la competición, nunca tan animada. El motivo de base de la Resistencia era la indignación. Nosotros, veteranos de los movimientos de resistencia y de las fuerzas combatientes de la Francia libre, llamamos a las jóvenes generaciones a hacer vivir, a transmitir, la herencia de la Resistencia y sus ideas. Nosotros les decimos: ¡Tomad el relevo, indignaos! Los responsables políticos, económicos, intelectuales y el conjunto de la sociedad no deben renunciar, ni dejarse impresionar por la actual dictadura internacional de los mercados financieros que amenaza la paz y la democracia”.
Estamos viviendo un desafío claro al poder constituido, ¿qué resultara de ello?, no se sabe; eso depende de muchos factores, entre ellos, de la acción organizada y propositiva de la ciudadanía; que bien podría llamar a la realización de un referendo con base en sus propuestas sociales, a una huelga masiva de trabajadores, a la derogatoria del mandato o a la reformulación, por consenso de un tratado o pacto social, en el que se considere la redefinición de la monarquía parlamentaria, sus alcances, la depuración de la política, reformas económicas de fondo, garantías sociales, y quizás, también, la creación de otro mecanismo electoral.
NOTAS AL PIE
Revista Semana; ¿Cuál será el impacto real de las protestas en España?, Bogotá, mayo 20 de 2011
Ídem
http://www.semana.com/mundo/cual-sera-impacto-real-protestas-espana/157013-3.aspx
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El País; “El Movimiento 15-M mantiene el pulso ante el veto a las manifestaciones”. Nota de Fernando Garea, Inés Santaeulalia, Francisco Javier Barroso, Naiara Galarraga, Samira Salehy Carmen Pérez-Lanzac, Madrid, mayo 19 de 2011
El País; “El espíritu de la acampada de Sol se reproduce por las ciudades españolas”. Madrid, mayo 20 de 2011
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El País; “De fiesta nocturna a Mayo del 68”. Por Aurora Muñoz; Madrid, mayo 20 de 2011
http://www.elpais.com/articulo/espana/fiesta/nocturna/Mayo/68/elpepiesp/20110520elpepinac_6/Tes
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Este hecho, de enormes proporciones es un claro desafío histórico que podría obligar a un profundo replanteamiento de las estructuras sociales y políticas en el mundo occidental.
El Movimiento 15-M en España, se ha tomado las principales ciudades de ese país en un llamado a la reflexión y a manifestar su indignación colectiva. Millones de personas han salido a protestar contra la politiquería, la corrupción, la falsa democracia y los derechos civiles. Ya la manifestación es comparada con el "mayo del 68" y la "Comuna de París!
El objetivo inicial de la manifestación, como continuación de otra que se realizó el pasado mes de abril, y que había sido convocada por jóvenes universitarios, era desafiar las medidas económicas adoptadas por el gobierno, así como el recorte de libertades civiles y convocar a una jornada de reflexión ciudadana. El lema era: sin casa, sin pensión, sin trabajo, SIN MIEDO!. Sin embargo, los organizadores de la marcha no tenían previsto que las personas empezarían a acampar en las plazas; y tampoco la masiva respuesta que recibirían por parte de una ciudadanía que se identifica plenamente con sus propuestas y su indignación. Ahora, conscientes de la fuerza de su acción, alguno de los convocantes se atreve a declarar que en efecto "esto es una revolución!". A medida que se han ido reprimiendo las manifestaciones en algunos sitios de España, -ayer los detenidos superaban los veinte- nuevas personas han ido acudiendo a la Puerta del Sol en Madrid y han empezado a llamar la realización de nuevas manifestaciones similares en otras ciudades del mundo.
Los manifestantes, además de cuestionar las políticas económicas, denunciar falta de garantías democráticas y los elevados índices de corrupción, ahora intentan, sin violencia ni coerción, alterar el proceso electoral del próximo 22 de mayo. La Junta Electoral de España ha prohibido que la protesta se sostenga los días sábado y domingo; pero contrario a ello, pese a que el Movimiento analiza la situación y todo indica que persistirá en su acto de desobediencia civil y resistencia, se siguen sumando miles de personas en todo el mundo. De sostenerse esta masiva manifestación, desbordará la capacidad de respuesta del Gobierno.
Con el llamado a protestar y a expresarse públicamente contra una realidad social y política, indecorosa, injusta y que alberga la criminalidad y la corrupción, se encienden los corazones de las juventudes en todo el mundo; la inconformidad es masiva y se hace evidente. Pocos, muy pocos ciudadanos realmente se sienten representados por sus gobiernos; pocos muy pocos confían en la transparencia de los procesos democráticos, en la idoneidad de sus candidatos y en los poderes constituidos; el pueblito se cansó de padecer gobiernos despóticos, injustos, que roban a manos llenas, que imponen normas arbitrarias en detrimento de los sueños y libertades de las mayorías. Hoy ese pueblo hastiado de padecer penurias, de soportar la corrupción rampante de sus gobernantes, y de vivir en shock sometidos al miedo y la noción de una falsa seguridad, desafían a sus gobiernos. Este acto podría expandirse, como en efecto está sucediendo, por todo el continente, incendiar América, y por fin, convocar a un cambio profundo en las estructuras de poder.
Un grito de indignación que recorre el mundo
El Movimiento 15-M es sinónimo de esperanza para buena parte de las juventudes. Su grito ya no es sólo su grito. Ahora pertenece a millones de personas de diversas nacionalidades.
Como una llamarada incontenible que se extiende, cruzando valles, llanuras, montañas y océanos, los gritos de los españoles rompen la fronteras y retumban en el corazón americano y europeo; en el corazón vibrante de millones de personas que, compartiendo la misma indignación ante la misma afrenta de que hemos sido objeto durante larguísimos años, y que se consolidó bajo un modelo sociopolítico y económico rapaz, excluyente y criminal que ha sido incapaz de responder a las demandas más apremiantes de la mayorías, hoy muchos sienten que este grito emancipador es un llamado a la libertad, y un compromiso al que se debe responder con valor y generosidad. La indignación es masiva y se toma las calles españolas; el ejemplo empieza a ser replicado en muchos lugares, lejanos, cercanos pero unidos por un mismo sentir: llegó la hora, y los poderes corruptos y despóticos tiemblan mientras empieza a germinar la semilla de la esperanza y la libertad.
¿Qué pueden hacer los gobiernos cuando los pueblos masivamente se levantan y desafían al régimen vigente? ¿Su único recurso será acudir a la represión brutal de millones de personas que se toman las ciudades de manera simultánea? Hoy no se pide masivamente la libertad de un preso político, tampoco una rebaja en los tiquetes del metro, ni transparencia electoral. Hoy se pide mucho más. Lo que se exige es un cambio profundo en el sistema político y social; el advenimiento de un nuevo modelo, un estadio superior que garantice la plena realización del ser humano y la conquista de sus más elevados anhelos. ¿Ante ello, qué pueden hacer los gobiernos? Los injustos tiemblan; los dueños del poder político tendrán que agachar la cabeza y reconocer que el verdadero poder, en efecto, emana del pueblo; de ese mismo pueblo mancillado, manoseado y engañado, que hoy se levanta y pide lo que jamás le debió haber sido arrebatado ni negado. Hoy el pueblo español, como una luz en la oscura noche de las tempestades, de levanta y exige justicia y libertad!!!
“Ante los hechos que estamos presenciando, ya los detentores del poder político no podrán mirar para otro lado como solían hacer - declara uno de los manifestantes en ciudad de México- ni llamar a sus guardias para que como perros rabiosos salgan a intimidar o a matar a su mismo pueblo. Acá, soñamos, dormidos y despiertos, rogamos y esperamos que este desafío, que nace en la Puerta del Sol como un buen augurio de renovación, se extienda por todo el continente europeo; logré incendiar a esta América indómita y vibrante, y entre todos, por fin unidos como un solo pueblo conquistar una nueva dimensión para la humanidad; una donde reine la libertad, la justicia y la solidaridad”
Propuestas de cambio
La recuperación del Estado interventor es imprescindible; así como contrarrestar las políticas que se vienen implementando dentro de una política neoliberal, herencia de la Escuela de Chicago, y que tienen que ver con la desregularización del Estado, la privatización y el recorte en la inversión social y de las libertades civiles. Los manifestantes, quizás no tienen muy claro el rumbo de sus acciones, pero sus quejas de indignación tienen un amplio sustento que deberá ser objeto de debate en las altas esfera del poder español.
Hasta el momento no se sabe lo que pueda suceder; como dijera ayer el mismo gobierno de España, la situación es impredecible. Los jóvenes analizan sus propuestas e intentan darle un sustento a cada una de sus demandas; pues es cierto que el apoyo masivo que han recibido los tomó por sorpresa y aún no saben bien, como responder con eficacia a las expectativas que su acción ha generado en diversos puntos del planeta.
Sea lo que suceda, es un hecho histórico; en el que además de conjugarse con acierto el uso de la tecnología, de las nuevas redes sociales, se suma el espíritu de cooperación y la fuerza de la indignación que logra expandirse más allá de las fronteras y convocar acciones en lugares lejanos, de personas que comparten la misma problemática y el mismo hastío frente al mal uso de la democracia, su degradación y la corrupción de sus dirigentes políticos.
Un elemento interesante de esta masiva convocatoria es que no se reconocen liderazgos individuales. Por ejemplo a la acción que se desarrolló en Bogotá, y a la cual acudieron no más de 60 personas, se hizo evidente que la forma de llamar a la acción, se centra particularmente en el uso del facebook y el twitter. Nadie asume el liderazgo de manera clara, y todos permanecen unidos por un mismo ideal, y rechazan tajantemente ser identificados con algún partido político, a los que consideran depreciables. “No somos de izquierda ni de derecha, somos sólo ciudadanos hastiados con nuestra realidad de injusticia, manifestando nuestra indignación, y exigiendo el respeto de nuestros derechos y transformaciones profundas en el sistema de gobierno”, afirmó uno de los asistentes a la concentración que el viernes 20 de mayo se realizó frente a la Embajada de España en Bogotá.
¿Las protestas en España lograran imponer una real democracia?
"Ya tiene una consecuencia muy fuerte porque evidencia un amplio rechazo de diversos sectores contra la gobernabilidad, la gestión administrativa, la clase política. Las inquietudes pueden ser inconexas pero hay un sentimiento común de hastío y de avanzar en la democracia. Con las redes sociales el ciudadano ya no es un sujeto pasivo sino activo. Si los partidos quieren seguir teniendo legitimación tendrán que acercarse más a los ciudadanos", comenta a BBC Mundo Javier Rivero, editorialista del diario independiente Diagonal .
De las asambleas generales, en plena calle, han salido algunas propuestas que se han multiplicado en las decenas de pancartas que empapelan el corazón de Madrid: reforma electoral, listas abiertas o circunscripción nacional, entre otras . También en la formulación de un tratado democrático, que está siendo ampliado y analizado con máximo cuidado.
"Son propuestas defendibles por separado pero imposibles cuando se mezclan. Las listas abiertas significarían que cada ciudadano elegiría los candidatos que más le gustan de cada partido componiendo su propia ensalada. El tema se complica con una circunscripción única: cada votante tendría que seleccionar 350 candidatos para el Congreso entre miles de candidatos de los que no sabría nada. En la práctica se votaría a las listas confeccionadas por los partidos", señala Pedro J. Ramírez, director del diario El Mundo, en su editorial.
"Que legislen lo imposible y que este viernes se vayan a casa en cumplimiento de la ley. Es mejor que aquello sea un ágape ateniense a que se convierta en un foco de intimidación violenta", puntualiza el director.
La prohibición de la Junta Electoral de prolongar la manifestación durante el fin de semana, mientras pasan las elecciones del domingo, al parecer la medida no será acatada por los manifestantes, lo que hace impredecible saber lo que pueda suceder, aunque muchos descartan que pueda producirse una acción violenta por parte de la policía, no sólo porque las manifestaciones con masivas, sino porque lo ojos del mundo están encima; y a ningún gobierno le convendría, menos en proceso electoral, desatar una acción represiva, menos aún cuando en las plazas se encuentran niños y personas de la tercera edad.
“Alrededor siempre han estado las furgonetas de la policía esperando una orden que no llega para el desalojo de la emblemática plaza. Durante estos días la plataforma web Actuable, surgida en la acampada, ha reunido más de cien mil firmas que, según afirman, "reflejan un debate social sin precedentes, que va más allá de cualquier político y que sólo plantea alternativas viables en una situación de crisis".
"No tengo claro que surja un partido que canalice este descontento. Ahora bien, la sociedad es mucho más exigente gracias a las redes sociales. A través de ellas se están derribando barreras que se creían inexpugnables. Da igual que sea en El Cairo o en Madrid porque la sensación es la misma: detrás hay personas que sienten que se están quedando fuera del sistema", opina Rivero.
Tanto en la Puerta del Sol como en otras ciudades de España las cámaras han enfocado diferentes rostros y generaciones en las protestas. "Esa es uno de los aspectos más interesantes de esta protesta. El concepto de ciudadanía incluye por igual al desempleado, al estudiante, al jubilado, al inmigrante. Mientras los partidos no entiendan ese lenguaje, mientras no haya una relación de igual a igual, no va a ver conexión. La sociedad no quiere la relación clientelar de la temporada electoral, está demandando otra cosa", puntualiza el analista.
Más allá de Sol
“El espíritu de denuncia y revolución que empezó el pasado miércoles con una acampada en la madrileña Puerta del Sol se reproduce ya en más de sesenta ciudades españolas e incluso en 15 internacionales, según cuentan los mismo organizadores en su página de recuento de concentraciones (tomalaplaza.net). Y no parece que vaya a disminuir, más bien al contrario. Así, según sus datos, hay acampadas, concentraciones y protestas en todas las comunidades españolas (consulta el listado completo aquí). Las manifestaciones se han extendido a Bilbao donde se reunieron 800 personas; en Valencia, 1.000; en Sevilla, 500. Hubo también cientos de personas en plazas de Granada, Santiago, A Coruña, Vigo, Pontevedra” .
Por ejemplo en Mallorca, cerca de 600 personas han coreado"¡Viva la revolución!". En la Plaza de Granada aumenta la presencia de personas, incluso de la tercera edad. En Cádiz, más de 600 ciudadanos indignados, entre jóvenes, adultos mayores y desempleados, se han reunido en la céntrica Plaza del Arenal Jerez de la Frontera haciendo sonar las cacerolas en señal de protesta por el elevado costo de la vida y la reducción arbitraria de los salarios. También en la Plaza Juan Casinello de la ciudad de Almería, cerca de 300 personas, han acordado mantener la concentración e incluso extenderla hasta la Plaza de la Leche. Igualmente en Sevilla, capital de Andalucia, un promedio de mil personas se han reunido frente al conjunto arquitectónico Metropol Parasol, en pleno centro de la ciudad, para aprobar un documento que recoge la definición del "movimiento" y sus principales reivindicaciones.
Los manifestantes están también muy orgullosos de que sus reivindicaciones se hayan extendido a otras ciudades europeas como Boston, Brighton, Buenos Aires, Bristol, Dublin, Edinburgh, Florencia, Graz (Austria), Lisboa, Budapest, Berlín, Atenas, o Montpellier, donde se han convocado concentraciones frente a las Embajadas y Consulados españoles. Esta madrugada la protesta ha llegado también a Ciudad de México y a Bogotá, Colombia.
El diario el País, analiza desde una perspectiva sociológica lo que está sucediendo: ¿Será un Mayo del 68? Se preguntan los analistas españoles
“Las protestas de los indignados dividen a los sociólogos. "Los especialistas estamos desconcertados, no podemos hacer un pronóstico", dice Javier Elzo
El embrión del Movimiento 15-M es el distanciamiento del centro de poder y la ciudadanía. Es lo único en lo que los sociólogos consultados coinciden. Hay quien ve en las protestas un nuevo Mayo del 68 y otros, una gran fiesta callejera” .
“El sociólogo y profesor de la Universidad de Deusto Javier Elzo, especialista en el comportamiento y los valores de la juventud, reconoce que las protestas han descolocado a los expertos: "Los especialistas estamos desconcertados, no podemos hacer un pronóstico", dice. "La sociedad actual se caracteriza por una gran volatilidad. Es capaz de crear un movimiento de la noche a la mañana y esa velocidad de reacción unida al vertiginoso efecto contagio a través de la Red complica el que podamos encuadrarlo". "¿En qué quedó la indignación de los estudiantes franceses que se levantaron el año pasado por la reforma del sistema de pensiones?", se pregunta el sociólogo. "¿En qué va a quedar todo esto? Tengo más preguntas que respuestas".
"Hay una clara similitud con las revueltas árabes", opina Jaime Pastor
“Jaime Pastor, profesor de Sociología de la UNED y experto en movimientos de masas, es entusiasta: "Se trata de un acontecimiento con mayúsculas y la prueba es la repercusión que está teniendo a nivel internacional. Estamos ante el nacimiento de un nuevo tipo de movimiento social autónomo de partidos y sindicatos", explica. "Algunos se muestran escépticos porque están pidiendo al 15-M un programa como el de cualquier partido a los cuatro días de nacer", protesta Pastor. "Eso sería construir la casa por el tejado y asentarse en los mismos principios que critican. De momento ya han logrado la fuerza social y esta simbólica protesta ha servido para que gran parte de la población abandone el individualismo".
El sociólogo además ve una "clara similitud" entre las revueltas árabes y el 15-M. "Ambas han surgido de las redes sociales juveniles y han encontrado un vehículo de expresión en la ocupación simbólica del espacio público", explica. "Allí se enfrentaban a una dictadura real y aquí tenemos una democracia de baja calidad, sometida a la dictadura de los mercados".
Pastor, de la UNED, cree que las protestas sí pueden prolongarse más allá del domingo. "No se trata de una reacción anárquica porque la asamblea se autogestiona mediante comisiones de trabajo y han creado tablas reivindicativas", explica. "Estas bases que están construyendo pueden servirles para mantenerse después de las municipales, aunque pierdan intensidad. De hecho, ya se están discutiendo iniciativas para junio".
La otra gran incógnita, que no gobierno, manifestantes o académicos logran responder, es si estas protestas tendrán algún efecto en las elecciones municipales como lo tuvieron hace siete años las manifestaciones del 11-M. Javier Elzo cree que no: "Entonces los españoles sabían que les estaban mintiendo ante un hecho muy concreto.
Ahora nadie nos engaña. Sabemos lo que tenemos y queremos otra democracia".
Ortega tampoco cree que vaya a tener algún efecto: "Los políticos no han trastocado su campaña en absoluto. La prueba es que Camps sigue hablando, nadie lo ha silenciado aunque protagonice muchos de los carteles que piden que se termine con la corrupción política".
En opinión de José Álvarez Junco, doctor de Historia del Pensamiento, de Movimientos Sociales y Políticos de la Complutense, los políticos deberían estar preocupados: "Si se produjera un voto en blanco masivo, como en la novela de Saramago [Ensayo sobre la lucidez], los partidos deberían entenderlo como un acto de repulsa y probablemente eso provocaría un shock, pero será algo pasajero que se disolverá con el tiempo, como sucedió con Mayo del 68. Ahora existe una distancia entre los políticos y la ciudadanía que los candidatos no saben llenar, no hay formas de democracia directa y los partidos perpetúan a la misma gente en el poder, sin que se produzca ese relevo generacional que pide el pueblo. Hay muchos motivos para la protesta, al margen de la crisis", concluye.
Fermín Bouza, catedrático de Sociología y especialista en tendencia de voto, cree que esta vez las protestas afectarán a los socialistas: "El PSOE es el que va a pagar los platos rotos. Este es un momento que ya conocemos. En el año 2000, cuando se preveía que el PP iba a sacar mayoría absoluta, los votantes de izquierda se retiraron porque estaban descontentos con los socialistas y al final eliminaron las alternativas y allanaron el camino a la derecha. Puede que esta vez suceda algo similar". "Este nuevo movimiento puede triunfar a medio plazo precisamente porque no hay una propuesta concreta", continúa. "Es abstracto, como el Mayo Francés. Puede que después de las elecciones cese la agitación, pero no el espíritu del 15-M. Lo que perdurará será la idea de que hay que repensar la política".
El Inspirador de la Manifestación
“El pequeño libro ¡Indígnate! de Stephane Hessel se ha convertido en el manual de inspiración para las manifestaciones pacíficas que se han tomado la principal plaza de Madrid. Hessel, de 93 años y ex-combatiente de la Resistencia Francesa, publicó su libro el año pasado y su versión en castellano se lanzó en Madrid a finales del pasado mes de marzo. En su obra invita a las nuevas generaciones y a la ciudadanía a indignarse, a no resignarse, a hacer uso de su libertad para combatir al nuevo fascismo de nuestro tiempo: el terrorismo financiero, la privatización de lo público y la dictadura del mercado. Algunos párrafos de su alegato libertario y pacifista:
“La razón de la resistencia, es la indignación. Se osa decirnos que el Estado no puede asegurar los costos de estas medidas ciudadanas como Salud o Educación. Pero… ¿Cómo puede faltar dinero para mantener y prolongar estas conquistas si la producción de riquezas ha aumentado considerablemente después de la Liberación, período en el que Europa estaba arruinada? Por el contrario, el poder del dinero, tan combatido por la Resistencia, no ha sido nunca tan insolente, tan egoísta, con sus propios servidores hasta en las más altas esferas del Estado. Los bancos, a partir de ahora privatizados, se muestran pendientes de sus dividendos, y de los elevados salarios de sus dirigentes, no del interés general. La distancia entre los más pobres y los más ricos no ha sido nunca tan importante; y la carrera por el dinero, la competición, nunca tan animada. El motivo de base de la Resistencia era la indignación. Nosotros, veteranos de los movimientos de resistencia y de las fuerzas combatientes de la Francia libre, llamamos a las jóvenes generaciones a hacer vivir, a transmitir, la herencia de la Resistencia y sus ideas. Nosotros les decimos: ¡Tomad el relevo, indignaos! Los responsables políticos, económicos, intelectuales y el conjunto de la sociedad no deben renunciar, ni dejarse impresionar por la actual dictadura internacional de los mercados financieros que amenaza la paz y la democracia”.
Estamos viviendo un desafío claro al poder constituido, ¿qué resultara de ello?, no se sabe; eso depende de muchos factores, entre ellos, de la acción organizada y propositiva de la ciudadanía; que bien podría llamar a la realización de un referendo con base en sus propuestas sociales, a una huelga masiva de trabajadores, a la derogatoria del mandato o a la reformulación, por consenso de un tratado o pacto social, en el que se considere la redefinición de la monarquía parlamentaria, sus alcances, la depuración de la política, reformas económicas de fondo, garantías sociales, y quizás, también, la creación de otro mecanismo electoral.
NOTAS AL PIE
Revista Semana; ¿Cuál será el impacto real de las protestas en España?, Bogotá, mayo 20 de 2011
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http://www.semana.com/mundo/cual-sera-impacto-real-protestas-espana/157013-3.aspx
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El País; “El Movimiento 15-M mantiene el pulso ante el veto a las manifestaciones”. Nota de Fernando Garea, Inés Santaeulalia, Francisco Javier Barroso, Naiara Galarraga, Samira Salehy Carmen Pérez-Lanzac, Madrid, mayo 19 de 2011
El País; “El espíritu de la acampada de Sol se reproduce por las ciudades españolas”. Madrid, mayo 20 de 2011
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El País; “De fiesta nocturna a Mayo del 68”. Por Aurora Muñoz; Madrid, mayo 20 de 2011
http://www.elpais.com/articulo/espana/fiesta/nocturna/Mayo/68/elpepiesp/20110520elpepinac_6/Tes
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viernes, 20 de mayo de 2011
El Plan Nacional de Desarrollo, todo un retroceso democrático
Los derechos de las mujeres y de las víctimas de la guerra deben ser priorizados
Luego de una extenuante jornada de dos días de debates parlamentarios, fue aprobado el proyecto de Ley No 179 del 2010, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014”, y en el que según el presidente Juan Manuel Santos se realiza “la prosperidad para todos” los nacionales. Sin embargo, varios parlamentarios, algunos de ellos parta de la bancada de Unidad Nacional, expresaron su inconformidad frente a varios temas contenidos en la iniciativa. Entre esos temas llama la atención algunos artículos que contradicen la Ley de Víctimas, próxima a ser debatida próximamente en la plenaria del Senado.
“La creación de nuevos impuestos o el incremento en algunos de los ya existentes, como el predial y catastro, el desmonte de subsidios para servicios públicos, las flexibilizaciones laborales, la instalación de peajes en perímetros urbanos y la entrega de terrenos baldíos a grandes empresarios, son algunos de los temas que, (pese a la fuerte polémica desatada), finalmente contaron con el aval del Legislativo.” Además de estos aspectos, hay otros que son aún más preocupantes
Plan Nacional y las víctimas
Para el representante por el PDA, Iván Cepeda Castro, es preocupante que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) no contemple el presupuesto requerido para la reparación de las víctimas, y menos aún, para cumplir con las políticas de restitución de tierras. También le inquieta que la normativa no modifique las modalidades de ayuda humanitaria para los desplazados; política ésta que ha sido duramente cuestionada en periodos anteriores, y que contradice las disposiciones de la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte y sus respectivos autos de seguimiento, en tanto persiste en asignar un carácter de reparación a la asistencia humanitaria, lo cual no corresponde con las disposiciones tanto nacionales como internacionales, en esta materia.
“¿Cómo aspira el Gobierno Nacional a ejecutar las medidas de reparación contenidas en Ley víctimas y de Restitución de tierras, sin que se cree un sustento presupuestal en el PND?”, pregunta el representante Cepeda.
No reconocer la persistencia del conflicto armado y sus graves consecuencias para la sociedad colombiana y países de la región; la tolerancia frente al paramilitarismo al calificar de bandas criminales (Bacrim) a las poderosas estructuras armadas que dominan grandes territorios del país, (con la anuncia de algunas autoridades locales) o pretender ignorar el llamado de alerta hecho por el Ministerio del Interior, Germán Vargas Lleras, al advertir que estos grupos estarían pensando en tomarse el poder de alcaldías y gobernaciones en las próxima elecciones para controlar los presupuestos locales; son aspectos preocupantes de esta iniciativa, que, sin mucha difusión y poco margen para la reflexión ciudadana y el análisis de las organizaciones sociales, fue aprobada en el Congreso de la República.
La aprobación del PND puede convertirse en serio obstáculo para la aplicación de la ley de víctimas que pasa en próximos días a debate en la plenaria del Senado. El representante Cepeda advierte que: “Se socava cualquier posibilidad de reparación, pues no trae ninguna alusión sustancial de cómo se va a garantizar esta ley. No hay mecanismos concretos para luchar contra la impunidad y la atención a los desplazados continúa siendo asistencialista”. En cuanto al tema de tierras, los artículos 57 y del 186 al 188 sostienen que los baldíos y las zonas de reserva podrán entrar al mercado de tierras y ser otorgados a empresas y transnacionales a través de la decisión del Ejecutivo. Incluso, la sección A del capítulo quinto establece que los grupos delincuenciales serán caracterizados, hasta 2014 como bandas criminales. El artículo 174 establece que se podrán enajenar o entregar bienes militares”.
Para el representante Cepeda, el Plan Nacional de Desarrollo incluye medidas que tienden a darle continuidad a la política de seguridad democrática a través de la conformación de redes de informantes, y de la intención de armar a civiles, una práctica que se ha constituido en generador de violencia y de sistemática violación a los Derechos Humanos, y que además ha sido rechazada por las mismas Cortes.
“Es impensable que el Gobierno pretenda acudir a estas estrategias; si en los últimos 8 años, estas políticas han demostrado ser, no sólo insuficientes, sino generadoras de más violencia”, concluyó Cepeda.
Igualmente, señaló que el PND no fortalece instancias como la Defensoría del Pueblo, ni medidas que permitan contrarrestar la impunidad de crímenes como las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición y el desplazamiento forzados.
Plan Nacional y los derechos de las mujeres
El representante Iván Cepeda presentó una proposición durante el debate sobre el Plan Nacional de Desarrollo, para que se incluyera un artículo nuevo “que plantea la puesta en marcha de una política pública para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer”
La propuesta busca que las recomendaciones de los organismos internacionales de protección a los derechos Humanos y las obligaciones contenidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (ambas ratificadas por Colombia) sean acogidas por el Estado y concertadas con las organizaciones de mujeres”
Con la entrada en vigencia del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Nacional dispondrá de un máximo de seis meses para reglamentar la Ley 1257 de 2008, mediante “la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres y se reforman los Códigos Penal y de Procedimiento Penal y la Ley 294 de 1996”.
El congresista señaló que “es hora de que en Colombia se legisle para ponerle punto final a la violencia contra la mujer, que cada día aumenta ante la mirada indiferente de muchos sectores políticos. […] Es inadmisible que a dos años de haber sido aprobada la Ley 1257, todavía no se haya reglamentado esta trascendental norma”.
Esta Ley también deberá ser objeto de debate púbico. Más aún si se recuerda que fue a partir del marco normativo de esta Ley, como el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, mediante el decreto 164 del 25 de enero de 2010, creó la Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. No obstante, esta Mesa fue instituida pensando más en términos de seguridad del Estado que en la necesidad de proteger a las mujeres, según denunció la Casa de la Mujer. Otorgar un mayor énfasis a la participación de instituciones de carácter militar y policial en la Mesa, descartando la participación de organizaciones de mujeres, le restó garantías y legitimidad al trabajo que realiza; más todavía si se considera que la violencia contra las mujeres en el contexto de la guerra, también la ejercen los miembros de la fuerza pública, como ya ha sido ampliamente documentado y demostrado.
Amnistía Internacional afirma que “La violación y otros delitos sexuales, como la mutilación genital, son prácticas frecuentes de las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares como parte del repertorio de tácticas de terror que emplean contra las comunidades situadas en zonas de conflicto a las que acusan de colaborar con la guerrilla. Estas tácticas están concebidas para provocar desplazamientos en masa o romper los vínculos, presuntos o reales, entre dichas comunidades y las fuerzas guerrilleras. En este marco, la impunidad de que gozan los autores de estos delitos no es accidental, sino que forma parte de la estrategia de contrainsurgencia. Al sembrar el terror y explotar a las mujeres para conseguir objetivos militares, han convertido sus cuerpos en campos de batalla”.
“Según el decreto, se prevé como invitados permanentes de la Mesa: un representante del Comando General de las Fuerzas Militares y de la Dirección General de la Policía Nacional. Así mismo, “podrán participar como invitados permanentes delegados de las otras entidades que integran la ’Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres’, que se estimen pertinentes según lo establecido por el quórum decisorio” (art. 2 Parágrafo. 2). […] La presencia de representantes adicionales de las fuerzas armadas, además del Ministro de Defensa, otorga especial preponderancia a la seguridad en el sentido militar que a la seguridad en un sentido humano.
La Casa de la Mujer, también señala que al privilegiarse la participación de militar y policial, antes que la de las organizaciones de mujeres, se está expresando un enfoque de seguridad obsoleto, según el cual la seguridad está más relacionada con la seguridad del Estado, que con la seguridad humana. “Por lo tanto, la participación de las fuerzas militares y policiales en la Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, debe tener como objetivo fundamental que su actuar no implique más hechos violentos contra las mujeres. También, debe implicar que se desarrollen directrices para que las autoridades policiales actúen de manera efectiva cuando las instituciones administrativas o judiciales les encargan la aplicación de medidas de protección para las mujeres”
La Ley 1257 de 2008, afirma Cepeda Castro, también obliga al Ministerio de Educación a crear programas para vincular a las mujeres víctimas a programas de escolarización y aprendizaje de oficios, y a darles prioridad en el ingreso a programas de educación técnica y profesional.
El representante Iván Cepeda anunció que en los próximos días citará a un debate de fondo para tratar la situación de violencia contra las mujeres en el contexto del conflicto armado.
Otros temas inquietantes del PND
Frente al tema de empleo, salud y educación, tratado en el PND, también existen serias preocupaciones. Los artículos del 154 al 158 permiten que se contrate por días e incluso por horas y será el Fosyga el que realizará los aportes a parafiscales. “En un país donde la informalidad es rampante, generar empleo de esa manera va en contra de los derechos laborales”, señaló la bancada del Polo, al advertir que los artículos 129 al 142 estructuran los mecanismos para una progresiva privatización de la red hospitalaria y la educación pública; el artículo 142 permite la entrada de recursos privados para el sostenimiento de las universidades públicas.
La nueva Política tributaria, con la creación de nuevos impuestos, además de incumplir la promesa del presidente Santos quien siendo candidato se comprometió a no crear nuevos gravámenes, deja enormes inconformidades. Uno de los temas que mayor discusión generó en los debates, fue la aprobación de artículo 93, mediante el cual establece un aumento en los precios de la gasolina. En un comienzo, el Senado había aprobado una proposición presentada por el senador Luis Fernando Velasco para que el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles subsidiara cuando sus costos de producción, auditados por la Contraloría, fueran superiores a los ingresos al productor. Sin embargo, en el debate de votación final del articulado y en búsqueda de consensos, esa proposición fue retirada, por lo que su autor anunció que recurrirá a una iniciativa popular para modificar la fórmula que ordena aumentos reiterados de los precios de la gasolina . Igualmente preocupa el artículo 21 del PND, en el que se establece un incremento en el impuesto predial para todo el país a partir de 2013, pues aunque se haya descartado su entrada en vigencia a partir de la fecha, en consideración con las familias damnificadas a causa del invierno, es una medida impopular que afectará el bolsillo de todos los colombianos. A este respecto, el director de Planeación Nacional, Hernando José Gómez, aclaró que frente al impuesto predial, este aumento no tendrá efectos sobre la vivienda de interés social. “El incremento, explicó, del 1x1.000 al 5x1.000, afectará a los estratos 4,5 y 6, pero ya en muchas de las ciudades, el predial está por encima de ese monto, razón por la cual no hay por qué alarmarse”
Otro tema del PND que suscitó fuerte controversia fue el relacionado con la minería extractiva y el medio ambiente El representante del PDA, Wilson Arias, declaró que se trata de una decisión retrógrada que nos devuelve a los tiempos de la Colonia.
También advirtió sobre el impacto ambiental que esta política generaría (en momentos en los que ningún Estado puede desconocer su responsabilidad frente a este trascendental tema para la humanidad, ni abstenerse de fijar sus agendas y políticas considerando la crisis del cambio climático que estamos afrontando en todo el planeta). Arias criticó fuertemente el hecho de que la política económica del Gobierno Santos, pretenda convertir a Colombia en un país eminentemente productor de materias primas abandonando a otros sectores que reclaman de urgente atención como el agrícola, la seguridad alimentaria y a la industria nacional.
Por su parte el representante del Partido Verde, Félix Valera, afirmó que el PND no contempla los recursos necesarios para equilibrar el desarrollo extractivo con políticas de protección ambiental: “El capítulo quinto no garantiza la protección de ecosistemas frágiles y vitales como los humedales”. Igualmente, cuestionó la asignación de facultades especiales al Ejecutivo para que determine las zonas de reserva forestal siempre que el Gobierno esté interesado en algún proyecto extractivo. “Parece que este capítulo estuviera hecho por las empresas mineras”, concluyó.
De otra parte, el hecho de que el PND contenga 45 artículos en los cuales se otorgan facultades extraordinarias al Ejecutivo para que defina unilateralmente el tratamiento en varios temas, como lo denunció la bancada del Partido Libera, ha generado bastante inquietud sobre los fines últimos de la norma.
“Estoy a favor del Plan, pero no quiere decir que todo lo que diga el Gobierno es verdad revelada. Hay una excesiva centralización de los recursos y las decisiones en manos del Gobierno central”, sostuvo el senador liberal Camilo Sánchez, coordinador ponente de la iniciativa. El senador Carlos Baena, por el partido Mira, advirtió que el PND parece más un plan nacional de facultades que termina permitiendo que el Gobierno se salte el Congreso .
El PND, presentado como la plataforma para el desarrollo de la agenda del Gobierno, podría convertirse justamente en un serio obstáculo para sus propias iniciativas, incluso podría terminar por desfigurar el rostro con el cual espera pasar a la historia el actual gobierno. El descontento al interior de todas las bancadas fue evidente; sin embargo, muchos parlamentarios terminaron por ceder en sus posiciones, por aprobar la Ley y al final nadie quedó satisfecho con el resultado.
EL PND además de poner en entredicho el valor de la palabra del actual mandatario es un serio obstáculo para la implementación de otras importantes iniciativas que actualmente se encuentran en trámite ante al Congreso de la República, como la Ley de Víctimas; y en nada contribuiría a mejorar la situación de violencia, de pobreza, exclusión y marginalidad que viven importantes sectores del país. Al contrario, el retroceso en temas esenciales como seguridad alimentaria, medio ambiente, sostenibilidad fiscal, derechos humanos, y otros, debe conducir a una profunda reflexión sobre los costos que genera esta iniciativa, y en las alternativas existentes para cambiar el curso de esta historia.
NOTAS AL PIE
En El Espectador; “Los 'peros' al Plan de Desarrollo. Congreso aprobó carta de navegación del gobierno Santos”. Sección Política. Abril 29 de 2011
http://ivan-cepeda.blogspot.com/2011/04/en-discusion-de-plan-nacional-de.html
En El Espectador; Op Cit
http://ivan-cepeda.blogspot.com/2011/04/en-discusion-de-plan-nacional-de.html
Proposición “Adiciónese un artículo al proyecto de Ley N0 179 del 2010, por la cual se expide el Plan Nacional de desarrollo 2010-2014”. Bogotá, abril 27 de 2011
Casa de la Mujer; “Violencias contra las mujeres”. Tomado del Informe de Amnistía Internacional. 2004
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En El Espectador; Op Cit
En El Espectador; “Los 'peros' al Plan de Desarrollo. Congreso aprobó carta de navegación del gobierno Santos”. Sección Política. Abril 29 de 2011
Ibid
Ibid
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ARTÍCULO PUBLICADO EN EL SEMANARIO CAJA DE HERRAMIENTAS.
Luego de una extenuante jornada de dos días de debates parlamentarios, fue aprobado el proyecto de Ley No 179 del 2010, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014”, y en el que según el presidente Juan Manuel Santos se realiza “la prosperidad para todos” los nacionales. Sin embargo, varios parlamentarios, algunos de ellos parta de la bancada de Unidad Nacional, expresaron su inconformidad frente a varios temas contenidos en la iniciativa. Entre esos temas llama la atención algunos artículos que contradicen la Ley de Víctimas, próxima a ser debatida próximamente en la plenaria del Senado.
“La creación de nuevos impuestos o el incremento en algunos de los ya existentes, como el predial y catastro, el desmonte de subsidios para servicios públicos, las flexibilizaciones laborales, la instalación de peajes en perímetros urbanos y la entrega de terrenos baldíos a grandes empresarios, son algunos de los temas que, (pese a la fuerte polémica desatada), finalmente contaron con el aval del Legislativo.” Además de estos aspectos, hay otros que son aún más preocupantes
Plan Nacional y las víctimas
Para el representante por el PDA, Iván Cepeda Castro, es preocupante que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) no contemple el presupuesto requerido para la reparación de las víctimas, y menos aún, para cumplir con las políticas de restitución de tierras. También le inquieta que la normativa no modifique las modalidades de ayuda humanitaria para los desplazados; política ésta que ha sido duramente cuestionada en periodos anteriores, y que contradice las disposiciones de la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte y sus respectivos autos de seguimiento, en tanto persiste en asignar un carácter de reparación a la asistencia humanitaria, lo cual no corresponde con las disposiciones tanto nacionales como internacionales, en esta materia.
“¿Cómo aspira el Gobierno Nacional a ejecutar las medidas de reparación contenidas en Ley víctimas y de Restitución de tierras, sin que se cree un sustento presupuestal en el PND?”, pregunta el representante Cepeda.
No reconocer la persistencia del conflicto armado y sus graves consecuencias para la sociedad colombiana y países de la región; la tolerancia frente al paramilitarismo al calificar de bandas criminales (Bacrim) a las poderosas estructuras armadas que dominan grandes territorios del país, (con la anuncia de algunas autoridades locales) o pretender ignorar el llamado de alerta hecho por el Ministerio del Interior, Germán Vargas Lleras, al advertir que estos grupos estarían pensando en tomarse el poder de alcaldías y gobernaciones en las próxima elecciones para controlar los presupuestos locales; son aspectos preocupantes de esta iniciativa, que, sin mucha difusión y poco margen para la reflexión ciudadana y el análisis de las organizaciones sociales, fue aprobada en el Congreso de la República.
La aprobación del PND puede convertirse en serio obstáculo para la aplicación de la ley de víctimas que pasa en próximos días a debate en la plenaria del Senado. El representante Cepeda advierte que: “Se socava cualquier posibilidad de reparación, pues no trae ninguna alusión sustancial de cómo se va a garantizar esta ley. No hay mecanismos concretos para luchar contra la impunidad y la atención a los desplazados continúa siendo asistencialista”. En cuanto al tema de tierras, los artículos 57 y del 186 al 188 sostienen que los baldíos y las zonas de reserva podrán entrar al mercado de tierras y ser otorgados a empresas y transnacionales a través de la decisión del Ejecutivo. Incluso, la sección A del capítulo quinto establece que los grupos delincuenciales serán caracterizados, hasta 2014 como bandas criminales. El artículo 174 establece que se podrán enajenar o entregar bienes militares”.
Para el representante Cepeda, el Plan Nacional de Desarrollo incluye medidas que tienden a darle continuidad a la política de seguridad democrática a través de la conformación de redes de informantes, y de la intención de armar a civiles, una práctica que se ha constituido en generador de violencia y de sistemática violación a los Derechos Humanos, y que además ha sido rechazada por las mismas Cortes.
“Es impensable que el Gobierno pretenda acudir a estas estrategias; si en los últimos 8 años, estas políticas han demostrado ser, no sólo insuficientes, sino generadoras de más violencia”, concluyó Cepeda.
Igualmente, señaló que el PND no fortalece instancias como la Defensoría del Pueblo, ni medidas que permitan contrarrestar la impunidad de crímenes como las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición y el desplazamiento forzados.
Plan Nacional y los derechos de las mujeres
El representante Iván Cepeda presentó una proposición durante el debate sobre el Plan Nacional de Desarrollo, para que se incluyera un artículo nuevo “que plantea la puesta en marcha de una política pública para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer”
La propuesta busca que las recomendaciones de los organismos internacionales de protección a los derechos Humanos y las obligaciones contenidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (ambas ratificadas por Colombia) sean acogidas por el Estado y concertadas con las organizaciones de mujeres”
Con la entrada en vigencia del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Nacional dispondrá de un máximo de seis meses para reglamentar la Ley 1257 de 2008, mediante “la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres y se reforman los Códigos Penal y de Procedimiento Penal y la Ley 294 de 1996”.
El congresista señaló que “es hora de que en Colombia se legisle para ponerle punto final a la violencia contra la mujer, que cada día aumenta ante la mirada indiferente de muchos sectores políticos. […] Es inadmisible que a dos años de haber sido aprobada la Ley 1257, todavía no se haya reglamentado esta trascendental norma”.
Esta Ley también deberá ser objeto de debate púbico. Más aún si se recuerda que fue a partir del marco normativo de esta Ley, como el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, mediante el decreto 164 del 25 de enero de 2010, creó la Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. No obstante, esta Mesa fue instituida pensando más en términos de seguridad del Estado que en la necesidad de proteger a las mujeres, según denunció la Casa de la Mujer. Otorgar un mayor énfasis a la participación de instituciones de carácter militar y policial en la Mesa, descartando la participación de organizaciones de mujeres, le restó garantías y legitimidad al trabajo que realiza; más todavía si se considera que la violencia contra las mujeres en el contexto de la guerra, también la ejercen los miembros de la fuerza pública, como ya ha sido ampliamente documentado y demostrado.
Amnistía Internacional afirma que “La violación y otros delitos sexuales, como la mutilación genital, son prácticas frecuentes de las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares como parte del repertorio de tácticas de terror que emplean contra las comunidades situadas en zonas de conflicto a las que acusan de colaborar con la guerrilla. Estas tácticas están concebidas para provocar desplazamientos en masa o romper los vínculos, presuntos o reales, entre dichas comunidades y las fuerzas guerrilleras. En este marco, la impunidad de que gozan los autores de estos delitos no es accidental, sino que forma parte de la estrategia de contrainsurgencia. Al sembrar el terror y explotar a las mujeres para conseguir objetivos militares, han convertido sus cuerpos en campos de batalla”.
“Según el decreto, se prevé como invitados permanentes de la Mesa: un representante del Comando General de las Fuerzas Militares y de la Dirección General de la Policía Nacional. Así mismo, “podrán participar como invitados permanentes delegados de las otras entidades que integran la ’Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres’, que se estimen pertinentes según lo establecido por el quórum decisorio” (art. 2 Parágrafo. 2). […] La presencia de representantes adicionales de las fuerzas armadas, además del Ministro de Defensa, otorga especial preponderancia a la seguridad en el sentido militar que a la seguridad en un sentido humano.
La Casa de la Mujer, también señala que al privilegiarse la participación de militar y policial, antes que la de las organizaciones de mujeres, se está expresando un enfoque de seguridad obsoleto, según el cual la seguridad está más relacionada con la seguridad del Estado, que con la seguridad humana. “Por lo tanto, la participación de las fuerzas militares y policiales en la Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, debe tener como objetivo fundamental que su actuar no implique más hechos violentos contra las mujeres. También, debe implicar que se desarrollen directrices para que las autoridades policiales actúen de manera efectiva cuando las instituciones administrativas o judiciales les encargan la aplicación de medidas de protección para las mujeres”
La Ley 1257 de 2008, afirma Cepeda Castro, también obliga al Ministerio de Educación a crear programas para vincular a las mujeres víctimas a programas de escolarización y aprendizaje de oficios, y a darles prioridad en el ingreso a programas de educación técnica y profesional.
El representante Iván Cepeda anunció que en los próximos días citará a un debate de fondo para tratar la situación de violencia contra las mujeres en el contexto del conflicto armado.
Otros temas inquietantes del PND
Frente al tema de empleo, salud y educación, tratado en el PND, también existen serias preocupaciones. Los artículos del 154 al 158 permiten que se contrate por días e incluso por horas y será el Fosyga el que realizará los aportes a parafiscales. “En un país donde la informalidad es rampante, generar empleo de esa manera va en contra de los derechos laborales”, señaló la bancada del Polo, al advertir que los artículos 129 al 142 estructuran los mecanismos para una progresiva privatización de la red hospitalaria y la educación pública; el artículo 142 permite la entrada de recursos privados para el sostenimiento de las universidades públicas.
La nueva Política tributaria, con la creación de nuevos impuestos, además de incumplir la promesa del presidente Santos quien siendo candidato se comprometió a no crear nuevos gravámenes, deja enormes inconformidades. Uno de los temas que mayor discusión generó en los debates, fue la aprobación de artículo 93, mediante el cual establece un aumento en los precios de la gasolina. En un comienzo, el Senado había aprobado una proposición presentada por el senador Luis Fernando Velasco para que el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles subsidiara cuando sus costos de producción, auditados por la Contraloría, fueran superiores a los ingresos al productor. Sin embargo, en el debate de votación final del articulado y en búsqueda de consensos, esa proposición fue retirada, por lo que su autor anunció que recurrirá a una iniciativa popular para modificar la fórmula que ordena aumentos reiterados de los precios de la gasolina . Igualmente preocupa el artículo 21 del PND, en el que se establece un incremento en el impuesto predial para todo el país a partir de 2013, pues aunque se haya descartado su entrada en vigencia a partir de la fecha, en consideración con las familias damnificadas a causa del invierno, es una medida impopular que afectará el bolsillo de todos los colombianos. A este respecto, el director de Planeación Nacional, Hernando José Gómez, aclaró que frente al impuesto predial, este aumento no tendrá efectos sobre la vivienda de interés social. “El incremento, explicó, del 1x1.000 al 5x1.000, afectará a los estratos 4,5 y 6, pero ya en muchas de las ciudades, el predial está por encima de ese monto, razón por la cual no hay por qué alarmarse”
Otro tema del PND que suscitó fuerte controversia fue el relacionado con la minería extractiva y el medio ambiente El representante del PDA, Wilson Arias, declaró que se trata de una decisión retrógrada que nos devuelve a los tiempos de la Colonia.
También advirtió sobre el impacto ambiental que esta política generaría (en momentos en los que ningún Estado puede desconocer su responsabilidad frente a este trascendental tema para la humanidad, ni abstenerse de fijar sus agendas y políticas considerando la crisis del cambio climático que estamos afrontando en todo el planeta). Arias criticó fuertemente el hecho de que la política económica del Gobierno Santos, pretenda convertir a Colombia en un país eminentemente productor de materias primas abandonando a otros sectores que reclaman de urgente atención como el agrícola, la seguridad alimentaria y a la industria nacional.
Por su parte el representante del Partido Verde, Félix Valera, afirmó que el PND no contempla los recursos necesarios para equilibrar el desarrollo extractivo con políticas de protección ambiental: “El capítulo quinto no garantiza la protección de ecosistemas frágiles y vitales como los humedales”. Igualmente, cuestionó la asignación de facultades especiales al Ejecutivo para que determine las zonas de reserva forestal siempre que el Gobierno esté interesado en algún proyecto extractivo. “Parece que este capítulo estuviera hecho por las empresas mineras”, concluyó.
De otra parte, el hecho de que el PND contenga 45 artículos en los cuales se otorgan facultades extraordinarias al Ejecutivo para que defina unilateralmente el tratamiento en varios temas, como lo denunció la bancada del Partido Libera, ha generado bastante inquietud sobre los fines últimos de la norma.
“Estoy a favor del Plan, pero no quiere decir que todo lo que diga el Gobierno es verdad revelada. Hay una excesiva centralización de los recursos y las decisiones en manos del Gobierno central”, sostuvo el senador liberal Camilo Sánchez, coordinador ponente de la iniciativa. El senador Carlos Baena, por el partido Mira, advirtió que el PND parece más un plan nacional de facultades que termina permitiendo que el Gobierno se salte el Congreso .
El PND, presentado como la plataforma para el desarrollo de la agenda del Gobierno, podría convertirse justamente en un serio obstáculo para sus propias iniciativas, incluso podría terminar por desfigurar el rostro con el cual espera pasar a la historia el actual gobierno. El descontento al interior de todas las bancadas fue evidente; sin embargo, muchos parlamentarios terminaron por ceder en sus posiciones, por aprobar la Ley y al final nadie quedó satisfecho con el resultado.
EL PND además de poner en entredicho el valor de la palabra del actual mandatario es un serio obstáculo para la implementación de otras importantes iniciativas que actualmente se encuentran en trámite ante al Congreso de la República, como la Ley de Víctimas; y en nada contribuiría a mejorar la situación de violencia, de pobreza, exclusión y marginalidad que viven importantes sectores del país. Al contrario, el retroceso en temas esenciales como seguridad alimentaria, medio ambiente, sostenibilidad fiscal, derechos humanos, y otros, debe conducir a una profunda reflexión sobre los costos que genera esta iniciativa, y en las alternativas existentes para cambiar el curso de esta historia.
NOTAS AL PIE
En El Espectador; “Los 'peros' al Plan de Desarrollo. Congreso aprobó carta de navegación del gobierno Santos”. Sección Política. Abril 29 de 2011
http://ivan-cepeda.blogspot.com/2011/04/en-discusion-de-plan-nacional-de.html
En El Espectador; Op Cit
http://ivan-cepeda.blogspot.com/2011/04/en-discusion-de-plan-nacional-de.html
Proposición “Adiciónese un artículo al proyecto de Ley N0 179 del 2010, por la cual se expide el Plan Nacional de desarrollo 2010-2014”. Bogotá, abril 27 de 2011
Casa de la Mujer; “Violencias contra las mujeres”. Tomado del Informe de Amnistía Internacional. 2004
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En El Espectador; Op Cit
En El Espectador; “Los 'peros' al Plan de Desarrollo. Congreso aprobó carta de navegación del gobierno Santos”. Sección Política. Abril 29 de 2011
Ibid
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ARTÍCULO PUBLICADO EN EL SEMANARIO CAJA DE HERRAMIENTAS.
domingo, 17 de abril de 2011
Ley de Víctimas será una realidad
El proyecto de Ley aprobado en la Comisión Primera del Senado, pasa ahora a la Plenaria del Senado, donde seguramente será votado positivamente, y terminará por convertirse en Ley de la República.
Algunos sectores sociales y políticos del país, esperan con entusiasmo la aprobación de la Ley de Víctimas y restitución de tierras, y consideran que esta iniciativa, aunque no es perfecta, logra su objetivo primordial de reconocer y reparar integralmente a las víctimas del conflicto y la violencia. Otros sectores, en cambio, perciben que tal y como está planteada la Ley, hasta la fecha, es incompleta y no logrará cumplir con los estándares internacionales sobre igualdad, reparación y equidad. Un tema que preocupa particularmente, se refiere a la restitución de tierras en el contexto del conflicto armado.
El jefe único del Partido Liberal, Rafael Pardo, quizás uno de los más entusiastas con la iniciativa, declaró a Caracol Radio, que esta Ley podría cambiar el curso del conflicto en Colombia, porque prioriza las voces y necesidades de las víctimas sobre las pretensiones de los victimarios.
“Esta ley le cambiará la vida a muchos colombianos. […]El Estado está reconociendo que tiene que liderar la reconciliación es con quienes han sufrido la guerra. […] El proyecto de ley permitirá hacer reconciliación con las víctimas y es dándole a ellos el reconocimiento y la posibilidad de tener una vida nueva de recuperar tierras que han perdido, de tener la posibilidad de justicia y de memoria” afirmó Pardo Rueda.(1)
Si bien es cierto que la Ley, aparentemente, se desarrolla otorgando supremacía a buena parte de las víctimas de la violencia, sin considerar la identidad del victimario, así mismo lo es, que las condiciones sociales, políticas y económicas que propiciaron el largo conflicto, y permitieron el despojo masivo de tierras, se sostienen y difícilmente serán superadas. De otra parte, los requisitos básicos, en materia de seguridad y opciones de desarrollo económico y productivo, para garantizar un retorno definitivo a las familias desplazadas tampoco están garantizados.
Los parlamentarios de las distintas bancadas políticas al interior de la Comisión Primera de Senado, lograron conciliar en varios artículos de la Ley que habían sido objeto de enorme polémica, como lo referente a la fecha a partir de la cual se reconocen a las víctimas y el derecho a la restitución de tierras, la supresión del arbitrario derecho de superficie y el marco institucional.
Respecto a la fecha se estableció, finalmente, que sea a partir del 1ro de enero de 1985 que se reconozcan a las víctimas que dentro de esta normativa podrían ser objeto de reparación; lo que permite que sean incluidas la mayoría de las víctimas de la Unión Patriótica y de masacres y ejecuciones perpetradas por grupos paramilitares como la desaparición de los 19 comerciantes de Arauca en 1987, las masacres de la Rochela, Segovia, La Mejor Esquina, entre otras. También incluye los magnicidios del Guillermo Cano, director de El Espectador; del Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos; del candidato presidencial y líder de la Up Jaime Pardo Leal; del dirigente comunista José Antequera; del defensor de derechos humanos Héctor Abad Gómez; del abogado Eduardo Umaña Mendoza; del ex ministro de Justicia Enrique Low Murtra; y de los candidatos presidenciales: Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro, Luis Carlos Galán Sarmiento; entre otros casos. También quedan incluidas las víctimas del atentado contra el avión de Avianca de 1989. De otra parte, se establece que las víctimas de hechos de violencia anteriores a 1985, como en el caso del asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, podrían ser objeto de reparación simbólica.
La fecha para la restitución de tierras se estableció a partir de 1991, lo que deja por fuera la posibilidad de que miles de hectáreas de tierra despojadas sean devueltas a sus dueños originales.
A este respecto, la Mesa Nacional de Víctimas, aunque expresó su satisfacción porque el tema de los derechos de las víctimas y de restitución de tierras, ocupe un lugar sobresaliente en la agenda del actual gobierno, advierte que se trata de un vacío preocupante. Frente al establecimiento de las dos fechas, la Mesa Nacional, a través de su vocero, Antonio Madariaga, había expresado que “una fecha adecuada debía ser 1980. Nos preocupa que en la ponencia, que actualmente está discutiéndose, aparece como fecha de inicio de la restitución 1991, lo cual crea una discriminación inaceptable”.
El Director para Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), Michael Reed, afirma que si bien el corte en el tiempo, para el reconocimiento de las víctimas, es entendible, tiene que ser justificado.
“¿Por qué el 91?, ¿por qué el 85, por qué no el 70?… Las decisiones para que no sean arbitrarias hay que explicarlas. Y como se ha dicho en varias ocasiones, se puede correr el riesgo, con esos límites temporales, por ejemplo al colocar el límite temporal de 1991 para el ejercicio de restitución de tierras, de excluir de manera explícita a las víctimas de antes del 91, es decir que las personas que tenían tierra antes del 91, no pueden, bajo este procedimiento, pretender reclamar su tierra.
Entonces uno se coloca en regiones en donde, por ejemplo, el paramilitarismo tuvo como propósito desalojar y desplazar a las personas, como en el caso de la región del Chucurí, Santander, y si sólo se reconoce ese año, serían aquellos que están sobre la tierra, después de 1991, los que podrían reclamar esa tierra; y ahí, en ese caso, se demuestra la arbitrariedad. En consecuencia, habrían personas que estando allí desde antes de esa fecha, que tenían un reclamo, al menos de una posesión prolongada sobre la tierra, que esta ley estaría desconociendo. […] Lo que nos dice la práctica es que (la fijación de una fecha) debería ser lo más incluyente posible y además debería tener una justificación basada en la historia, en los hechos sociales y en los contextos socio políticos en las diferentes regiones del país. […] Es necesario tener fechas, pero tienen que ser razonables. […] Los programas administrativos de reparaciones parten de esa base, de esa noción; se requiere claramente delimitar un universo de víctimas y se necesitan las fechas, pero van a quedar algunas personas excluidas; sin embargo, el hecho de que queden excluidas de la cobertura de un programa administrativo de reparaciones X, no quiere decir que a esas personas se les pueda restringir su derecho a acceder a la justicia.
El senador liberal Juan Fernando Cristo, ponente de la Ley, explicó “que para la reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia se tendrá en cuenta a los afectados desde el primero de enero 1985 y que no habrá ninguna clase de discriminación a la hora de reconocer a una víctima. […] Esta ley cobijará tanto a las víctimas de los grupos armados ilegales, como a los afectados por acciones de agentes del Estado”.(2)
La fecha a fijarse dentro de la Ley de víctimas, para el reconocimiento de las personas a las que les fueron violados sus derechos humanos y que también fueron objeto de infracciones al DIH, como en el caso de combatientes en estado de indefensión o sus familiares, o para la restitución de tierras, no sólo debe ser generosa; sino que debe ser justa y coherente. Es necesario que la fecha establecida obedezca a un análisis sobre periodización de la violencia y que tenga un sentido social y un sentido histórico. La fecha, para que sea justa, tiene que ser lo más incluyente posible.
El Universo de las Víctimas
En la comisión primera del Senado quedó establecido que se reconocerá el derecho a reparación de los familiares de los guerrilleros, siempre y cuando éstos sean víctimas directas del conflicto.
“En la medida en que sufra él (familiar de un guerrillero o paramilitar) directamente un menos cabo a sus derechos humanos o una violación a las normas del Derecho Internacional Humanitario, como cualquier ciudadano, tendría derecho a reclamar bajo los parámetros de la ley”, explicó el ponente del proyecto, el senador Juan Fernando Cristo. Sin embargo, la ley es explicita en señalar que no reconocerá a ningún hermano, a ningún conyugue, a ningún hijo, de un miembro de un grupos armado al margen de la ley.(3)
Frente a este polémico tema y de acuerdo a la definición sobre víctima, establecida tanto por la normativa internacional como por la Corte Constitucional, aún persiste la exclusión de varias personas, que habiendo sido objeto de graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al DIH, no serían consideradas como tal.
Sobre el planteamiento de algunas exclusiones, Michael Reed se refiere a la necesidad de que los estados cumplan su deber de reconocer y reparar a todas las víctimas.
“En Colombia, se optó por una fórmula que también existe en el Perú, y es que nunca se va a reconocer que una persona que hizo parte de los grupos armados ilegales pueda ser victimizada, entonces eso nos lleva a situaciones como las del Perú; donde una persona que pudo ser miembro del grupo “Sendero Luminoso”, pero que después de haber depuesto las armas, haber sido aprendida, puesta en prisión, y estando en prisión, fue torturada o violada, no se le va a reconocer su status de víctima. En Colombia se tomó esa decisión y se dijo que aquellos miembros de los grupos armados ilegales, aunque hubieran sido víctimas de violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario, al menos para esta Ley, no estarían cobijados. La practica internacional lo que nos dice es que la definición debe ser lo más amplia posible, que no esté condicionada a la identificación específica e individualizada del perpetrador, sino que por el contrario, debe tratar de proteger a todas aquellas víctimas de violaciones graves a los derechos humanos e infracciones al DIH. El Estado colombiano y cualquier Estado tienen obligaciones con todas las víctimas del delito violento; el tema es que se hace una diferenciación y una distinción entre algunas de esas víctimas”.
Sobre restitución de tierras
El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, calificó de “histórica” la aprobación del proyecto y recordó que éste es la “columna vertebral” del programa de gobierno del presidente Santos. Igualmente, agradeció que se brinde por parte del Congreso los instrumentos para el proceso de restitución de tierras que el Gobierno ya tiene en marcha.(4)
Para la Mesa Nacional de Víctimas, más que restitución de tierras, se está hablando básicamente es de restitución de títulos porque no contempla el conjunto del patrimonio. “Es decir, las personas no sólo tenían una superficie de tierra, sino que tenían animales domésticos, como el ganado vacuno, cultivos, maquinaria, y ninguno de esos bienes están contemplados en la ley, porque ésta solo contempla el título de la tierra. Entonces, insistimos que si se quiere cumplir con los estándares internacionales, también tiene que haber reintegro del patrimonio perdido. En esa misma dirección, nos preocupa muchísimo que se haya introducido una cláusula que permitiría que supuestos terceros de buena fe puedan seguir explotando los predios que fueron despojados o abandonados, y que el legítimo titular que fue desplazado, tenga que obligatoriamente arreglar esas tierras para que las usufructúen por el hecho de que tengan allí establecido algún tipo de explotación”. (5)
Frente al Derecho de Superficie, que fue una de las modificaciones impulsadas en la ponencia del Senado, después de haber sido aprobada en la Cámara de Representantes en sus dos debates reglamentarios, el PDA y la Mesa Nacional de Víctimas, advirtieron que esta medida buscaba favorecer a quienes ejecutaron el despojo, impidiendo el derecho efectivo a la restitución y el retorno de los despojados a sus actividades productivas cotidianas. Además, al partir de la base que sólo se refería a terceros de buena fe, se estaba invocando la falsedad en el concepto, por cuanto, bajo esa premisa, muchos de los despojadores, podrían presentarse de tal modo (no habría manera de demostrar lo contrario o salvo en algunos casos muy evidentes) y así, lograrían mantener las tierras que obtuvieron de manera espuria o con violencia.
A éste respecto, la Mesa Nacional, había señalado que: “Ceder el usufructo de las tierras a terceros de buena fe que acrediten su posesión e inversión en tierras que fueron objeto de despojo se convierte en otro mecanismo de legalización de ese mismo despojo. El principio de buena fe no debe ser invocado ni siquiera sobre la adquisición legal de tierras por un valor inferior al costo del predio y sobre ninguna otra forma de despojo”.
Sobre la Imposibilidad de restituir cuando se trata de bienes de utilidad pública e interés social, la bancada del PDA señaló que “Estos preceptos no son definidos en el texto de la ponencia, pero comportan, según el texto, imposibilidad material de restitución y por lo tanto pueden ser interpretados y aplicados de manera tal que vulneren los derechos de las víctimas”.
Otro aspecto que sigue preocupando se refiere a la distinción entre reparación, medidas de asistencia y ayuda humanitaria. Atendiendo la jurisprudencia y el ordenamiento internacional en esta materia, existen profundas diferencias entre ayuda humanitaria, servicios sociales y medidas de reparación, desatendidas en la ponencia. De otra parte, tal y como lo señaló la Mesa Nacional, “El sentido de la reparación tiene que ver con el reconocimiento de la responsabilidad en el daño infringido, con el deber del Estado de garantizar bienestar, desarrollo y justicia a todos los ciudadanos, con el cumplimiento de los mandatos constitucionales y la posibilidad de resarcir el daño causado procurando que las víctimas recuperen su condición de vida previa a la agresión o logren mejorarla. En concepto de la Corte Constitucional, la reparación transformadora indica que la víctima al ser reparada deberá obtener condiciones nuevas que le aseguren un nivel de vida superior y el ejercicio pleno de su ciudadanía. El proyecto insiste en confundir medidas de reparación con programas de asistencia humanitaria o acceso a servicios sociales a los que tienen derecho todos los ciudadanos”
Los avances de la Ley
Uno de los avances más significativos de la Ley, se refiere a la obligación de reparar de terceros y las competencias judiciales a implementarse para tal propósito. La ley estableció que los parapolíticos y empresarios que apoyaron grupos irregulares deberán asumir su responsabilidad dentro del proceso de reparación de las víctimas. La iniciativa busca que ambos coadyuven al Estado en el resarcimiento a los afectados del conflicto armado.(6)
“En el proyecto se decidió dejar que las empresas y funcionarios públicos que financiaron grupos ilegales deben reparar a sus víctimas. Pero no dentro del mismo proceso de reparación, sino como un incidente de la justicia ordinaria aunque sin exigir que se individualicen las víctimas, sino que se beneficiarían todas las víctimas del bloque que financiaron. Y frente a la doble instancia, lo que se acordó es que los casos de restitución serán tramitados por jueces de circuito designados por el Consejo Superior de la Judicatura para que se encarguen exclusivamente de la investigación, pidan pruebas, etc. Y la decisión será tomada por tribunales superiores. Y habrá, en todo caso, un recurso extraordinario de revisión. En conclusión: habrá una sola instancia, pero con dos filtros”.(7)
Respecto a las víctimas de agentes del Estado, se mantuvo la propuesta que fue aprobada en la Cámara de Representantes, en el sentido que se reconoce el derecho de todas víctimas a graves violaciones a los derechos humanos a ser objeto de reparación, sin considerar el origen ni la identidad del victimario. Este punto había sido negado enfáticamente por el gobierno Uribe, y se constituyó la principal causa para que el anterior proyecto de Ley se hundiera en el Congreso.
De otra parte, frente a la polémica sobre el sostenimiento de Acción Social, ante las quejas que se han presentado sobre su mal funcionamiento y desvío de recursos, lo que llevó a plantear la suspensión de la entidad, se acordó que este organismo -entendido como “bastión uribista en lo simbólico (dado que manejaba todos los programas sociales de la anterior administración, incluyendo Familias en Acción) y en lo burocrático” - se sostenga, aunque se convertirá, tal vez bajo otra denominación, en un Departamento Administrativo de la Presidencia a cargo de los programas sociales impulsados por el gobierno de Uribe Vélez. Asimismo se creará una nueva Unidad Administrativa Especial de Reparación, adscrita a esta entidad, pero independiente, para que se encargue de toda la ejecución de la reparación a las víctimas, satisfaciendo el interés de los liberales en tener una entidad dedicada exclusivamente a la reparación.
El retiro de la propuesta del derecho a superficie, que apuntaba a convertirse en una forma para la legalización del despojo, es un logro muy importante que nuevamente ubica en el centro del debate los derechos de las víctimas, sobre las bondades que muchos aspiran a imponer sobre los victimarios.
Temas como reparación colectiva, el concepto de reparación integral vs asistencia humanitaria, garantías para la restitución de tierras y retorno, consulta previa, y otros, deberán ser analizados con máximo cuidado en la plenaria del Senado.
Igualmente lo que se refiere a las llamadas bandas criminales, Bacrim, que como el país sabe, aunque se resista a admitirlo, se trata de las mismas estructuras paramilitares bajo otros mandos; de hecho están integradas en más del un 50 % por los mismos hombres que hacían parte de los anteriores grupos, supuestamente desmovilizados. El informe de comienzos de año de la Fiscalía General de la Nación así lo reconoce cuando afirma tener documentados 173.183 homicidios, 1.597 masacres y 34.467 desapariciones cometidas por paramilitares entre el 2005 y el 2010 ; fecha en la que se supone, según afirmaba el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, estos grupos habían desaparecido.
Finalmente la Ley, proyecto bandera del gobierno Santos, logrará convertirse en Ley de la república; no obstante, dado el inconformismo frente a diversos temas, se puede advertir que no será la última Ley de esta naturaleza que haga trámite ante el legislativo, y que tal y como van las cosas, seguirá incrementándose el número de víctimas de una guerra no reconocida, tampoco declarada y menos terminada, aún cuando se hable de justicia transicional, de post conflicto o de una comisión de la verdad para que documente el horror que varias generaciones han enfrentado, desde el silencio, el miedo, la marginalidad y, sobre todo, la impunidad.
Para mayor información visitar:
http://mesanacionaldevictimas.blogspot.com/
http://www.lasillavacia.com/historia/ley-de-victimas-que-pasa-ultimo-debate-un-punto-medio-entre-uribe-y-los-liberales-23266
http://www.elheraldo.co/region/65-mil-victimas-esperan-una-reparacion-integral-16910
NOTAS AL PIE:
1 En Caracol Radio; La ley de víctimas cambiará la historia del conflicto colombiano: Rafael Pardo. Bogotá, Abril 12 de 2011
2 En Caracol Radio; La ley de víctimas cambiará la historia del conflicto colombiano: Rafael Pardo. Bogotá, abril 12 de 2011
3 En El Espectador; “Restitución de tierras y ley de víctimas, cerca de ser realidad”. Sección Política. Bogotá, abril 12 de 2011.
4Ídem
5 El Nuevo Siglo; “Ley de Víctimas debe reintegrar patrimonio perdido: Madariaga”. Bogotá, marzo 18 de 2011
6 En El Espectador; Op. Cit.,
7 En La Silla Vacía; “Ley de Víctimas que pasa a último debate: un punto medio entre Uribe y los liberales”. Bogotá, abril 12 de 2011
8 Ídem
9 Ídem
10 En El Espectador; “Fiscalía tiene documentados 173.183 homicidios cometidos por 'paras'”. Sección Judicial. Bogotá, enero 13 de 2011
NOTA PUBLICADA EN EL SEMANARIO VIRTUAL CAJA DE HERRAMIENTAS
Edición N° 00251 – Semanas del 15 al 28 de Abril de 2011
http://viva.org.co/cajavirtual/svc0251/articulo04.html
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