Que pase la Paz para que cambie la historia

Recuerdo el día que mataron a Jaime Pardo Leal. Yo era una adolescente y en casa, al menos en aquel entonces, se escuchaba radio todas las mañanas. Cuando escuché la noticia sentí un temblor de país intenso y profundo, una grieta en el alma similar a la que sentí cuando la masacre del Palacio de Justicia o como la que sentiría tantas veces después cuando empezaron a matarnos todas las promesas o cuando estallaban las bombas de la guerra del narcotráfico en cualquier esquina de la ciudad. Salí corriendo calle abajo para alcanzar a mi papá que minutos antes se había marchado luego de su visita dominical. Sabía que bajaba por la sesenta y seis hasta llegar a la carrera trece, siempre hacía el mismo recorrido. Lo alcance en la once (ya tenía el paso cansado de quienes vieron naufragar las utopías en la intransigencia de las ideologías). Grite -¡papá!-, y él me espero de pie junto a una caseta de lata en la que vendían dulces, periódicos y cigarros. Me miró expectante tratando de descifrar el urgente olvido que me había abocado a perseguirlo por la calle.// Sin preámbulo alguno, como deben darse este tipo de noticias, le dije, recobrando el aliento: -Mataron a Pardo Leal-. La cara de mi papá se desfiguró de espanto y secamente preguntó a la vendedora de dulces y cigarros si tenía radio. La mujer asintió con la cabeza y lo encendió sin decir palabra. Mi papá quería corroborar la noticia. Y a medida que la confirmaba a través de la voz sin eco de un locutor que leía en tono grave el boletín informativo de última hora, algunas lágrimas rebeldes rodaron por su mejilla. -Ahora si este país se jodió-, dijo apretando el puño.// Realmente el país ya estaba jodido y desde hacía rato; tenía que estarlo cuando era posible que se aniquilara a todo un partido político que recogía la desesperanza nacional y no pasaba nada, como tampoco pasó ese día ni pasaría cuando asesinaron a Bernardo, a José, a Carlos, a Miller, a Teófilo, a Manuel y a muchos más. La izquierda, como lo haría casi de forma permanente durante los próximos infames años, marchó por las principales avenidas de la capital ondeando banderas rojas y amarillas; alguien desde un apartamento del centro soltó la “Marcha del Silencio” en la voz de Jorge Eliécer Gaitán con altoparlantes y su eco recorrió las casas y los edificios dejando cientos de corazones desolados. En el puerto de Barrancabermeja hubo disturbios, como los hubo también cuando mataron a Higuita, a Posada, a Chacón o a Cépeda. La policía reprimió a los manifestantes, los abogados defensores de los presos políticos trabajaron arduamente y las consignas que a boca de jarro se escucharon en el Cementerio Central de Bogotá: "Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio, toda una vida de combate" o “yo te daré, daré patria hermosa una rosa y esa rosa se llama UP. ¡UP!”, poco a poco se fueron disipando con la tarde, en los cafetines de aguardiente y tabaco, en las voces de José Luis Paniagua, Myriam de Lourdes y Carlos Barbosa que aquel año protagonizaban la telenovela “El Divino”, -adaptación de un libro de Gustavo Álvarez Gardeazábal- que, a decir de algunos medios, tenía un rating jamás alcanzado en la historia de la televisión, como decían también cada año con cada nueva producción.// Luego supimos, al menos algunos, los que nos resistíamos a no saber, que ese día si pasaron muchas cosas, que unas familias se exiliaron, que otras fueron expulsadas con violencia de sus casas, que otros fueron desaparecidos, que un hombre de hierro, un exbanquero de buen corazón optó por pelear en el monte y no exiliarse, y se hizo guerrillero. Se puso el nombre de Simón Trinidad. Pasaron muchas cosas durante esos terribles años, muchas vidas se apagaron, otras se trastocaron para siempre, algunas se malograron y otras eligieron el silencio y la distancia para preservar la vida y la integridad. Pero en el país, en esa esfera inalcanzable de juegos y perversiones, de jaques y replegadas, no pasó nada. Siguieron escuchándose por muchos años más las mismas frases frías y acartonadas de los políticos rechazando cada nuevo crimen, exigiendo exhaustivas investigaciones, diciendo que sobre los responsables, (cuya identidad se ocultaba con elocuente eficacia), caería todo el peso de la ley. En los noticieros siguieron apareciendo las mismas sonrisas prefabricadas de labios maquillados de las presentadoras de turno a las que al parecer les daba igual hablar de muertos que de moda, siguieron los gritos de las víctimas que en las marchas burlaban los gases, las tanquetas y los bolillazos, siguieron las novelas y los romances de moda, los escándalos de corrupción pasajeros, las elecciones presidenciales y legislativas que cada cuatro años negaban el triunfo a la abstención, las despiadadas masacres en el campo, los nuevos ejércitos creados bajo la bandera del odio al servicio de ricos empresarios, ganaderos y terratenientes, los desplazamientos forzados, los sicarios motorizados que salían a cumplir con su infame tarea y luego se refugiaban en las dependencias militares, la risa de la cúpula castrense tratando de justificar en ideologías erradas lo que no tenía justificación. Año tras año, lustro tras lustro, década tras década, siguió repitiéndose la misma historia, profundizándose la misma orfandad, la misma tragedia y en el país no pasaba nada.// Sin embargo, al amparo del impuesto olvido empezó a crecer la indignación en las minorías combativas que sabían que sí pasaban cosas, que querían cambiar este destino de miseria y vergüenza y se jugaban la vida en su noble intento; estallaba en el pecho la urgencia de cambio, había que actuar en consecuencia, hacer resistencia, gritar, denunciar, desafiar; nunca callar. Muchos lo entendieron y le apostaron al cambio. Algunos jamás regresaron, muchos se convirtieron en lápidas de piedra con pálidas inscripciones y unos pocos se dedicaron a vivir la vida haciéndole el quite a las balas, a las falsas sindicaciones y a las ignominias. Supieron que a sobrevivir se aprende y que en un país sin garantías qué sobreviva la coherencia es todo un triunfo. // Pero fue tanto dolor y tan profunda la derrota que la palabra paz descendió de los anaqueles empolvados de la historia y de las bibliotecas para instalarse en el vocabulario diario de analistas, políticos, activistas, académicos, estudiantes y periodistas; se convirtió en una necesidad inaplazable, en una obsesión para el país, en una urgencia desesperada para los millones de colombianos que, a diferencia de las minorías que veían la guerra por televisión y juzgaban la brutalidad de los guerreros desde sus cómodas poltronas con un vaso de whisky en la mano, vivían la guerra en su macabra dimensión. La padecían a diario en los campos arrasados, en los bombardeos, en los ríos enrojecidos donde a diario acudían las mujeres a buscar a sus maridos en los cuerpos flotantes, hinchados y eviscerados, en la mirada rota del hijo hambriento, en el sobresalto sudoroso que cortaba el aliento cuando sonaba una moto, una ráfaga o una motosierra, en los relatos agónicos de los amigos, en los rostros de los que jamás volverían, en el miedo cotidiano que se imponía como una mortaja. La paz tenía que ser un mandato, tenía que buscarse, guerrearse en una guerra aún más dura y profunda a la que dejaba tantos muertos y desolación en el país; había que enfrentar a peores y más perversos enemigos, pero había que hacerlo porque el destino de los jóvenes del país no podía seguir atrapado en esa tremenda disyuntiva de matar o morir. La paz tenía que dejar de ser ese anhelo ambiguo desprovisto de sentido y de arraigo para transformarse en un destino seguro, en una apuesta que se podría ganar a punta de voluntad, ganas y firme resolución.// Fue entonces cuando, ya hastiados de la guerra, entendimos que en medio de la contradicción política que suponía la presidencia de un hombre del establecimiento, dueño de un discurso neoliberal y sombrío pasado pero con valor para jugarse por la transformación, que la paz podía dejar de ser la construcción simbólica de un ideal lejano o una utopía difícil de imaginar o concebir en la cotidianeidad, para ocupar la totalidad de la agenda nacional. A la paz había que darle color y forma; había que llenarla de contenidos, de voces, de acciones, de rostros y narrativas, de posibilidades y de imágenes que tuvieran algún eco o alguna opción en la realidad fáctica de las personas. Y así, algo perturbados por las contradicciones que a veces propone la historia y la vida misma, nos subimos esperanzados al tren de la Paz. Y nos jugamos por ella aun sabiendo que pasarían muchas décadas antes de verla hecha realidad.// Como sociedad empezamos a pensar en serio el tema de la paz, a debatir cómo y donde se construye, si es en las regiones o en los municipios, en las conciencias o en los corazones, desde los tribunales que imparten justicia o desde las enmiendas sociales y culturales. Entendimos que la paz como el amor mismo, se construye con gestos y acciones sencillas, y que garantizar bienestar, dignidad y felicidad a las personas es más fácil de lo que suponemos. Pero también nos dimos cuenta que para que la paz sea duradera se deben erradicar las causas que hicieron de la acción armada una opción legítima en Colombia. Resultó entonces que pactar la paz era más sencillo que realizarla. Porque además de impulsar profundas transformaciones políticas, sociales y culturales, de querer cambiar la mentalidad de un pueblo vilipendiado y menospreciado, se hizo imperativo garantizar que el debate político fuera limpio y que en él no tuvieran cabida el discurso del odio, la intolerancia ni los ultimátums guerreritas. El lenguaje soberbio y sectario, incendiario y explosivo de verdades únicas y revelaciones infranqueables que a punta de violencia, sangre e infamias se quiso imponer en el pasado ya no era compatible con la nación de paz que queríamos y queremos construir.// Pero la paz no se basta así misma como ideal social; la paz necesita dientes, como afirman algunos, se debe creer en ella, se debe imaginar, se debe construir pero también se debe refrendar a través de algún mecanismo de participación ciudadana, vía plebiscito, referendo o consulta popular (aunque se reconozca que los derechos constitucionales fundamentales no pueden ser sometidos a refrendación popular), o también se podría acoger la tesis elemental y radical de que la paz no necesita refrendación porque basta el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Sea como sea y cual sea el mecanismo que se apruebe, luego de su implementación sabremos que tan cierta es nuestra vocación de paz y que tan firme es nuestra resolución. // Por ahora, en medio de tantos agites y peleas entre mediocres y eruditos, entre belicosos y pacifistas, en un país en el que se convoca a marchar contra la paz, es absolutamente imperativo lograr que ésta sea una opción real, que signifique ganancia para todos y que su propósito cale en las conciencias y en los corazones de todos los colombianos. Reconocer nuestra propia vulnerabilidad, asumir el deber -ahora si histórico- de imponer la decencia sobre la perversión y encontrar un sustituto político para la guerra, son pasos decisivos si queremos garantizar el inicio de un nuevo y más prometedor amanecer.// Hoy, luego de tantos engaños y desengaños, pérdidas irreparables y renuncias innecesarias, sabemos que la paz es una oportunidad en la que se juegan otros lenguajes y otras miradas, otros valores y otras prioridades, otras búsquedas y sentidos; una oportunidad única en nuestra historia de vida como nación. Y si somos conscientes del momento cumbre en el que nos encontramos y asumimos que las decisiones que tomemos hoy configuraran el país en el que han de vivir las próximas generaciones, podremos lograr que la PAZ sea más que una palabra con más significante que significado, una excusa caprichosa, un ardid peligroso o una ficha cualquiera que se juega sin mayor gracia ni estrategia en el tablero de un ajedrez desgastado por la guerra y la derrota colectiva. La paz tiene que ser hoy, aquí y ahora, nuestra única posibilidad. No hay de otra si queremos que en el país pase algo realmente, algo que nos sustraiga de una vez y para siempre de esa historia de horrores, ignominias y violencias que segó la vida de nuestros mejores hombres y mujeres.

Graffiti, ciudad en movimiento

Bogotá, enero 28 de 2016

Pocas veces los grandes medios de comunicación se atreven a indagar sobre la realidad del graffiti en la ciudad, pese a que el tema ha sido tratado como un problema urbano desde la década del noventa. Sin embargo, recientemente, quizás a partir de las convocatorias hechas por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes –IDARTES- para fomentar su práctica con el auspicio para la realización de varios murales en diferentes puntos de la ciudad, empiezan a abrirse espacios para el debate y el análisis sobre lo que es el graffiti y cuáles son sus implicaciones para la ciudadanía en términos de derechos, apropiación del espacio público y construcción de convivencia. Como suele suceder en todo debate, surgen diferentes miradas y posiciones encontradas; pero en los espacios televisivos sobresalen las voces de protesta de una ciudadanía inconforme –con o sin razón- que percibe la práctica del grafiti como un atentado a la estética de la ciudad, un ataque de color y suciedad indiscriminado que incrementa la contaminación visual y vulnera sus derechos. Curiosamente la lectura que hacen algunos periodistas y ciudadanos sobre la contaminación visual, no reconoce ni cuestiona otras formas de contaminación visual mucho más agresivas, como las que imponen las grandes vallas publicitarias y los avisos descoloridos, titilantes e invasivos de marcas, empresas, entidades financieras y comercios que, sin compasión alguna, cubren fachadas de edificios, vías y diversos espacios de carácter público y privado. El diario El Espectador y Noticias Caracol realizaron un programa titulado “¿Arte o vandalismo?: la discusión del graffiti en Bogotá”, con el fin de presentar diversas lecturas sobre el tema. “Entre quienes los consideran una forma de expresión y quienes aseguran que es contaminación visual, los graffitis en Bogotá se han visto inmersos en un eterno debate, pues no hay espacios propicios para este tipo de práctica, y quienes los hacen recurren a fachadas de casas y edificios, e incluso monumentos”. Más allá de la no resuelta discusión entre lo que es o no es el graffiti, de la infructuosa necesidad de establecer los límites entre arte y vandalismo, de la intención de aclarar cuáles son los espacios apropiados para el desarrollo de esta práctica de carácter subversivo, emerge la discusión sobre cómo se podría reglamentar su uso sin sacrificar el derecho a la libre expresión. El graffiti es una expresión ciudadana de carácter creativo que nos revela varios aspectos – algunos inquietantes- sobre lo que ocurre, se oculta o palpita al interior de una urbe. Para el filósofo y semiólogo Armando Silva, autor del libro «Graffiti, una ciudad imaginada»: “el graffiti como proceso comunicativo atiende primordialmente a la experiencia urbana, la confrontación del poder y la divulgación de lo prohibido.” El análisis sobre el tema -independiente de las categorías que se le quieran adjudicar, todas ellas subjetivas-, debe generar una reflexión profunda y desprejuiciada sobre lo que el graffiti representa para una sociedad; qué expresa, qué delata de una comunidad, qué desafíos propone, qué gritos, reclamos, anhelos o motivaciones lo impulsan y qué significa, en términos sociales, políticos y culturales, para un territorio. En una entrevista realizada a un ciudadano de edad avanzada, que se define como un hombre tolerante y de espíritu liberal, sobre lo que significa el grafiti para una sociedad y si es posible reconocer en su práctica una propuesta artística, sostiene que si bien en algunas ocasiones se trata de una expresión artística, como en el caso de los cuidadosos y bien elaborados murales que se encuentran en varias paredes de la ciudad, el grafiti es un problema para la ciudad, con una causa específica y una clara alternativa de solución. “La mayoría de las pintadas y rayones que se observan en las paredes de Bogotá no son grafitis porque no comunican nada, son simples rayones hechos por un lumpen social, carente de cultura y de educación, que en su elevado nivel de inconsciencia sólo busca depredar la ciudad, vulnerando de paso, los derechos de los demás. No tienen sentido de identidad ni valoración histórica de su desarrollo, si no ¿cómo se explica el daño que hacen a los monumentos, hitos arquitectónicos y sitios de valor patrimonial de la ciudad? Esta destrucción la pueden llevar a cabo porque no hay autoridad. Y la única solución posible es que la policía y las alcaldías locales emprendan una campaña represiva de aplicación del código penal y de policía frente a estas manifestaciones depredadoras y abusivas. Campaña que, por supuesto, tendría que ir acompañada de una acción pedagógica para que los ciudadanos aprendan a querer y a cuidar lo público, para defender su ciudad.” En el especial de Noticias Caracol se mostraron las paredes rayadas de algunas casas y se entrevistó a un par de propietarios que, por supuesto, expresaron ante la cámara el malestar que esto les genera. Sin embargo, un profesor consultado reconoció que si bien el accionar de los grafiteros trasciende unos límites algo difusos, en muchos casos obedece a la necesidad juvenil de marcar territorio y expresar rebeldía. Para otros ciudadanos el graffiti es una muestra artística que, mediante la elaboración de ciertos códigos, pretende compartir inquietudes ciudadanas y dejar constancia histórica de una realidad. El programa de televisión generó diferentes respuestas. En un artículo bastante llamativo, publicado por El Espectador, se afirma que catalogar el graffiti como vandalismo puede resultar peligroso. “Ignorante. No todo el que pinta muros con aerosol es un graffitero. “No todo árabe en un avión hacia EE.UU. es un terrorista”. La mayoría de las imágenes del reportaje son de las barras bravas del fútbol, y estos no se auto reconocen como grafiteros. Y dentro del graffiti hay diferencias de prácticas, técnicas y personalidades, no se puede homogeneizar. Mostrar la molestia efervescente de los dueños de las fachadas marcadas con pintura, pero no mostrar al dueño de la casa que sí autorizó el primer graffiti del reportaje, que después fue editado, es fácil y relativo al contrastarlo con las fachadas de las escuelas en los municipios marcadas con balas de fusil. Peligroso. Catalogar el graffiti como vandalismo en Colombia. Es cierto que es una de sus definiciones en países desarrollados; pero decir vandalismo igual a delincuente, y este a criminal, en este país, donde el Ministerio de Defensa bombardea las bandas criminales, puede tener graves consecuencias…” Si bien el graffiti corresponde al ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión, como lo afirmó un constitucionalista entrevistado en el controvertido programa de Noticias Caracol, ese derecho, como todo derecho, tiene sus límites. Si el ejercicio de ese derecho causa daño a personas o en cosa y bien ajeno, se estaría incurriendo en un delito, como lo establece el Artículo 370 del Código Penal y las circunstancias de agravación punitiva del numeral 4 del artículo 371. Ningún derecho, aunque sea fundamental, es absoluto y sus límites los determinan los derechos de los demás. Ya lo dijo, en plena Alta Edad Media, el teólogo y filósofo católico, Santo Tomás de Aquino: "Mi libertad termina dónde empieza la de los demás." ¿Qué es el graffiti? Según el diccionario de la Lengua Española, en su última versión, el grafiti se define como “firma, texto o composición pictórica, realizados generalmente sin autorización, en lugares públicos sobre una pared u otra superficie resistente” El término se deriva del griego “graffito” que significa escribir o dibujar en una pared, muro o cualquier superficie plana. Puede tratarse de una simple marca, una firma (tag) con letras simples, gruesas y redondeadas, tener un color o varios, relleno o contorno, puede tomar como referencia los subestilos de Phase 2, muy de moda en la década del 70, como el llamado ‘Chorro exquisito’, ‘Phasemagotical fantástica’, ‘Pompa nublado’ o ‘Tablero de ajedrez’, entre otros, o puede proponer una obra de arte más compleja, como un mural. Tan variadas como sus expresiones pictóricas, son también las razones para su realización. En algunos casos obedece al anhelo de reconocimiento del público, otras veces a la necesidad de apropiarse de un espacio público/privado, y en algunos casos l sólo se busca subvertir ciertas normas de convivencia o plasmar un testimonio. En las calles de las principales ciudades del mundo, siempre es posible leer algunas de sus ingeniosas manifestaciones: “Mientras los medios sigan mintiendo, las paredes seguirán hablando”; “Si no hay pan para el pobre, no habrá paz para el rico”; “Si nos condenan a la ignorancia, los condenaremos a la violencia”. También es posible encontrar grafitis de corte más romántico: “¿Y si fueras amor?; “Habla menos y besa más”; “¿Cuánto tiempo te quedaras conmigo? ¿Preparo café o preparo mi vida?”. En la puerta de un abandonado teatro del centro de Bogotá, durante algunos años se leía: “Mira amor, un sueño menos”. Y acompañando la inmortal imagen del asesinado humorista y crítico social Jaime Garzón, aparecen diferentes textos: “Lo mejor de todo es que alguna huevonada queda” o “hasta aquí las sonrisas, país de mierda…”, etc… El grafiti entonces puede ser interpretado de mil maneras y asumido de otras mil formas, pero en general se reconoce como una expresión artística (con escandalosas y abundantes excepciones) o como una expresión personal que aunque es ilícita, no es vandálica, necesariamente. Sin embargo, cuando esa expresión afecta la propiedad ajena, cuando a la fuerza se irrumpe en un espacio privado para inscribir letras, firmas o para dejar mensajes y rayones en las paredes de casas, edificios, monumentos o sitios no aptos para ello, si se puede hablar de una acción vandálica. El diccionario de la lengua española de Oxford define el vandalismo como una “actitud o inclinación a cometer acciones destructivas contra la propiedad pública sin consideración alguna hacia los demás. El vandalismo pone en peligro la convivencia de los ciudadanos". En Wikipedia se define como “la hostilidad hacia las artes, la literatura o la propiedad ajena, llegando al deterioro e, incluso, a la destrucción voluntaria de monumentos u obras de gran valor”. Sin considerar si la intención del grafiti es dañar o no la ciudad, si es embellecer o no, si es desafiar un régimen, denunciar un hecho o compartir una emoción o una propuesta estética con anclaje conceptual y filosófico, el grafiti es sin duda una muestra inequívoca de una ciudad en movimiento; de una ciudad en la que, como sucede siempre, en todos los tiempos y países del mundo, se tejen profundas contradicciones, desamparos y enormes deseos de subvertir y transformar. Y es tal su impacto y lo que genera a nivel urbano y social, que la prensa y la academia no pueden ignorar su existencia y aún se devanan los sesos construyendo teorías y análisis, algunos estériles, sobre este fenómeno ¿El grafiti es arte? "No compartimos porno miseria, atacamos la estupidez que nos lleva a ella, no somos salvadores ni mesías, simplemente exponemos nuestra manera de ver el mundo en el último espacio indomable que le queda a nuestra civilización: la calle". Toxicomano "El arte es la mejor herramienta que existe para lograr una transformación social y política". Judith Baca En el libro La civilización del espectáculo, Mario Vargas Llosa, responde a esta pregunta, de manera tajante y definitiva. “En la actualidad todo puede ser arte y nada lo es, según el soberano capricho de los espectadores, elevados, en razón del naufragio de todos los patrones estéticos, al nivel de árbitros y jueces que antaño detentaban sólo ciertos críticos. El único criterio más o menos generalizado para las obras de arte en la actualidad no tiene nada de artístico; es el impuesto por un mercado intervenido y manipulado por mafias de galeristas y merchands que de ninguna manera revela gustos y sensibilidades estéticas, sólo operaciones publicitarias, de relaciones públicas y en muchos casos simples atracos.” Quizás la dificultad para definirlo y encasillarlo, reside, como señala Vargas Llosa, en la desaparición de unos mínimos consensos sobre los valores estéticos colectivos, lo que conduce irremisiblemente a que en este ámbito, en el que se intenta definir qué es arte y qué no, y cuáles son los límites entre vandalismo artístico, libre expresión ciudadana y una genuina propuesta estética, triunfe la confusión entre múltiples miradas y lecturas que se contraponen entre sí y no pueden identificar un punto mínimo de equilibrio y de aceptable encuentro o claro desencuentro. Discernir hoy entre una obra que revela alguna cualidad artística y otra que adolece por competo de ella, es una labor complicada, profundamente subjetiva, en la que no obstante, sería imposible adjudicar un valor estético a una propuesta por su sola intención provocadora. La obra, para ser obra tiene que dar más, proponer algo y revelar algo, incluso la contradicción en su propia formulación. En la actualidad vemos una gran proliferación de grafiteros que se conforman con hacer un tag, con dejar una huella –mal o bien hecha- en sitios prohibidos por el sólo hecho de desafiar la prohibición, que buscan dejar el testimonio de su vago existir y ganar “cierto reconocimiento” ante los demás. Pero también hay otros que asumen la labor de graffitiar con mística y rigor, que ven en cada muro desolado de la ciudad una oportunidad espléndida para interrogar a la sociedad, para confrontar sus creencias y sus nociones de armonía, felicidad, justicia y belleza o para dejar una obra que contribuya a sanar el dolor, o a erradicar el olvido. Muchos otros lo hacen porque necesitan levantar la voz para denunciar, para manifestar sin contemplaciones el síntoma de una enfermedad que en silencio devora a la sociedad; una sociedad acrítica, amorfa, cada vez más autista e irreflexiva, que prefiere deambular -desde la cuna hasta la tumba- entre placebos, refugios de cristal, , y falsas nociones de seguridad y amable redención para mantenerse a salvo de las cuestiones trascendentales que dan sentido a este enigmático trasegar, que llamamos vida. Definir el grafiti como “vandalismo artístico”, no es por tanto del todo cierto, y es una valoración tan injusta y descontextualizada como subjetiva. Como suele ocurrir ante toda manifestación pública, sea ésta artística o no, hay quienes la ejercen desde el respeto, la disciplina y la pulcritud hasta quienes hacen con ella un abusivo alarde de mediocridad. En la práctica del grafiti intervienen desde artistas curtidos y cuidadosos diseñadores gráficos hasta desorientados adolescentes que sin esfuerzo, talento ni preocupación, se dedican a lastimar los muros y espacios de la ciudad. Las diferencias entre unos y otros se reconocen en sus motivaciones, pero también en los niveles de pericia, talento, técnica y paciencia que alcanzan a desarrollar en su práctica constante, pero también se diferencian por los muros que seleccionan para pintar. Un artista estructurado no vulnera los derechos de los demás, no destruye la obra de otros, no desconoce el valor histórico de los monumentos y respeta la concepción estética que cada cual impone sobre su propiedad. Sólo los mediocres actúan como vándalos. En el cerrado y elitista mundo del arte, se observa una tendencia reciente a reconocer el graffiti como una expresión válida dentro del arte contemporáneo, aceptada por curadores de arte, público y autoridades. Sin embargo, este reconocimiento, que generalmente se da sobre formas más complejas de expresión urbana como un mural o un mensaje lúcido, parte, en buena medida, de percibir el graffiti como una irrupción que subvierte, cuestiona, provoca y desafía, incluso valores estéticos. En tiempos en los que el éxito se relaciona con el escándalo, con la posibilidad de imprimir un carácter novedoso e insólito, capaz de turbar el orden y el sentido del uso tradicional, la irrupción del graffiti en el exquisito mundo del arte y la publicidad, tienen su razón de ser. Lo escandaloso, a la vez que resulta llamativo en el arte y que logra movilizar cuantiosos recursos económicos, también incita la curiosidad propia de un mundo domesticado pero que siempre anhela provocar y confrontar. Sin embargo, no todo graffiti tiene que ser provocador; es más, ni siquiera tiene que ser bello o bien elaborado ni tiene que perseguir un fin estético o un anhelo de fama pasajera o de perdurabilidad (casi siempre se sabe que es una apuesta efímera), porque el graffiti se basta así mismo con lo que es, con estar, con expresar y comunicar; por ello no requiere de aprobaciones ni de consensos, incluso, da igual si gusta o disgusta, si aporta a la reflexión social o si se mañana convertirá en lema de alguna lucha épica. El graffiti es una expresión de libertad, simplemente, es el sordo grito de un malestar colectivo, de una sociedad que se mueve, que se recorre, que se cuestiona y se recrea todo el tiempo, y aunque se pierda entre espejismos de confort y aspiracionales fatuos e importados, no puede escapar a su realidad, tan fugaz y altiva como la vida misma. Aún con todos los problemas que conlleva su práctica y con los desafíos que nos plantea su continuo y brusco encuentro, es improbable que el graffiti desaparezca y que deje de convocar la atención de ciudadanos, autoridades, periodistas, críticos de arte y mercaderes de ilusiones. Es parte de una realidad humana y social que nos revela, sin ápice de misericordia, los sentimientos que se ocultan en el corazón de la ciudad. Texto publicado en el libro Hablando desde los muros. Bogotá: Idartes, 2016 Imagen de: http://www.fotolog.com

Piero celebra 50 años de vida artística

Bogotá, 2014 Las canciones de Piero no pasan de moda y permanecen en el tiempo porque llegan al corazón. El 6 de enero de 1964, un joven de cabello ensortijado, rostro pálido, enormes gafas, algo tímido pero revestido de enorme confianza, debutó en el programa “Remates Musicales” interpretando algunos temas italianos, como "Alla cara, cara nonna" y "Giovanne, Giovanne" sin embargo, sería una composición suya, escrita con el apoyo de su amigo José Tcherkaski, ‘Mi Viejo’, la que le daría conocimiento mundial y con la que daría inicio a una larga carrera artística que hoy, a sus cincuenta años, sigue en ascenso innovando e interpretando el sentir de nuevos públicos. Poco antes de dar a conocer ‘Mi Viejo’ al público, Piero invitó a su padre, don Lino de Benedictis, un radiotécnico empírico y un inventor nato con gran oído musical, para que escuchara esta nueva composición. Encerrados en una pequeña habitación a puerta cerrada y habiendo descolgado el teléfono para evitar interrupciones, Piero, guitarra en mano, empezó a cantar tímidamente mientras del rostro de su padre empezaban a rodar algunas lágrimas. Cuando terminó de cantar, hubo un breve silencio que Piero recuerda como una eternidad, hasta que súbitamente su padre, limpiándose el rostro con un pañuelo, levantó la mirada y exclamó: -Ma, ¿Quién camina lerdo?…. ¡la puta que te parió!-. En ese momento don Lino, apenas superaba los cuarenta años de edad. Este tema en particular, al que luego se sumarían otras composiciones de enorme impacto musical, se convirtió en un hito dentro de su carrera artística. La canción ‘Mi Viejo’ ha permanecido vigente en el tiempo y hoy día sigue siendo reclamada y querida tanto por niños como por adultos, incluso en los sitios más recónditos de la geografía latinoamericana. Y es natural que así sea pues la cultura patriarcal que ha imperado en el continente ha hecho en extremo difícil poder expresar el amor al padre. "La motivación para hacer "Mi viejo"- recuerda Piero- era rescatar la figura del padre héroe, la figura gigantesca del progenitor. Uno va creciendo y el padre va decreciendo, esa es la ley de la vida, y por eso quisimos hacerle este homenaje”. Luego de este tema, que fue interpretado por otros artistas de talla mundial como Lucho Gatica o Nicola Di Bari, y de ser traducida al francés, al inglés y al italiano, vinieron otros éxitos, algunos de tinte romántico y otros que se enmarcaron dentro de lo que se conoció como la canción social o la música protesta; canciones que daban cuenta de la realidad, tanto del universo humano con sus complejidades y angustias interiores, como de las crisis sociales y políticas que sacudían el continente ante la ausencia de garantes democráticos, el hambre, la inequidad, la desigualdad social, la injusticia y la violenta irrupción de las dictaduras militares en el cono sur. ‘Si Vos te vas”, ‘Llegando, llegaste’, ‘Juan Boliche’, ‘Pedro Nadie’, ‘Caminando por Caracas’, ‘Canción a Magdalena’, ‘Yo vengo’, ‘Coplas de mi país’, ‘Para el pueblo lo que es del pueblo’ y ‘Los americanos’, entre muchos otros, lo catapultaron como una de las figuras más destacadas dentro de la música política y social en el mundo entero. Sin embargo, mientras las juventudes rebeldes del continente se contagiaban con su música y eufóricos llenaban los estadios para escucharlo, Piero empezaba a ser visto con molestia por el régimen militar que gobernaba en Argentina, país al que había llegado a los 3 años de edad proveniente de su natal Italia. La censura militar, la persecución y un intento fallido de secuestro por parte de la inteligencia militar que sometía al país al horror y la brutal represión, lo obligaron a exiliarse, primero en Italia y luego en España. Durante este periodo de profundas reflexiones y de comunión con la tierra y la vida del campo, Piero retomó su vocación con temas infantiles, como la ‘Sinfonía Inconclusa en la Mar’. En 1981 regresó a Argentina y consciente de la falta de oportunidades de muchos niños y jóvenes y de la crisis del hambre que estremecía a las mayorías del continente, decidió fundar su primera granja ecológica para aprender y enseñar al mismo tiempo, maneras efectivas de cultivar la tierra. Dos años después creó la Fundación ‘Buenas Ondas’ con el objetivo de promover el desarrollo de granjas autosuficientes para que niños de escasos recursos aprendieran a cultivar la tierra con productos orgánicos limpios de químicos, fertilizantes y pesticidas, e instar a los gobiernos para la adopción de un modelo de producción agrícola que, en armonía con el medio ambiente, garantizara la soberanía alimentaria de los pueblos. Se fundaron 200 eco-granjas educativas en toda América Latina, incluyendo una en Estados Unidos. Impulsado por la convicción de que era necesario pasar de la protesta a la propuesta, y consciente de la validez de los postulados y objetivos que animaban las luchas por las reivindicaciones sociales y la justicia en varios países de América latina, Piero diseñó el programa ‘América Vive’ como una plataforma de apoyo e integración continental con el fin de intercambiar propuestas, miradas y saberes en el continente y conseguir auspicios y recursos que permitieran el desarrollo eficaz de esas iniciativas, muchas de las cuales permanecían desarticuladas o ignorantes acerca de procesos similares en otros países del continente. De manera simultánea empezó a incursionar en el rock, realizando varios conciertos a lo largo y ancho del continente, sin abandonar las causas sociales y el principio rector de sus transitar: la solidaridad humana. De este modo lleva a cabo diversos conciertos con fines benéficos. En 1986 participa en el gran concierto por las víctimas de la tragedia de Armero, Colombia, junto a otros artistas internacionales como Joan Manuel Serrat, Julio Iglesias y José Luis Rodríguez ‘El Puma’. La respuesta del público colombiano es tan masiva y contundente que Piero decide volverse ciudadano colombiano. En 1993, cuando el presidente César Gaviria decide otorgarle la nacionalidad, un suceso imprevisible (el asesinato del capo Pablo Escobar), alteró la agenda de Gobierno y la ceremonia tuvo que ser aplazada. Por ello sería su sucesor, el liberal Ernesto Samper, quien finalmente le concede la nacionalidad en 1994. Desde entonces Piero asume el firme compromiso de trabajar por la Paz de Colombia, sin dejar de lado el llamado a la solidaridad de otras causas mundiales. En 1995 participó de manera bastante activa en la edición de un disco por los derechos de los niños; proyecto que también contó con la participación de otros renombrados artistas como León Gieco, Juan Carlos Baglietto, Joaquín Sabina, David Gilmour del grupo británico Pink Floyd y Annie Lennox, entre otros. Esta producción fue declarada de interés mundial y las regalías fueron donadas al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (United Nations Children's Fund), Unicef. Piero, convertido en un fenómeno artístico que logra con acierto combinar la propuesta política, con el activismo social y el arte, decide involucrarse más activamente en la realidad colombiana y aportar a la resolución del conflicto armado. Recorre el Urabá Antioqueño que se encuentra bajo dominio paramilitar para llevar sus canciones y propuestas de Paz y visita otras regiones marginadas del país. En apoyo al Proceso de paz iniciado por el gobierno de Andrés Pastrana Arango, se dirige a San Vicente del Caguán, Caquetá, municipio del nororiente colombiano, declarado zona de distensión para el desarrollo de las negociaciones, donde acompaña la Mesa de Diálogo y comparte tanto sus canciones como sus propuestas de reconciliación. Allí consigue unir en una canción a un guerrillero, una moja, un militar y varios campesinos que emocionados cantan y confirman su voluntad de vencer la guerra y unidos empezar a construir una nación de paz y esperanza para todos. Iniciado el siglo XXI, Piero edita el disco “Canciones blindadas”, y emprende varias giras exitosas por Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica, entre ellos Colombia, donde se reafirma, una vez más, el cariño que le profesa su público y el paso de generación en generación de sus composiciones, trascendiendo el tiempo y las trasformaciones sociales. Su amor por Colombia y su voluntad de aportar la reconciliación del país, lo obligan a sumarse a varias causas sociales con el objetivo de visibilizar a las víctimas de la guerra, acompañarlas en sus procesos de organización y llamar la atención de la ciudadanía sobre el deber humano de la solidaridad y el respeto a la vida. El 6 de marzo de 2008 Piero apoya la marcha por las víctimas del paramilitarismo y de crímenes de Estado. En el 2010 participa en el proceso electoral haciendo un llamado a la ciudadanía a manifestar en las urnas, de manera consciente y autónoma, su voluntad de cambio y la necesidad de profundizar la democracia. En el 2012 se suma a los indignados que se manifiestan en buena parte del territorio nacional ante la grave crisis que atraviesan los pueblos indígenas del Cauca, lanza el “Manifiesto por la Paz de Colombia”, en Santander de Quilichao y realiza varias presentaciones gratuitas en la región, como en el resguardo indígena de López Adentro. Un año más tarde participa en el evento “Campesinos somos todos” convocado por el gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, quien le entrega, en reconocimiento a su trayectoria musical, “las llaves de la ciudad” y lo acompaña a sembrar un Guayacán en el puente del Humilladero, como símbolo de esperanza y reconciliación. También acompaña al Ministerio de Educación en su programa “Todos a Aprender” a través del cual se movilizan más de 200 mil niños de las regiones a Bogotá para participar en la ‘Feria del Conocimiento’. En noviembre de 2013 participa en el ‘Monumento Sonoro por la Memoria’, proyecto diseñado y convocado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, mediante el cual se recogen las voces de los niños de cinco regiones de Colombia y se realizan conciertos gratuitos en los municipios de Necocli, Apartadó; San Carlos, Antioquia; Resguardo indígena de Jámbalo, Cauca; Puerto Rico, Meta y en Bogotá. El 14 de diciembre de 2013 acompaña el cierre de la Semana de los Derechos Humanos en Medellín, evento convocado por la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos de esa ciudad y canta ante miles de seguidores que junto a él, claman por un país en paz. Como ‘embajador de paz de buena voluntad’ en Colombia, Piero asume como compromiso fundamental, llevar su música a las regiones más apartadas del país, realizar conversatorios y encuentros con las comunidades más duramente afectadas por el flagelo de la guerra, incluyendo las zonas fronterizas, para procurar espacios de sanación y de liberación del dolor y el rencor. Por ello se propone realizar un recorrido por el río Magdalena junto a otros artistas nacionales e internacionales, como el dramaturgo Sebastián Ospina y los cantautores León Gieco, Víctor Heredia, Joan Báez, entre otros, convocando el apoyo de algunos premios Nobel de Paz, como Adolfo Pérez Esquivel o Rigoberta Menchu. También ha propuesto realizar conciertos gratuitos y charlas sobre pedagogía para la Paz en sitios emblemáticos del conflicto interno o en aquellos donde algún día se emprendieron caminos de paz.

Piero y el Manifiesto por la PAZ

Febrero de 2013

El presidente Juan Manuel Santos generó enorme expectativa en el país, cuando en días pasados admitió públicamente que los rumores acerca de unas conversaciones exploratorias que su gobierno estaría adelantando con la guerrilla de las Farc desde el mes de febrero en La Habana, Cuba para dar inicio a un definitivo diálogo de paz, eran verdaderos.// El anunció se produjo en un ambiente bastante confuso, pues mientras los reportes regionales, especialmente en el Cauca, evidenciaban el recrudecimiento del conflicto, el incremento de combates y hostigamientos en los municipios de Timbiquí, Caloto, Toribío, Santander de Quilichao y Corinto, entre otros, la descontrolada acción criminal de las nuevas estructuras paramilitares que, en connivencia con la fuerza pública, seguían amenazando y atentando contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, más el asesinato de por lo menos una veintena de indígenas, la ejecución del médico tradicional y guía espiritual del pueblo Nasa, Lisandro Tenorio de 74 años de edad a manos de las FARC, y el desarrollo de públicas manifestaciones de discriminación racial en Popayán; al mismo tiempo las autoridades tradicionales indígenas del Cauca se declaraban en Asamblea Permanente, llamaban a la minga de resistencia y decidían por su propios medios expulsar a los armados de sus territorios sagrados, mientras en algunos sectores de la sociedad civil se empezaban a articular propuestas con el fin de proponer alternativas viables capaces de ponerle fin a la guerra y despejar el camino hacia una paz posible, firme y duradera en Colombia. // En esta coyuntura, en la cual empiezan a soplar vientos de esperanza y a la vez se registran escenas de violencia y de dolor que reflejan la tragedia humanitaria que padece el pueblo colombiano, los costos humanos y sociales de la guerra y sus horrores en medio de un hastío generalizado, surge una propuesta que, de consolidarse tal como se ha planteado, podría surtir un efecto altamente positivo en el recién iniciado proceso de diálogo entre el Gobierno Nacional y la guerrilla.// En el mes de julio, el cantante argentino, nacionalizado en Colombia, Piero, envío un mensaje de solidaridad a los pueblos indígenas del Cauca (adjunto al final de este texto), en el que además de ofrecer sus buenos oficios para aportar a la construcción de caminos que conduzcan a la paz y la reconciliación en Colombia, convoca la voluntad y participación de otros ciudadanos de América Latina. A partir de este comunicado, las Autoridades tradicionales indígenas del Cauca, a través del Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC-, decidieron establecer una alianza de cooperación con Piero para diseñar y lanzar el MANIFIESTO POR LA PAZ DE COLOMBIA: UN MANDATO CONTINENTAL en dos eventos musicales; uno en Bogotá y otro en Popayán.// En el primer concierto, que se realizará el próximo 8 de septiembre en el teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá con la participación de Piero y su banda, dos grupos de la Guardia Indígena y la cantautora colombiana Andrea Echeverri, se hará el lanzamiento oficial del Manifiesto por la Paz, el cual recoge las expresiones, propuestas y voces de diversos sectores sociales del país. Se prevé que el acto de instalación esté a cargo del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, y que representantes de organizaciones campesinas, movimientos sociales y de víctimas, estudiantes, mujeres, población afro, indígenas, defensores de derechos humanos, artistas, académicos, escritores e intelectuales, lean cada uno un fragmento de este Manifiesto. Al final se realizará un acto simbólico y un ritual sagrado para blindar el proceso de paz, protegerlo de las mañas energías y limpiar el camino que deberá emprender para su realización.// El sentido del Manifiesto es, por un lado, convocar la solidaridad y el apoyo internacional para que figuras representativas del continente se adhieran a éste y aporten ideas e iniciativas para el desarrollo de un acuerdo de paz en el que esté representada la sociedad civil, logrando que juegue un papel activo en el desarrollo de las conversaciones. Asimismo, este documento servirá como insumo para la instalación de unas Mesas de Diálogo de la Sociedad Civil, a través de las cuales se construirá una agenda temática sobre aspectos sociales y políticos, que deberán ser considerados en los acuerdos de paz que suscriban el gobierno y las guerrillas de las FARC y ELN.// Dentro del programa de lanzamiento del Manifiesto por la Paz, se realizará un concierto en la Plaza de la Salud de Popayán, para lo cual se cuenta con el firme compromiso y respaldo del gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, quien públicamente ha expresado su disposición para que en este departamento se inicien los diálogos de paz.// Siendo el departamento del Cauca, una de las regiones más golpeadas por la violencia, el conflicto armado, la inequidad y dónde se han producido graves hechos de violencia, infracciones al DIH, violaciones a los Derechos Humanos, en un contexto social marcado por la discriminación racial, el feudalismo, la estigmatización política, los recortes a la inversión social y el abandono estatal, resulta de enorme significado emprender allí una campaña continental por la paz de Colombia, exaltando la organización, el trabajo comunitario y la ejemplar resistencia de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes que, con ejemplar valor y coherencia han desafiado la violencia y la marginalidad dando muestras de dignidad y de una clara vocación de paz. Los pueblos indígenas del Cauca, se han convertido en símbolo de paz y resistencia tanto para Colombia como para el mundo.// Los recientes, pero no nuevos, hechos de violencia registrados en este departamento, donde se expone sin ambages la crudeza del conflicto, pero también la fuerza, coherencia y resistencia de los pueblos indígenas, nos indican que, efectivamente, en este contexto de violencia, precariedad y discriminación pero también de legítimos esfuerzos en defensa del territorio, la soberanía, lo sacro y la vida, podría germinar una auténtica semilla de paz para Colombia. De allí la importancia de que en Santander de Quilichao se haya programado para el próximo 15 de septiembre, un encuentro multicultural para que niños de los pueblos indígenas del Cauca, de las comunidades afros y campesinos realicen un intercambio de canciones y saberes con Piero, quien les ofrecerá la Sinfonía Inconclusa en el Mar, y aprenderá cantos autóctonos de esta región.// Entre otras actividades previstas, en el marco de la Semana por la Paz, que impulsa Redepaz, se tiene previsto realizar un evento especial el 11 de septiembre de 2012, en la escuela distrital de Arborizadora Alta de Ciudad Bolívar, para que Piero y los niños en medio de una cabalgata por la paz con caballitos de madera, construidos por los mismos los niños, interpreten de manera conjunta la Sinfonía Inconclusa en el Mar.// El proyecto del Manifiesto por la Paz en Colombia ha sido respaldado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Gobierno, la dirección de Derechos Humanos, la Secretaría de Integración Social, y de manera especial y comprometida, por la Alta Consejera para las Víctimas, Ana Teresa Bernal, quien de manera entusiasta se ha unido a esta campaña convocando la presencia de otras entidades del Distrito y aportando de manera generosa sus esfuerzos y tiempo para la realización de los eventos. Igualmente, la Asociación Minga, Redepaz, la Corporación Viva La Ciudadanía, FOS de Colombia y el PNUD han respaldado este proyecto. La Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura, a cargo de Moisés Medrano ha expresado su buena disposición para contribuir a su exitosa realización.// El Manifiesto de la Paz, que podría convertirse en invaluable aporte al proceso de paz en Colombia, resulta altamente significativo en el sentido de que a través de su ejecución se pretende despertar la conciencia ciudadana sobre el deber que a todos nos asiste de vencer nuestra propia precariedad moral, abrazar y dignificar a las víctimas de esta historia de violencia y aportar, con mística y convicción, a la solución de un largo y costoso conflicto armado que, después de tantas décadas de oprobios, derrotas, pérdidas y daños irreparables ha frenado el desarrollo social del país, lo ha fragmentado y lo ha postrado a la acción criminal de quienes se han configurado en detentores del poder político y amos de la guerra.// De la alocución presidencial, en la cual Santos afirmó que en este nuevo proceso era necesario "aprender de los errores del pasado para no repetirlos" y que cualquier negociación debería llevar al fin del conflicto aunque se mantengan las operaciones militares en todo el territorio nacional, surgió también la reflexión sobre los errores del pasado cometidos por la sociedad civil, tanto por haberse marginado de los procesos, como por haber asistido impávida al genocidio contra la UP, desatado tras la firma de los acuerdos de paz de la Uribe, Meta en 1984. De modo que la iniciativa de lanzar públicamente el Manifiesto por la Paz en Colombia: un mandato continental, para convocar la buena voluntad y el compromiso político de la sociedad y de los actores del conflicto a fin de generar las condiciones necesarias para la instalación de mesas de diálogo de la sociedad civil, busca también que las figuras más representativas en el mundo del arte, las letras, la intelectualidad y la defensa de los derechos humanos en América latina acompañen y blinden el recién iniciado proceso de paz, lo fortalezcan con propuestas viables y generen una real incidencia política en las agendas de sus gobiernos, asumiendo que el problema de la guerra en Colombia afecta también a otras naciones. La voluntad de paz expresada por los pueblos indígenas, por al presidente de la República, por las organizaciones sociales y por significativos sectores de la sociedad, sumado a la buena disposición expresada por el gobernador, Temístocles Ortega Narváez, indican que estamos ante una oportunidad histórica para reafirmar esa voluntad y lograr que, con la activa participación de la ciudadanía, se suscriba un Pacto Social por la paz de Colombia.// La PAZ es un pacto social amplio, incluyente, democrático donde se expresa el pluralismo y la diversidad cultural de una nación. Es una conquista social que exige de la activa participación de todos los ciudadanos, donde cada cual pueda asumirse como sujeto de derecho y agente histórico de transformación de su sociedad.// Propender por un genuino desarrollo humano sostenible, donde el hombre, el medio ambiente y la justicia social sean los ejes de toda acción política, conduce, inexorablemente, a replantearnos la realidad de la guerra y a asumir el deber moral y social de aportar a la construcción de una nación en paz donde la armonía y la reconciliación nos permitan avanzar hacia un real Estado Social y Democrático de Derecho.// La paz se nutre de la conciencia social, de la justicia, del reconocimiento a la dignidad de las víctimas y de todos los seres humanos, del respeto a los derechos individuales y colectivos, de la participación ciudadana y de la elaboración de un duelo colectivo donde se reconstruya la verdad dolorosa del pasado y se asuma el deber ético de no permitir que los horrores del pasado vuelvan a repetirse jamás evitando, además, que queden condenados al olvido y la impunidad.// La paz la pactan los guerreros, pero la construyen las sociedades que se reconcilian con su historia y con su pasado; que deciden aportar a la construcción de una nación prospera, con justicia y equidad, y donde cada cual logre alcanzar plenamente su desarrollo humano, social, político material y espiritual. Por ello la paz no puede ser asumida como un decreto o un proceso de negociación ajeno a la realidad de los ciudadanos, suscrito a puerta cerrada por el Estado con las fuerzas insurgentes que se alistan a deponer las armas.// El Encuentro Exploratorio que se inició en febrero de 2012, entre Gobierno y guerrilla en La Habana, Cuba, con la participación del Gobierno de ese país y del Gobierno de Noruega como garantes, y con el apoyo del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela como facilitador de logística y acompañante, llevó a que se definieran unos acuerdos base, las reglas de funcionamiento y una agenda temática de seis puntos, entre los que se incluye: Política de desarrollo agrario integral (acceso y uso de la tierra, formalización de la propiedad, programas de desarrollo con enfoque territorial, desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza y estímulo a la producción agropecuaria); Participación política (Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final, acceso a medios de comunicación, mecanismos democráticos de participación ciudadana, y medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad); Fin del conflicto (Cese al fuego y de hostilidades bilaterales y definitivas, dejación de las armas y reincorporación de las FARC-EP con garantías de seguridad); Solución al problema de las drogas ilícitas; Víctimas e Implementación, verificación y refrendación de todos los puntos acordados.// Uno de los avances más significativos de esta agenda es que tácitamente reconoce que al ser el gobierno parte del conflicto no podría ser a la vez arbitro en las negociaciones, lo que obliga a convocar la mediación de un país extranjero que garantice la permanencia en la mesa de los actores negociadores, aún sobre las provocaciones y las acciones de guerra que seguirán presentes mientras se avanza en la implementación de la mesa de concertación.// De otra parte, llevar a la mesa de diálogo, el tema del narcotráfico, es un avance fundamental de enorme coraje, pues si se reconoce que este fenómeno no sólo se ha convertido en insumo para la guerra, sino que además, ha pervertido y degenerado los poderes del Estado, fracturado los procesos democráticos y generado una grave distorsión social y cultural en buena parte de la sociedad colombiana, a través de la imposición de modelos frívolos que desprecian la diferencia, el trabajo y el deber ético de defender y garantizar la vida, es sencillo entender que su reconocimiento como un problema que debe ser erradicado, contando con el debido apoyo internacional, podría generar diversas reacciones y fuertes maquinaciones al interior de los poderes políticos.// Ahora, si bien la agenda propuesta por el Gobierno nacional se constituye en un importante avance, y existe la voluntad de impulsar un diálogo hasta el final, aprendiendo de los errores del pasado, asimismo, se debe entender que hoy no es posible hablar de un proceso de paz realista que no cuente con la comprometida y decidida participación de la sociedad civil.// La guerra continuará por ahora, nuevos hechos de violencia, falsos atentados, intentos por sabotear el proceso por parte de esa extrema derecha pérfida, arrogante y criminal que encarna el ex presidente Uribe y sus esbirros, seguirán presentándose en todo el país; pero ante ello, además de la imperiosa necesidad de que el Estado cumpla con su deber, sin más dilaciones, de desarticular por completo las bandas narcoparamilitares que siguen sembrando de muerte y terror la geografía colombiana, será fundamental contar con el respaldo y la presión de una sociedad que exige, necesita y merece vivir en paz. La sociedad sea quizás, llegado el momento, la única fuerza que logre evitar que las partes negociantes claudiquen en su intento, cedan a sus propias contradicciones y terminen por desechar esta nueva oportunidad histórica que se abre para lograr que una paz cierta sea posible en el país.// Sólo la vocación de paz de las mayorías y su activo compromiso, podrán hacer que la Paz en Colombia no sea una utopía, ni un asunto marginal sin proyección social ni una muletilla electoral, sino que sea, en efecto, una realidad inevitable para todos. Adjunto Carta de Piero Buenos Aires, julio de 2012 A mis amados paisanos La paz en Colombia no da espera; alcanzarla se constituye en un imperativo, tanto nacional como regional, que no admite más titubeos ni dilaciones. Colombia, uno de los países más ricos y diversos del continente, continúa inmersa en un conflicto armado de profundas raíces sociales, económicas y políticas. Esta guerra, que ha costado la vida de millares de seres humanos, la integridad de miles de familias, la destrucción de buena parte de su riqueza natural y ha frenado genuinas opciones de desarrollo en las que el hombre y sus derechos sean eje central de toda política de progreso, debe ser superada a través del diálogo y la concertación nacional. Es vital contar con la activa participación y el compromiso de toda una sociedad que clama y exige vivir en paz.// Los estremecedores y recientes acontecimientos del Cauca, donde se expresa sin ambages la voluntad de paz de los pueblos indígenas, y su justo reclamo en defensa de la autonomía, el territorio y su derecho a vivir en paz, se extiende más allá de los límites de sus territorios ancestrales y sacuden la conciencia continental. La Minga de resistencia por la autonomía y la armonía territorial y por el inmediato cese de la guerra, convocada por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), es un clamor urgente y desesperado que ni gobiernos ni ciudadanos del mundo pueden ignorar.// Como ciudadano colombiano, reafirmo mi firme compromiso de trabajar por la pacificación de Colombia; por lograr que mediante acuerdos y salidas políticas se supere la violencia, la marginalidad, los odios, la injusticia social y el oprobioso trato que durante siglos han recibido las llamadas “minorías étnicas” de Colombia. La paz es una conquista social, amplia, incluyente y participativa; y así mismo es un imperativo fundamental para forjar una nación de bienestar y progreso para todos.// La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento como lo establece el artículo 22 de la Carta Política de Colombia. El derecho a la paz significa respeto a la vida y a la diversidad; vivir en armonía con el medio ambiente y con los demás seres vivos y garantizar el pleno derecho de todo ser humano a una vida digna, amable y productiva con reales opciones de felicidad y plenitud.// Es deber de todo Estado y de todo ciudadano que anhele vivir en paz, actuar en defensa de la dignidad humana, superar toda forma de discriminación, segregación y exclusión social, política o racial; propender por una genuina cultura de paz; asumir, en defensa de la vida una clara posición anti-armamentista y anti-belicista y rechazar todo acto de violencia y crueldad que lacere la conciencia de la humanidad. La promoción, defensa y respeto de los Derechos Humanos y de los principios consagrados en el Derecho Internacional Humanitario, no tienen color político; son fundamentos esenciales para vencer la guerra y sentar las bases de una sociedad plural que se reconoce en el otro y que es capaz de dirimir las diferencias a partir del dialogo, la argumentación sensata y el respeto mutuo.// A través del derecho a la paz se defiende la dignidad del ser humano y su libertad. Hastiado, al igual que muchos de mis compatriotas, de padecer una Colombia en guerra, y consciente de los enormes costos que ésta demanda a la sociedad, deseo aportar mis modestos y más sinceros esfuerzos para avanzar en la construcción de un camino que nos acerque como hermanos y nos permita avanzar con paso decidido hacia una paz firme y duradera.// Con profundo respeto, me uno al clamor del CRIC y apoyado, también, en sus bastones de mando y en su sabiduría ancestral, digo como dijeron los indígenas del Cauca, hace 40 años: “Es hora de la paz y no de la guerra. Hora para que desde el Estado, desde la insurgencia y demás grupos armados, no se levanten más las armas contra el pueblo. Que cesen las masacres, los homicidios selectivos, los desplazamientos, las amenazas, las torturas, las desapariciones forzadas, las mutilaciones, los señalamientos, la muerte y la ignominia. Hora de la verdad y de la justicia. Hora de que la riqueza del país sea puesta a favor de la igualdad y la equidad, que el presupuesto nacional sea invertido fundamentalmente en lo social y no en la guerra”.// Es hora de demostrar el temple de nuestros corazones, la firmeza de nuestras convicciones y el valor de nuestra palabra; es tiempo de dialogar con honestidad y generosidad; de unir voluntades y de anteponer a intereses particulares y pequeñas mezquindades, el bienestar de toda una nación que clama, exige y necesita vivir en PAZ.// Indígenas Y CAMPESINOS somos todos y la PAZ somos nosotros Fraternalmente, Piero de Benedictis

Los ‘Falsos Positivos’no deben pasar a la JPM

Bogotá, Octubre de 2014 La autoría mediata y el hombre de atrás en los mal llamados ‘Falsos Positivos’ Si el asesinato de más de seis mil jóvenes colombianos, a manos de miembros de la fuerza pública, con el propósito de enseñar resultados en la lucha contra insurgente y obtener algunas de las prebendas que ofrece el Estado para estimular la muerte de alzados en armas, no nos dice nada, es porque realmente estamos jodidos como sociedad. Y si está cadena de muertes, violencias, encubrimientos e impunidades no logra revelarnos que no se trata de casos aislados, -¿más de seis mil casos aislados? - sino que, en efecto, como señala la Corte Penal Internacional, se trata de una política de Estado, será muy difícil que el país avance en la construcción de una paz cierta y estable en el país; pues lo primero que se debe recuperar para procurar genuinas transformaciones sociales, políticas y culturales, es la verdad verdadera de nuestra historia, incluyendo el destape de la máquina criminal que desde el más alto nivel ha promovido la acción homicida contra sectores específicos de la sociedad y contra algunos dirigentes políticos. Pero contrario a buscar la verdad verdadera y garantizar la acción de la justicia y los derechos de las víctimas de crímenes atroces, como las de los mal llamados ‘Falsos Positivos’, el gobierno promueve peligrosas e innecesarias iniciativas que no sólo minan la confianza de la ciudadanía en sus políticas, sino que además podría acarrearle serios perjuicios al país. El trámite de dos nuevas iniciativas (la ley 085/2013 para Senado y 210/2014 para Cámara) para la ampliación del Fuero Penal Militar, las cuales seguramente serán declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, pone de manifiesto la esquizofrenia de un gobierno –y de una nación- que mientras pide, reclama y afirma querer poner fin a la guerra y construir una paz estable y duradera en el país, al mismo tiempo pretende extender normativas para afianzar la guerra e impulsa reformas que contribuyen a profundizar el vergonzoso índice de impunidad y que irían en contravía del bloque de constitucionalidad y de los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos. Maniobras subrepticias Desde hace cuatro años, cuando empezaron a promoverse iniciativas de este tipo, diversos sectores democráticos y sociales, organismos internacionales y defensores de Derechos Humanos, alertaron sobre el riesgo y el impacto que tendría para las víctimas, para un eventual proceso de paz, para el sistema de justicia y para nuestro orden democrático, implementar una reforma de ampliación del Fuero Penal Militar; riesgo que podría traducirse también en condenas y sanciones contra el Estado colombiano. Sin embargo, el gobierno insiste en maquillar cada nueva propuesta, en cambiar algunos detalles en su articulado y en volver a radicar tozudamente la misma iniciativa, con el mismo talante y con el mismo objetivo: blindar a la fuerza pública de la acción de la justicia. La primera campanada de alerta se dio diez días después de iniciado el primer periodo presidencial de Juan Manuel Santos, cuando éste sancionó la Ley 1407 de 2010, “por la cual se expide el Código Penal Militar”, en reemplazo de la Ley 522 de 1999. Pero esta medida no fue suficiente; un año después de entrar en vigencia el nuevo Código, y al amparo de un proyecto de ley de reforma a la justicia, se introdujo a última hora un artículo “mico” que suponía “una relación con el servicio de toda operación militar, con lo cual se anula de entrada la intervención de la justicia ordinaria y pone en duda delitos atroces, de lesa humanidad y contra los derechos humanos (DDHH) y el DIH, ajenos a juzgamiento por parte de tribunales militares. Las reacciones no se hicieron esperar, la reforma se cayó pero los intentos prevalecieron. Luego vino el Acto Legislativo No. 02 del 27 de diciembre de 2012, declarado inexequible en su totalidad por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-740 del 23 de octubre de 2013. Tiempo después se dio trámite a la ley 1698 del 26 de diciembre de 2013, “por la cual se crea y organiza el sistema de defensa técnica y especializada de los miembros de la fuerza pública, y se dictan otras disposiciones", y más recientemente fueron radicados los proyectos de ley 085/2013 para Senado y 210/2014 para Cámara, con el fin de reformar el ordenamiento constitucional y legal del país y ampliar la Justicia Penal Militar (JPM) o “modernizarla” para brindar seguridad a las tropas como sugieren algunos de sus más acérrimos defensores y ponentes. El senador Manuel Enrique Rosero, ponente de la nueva iniciativa, afirmó que “los miembros de la fuerza pública no tienen las suficientes garantías jurídicas para enfrentar toda esta amenaza que infortunadamente hemos tenido como producto del conflicto armado que aqueja a Colombia”. Armando Benedetti por su parte dio voto negativo a este proyecto porque no explica cómo serían investigados los ‘‘‘Falsos Positivos’’’ y eventualmente podrían pasar a la Justicia Penal Militar (JPM). La senadora Vivian Morales también manifestó su desacuerdo argumentando que no se justifica en un proceso de paz buscar un Fuero Penal Militar para la guerra. No obstante, pese a las manifestaciones en contra, la propuesta de ampliar las competencias de los tribunales castrenses para juzgar crímenes contra civiles, pasó su primer trámite parlamentario al ser aprobada en la Comisión Primera del Senado. El representante Alirio Uribe, quien había convocado a una Audiencia pública sobre la reestructuración de la Justicia Penal Militar, para analizar las implicaciones de esta ley en el marco del actual proceso de paz y escuchar las recomendaciones y posiciones de organizaciones sociales, víctimas e incluso de algunos mandos militares, afirmó que esta iniciativa es una nueva intentona de dejar en la impunidad las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas por miembros del ejército, y que la opinión pública conoce como ‘Falsos Positivos’. “Es un proyecto regresivo, que esperamos no pase los ocho debates y en caso de que los pase, esperamos que la Corte Constitucional, lo declare inconstitucional. Es clarísimo a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que los ‘Falsos Positivos’, los asesinatos de civiles, no tienen ninguna relación con el servicio. En este momento hay más de seis mil casos documentados, hay más de 3.400 investigaciones en la Fiscalía, hay más de 5.400 investigaciones en la Procuraduría, y lo que se quiere buscar con todas estas iniciativas es que esas investigaciones que no han avanzado de manera suficiente y que no estén en juicio, pasen de la justicia ordinaria a la justicia penal militar. […] Está clarísimo que el Derecho Internacional Humanitario no le da ninguna prerrogativa al ejército frente a lo que tiene que ver con el asesinato de civiles o ataques a la población civil, al contrario el DIH lo que busca es proteger a los civiles y los bienes de los civiles; acá lo que se está haciendo es un uso abusivo del DIH […] por eso creemos que la reforma es totalmente inconstitucional e inconveniente.” Los principales peros El proyecto le asigna a la Justicia Penal Militar el conocimiento de delitos que rompen claramente con la función del servicio y que deben ser de competencia exclusiva de la justicia ordinaria. Adicionalmente, modifica el Código Penal Militar otorgándole competencia para conocer las infracciones al DIH, y se basa en figuras penales inexistentes para, de manera subrepticia, garantizar que diversos y graves crímenes pasen a la justicia penal militar. Según el artículo 8 del proyecto, los juzgados militares o policiales podrán conocer de homicidio e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, entre otros delitos, cometidos por miembros de la fuerza pública. “Esto significa que los más de dos mil casos de asesinatos atribuidos a agentes del Estado que actualmente son investigados por la Fiscalía, algunos bajo la figura de homicidio en persona protegida (que se define en el Código Penal como violatorio del DIH), y otros bajo la figura de homicidio y homicidio agravado (contenidos en el capítulo sobre homicidio del Código Penal) serían trasladados a la Justicia Penal Militar.” El Código Penal colombiano define “homicidio en persona protegida” (art. 135 del C.P.) como una violación del DIH. Basta con que se catalogue el delito como una infracción al DIH para que pase a la competencia militar. El proyecto también dispone que, excepto una lista taxativa de siete tipos de delitos en la que se incluyen las ‘ejecuciones extrajudiciales’ y la ‘violencia sexual’, las violaciones al DIH cometidas por militares sean conocidas exclusivamente por la Justicia Penal Militar. Sin embargo, se debe tener en cuenta que las ‘ejecuciones extrajudiciales’ y la ‘violencia sexual’ no están tipificadas en el Código Penal colombiano; con lo cual se estaría garantizando que los ´Falsos Positivos’ que son homicidios, pasen a la Justicia Penal Militar, donde sólo se les podría garantizar impunidad. Por su parte, la ‘violación sexual’ se encuentra recogida como delito de “acceso carnal violento en persona protegida” (art. 138 del C.P.) y “acceso carnal violento” (art. 205 del C.P.), entre otros. Entre las voces de alerta que se han manifestado contra estas iniciativas, está la de José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, quien el pasado 8 de julio envió una carta al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, con copia al entonces ministro de Justicia y del Derecho, Alfonso Gómez Méndez, expresando su preocupación por los nuevos proyectos de ley e instando al Gobierno Nacional a retirarlos del debate legislativo. “El proyecto de ley número 85 de 2013 del Senado permitiría que casos de asesinatos conocidos como ‘Falsos Positivos’ sean transferidos de la justicia ordinaria a la justicia penal miliar. El proyecto dispone que la justicia penal militar conozca de otros casos de violaciones de derechos humanos por militares que se hayan cometido anteriormente o puedan ocurrir en el futuro, como violación sexual, trato inhumano y mutilaciones, en flagrante contravención a las obligaciones jurídicas asumidas por Colombia de conformidad con el derecho internacional. Asimismo, el proyecto estipula que la justicia penal militar investigaría a militares acusados de interceptaciones ilegales, tráfico ilegal de armas, y concierto para delinquir (colaboración con paramilitares o BACRIM) con fines de tortura, desaparición forzada y narcotráfico, entre otros delitos, lo cual prácticamente aseguraría su impunidad.” En la misiva Vivanco también señala que “el proyecto de ley promueve activamente la remisión de causas de la justicia ordinaria a la justicia penal militar. El artículo 94 dispone que las “nuevas normas de competencia” se apliquen a procesos anteriores en los cuales no se haya decretado el inicio del juicio. Hasta el 18 de junio, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía impulsaba 1.907 investigaciones de asesinatos atribuidos a agentes del Estado, afectando a casi 3.400 víctimas, en los cuales no se había iniciado el juicio.” La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que las investigaciones sobre la conducta de miembros de las fuerzas de seguridad adelantadas por otros miembros de esas mismas fuerzas suelen servir para encubrir los hechos en vez de esclarecerlos. Mal haría el congreso, menos en la actual coyuntura, en aprobar una reforma que en vez de garantizar avances en materia de justicia, se convierta en un nuevo obstáculo para satisfacer y resarcir los derechos de las víctimas. Alberto Yepes, miembro de la Coordinación Colombia Europa, Estados Unidos, intervino en la audiencia sobre la reestructuración de la Justicia Penal Militar, y alertó sobre las graves implicaciones que la aprobación de esta norma tendría para las víctimas. El analista declaró que al adoptar el sistema acusatorio dentro de la JPM, con la modalidad que está contenida dentro del proyecto de reforma, se estarían negando los derechos de las víctimas en tres momentos. En el momento de la formulación de las denuncias, en el desarrollo de las primeras diligencias cuando una persona resulte afectada por violaciones a los Derechos Humanos, y durante el proceso mismo. Resaltó la gravedad de que las audiencias del sistema acusatorio en la JPM serán absolutamente militarizadas. Las víctimas de ‘Falsos Positivos’ y graves crímenes van a encontrarse con que el juez penal de conocimiento es militar, que el juez penal de garantías es otro militar, que el juez de ejecución de penas es también militar, que los miembros del CTI, los funcionarios de policía judicial, los investigadores, los peritos y testigos son militares, que los defensores de los acusados son militares (en virtud de la ley 1698 del fondo de defensa técnica militar que los adscribe oficialmente a la defensa), que el fiscal penal es también un militar, el único no militar es el representante de las víctimas, y se plantea entonces que quien representa los derechos de las víctimas es el fiscal militar (la ley dice que las medidas judiciales necesarias para asistencia de las víctimas es función del fiscal penal militar). Para las víctimas será humillante que quien represente sus pretensiones sea un fiscal penal militar ante los perpetradores militares.” Un caso emblemático de lo que ello podría acarrear a millares de víctimas, es el de José Álvaro Torres, padre de los niños asesinados en octubre de 2010 en Caño Temblador, Tame, Arauca, quien tuvo que radicar su denuncia ante el Subteniente Raúl Muñoz Linares, adscrito a la Brigada Móvil Nº 5, Batallón Nº 42 de Contraguerrillas “Héroes de Majagual”, compañía “Buitres”, y perpetrador de la violación, asesinato y desaparición de sus tres hijos. Que sea el propio violador y asesino quien atienda las denuncias es un grave peligro para la administración de justicia, pues además de que las víctimas se sentirían intimidadas para denunciar ante los propios perpetradores, no tendrían garantías de investigación imparcial, verdad y justicia y se negaría la posibilidad de revelar los nombres de los máximos responsables en la estructura criminal. La Corte Penal Internacional, en el caso de los ‘Falsos Positivos’, considera que estos crímenes se cometieron, al menos a nivel de ciertas brigadas, conforme a una política de Estado, y que en consecuencia seguirá evaluando si las acciones judiciales del Estado colombiano se centran en la presunta responsabilidad individual de los mandos superiores por la comisión de estos crímenes, sea como autores o con respecto a su responsabilidad de mando. La autoría mediata y el hombre de atrás en los mal llamados ‘Falsos Positivos’ En el informe “La situación en Colombia,” de la Corte Penal Internacional, publicado hace dos años, se afirma que hay bases razonables para creer que los 'Falsos Positivos' han sido una política de Estado. Esta afirmación no es inocua ni exagerada; pone de manifiesto lo que varios sectores sociales, académicos y políticos vienen sosteniendo en el país desde hace varios años, tanto frente a los vergonzosos y mal llamados ‘Falsos Positivos’ como frente a la ejecución de magnicidios, masacres y genocidios: no son casos aislados ni desarticulados del aparato de poder; se trata de una máquina criminal que ha operado tras bambalinas para cometer diversos delitos mediante la instrumentalización de terceros. “La tesis que ya en 1963, a partir del caso Eichmann, introdujo en la dogmática penal el profesor de la Universidad de Munich, Claus Roxin, es la teoría según la cual, cuando a partir de órdenes del Estado, agentes estatales cometan delitos, como por ejemplo homicidios, secuestros y torturas; serán también autores -y más precisamente autores mediatos- los que dieron la orden de matar, secuestrar o torturar, porque controlaban la organización y tuvieron en el hecho, incluso, más responsabilidad que los ejecutores directos. Según Roxin, tratándose de una organización criminal de esta envergadura, la realización del delito en modo alguno depende de los ejecutores singulares. Ellos solamente ocupan una posición subordinada en el aparato de poder, son intercambiables, y no pueden impedir que el hombre de atrás, el “autor de escritorio” (Schreibtisch täter, como le dicen en Alemania), alcance el resultado, ya que es éste quien conserva en todo momento la decisión acerca de la consumación de los delitos planificados.” Nuestra realidad lo confirma y no es difícil descubrir quienes ha sido los ‘hombres de atrás’ en los homicidios que se le adjudican a la fuerza pública. En Colombia se han presentado más de 6 mil casos de ‘Falsos Positivos’ en los últimos 12 años. “Durante el gobierno del presidente Pastrana fueron 469 casos, en la era de Álvaro Uribe 5.326 y en la actual administración del presidente Santos van 267 ‘‘Falsos Positivos’’ investigados. Ningún General ha recibido condena y 554 soldados rasos están en la cárcel.” Dada la dimensión, la sistematicidad y el modus operandi, así como las causas que incrementaron esta atroz cadena de homicidios, siendo necesario resaltar la directiva ministerial 029 de 2005 que definía los criterios para el pago de recompensas por dar de baja a miembros de grupos armados, es claro que no se puede hablar de “manzanas podridas” al interior de la institución castrense, sino de una estructura criminal que obedece directrices al más alto nivel. El representante Alirio Uribe dio a conocer esta semana una lista con los nombres de nueve generales del ejército, que estuvieron a cargo de las brigadas donde se presentaron la mayor cantidad de ‘Falsos Positivos’. Nada más en el caso del Brigadier General Nicasio de Jesús Martínez, actual comandante de la Quinta División, cuando comandó la Décima Brigada, desde el 2004 hasta el 2006 en los departamentos del Cesar y la Guajira, se presentaron 100 casos de ‘Falsos Positivos’. En un Estado Social de Derecho y en un país que avanza con pasos firmes y certeros hacia la construcción de la paz mediante un proceso de negociación política, con el que se busca poner fin a una larga, degradada y pervertida guerra, no es admisible que se ofrezcan prebendas a unas fuerzas militares incursas en muchos y diversos procesos por crímenes de lesa humanidad, que se busque blindar a agentes que participaron de manera directa –tanto como autores materiales e intelectuales- en el genocidio de la Unión patriótica, que en connivencia con grupos paramilitares perpetuaron algunas de las más espantosas y bárbaras masacres contra la sociedad civil indefensa, ni proponer que sus múltiples crímenes pasen a la Justicia Penal Militar, donde serán precluídos y las víctimas serán burladas, estigmatizadas y convertidas en objeto de nuevas victimizaciones. El sólo trámite de estas dos iniciativas legislativas ya genera suspicacia y desconfianza, enrarece el clima de optimismo, moderado, pero que intenta estar presente en medio de las negociaciones de paz, y deja muy mal parado al Estado colombiano ante la comunidad internacional. Sin contar que estos proyectos tampoco benefician a las Fuerzas Militares, cuyos miembros terminarían siendo investigados internacionalmente. La fuerza pública tiene el deber garantizar los derechos humanos, la protección, la vida y honra de los ciudadanos, y es ahí donde reside su valor y su honor. Además, como lo recordó el jurista Luis Guillermo Pérez en la audiencia pública sobre Fuero Penal Militar, “los oficiales que cumplen con su deber no deben ser corresponsables de un proyecto que busca garantizar impunidad a una minoría.” Si realmente se quiere buscar una fórmula para los miembros de la fuerza pública incursos en varios delitos, se debe pensar en un proceso de justicia transicional, donde los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH reconozcan su responsabilidad, pidan perdón a las víctimas y contribuyan de manera efectiva al desmonte de las estructuras criminales que siguen, con la anuencia y la complicidad de las autoridades locales y territoriales, marchando en contravía del anhelo de paz que hoy, con más fervor que nunca, reclaman los colombianos. notas al pie Francisco Leal Buitrago; “¿Fuero o desafuero?”. Semanario Virtual Caja de Herramientas. Edición N° 00297, semana del 30 de Marzo al 5 de Abril de 2012. Blu Radio; “Aprueban en primer debate ampliación de fuero penal militar”. Bogotá octubre 15 de 2014. Ver en: http://www.bluradio.com/79528/aprueban-en-primer-debate-ampliacion-de-fuero-penal-militar Canal Capital; "Proyecto de fuero militar, nuevo intento de dejar impune los ‘‘Falsos Positivos’’", Alirio Uribe. Noticiero. Bogotá, octubre 16 de 2014. Ver en: https://www.youtube.com/watch?v=7Ph-g15-KU4 Amaya, Carlos; “Revive el proyecto del fuero penal militar”. En La Silla Vacía, Bogotá, agosto 9 de 2014. Ver en: http://lasillavacia.com/content/revive-el-proyecto-del-fuero-penal-militar-48329 Carta enviada por José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, julio 8 de 2014. Ver en: http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/Human%20Rights%20Watch%20-%20Carta%20al%20Ministro%20Pinzon%20sobre%20fuero%20militar%20-7%208%2014.pdf Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Fiscalía a Human Rights Watch, 18 de junio de 2014. Citado en: Carta enviada por José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, julio 8 de 2014. Audiencia pública sobre la reestructuración de la Justicia Penal Militar, proyecto de ley 085/2013 convocada por los parlamentarios del Polo Democrático Alternativo -PDA-, Alirio Uribe representante a la Cámara por Bogotá e Iván Cepeda Senador de la república y Ministerio de Justicia. Congreso de la República, Bogotá, agosto 28 de 2014. Daniel Rafecas; “Autoría mediante aparatos organizados de poder”. Trabajo preparado en ocasión de la oposición para el concurso de Profesor Adjunto Regular de Derecho Penal, UBA, 2003, publicado en www.catedrahendler.org. Cátedra Héndler, departamento de Derecho Penal y Criminología, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Las 2 orillas; “Los 9 generales cabezas de las brigadas con más ‘‘Falsos Positivos’’”. Bogotá, octubre 21 de 2014. Ver en: http://www.las2orillas.co/los-9-generales-cabezas-de-las-brigadas-con-mas-falsos-positivos/ Idem

El desafío de la historia: vencer la guerra y construir la paz

Bogotá, junio 13 de 2014 Hace cuatro años los colombianos recibimos dos noticias impactantes, que de una u otra forma nos llevarían a un momento cumbre en nuestra historia. El 26 de febrero de 2010, la Corte Constitucional de Colombia declaró inexequible el referendo reeleccionista para que el presidente Álvaro Uribe pudiera aspirar a un tercer mandato en forma consecutiva. Este fallo perfiló a su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, como el ungido por el uribismo para liderar una campaña presidencial. Luego de las elecciones presidenciales del domingo 30 de mayo de 2010, cuyo proceso de escrutinio se prolongó oficialmente hasta el 8 de junio indicando que ningún candidato había alcanzado la mayoría absoluta de los votos, se llevó a cabo una segunda vuelta electoral el 20 de junio de ese mismo año. Y esa fue la segunda noticia que nos impactó. Cuando muchos colombianos, animados por lo que se llamó la Ola Verde (una opción que recogía las aspiraciones de cambio de diversos sectores sociales del país, en especial de la juventudes) esperaban un resultado electoral bastante reñido y que una opción distinta al uribismo se impusiera en las urnas, el candidato del Partido Social de Unidad Nacional, Juan Manuel Santos logró imponerse con 9.004.221 (69.05 %) sobre el candidato del Partido Verde, Antanas Mockus, quien obtuvo 3.588.819 (27.52 %). Aunque pocos días antes de la segunda vuelta electoral, algunas de las firmas encuestadoras más reconocidas del país como el Centro Nacional de Consultoría e Invamer Gallup habían anunciado un triunfo abrumador para el candidato oficialista, para muchos ciudadanos, quizás animados por el deseo, la fuerza verde era inatajable. Sin embargo, el resultado fue adverso, y quienes aspiraban a un país más justo, decente y democrático, capaz de impulsar profundas reformas sociales y políticas y poner fin a la guerra, sintieron que la única opción que quedaba era hacer oposición firme y organizada, y prepararse para soportar otros cuatro años de tinieblas. Amplios sectores democráticos tanto de Colombia como de otros países, intuyeron entonces que el país seguiría inmerso en la guerra, afianzando la degradación de la política, la corrupción y las prácticas clientelistas, antidemocráticas y autoritarias; que las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos, la persecución política, la estigmatización por razones ideológicas, los asesinatos selectivos, los mal llamados “Falsos Positivos”, las chuzadas, los arrestos arbitrarios, la parapolítica, las falsas desmovilizaciones, la corrupción, el desvío de dineros públicos para beneficio de familias adineradas aliadas al uribismo, como en el caso de Agro Ingreso Seguro, los montajes judiciales, la burda reelección con cohecho de por medio, y toda la podredumbre que caracterizó la era Uribe bajo un peligroso todo vale, seguirían su curso. No obstante, poco tiempo después, esos mismos sectores empezaron a advertir, con asombro y sospecha, que si bien el gobierno Santos mantenía un mismo modelo económico, neoliberal y depredador, empezaba a formular significativas transformaciones. Tres hechos de su gobierno lo distanciaron radicalmente del estilo gansteril y guerrerista del expresidente Uribe: 1. El reconocimiento de la existencia de un conflicto armado sobre la concepción maniquea de Uribe de que nos hallábamos ante una simple amenaza terrorista ante la cual no tenían asiento los principios del Derecho Internacional Humanitario; 2. El reconocimiento de un universo de víctimas que tenían derecho a verdad, justicia y reparación integral con garantías de no repetición, y frente a la cuáles el Estado estaba en deuda; y 3. La posibilidad de poner fin a la guerra mediante un proceso de negociación con las guerrillas. Estos pasos dados por el gobierno Santos fueron definitivos para entender que posiblemente una nueva era se anunciaba para el país, pese a lo que representaba, a su ascendente político y a sus desatinadas acciones en otros campos, como su apoyo al TLC y su extensión a otros países, su propuesta de ampliación del Fuero Penal Militar recortando libertades civiles y garantizando impunidad a militares incursos en graves violaciones a los Derechos Humanos, su necia negación sobre la existencia del paro agrario y la brutal represión que su gobierno desató contra los campesinos que protestaron de manera legítima en buena parte del territorio nacional, a los pocos avances en materia de salud, justicia y educación, entre otros. Sin embargo, Santos se demarcó de Uribe y nos puso a pensar en la Paz, no como una utopía, no como una palabra romántica con pocas opciones de materialización, sino como un camino que podíamos empezar a recorrer y a construir entre todos los colombianos, con paciencia, participación y animados por profunda convicción. No resultaba sencillo creer en Santos, menos en sus buenas intenciones, pero más allá de las cifras y datos estadísticos que evidenciaban cambios positivos como en temas de competitividad, estabilidad financiera e innovación, aumento del PIB per cápita y en el tamaño de los mercados, reducción de la deuda, y otros temas que poco nos dicen a la mayoría de colombianos porque no los percibimos en nuestro diario vivir, lo cierto es que episodios sórdidos como los que caracterizaron la jefatura de Uribe, donde el crimen fue una clara política de Estado, empezaron a ser percibidos como cosa del pasado. De los muchos hechos execrables que caracterizaron la oscura era de Uribe, quizás hay uno que revela como ningún otro la ruina democrática e institucional en que sumió al país y la plena materialización del terrorismo de Estado: la creación de la empresa criminal más grande, jamás antes orquestada – al menos no en esa dimensión- desde el mismo palacio presidencial a través del DAS. Se debe considerar que su acción fue más allá, mucho más allá del escándalo de las “Chuzadas”, de la escucha de conversaciones de altos dignatarios de las cortes y de la interceptación de correos electrónicos a líderes de oposición, periodistas críticos y defensores de Derechos Humanos, o de la creación del grupo G-3, entidad que operó como una policía política, bajo una clara doctrina de muerte, terror y persecución. La acción criminal del DAS condujo tanto a la eliminación de expedientes de jefes paramilitares, como a la entrega de listas de líderes que debían ser protegidos para que fueran asesinados por estos grupos criminales, a campañas de desprestigio, hostigamiento permanente, manuales de tortura e intimidación, asesinato de testigos y denunciantes, como en el caso del ex congresista Fernando Pisciotti Van Stralhen, quien luego de viajar a Bogotá para denunciar ante el DAS, la coerción paramilitar que se estaba dando de manera flagrante en el municipio de El Banco, Magdalena, fue acribillado el 9 de diciembre de 2003. “Una copia de esa denuncia, con membrete del DAS, terminó en manos del jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.” Un caso emblemático, que sintetiza lo que significó y el alcance de un Estado al servicio del crimen es el de la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, quien junto a Bernardo Moreno, ex secretario general de la Presidencia, obedecía directamente las ordenes que impartía el jefe de Estado. Resulta ingenuo suponer que ellos actuaban a motu propio. “Si caigo, hablo: María del Pilar Hurtado En noviembre del 2010, cuando era inminente una orden de captura contra la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, luego de haber sido destituida por la Procuraduría , el ex presidente Álvaro Uribe activó sus influencias internacionales y, burlando las disposiciones existentes en la materia, logró que el también cuestionado gobierno de Ricardo Martinelli, mediante decreto 301 del 19 de noviembre de 2010, le concediera asilo territorial en Panamá, pese a que Hurtado nunca fue perseguida política y era requerida por la justicia nacional para que respondiera por varios delitos comunes relacionados con los seguimientos ilegales realizados por el DAS bajo su administración, entre el 2007 y el 2009. La última vez que Hurtado compareció ante las autoridades colombianas fue en julio del 2010 cuando acudió a un interrogatorio en la Fiscalía General de la Nación, en el que declaró: “Sigo a disposición de la Fiscalía cuando esta lo requiera”. Sin embargo, cuatro meses después, acatando las orientaciones de su ex jefe, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien les recomendó a sus más cercanos colaboradores salir del país para no responder ante la justicia, porque según afirmó no había garantías judiciales, es decir impunidad asegurada, (como en el caso de su ex comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, cuyo paradero es un enigma desde el 8 de enero de 2012, cuando viajó a Washington), Hurtado partió a Panamá para ponerse a salvo de la justicia colombiana. La misma recomendación, según denuncio el ex ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, fue acatada por el “ex consejero presidencial José Obdulio Gaviria, el ex ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega, el ex director del DAS Andrés Peñate, el secretario jurídico de la Presidencia César Mauricio Velásquez y el consejero Jorge Mario Eastman, quienes habrían solicitado asilo infructuosamente en Costa Rica.” En las últimas semanas el nombre de María del Pilar Hurtado, que parecía arrojado al olvido y sus crímenes a la impunidad, volvió a ser noticia. El 13 de mayo de 2014, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes aprobó la proposición del congresista Iván Cepeda Castro para que el Gobierno Nacional solicitara al electo presidente panameño, Juan Carlos Varela, una vez asumiera su cargo, extraditar a la exdirectora del DAS. De manera casi simultánea, mientras Uribe enviaba un bufete de abogados a Panamá para “proteger” a su ex funcionaria, la oficina de asuntos internacionales del Ministerio de Justicia remitía a la Comisión Segunda de Relaciones Internacionales del Congreso de la República, una respuesta favorable al estudio sobre una nueva solicitud de extradición. “Revisado el expediente de extradición activa que corresponde a la ciudadana María del Pilar Hurtado, se pudo constatar que el doctor Fernando Alberto Castro Caballero, Magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de la decisión del 21 de noviembre de 2011, adoptada por magistrados y conjueces de dicha sala, solicitó a este ministerio que a través de canales diplomáticos se adelanten las gestiones pertinentes con el gobierno de Panamá con el fin de obtener la extradición de María del Pilar Hurtado…” Aunque varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá habrían declarado inconstitucional el asilo de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, la decisión aún no está en firme como lo sostuvo la canciller colombiana, María Ángela Holguín, luego de conversar con el Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, porque los protocolos diplomáticos legalmente establecidos, toman cierto tiempo antes de concretarse. Esta demora por parte de la Corte de Panamá, llevó a que el Tribunal Superior de Bogotá negara en días pasados la solicitud de la Fiscalía de cancelar el pasaporte de María del Pilar Hurtado. “Para el Tribunal, la decisión de la Corte del vecino país debe estar apostillada para que tenga algún efecto en Colombia.” Ante esta decisión, la Fiscalía presentó un recurso de reposición a ese organismo y le solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) expedir una circular roja para la captura internacional de Hurtado y para que ésta pudiera ser deportada a Colombia, dónde está siendo juzgada como reo ausente por la Corte Suprema de Justicia. Mientras los organismos competentes se deciden a actuar y el presidente Santos solicita a las autoridades panameñas que reconsideren su situación y declara que como jefe de Estado es su deber buscar la extradición cuando la Corte Suprema de Justicia requiere a cualquier ciudadano para que comparezca ante la justicia, Hurtado ha desaparecido del radar. Se rumora que ha tramitado asilo en otros países, que se encuentra escondida en una finca del ex presidente Martinelli por mediación de Uribe o que incluso ha regresado de manera clandestina a Colombia. El tiempo corre y ella, por supuesto, ante el anunció de una eventual captura, se esconde como es natural. Lo cierto es que su situación no puede prolongarse indefinidamente, y que una vez sea puesta a disposición de la justicia nacional tendrán que brindársele todas las medias de seguridad y las garantías jurídicas, para que realice su célebre amenaza: “Si caigo, habló”. Uribe debe estar temblando y maquinando. María del Pilar Hurtado, al igual que Yidis Medina, es una mujer sin trayectoria profesional reconocida, sin peso político, sin apellidos ni vínculos con la élite nacional o regional, sin dotes intelectuales ni morales, pero por cuenta de la posición que alcanzó, y de una ciega militancia al servicio de la corrupción y el crimen, se convirtió en una pieza clave que podría ayudar a develar hasta dónde los altos funcionarios del gobierno Uribe, incluyéndolo a él, entraron en alianzas con narcotraficantes, jefes paramilitares y dirigentes corruptos en su afán de imponer un “nuevo orden” en Colombia, como la plantea la analista María Victoria Duque. En este momento cumbre de la historia, los colombianos debemos preguntarnos si este modelo de violencia, corrupción, crimen e impunidad es lo que deseamos perpetuar en el país, o si por el contrario, nos unimos y le damos una oportunidad al cambio, a la esperanza, a la realización plena de un Estado Social de Derecho, a la posibilidad de poner fin a una costosa y fratricida guerra para empezar a construir una nación en paz. ¿Vamos a sacrificar más vidas humanas en esta demencial guerra o vamos a darle una oportunidad a la paz? Nota/ El próximo 15 de junio Colombia se enfrenta a una disyuntiva histórica; unas elecciones cruciales a través de las cuales no sólo se definirá el nombre del próximo mandatario del país, sino el país que vamos a tener durante las próximas generaciones. Tendremos que elegir (quizás sintiendo que los dioses se burlan de nosotros al plantearnos dilemas inesperados): entre el país inviable, aciago y ruin que legó Uribe Vélez o la posibilidad de empezar, desde los cánones democráticos y la activa participación ciudadana, a proponer un país sin guerra, sin violencias y con opciones reales para ejercer la oposición política, sin que ello implique la estigmatización, el encierro, el destierro o el entierro. Entre la paz y la guerra, elijo la paz; entre la vida o la muerte, elijo la vida; entre el fusil y la palabra, elijo la palabra. Entre una posible paz y una segura guerra, elijo una paz posible. YO VOTO POR LA PAZ Notas al pie Encuesta del 3 de junio por el entro Nacional de Consultoría. Juan Manuel Santos: 61.6%. Antanas Mockus: 29.8%. Voto en blanco: 5.8%. El 10 de junio la firma consultora Invamer Gallup anunciaba un 66.5% en la intención de voto por Juan Manuel Santos contra un 27.4% para Antanas Mockus. Parecía que la Ola Verde empezaba a desinflarse. Encuestas anteriores habían señalado un empate técnico entre los dos candidatos. El 20 de mayoel Centro Nacional de Consultoría anunció un 47% a favor de Santos contra un 46%por Mockus. Por su parte Datexto, el 21 de mayo anunció una intención de voto del 44% por Santos y un 45% por Mockus, más un 11% a favor del voto en blanco. El 22 de mayo la firma Ipsos Napoleón Franco le daba a Santos un 40%, por debajo de Mockus que alcanzaba el 45% en la intención de voto, a la vez que se anunciaba un aumento en el voto blanco, cercano al 15%. Manuales para amenazar del DAS, la policía secreta de Uribe. Ver en: http://www.youtube.com/watch?v=VfnkGqy4-tE En El Espectador; “Por asesinato del exalcalde de El Banco, a juicio hermano del exgobernador”. La Fiscalía llamó a juicio a Juan Carlos Correa Luna, hermano del exgobernador del Magdalena Trino Luna. Sección Judicial, 19 de junio de 2012. Ver en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/asesinato-del-exalcalde-de-el-banco-juicio-hermano-del-articulo-353839 “El 1 de octubre de 2010, el Procurador Alejandro Ordóñez destituyó e inhabilitó a la señora María del Pilar Hurtado Afanador por haber ordenado a funcionarios del DAS que realizaran “labores de seguimiento a algunos ciudadanos de relevancia nacional, abusando de su cargo, con clara extralimitación de las funciones legales asignadas, violando con ello el derecho a la intimidad”. Tomado de María Victoria Duque López; “Si caigo, hablo”: María del Pilar Hurtado”. Publicado en: Congreso Visible. Febrero 14 de 2012. Ver en: http://congresovisible.org/agora/post/si-caigo-hablo-maria-del-pilar-hurtado/3160/ Concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones (interceptación de correos, grabaciones y escuchas) amenazas y seguimientos ilegales, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público En Diario ADN; “Niegan petición de Fiscalía de anular pasaporte a exdirectora del DAS”. Bogotá, junio 9 de 2014. Ver en: http://diarioadn.co/actualidad/colombia/niegan-petici%C3%B3n-de-anular-pasaporte-a-mar%C3%ADa-del-pilar-hurtado-1.111793 En Desde Abajo; “Recomienda Uribe: ¡Huir del país mientras se pueda!”. Bogotá, 11 de Diciembre de 2010. Ver en: http://www.desdeabajo.info/ediciones/periodico/item/8330-recomienda-uribe-%C2%A1huir-del-pa%C3%ADs-mientras-se-pueda.html?tmpl=component&print=1 En El País; “Tribunal niega solicitud de la Fiscalía de cancelar pasaporte de Hurtado”. Colprensa. Cali, junio 9 de 2014. El 26 de julio del 2011 la Interpol se negó a emitir circular roja para capturar a Hurtado, argumentando que existía un asilo concedido por Panamá. “En enero de 2012, el abogado Luis Guillermo Pérez del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el periodista Hollman Morris viajaron a Panamá para presentar pruebas que sustentarían la revocatoria del asilo a María del Pilar Hurtado.