domingo, 19 de diciembre de 2010

Proyecto de Ley de Víctimas: un monstruo de mil cabezas vestido de seda


Con traiciones, disgustos y maromas, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de Ley de Víctimas

«Termine como termine, esta guerra ya la hemos ganado contra ustedes; no quedará ninguno para dar testimonio, pero incluso si algunos se salvaran, el mundo no les creerá. Podrá haber sospechas, discusiones, investigaciones realizadas por historiadores, pero no habrá certezas, porque al destruirlos a ustedes destruiremos las pruebas. E incluso si algunas subsistieran y si algunos de ustedes sobrevivieran, la gente dirá que los hechos que cuentan son demasiado monstruosos para ser creídos».
Palabras que los SS dijeron a Simone Wiesenthal y a otros al llegar al campo de exterminio nazi. “Los hundidos y los salvados”
Primo Levi

El debate realizado en la plenaria de la Cámara de Representantes a través del cual se logró la aprobación del Proyecto de Ley de Víctimas, dejó la tremenda sensación de que Colombia aún naufraga sin rumbo en el mar de las mezquindades de su propia dirigencia política que imposibilitada para negar los evidentes y elevados costos de la guerra, pretende convertir a las víctimas en objetivo de lucro político y financiero. El alarde de algunos parlamentarios de esa decadencia histórica en medio de una discusión en la que hasta lo esencial se hace controvertible, permite entender cuán lejos está el país de configurarse en un genuino Estado Social de Derecho.

La mañana del pasado 13 de diciembre no se había iniciado aún el debate de ley de Víctimas con su transmisión en directo a todo el país, cuando ya se hacía evidente la falta de voluntad política de la mayoría de parlamentarios para dar trámite limpio a esta iniciativa. Decenas de comentarios y prevenciones recorrían los pasillos del Capitolio Nacional. Que no hay dinero, decían unos haciendo oídos sordos a la voz del ministro de Hacienda, quien en reiteradas oportunidades había explicado de dónde provendrían buena parte de los recursos; que hay muchos impedimentos, que no hay claridad sobre el tema, que no sabemos cuántas víctimas son y dónde están. Se anunciaba así un álgido debate.

La plenaria arrancó pasado el medio día con el llamado del representante Prada a replantear los impedimentos presentados la semana anterior. Recordó que éstos mismos fueron objetados en el debate de la Comisión Primera y que el Consejo de Estado sostuvo que la existencia de vínculos familiares con víctimas por parte de los legisladores, incluso así ellos hubieren sido objeto directo de algún tipo de violación a los derechos humanos, no se constituía en impedimento para participar en el trámite de esta iniciativa.

El representante del partido oficialista de la U, Jairo Ortega, defendió la aprobación de los impedimentos y pidió, para poder actuar con lo que él llama responsabilidad, que se dijera con precisión dónde están todas las víctimas de la violencia, cuántos son y cuánto le cuesta al Estado su reparación.
Las argumentaciones de Prada no bastaron para producir el replanteamiento anhelado: con 72 votos en contra y 14 a favor, a los que sumaron cinco nuevos impedimentos, fueron aprobados en su totalidad. De este modo, cerca de 30 parlamentarios se excluyeron del debate.

Era claro entonces que varios legisladores incapaces de negar de manera frontal la aprobación del proyecto, quizás con el interés encubierto de mantener una relación conveniente con el Gobierno Nacional, habían optado por declararse impedidos ahorrándose una confrontación abierta y sincera. Aunque no se esgrimieron razones políticas de fondo, tampoco hacía falta que lo hicieran, era sencillo suponer que detrás de esa pobre exposición de argumentaciones, se ocultaban otros intereses. Era la misma sensación que producía escuchar las constantes intervenciones de un representante de apellido Salazar, digno representante del PIN, quien solicitó que el debate fuera aplazado en tanto no se conocieran los costos reales que para la economía del país tendría la aprobación de la iniciativa.

Otro parlamentario argumentó que la crisis invernal obligaba a que la prioridad fueran las víctimas de los desastres naturales, y que el gobierno no tendría recursos suficientes para atender también a las víctimas de la violencia.

Rivera recordó que el trámite del proyecto culminaría en junio del año entrante y que su aplicación se produciría sólo hasta el 2012; razón por la cual no se afectaría la asignación de recursos para atender a las víctimas del invierno.

Por su parte, el liberal José Joaquín Camelo en tono enfático afirmó: "Para los que preguntan por la plata, les digo que ésta seguramente estará cuando se acaben las gabelas de los empresarios".

El legendario congresista, Telésforo Pedraza fue contundente en su interpretación de los hechos: “Hay dos maneras de oponerse a un proyecto: de frente y con carácter o con sutileza haciendo discursos dilatores”. La hipócrita sutiliza de algunos representantes no logró imponerse, y pese a la fabricación de excusas, todas de pobre diseño creativo, el debate siguió su curso.

Tras la aprobación en bloque del articulado carente de proposiciones se pasó a la revisión de los demás artículos para someter a votación las propuestas presentadas. El parlamentario del PDA, Iván Cepeda Castro, expresó entonces su preocupación frente a la aprobación de los artículos 3, 63 y 153, y ante la decisión de los ponentes de la Unidad Nacional y el gobierno de excluir a las víctimas de hechos de violencia ocurridos antes de 1991.

Días antes, el Gobierno y representantes del Congreso habían acordado que la retroactividad para “el beneficio” de las víctimas de la violencia en el país se haría desde el primero de enero de 1985, con lo cual se incluirán a las víctimas del genocidio contra el partido político UP. En su momento, el representante Cepeda aseguró que aunque la fecha no era la ideal, al menos de esta manera serían reparados los familiares de las víctimas de las masacres de La Rochela, el Tomate y la Mejor Esquina entre otras.

Un congresista liberal, a manera de infidencia, contó que el acuerdo de la fecha se había obtenido en una reunión de negociación previa en la que la bancada oficialista había propuesto el año de 1993, pero que una llamada del ex candidato presidencial del Partido Liberal, Rafael Pardo Rueda al presidente de la República, había hecho posible que se adoptara en conjunto la fecha de 1985.

El acuerdo de cualquier modo se olvido o fue burlado en la plenaria. Nuevamente se planteó el año de 1993 y ante el malestar que ello generó, el ministro Vargas Lleras intervino y se reunió velozmente con los ponentes del proyecto a un lado del salón. Pasados unos minutos se anunció el nuevo convenio: la fecha sería el 1 de enero de 1991.

La violación del acuerdo en el que se definía como fecha para el reconocimiento de las víctimas de la violencia el 1 de enero de 1985, y con lo que seguramente se complacía al ex presidente Uribe, dejaba por fuera a miles de víctimas de decenas de masacres, como las de Toribío (Cauca), Bajadó (Chocó), Otanche (Boyacá), Tacueyó (Cauca), El Castillo (Meta), Candete (Córdoba), Segovia (Antioquia), Valle del Guamuez (Putumayo), Turbo (Antioquia), El Tomate (Córdoba), Los Olivos (Bolívar), La Mejor Esquina (Córdoba), La Rochela (Santander), Río Frío (Valle), Coello (Tolima), Valencia (Córdoba) y San José (Guaviare) entre otras más. Nada de eso importó; el artículo en cuestión fue aprobado y defensores del acuerdo previo, como Rivera, terminaron por aceptarlo.

Con esta decisión, según sostuvo el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, “en vez de garantizarse herramientas para investigar la responsabilidad del Estado en los acontecimientos que detonaron el incremento exponencial de la muerte, se ha preferido imponer de tajo la verdad oficial como verdad histórica”.

Considerar que las víctimas de la violencia que deben ser objeto de reconocimiento de sus derechos, entre ellos el de la reparación, son sólo las de los últimos 20 años, desconoce parte esencial de la memoria del horror de Colombia y los antecedentes que permitieron el auge del narcoparamilitarismo con la ejecución de actos de sevicia en connivencia con las Fuerzas Militares. Es desconocer que a finales de los 80s se produjo una espiral de violencia con la que se desató la persecución política y la guerra sucia contra el Nuevo Liberalismo, la Unión Patriótica, el Partido comunista y el desmovilizado grupo Esperanza, Paz y Libertad. Es ignorar que entre 1985 y 1993 fueron asesinados 1.163 miembros de la UP y 4 candidatos presidenciales y que en este mismo periodo surgieron nuevas estructuras paramilitares como las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, ACMM, comandadas por Ramón Isaza Arango y las Autodenfensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU bajo el mando de los hermanos Castaño Gil.

A finales de los 80s se ejecutaron varias de las masacres más crueles de la historia reciente del país; fue cuando más asesinatos selectivos se produjeron y se registró un importante crecimiento de las FARC y de sus actos de guerra contra la población civil. La toma del Palacio de Justicia y la masacre de Tacueyó ocurrieron en noviembre de 1985. En 1986 fue asesinado por la mafia el director de El espectador Guillermo Cano; en 1987 fue asesinado el médico Héctor Abad Gómez y varios galenos salubristas, defensores de derechos humanos, profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia. Ese mismo año fueron desaparecidos por el Ejército Nacional 19 comerciantes en Puerto Boyacá. En 1988 ocurrió la masacre de Currulao y fue asesinado el Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos. En 1989, el narcotraficante Pablo Escobar explotó un avión de Avianca con 101 pasajeros y el 3 de marzo de ese mismo año fue asesinado el dirigente comunista, José Antequera.

La Consultoría para los derechos humanos y la población desplazada, CODHES, registra un promedio de 597.000 personas desplazadas a causa de la violencia entre 1985 y 1992. El banco de datos del CINEP afirma que entre el 1 de enero de 1988 y el 31 de diciembre de 1992 fueron desaparecidas 938 personas a causa de de la violencia política en Colombia.

“Es indignante la propuesta de modificar la fecha, desdice de la vocación de este parlamento” afirmó tajante el representante del PDA Wilson Arias.

En un llamado por la dignidad de las víctimas y en reconocimiento al valor histórico de la memoria de los excluidos, el representante Cepeda citó un aparte de la obra “Los hundidos y los salvados” de Primo Levi con el fin de sensibilizar a los parlamentarios (cita incluida al comienzo de este artículo). Los horrores protagonizados por Colombia a lo largo del siglo XX deben ser recordados y sus víctimas tienen que ser reparadas. Es necesario para emprender la construcción de un nuevo modelo de sociedad.

La lógica del olvido que impulsa al antiguo opresor y la lógica de la justicia que alienta a la víctima es la gran paradoja frente a la impunidad como lo recordó el relator de Naciones Unidas, Louis Joinet en la introducción del “conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”. No es paradójico entonces, que el siglo XX, plagado de horrores y de actos de barbarie extrema que laceran la conciencia de la humanidad, haya sido también inaugurado con la invención de una ciencia del olvido.

Como contraparte a la búsqueda de esa memoria confiscada, y a la que buena parte del parlamento colombiano se resiste, surgió la instauración del olvido, de un particular olvido en el que la premisa fundamental es vaciar la evidencia para así ubicarnos en un más allá del olvido. Gérard Wajcman, en su libro “El Objeto del siglo”, lo llama el colmo de olvido y lo asocia al negacionismo en su sentido histórico y político. Se trata de “una operación de negación radical cuya noción, nacida para y con las cámaras de gas” definiría un mecanismo específico en el que se juega la suerte de la memoria.

“¿Cómo recordar cuando, además de erigirse en dueños de la vida y la muerte de cada hombre, surge la voluntad de adueñarse también al mismo tiempo, de lo que conforma y conserva el recuerdo de cada hombre? Dueños de los hombres y de la memoria de los hombres buscan aniquilar tanto al hombre como al Otro. Borrar nombres y hombre de la lista de los vivos y borrarlos también de la lista de los muertos. Como si no hubieran existido nunca. Y luego borrar la propia lista, devolver una hoja en blanco, hacer desaparecer la hoja misma, reducirla a cenizas, y luego dispersar estas cenizas y disipar el humo y olor a quemado”

El representante Iván Cepeda recordó que la bancada del PDA formuló numerosas proposiciones al proyecto de Ley y también una clara exposición de motivos que sirvió para la selección de una fecha más amplia a la aprobada para el reconocimiento retroactivo de los derechos de las víctimas.

El PDA ha tenido que flexibizar varias de sus propuestas para poder participar en el debate de Ley de Víctimas. Admitió por ejemplo, que una ley con profundo contenido humanitario fuera sometida al costo fiscal y que las víctimas de despojo fuesen parcialmente resarcidas mediante la restitución de tierras. Sin embargo, aceptar este intento por ocultar la historia reciente del país con la tesis de que el mejor homenaje a la constitución del 91 es dejar por fuera a las víctimas de la violencia de la década de 1980 es inadmisible.

Ante la imposibilidad de hacer valer el acuerdo, y conscientes de su condición de minoría, la bancada del PDA, integrada por los representantes, Wilson Arias, Alba Luz Pinilla, Iván Cepeda y Germán Navas Talero decidieron, en señal de protesta, abandonar la plenaria de la Cámara. Dada la pérfida realidad política que se expresaba en ese momento, era sin duda la opción más decorosa que pudieron haber tomado.

Minutos más tarde, el representante Cepeda, en diálogo con La F.m radio, señaló al ex presidente Uribe de ser el responsable del cambio de la fecha pactada. Afirmó que para nadie es un secreto que el ex presidente siempre estuvo reacio a una reparación universal de las víctimas y por ende tuvo que haber incidido en la forma en que la Cámara fijo la fecha para el inicio de la reparación.

“Para nadie es un secreto, es lo que él (Uribe) ha dicho públicamente, desde la primera etapa de esta discusión y él estaba totalmente reacio a admitir una reparación universal y ambiciosa con relación a las víctimas y durante todo su gobierno lo que hizo fue poner una restricción en el tema de la reparación, la verdad y la justicia”, indicó Cepeda.

Si bien Colombia entiende que la radicación y aprobación de este proyecto de Ley, aunque deja por fuera temas esenciales para la reparación integral de las víctimas de la violencia, es un avance sustancial, y más si se compara con la posición de férreo rechazo del anterior gobierno, si es preocupante que con la aprobación del proyecto, tal como está planteado hasta el momento, se produzca una distorsión de la historia del país, se intente minimizar la actual realidad de violencia, se desconozcan los derechos de miles de víctimas y se imponga una tesis reduccionista sobre los costos de la guerra que termine por promover el olvido y la impunidad.

Rechazo colectivo a la Ley

Diversas organizaciones sociales, como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, y el Comité Permanente por los Derechos Humanos expresaron su inconformidad frente el proyecto aprobado en la Cámara.

“El proyecto de Ley de Víctimas, propuesto como ley de transición, continúa desconociendo los informes y sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Sistema de Naciones Unidas, la jurisprudencia internacional, las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y el marco de interpretación sobre derechos de las víctimas de la Corte Constitucional” manifestó en un comunicado público. También advirtió sobre su intención de objetar éticamente los proyectos en trámite y emprender las acciones jurídicas a que haya lugar para garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición de todas las víctimas. Llamó a las organizaciones sociales y de derechos humanos para que se movilicen frente a esta decisión a fin de que sea reconsiderada en los debates que deberán darse en el Senado.

“De no producirse un serio viraje durante el trámite de la ley en el Senado, que reconozca integralmente los derechos de las víctimas de crímenes de Estado, esta ley será un nuevo fracaso comparable a la ley 975 de 2005 y una nueva frustración de la pretendida restauración democrática. No será excluyendo y discriminando a las víctimas como se avanzará hacia la paz y la reconciliación nacional” declaró el Departamento de Derechos Humanos del Partido Comunista Colombiano, PCC.

Otros temas objetables

La fecha aprobada para el reconocimiento de las víctimas no fue el único tema objeto de controversia y enfrentamiento entre los parlamentarios de la bancada de Unidad Nacional y la oposición. Las proposiciones presentadas por Iván Cepeda y la bancada del PDA, como las que se referían a los artículos 8vo y 3ro fueron rechazadas generando enorme malestar.

Con esas disposiciones quedaron excluidos del universo de víctimas los combatientes que en estado de rendición sean objeto de algún acto de violencia o sus familiares. Cepeda aclaró que con esta propuesta no se buscaba convertir a los victimarios en víctimas, sino reconocer el principio del DIH. “Un combatiente que se rinde y es asesinado u objeto de torturas, está siendo víctima de una infracción al DIH. Es un principio ético universal”.

El representante Germán Navas Talero advirtió que un artículo aprobado con tan grave exclusión, sería indefectiblemente negado por la Corte. “Aquí al calor de la bancada se despreció el derecho humanitario y se desconoció la existencia de los crímenes de guerra”. Un herido que ha entregado las armas, se ha rendido o está herido debe ser protegido y no ejecutado. Sin embargo, de acuerdo a lo aprobado en la iniciativa, aún cuando ese ex combatiente sea objeto de violaciones a los derechos humanos o sus familiares, ninguno de ellos será reconocido como víctima y no tendrá derecho a reparación alguna. Admitir entonces que aquellos que se alcen en armas contra el Estado o sus familiares pierden su condición de ciudadanos y con ello sus derechos constitucionales, negándoseles la oportunidad de acceder a la justicia cuando han sido víctimas de graves violaciones al DIH y los derechos humanos, es abrir camino a la impune acción criminal y la barbarie; es aceptar la legitimidad de la tortura, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo.

Se habla de víctimas pero se sigue legislando pensando más en los victimarios
Otro aspecto cuestionable de la Ley es que se optó por sustituir la creación de una Comisión de la Verdad o de esclarecimiento histórico, por un “Mecanismo de contribución a la verdad y a la memoria histórica”, con lo que se pretende sacar del limbo jurídico a miles de excombatientes paramilitares. Con ello, en vez de garantizarse los derechos de las víctimas y de la sociedad en su conjunto a conocer toda la verdad sobre lo ocurrido, se pretende elaborar un discurso exculpatorio de las responsabilidades estatales, en el que se fragmenta la historia y se expone la violencia como una sucesión de hechos aislados que no obedecen a ningún plan sistemático de exterminio contra diversas fuerzas sociales. Las causas sociales y políticas del largo conflicto colombiano quedan excluidas de todo análisis, impidiendo en consecuencia la formulación de alternativas de solución que trasciendan la aplicación de paliativos con los que erradamente se ha intentado acabar el mal atacando los síntomas sin atacar la verdadera causa de la infección social que nos devora.

El papel del Estado se diluye como actor responsable en la generación del conflicto por la ejecución de crímenes de sistema, y a través de la implementación de prácticas genocidas contra quienes, desde la acción política o el liderazgo social, han pretendido formular cambios estructurales en la composición y desarrollo del Estado colombiano. “Es quitar a la memoria su potencia, y a las víctimas su verdadero rol como sujetos de cambio y de derecho, ayer y hoy”, concluyó el Movice.

Para el representante Iván Cepeda la batalla para lograr que en Colombia se consagren de manera definitiva los derechos de las víctimas de la violencia no está perdida. Consciente de que el trámite que sigue no será sencillo, y que aun se debe sortear toda suerte de obstáculos, a nombre de la bancada del PDA, afirmó sentirse confiado que en el transcurso del debate en el Senado puedan darse las modificaciones necesarias para lograr una ley ajustada a la jurisprudencia nacional y normas internacionales y que responda a las demandas de las víctimas.

El proyecto será sometido a debate en la Comisión Primera del Senado en el mes de marzo y una vez sea aprobado allí, pasará a plenaria. Se estima que este proceso concluiría en junio del 2011.

El país seguirá discutiendo durante el 2011 y quizás durante muchos años más, aspectos que subyacen todo orden constitucional, principios esenciales al orden democrático; debatirá en escenarios acalorados y hasta turbios, hechos y razones que después de tantos años de luto y violencia deberían estar completamente claros y que ni siquiera deberían ser objeto de discusión. Aún falta mucho para que Colombia sea un país en el que produzca orgullo nacer, vivir y morir. Por fortuna existe una minoría valiente y creativa dispuesta a seguir luchando para que ese tiempo de espera, no termine por comprometer la eternidad.

Articulo caja de herramientas
Por Maureén Maya S
Periodista e investigadora social.

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