“[…] no hay perdón sin memoria, pues nadie puede perdonar aquello que ha olvidado y nadie puede ser perdonado si no es capaz de reconocer que debe ser perdonado por un acto que ha cometido y del cual es responsable. Sólo hay perdón si hay memoria y reconocimiento”
Fragmento del Prólogo por Alexander Jiménez Matarrita
Memorias del dolor. Consideraciones acerca de las comisiones de la verdad en América Latina. De Ignacio Dobles Oropeza. 2009
Por Maureén Maya Sierra.
Periodista e investigadora social
En un acto sin precedentes en la historia del país, el gobierno colombiano, en cumplimiento de la sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) el 26 de mayo de 2010 en la que condenó al Estado como responsable por acción y omisión en el asesinato del senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, pidió perdón a sus familiares en un acto solmene en el Congreso de la República. Es la primera vez que el Estado colombiano admite públicamente y ante el país su responsabilidad internacional en el crimen de un dirigente político.
El acto de público perdón que como parte de la reparación simbólica impuso la Corte IDH al Estado colombiano, no fue aceptado por el anterior mandatario, quien, una vez conoció el falló internacional, prefirió, desde su ya consabida soberbia, seguir denigrando de las víctimas que dar cumplimiento con lo dictaminado en la sentencia.
“El anterior presidente de la República cuando fue notificado de la sentencia internacional que hoy respetuosamente se acata, hizo una declaración en la que so pretexto de pedir perdón por el asesinato de mi padre, agraviaba nuevamente a las víctimas con calumnias afirmando que habíamos formulado “falsas acusaciones” contra el país y que habíamos procedido “con odio a maltratar injustamente a compatriotas y la honra de los gobiernos” señaló Iván Cepeda el pasado 9 de agosto . Sin embargo, en esta oportunidad, y justo cuando se cumplían 17 años del asesinato del Senador, no fue el presidente Juan Manuel Santos quien se pronunció pidiendo perdón a nombre del Estado colombiano como era de esperarse, sino fue el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, quien tuvo que asumir esta responsabilidad.
Si bien este acontecimiento tiene enorme valor para la memoria de todas las víctimas de la Unión Patriótica y marca indefectiblemente la historia del país y la del cruento exterminio desatado contra este movimiento político a lo largo de tres décadas de casi absoluta impunidad, se debe reconocer que de no haber sido impuesto el deber de pedir perdón por un tribunal internacional, al gobierno colombiano jamás se le habría ocurrido llevarlo a cabo de manera espontanea y sincera. El gobierno pidió perdón porque una Corte Internacional se lo ordenó, no porque fuera su voluntad. De cualquier modo, si es importante que esto haya sucedido; aunque la solicitud de perdón no haya sido genuina ni se haya reconocido que la criminalidad del Estado ha costado y sigue costando la vida de miles de valiosos dirigentes sociales y políticos en todo el país, si es meritorio el hecho por sí mismo.
“En nombre del Estado de Colombia, en representación del Gobierno Nacional, y en mi condición de Ministro del Interior y de Justicia, pido un perdón público por el crimen cometido contra el senador Manuel Cepeda Vargas. […] Mis condolencias más sinceras a sus hijos (...) este execrable crimen causó la violación a los derechos a la vida, a la dignidad, libertad de pensamiento y expresión” fueron las históricas palabras que el ministro Vargas Lleras, con la voz entrecortada por breves momentos, pronunció durante el acto de desagravio a la familia Cepeda Vargas y Cepeda Castro.
Como escribió el profesor José Antonio Gutiérrez hace dos días en un artículo de opinión difundido en la web: “Este no es un acto genuino por parte del Estado de reconocimiento de las abominaciones realizadas durante la “guerra sucia”, ni mucho menos marca una nueva era de reconocimiento de los derechos humanos y de tolerancia política en Colombia. El Estado paramilitar y terrorista que asesinó a Cepeda, sigue intacto y antes bien se ha consolidado, naturalizado, expandido y perfeccionado […]”
El acto de perdón por parte de un Estado a favor de una familia muchas veces victimizada y perseguida, es importante, así sea un perdón forzado, pero es insuficiente cuando ese acto no va acompañado de compromisos serios en materia de justicia que contribuyan a esclarecer este y otros crímenes cometidos contra los miembros de la UP, y permita que los autores intelectuales del asesinato del senador Cepeda sean plenamente identificados y llevados ante los tribunales. No está de más señalar tampoco, que los autores materiales del asesinato, los suboficiales Hernando Medina Camacho y Justo Zuñiga Labrador fueron llevados a prisión -con todas las garantías posibles, incluso con rebajas de tiempo contabilizadas desde antes de que se cometiera el magnicidio, y ya están libres- no porque la justicia haya sido en extremo diligente, sino gracias a las pesquisas y labores de investigación que tuvieron que emprender de manera directa los familiares del Senador, en cabeza de su hijo, el hoy representante a la Cámara Iván Cepeda Castro con el incondicional apoyo de los abogados del Colectivo José Alvear Restrepo. Esta persistencia por lograr justicia y evidenciar los numerosos intentos de desviar el curso de las investigaciones por parte de algunas de las autoridades nacionales, le significó a la familia Cepeda nuevas persecuciones y estigmatizaciones que, finalmente, condujeron al exilio forzado de Iván Cepeda y de su esposa Claudia Girón.
La acción de perdón, repito, siendo importante es insuficiente si a través de este acto no se asume que el Estado tiene el deber de pedir perdón por miles de asesinatos más, por las más de cinco mil víctimas del genocidio de la UP, por la muerte a mansalva de otros líderes políticos y sociales en todo el país; y también tiene el deber de garantizar la oportuna y ejemplar acción de la justicia. El acto de perdón debe ir acompañado de un reconocimiento sobre el carácter y el alcance del daño infligido, el cual trasciende el caso individual y adquiere un enorme significado social y político, pues además del núcleo familiar afectado, se daña también a una sociedad, a un colectivo y se lacera la confianza ciudadana y los cimientos democráticos de un país. No tiene sentido pedir perdón cuando se ignora lo qué sucedió o porque sucedió, y menos aún, cuando no se busca claridad judicial, histórica o política.
En el libro de Ignacio Dobles Oropeza, Memorias del dolor citado al comienzo de este artículo, Alexander Jiménez Matarrita escribe en su prólogo una reflexión profunda que se ajusta al presente caso: “La destrucción también ha tocado estructuras sociales, formas de convivencia, instituciones, estructuras sentimentales y morales como la confianza y la cooperación. El perdón, si se da, no es sólo asunto personal porque lo dañado es el mundo social en el cual esas personas viven sus vidas. Por ello no hay reconciliación posible sin reconocimiento público al daño y sin asignación de responsabilidades. Esto significa que ninguna sociedad con un pasado criminal puede reconciliarse si sólo tiene a mano estrategias de impunidad y no de voluntad de justicia”
El gobierno de Colombia hoy pide perdón de manera pública, pero no ofrece garantías reales que nos permitan creer que, independiente de las veces que deba pedir de nuevo un perdón obligado por los crímenes del pasado intencionalmente condenados a la impunidad, no seguirán ocurriendo nuevos asesinatos; que los miembros de la fuerza pública no seguirán, de la mano de los grupos paramilitares y sicarios a sueldo, usando las armas del Estado para silenciar las voces disidente al régimen o a quienes se atrevan a cuestionar sus políticas o a reclamar por sus derechos vulnerados, como viene sucediendo con los líderes de la población desplazada que por exigir la restitución de sus tierras despojadas con violencia, en el marco de la recién aprobada Ley de Víctimas, siguen siendo masacrados.
El contexto en el cual se inscribe el perdón presidencial es el de la guerra, la criminalidad de Estado y la parálisis de la justicia. El profesor Gutiérrez lo interpreta acertadamente cuando escribe: “El asesinato de sindicalistas y dirigentes sociales, de defensores de derechos humanos, el hostigamiento a periodistas y miembros de la oposición, el desplazamiento forzado de campesinos y comunidades para dar paso a los megaproyectos o al latifundio, los “falsos positivos” y la “limpieza social”, las torturas medievales a los prisioneros políticos y de guerra, son atrocidades que porfiadamente se mantienen vigentes. La violencia, ligada a la profundización del conflicto colombiano por parte del Estado, arrecia en todo el país, mientras las bandas paramilitares se expanden y comienzan un nuevo ciclo de exterminio. Los homicidios aumentan según las morgues y se reducen según las “felices” cifras oficiales, demostrando una vez más que las estadísticas son un punto crucial en el negacionismo oficial del holocausto colombiano.”
La Fiscalía General de la Nación en un informe presentado a comienzos del presente año, afirma tener documentados 173.183 casos de homicidio y 34.467 de desaparición forzada cometidos por los paramilitares entre el 2005 y el 2010 ; tiempo en el cual, según decía el anterior gobierno, se había acabado con el flagelo paramilitar. “[…] las autodefensas y el paramilitarismo son una cosa del pasado” sostuvo en su momento el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo. Hace dos meses, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Colombia, Christian Salazar, afirmó que: “57 mil 200 personas han desaparecido en Colombia en las últimas tres décadas, de los cuales 15 mil 600 figuran en las listas de desapariciones forzadas.
[…] Buena parte de los hechos involucran a “agentes del Estado y fuerzas paramilitares que colaboraban con ellos. [..] Por décadas, miembros de la fuerza pública supuestamente cometieron graves violaciones a gran escala, incluyendo ejecuciones extrajudiciales que en muchos casos estaban asociadas con desapariciones forzadas.” El ex cabecilla paramilitar Hebert Veloza, alias HH, extraditado a Estados Unidos en marzo del 2009, en una entrevista publicada en el diario El Espectador, afirmó que la idea de los cementerios de NNs fue de la Fuerza Pública. “Inició por pedido de la Fuerza Pública. Porque eso subía los índices de mortalidad en los municipios y eso no les convenía. Entonces nos decían: ‘desaparezcan y los dejamos trabajar’. Y nosotros desaparecíamos.”
Más que perdón, el gobierno debe garantizar la no repetición de los crímenes, la plena protección de las víctimas, de sus familiares, de los defensores de derechos humanos y de los líderes y activistas sociales. También debe garantizar la oportuna acción de la justicia para la identificación y sanción de los responsables materiales e intelectuales de los millones de asesinatos ocurridos en Colombia que aún siguen al amparo de un vergonzoso y extendido manto de la impunidad. Sólo así el perdón tendrá un significado autentico y contribuirá a la reconciliación nacional y a la dignificación de todas las víctimas.
“Walter Benjamin recuerda que la memoria es un arma para la redención. No basta con reconocer lo que pasó si olvidamos los proyectos y los horizontes de quienes fueron destruidos y oprimidos. Redimirlos es no olvidar las razones que tenían para hacer lo que hacían”.
Fragmento del Prólogo por Alexander Jiménez Matarrita
Memorias del dolor. Consideraciones acerca de las comisiones de la verdad en América Latina. De Ignacio Dobles Oropeza. 2009
NOTAS AL PIE
http://elespectador.com/noticias/politica/articulo-290735-ivan-cepeda-acepto-perdon-del-estado-asesinato-de-su-padre
http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10125990.html
José Antonio Gutiérrez D; “Perdón”. Agosto 11 de 2011. Ver en: http://www.anarkismo.net/article/20292
DOBLES OROPEZA, IGNACIO; Memorias del dolor. Consideraciones acerca de las comisiones de la verdad en América Latina. Arlekin, 2009.
Ídem
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-244826-fiscalia-tiene-documentados-173183-homicidios-cometidos-paras
Oficina del Alto comisionado para Paz. Intervención del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo durante al debate sobre el Proceso de Paz en Colombia. Plenaria del Senado. Marzo 28 de 2006.
Ver en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/noticias/2006/marzo/marzo_28_06a.htm
http://www.senadoragloriainesramirez.org/index.php/2011/05/cifran-en-mas-de-57-mil-las-desapariciones-forzadas-en-colombia/. Bogotá, 24 de mayo de 2011.
http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-hh-se-confiesa. Bogotá, 2 de agosto de 2008
ARTICULO PUBLICADO EN CAJA DE HERRAMIENTAS AGOSTO 12 2011
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