¿Perdón? No a mi nombre

Si las solicitudes de perdón tuvieran realmente algún costo o demandarán de la realización de algún tipo de acción o sacrificio a fin de resarcir en algo el daño causado, muchos de los que hoy piden público perdón no se atreverían a pedirlo tan superficial e impúdicamente, o, incluso, en frontal desacato a la justicia.

Por Maureén Maya S

Pedir perdón es meritorio cuando el acto es genuino; cuando no oculta intereses políticos o populistas y logra, en efecto, transformar para bien la vida de las víctimas y los afectados de hechos reprochables y condenables, por la justicia y la conciencia humana, acaecidos en el pasado. No obstante, se debe precisar y sustentar con hechos y lógicas incuestionables, las razones por las cuales se debe solicitar, a nombre de quién se hace y quien debe ser objeto de una petición pública de perdón. Por ello, y por otras razones, es inadmisible que el jefe de Estado considere que puede pedir perdón olímpicamente y a su arbitrio, renegando de la justicia y además, a nombre de millones de colombianos sin consenso previo.

Como una pandemia que se expande a grandes velocidades, las solicitudes de perdón, de unos y otros, ocupan las principales páginas de los medios informativos del país, se abarata el costo de la acción y se cree que con estos actos de pública magnanimidad, se podrá pasar la página de la histórica violencia, acallar el doloroso y legitimo reclamo de las verdaderas víctimas, inventar nuevas víctimas y apostarle a la configuración de un país con capacidad para asumir integralmente los costos de una paz no asegurada.

Horas después de que el Tribunal Superior de Bogotá confirmara la condena contra el coronel Alfonso Plazas Vega a 30 años de prisión por su responsabilidad en la desaparición de Carlos Augusto Rodríguez Vera, empleado de cafetería del Palacio de Justicia y de la guerrillera Irma Franco Pineda (luego de haber sido secuestrados, torturados y asesinados por agentes del Estado durante la contratoma del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985) y le impusiera al Ejército el deber de pedir disculpas públicas a las víctimas, de publicar la sentencia por lo menos durante un año en las páginas de las FFAA; le prohibiera colocar el nombre de Plazas Vega a cualquier unidad militar, exhortara al gobierno para que el lugar de reclusión del ahora condenado coronel, no vulnere la dignidad de las víctimas y le solicitara a la Corte Penal Internacional –CPI- abrir investigación contra el expresidente Belisario Betancur, el presidente Juan Manuel Santos, invocando el Padrenuestro (en un Estado laico), y a nombre de los colombianos, le pidió perdón al expresidente Betancur y a las Fuerzas Militares por este fallo.

Las reacciones ante este cuestionable pronunciamiento, que deberá ser investigado y sancionadoejemplarmente, no se hicieron esperar. La presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón, dijo que cuando un Jefe de Estado pide perdón a nombre de los colombianos por lo ordenado en un fallo judicial, “no está apartándose respetuosamente de él, lo está desacatando” , lo cual es de enorme gravedad para institucionalidad del país. Pues si se tolera el desacato a la justicia, desde el alto poder, se está dando luz verde a la sociedad para que proceda del mismo modo, para que quebrante el orden y desconozca las decisiones y sanciones proferidas por los organismos encargados de impartir justicia.

Por su parte el abogado Rafael Barrios, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CCAJAR- y representante de la parte civil en el caso contra el coronel (R) Alfonso Plazas Vega afirmó que “la reacción del Presidente Santos al descalificar el fallo judicial, pidiendo perdón al ex presidente Betancur y al Ejército, va en contravía de sus afirmaciones de respetar las decisiones de los jueces y los derechos de las víctimas. Además es contraria a las obligaciones impuestas por la justicia doméstica e internacional. El presidente no sólo irrespeta a la justicia, sino que su desacato ofende la dignidad de las víctimas.

La exhortación al Fiscal de la Corte Penal Internacional, para que se investigue la posible responsabilidad penal del sr. Belisario Betancur, lejos de ser un exabrupto, se ajusta al principio de complementariedad del Estatuto de Roma, integrado al art. 93 de la Constitución. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, no administra justicia sino impunidad, lo que en relación con las preclusiones a favor del Sr. Betancur, mostraría una falta de voluntad política para investigar a quien públicamente asumió la responsabilidad de la acción militar. El presidente Betancur faltó a su deber de garante”

Si bien Santos puede pedirle perdón por lo que quiera a un exmandatario de sus afectos, no puede hacerlo de manera pública a nombre de todos los colombianos, y menos aún en desacato a un fallo judicial que ni siquiera, debería ser cuestionado por el jefe de Estado, a quien corresponde no sólo el irrestricto respeto a las decisiones del poder judicial; velar por la sana independencia de los poderes (base de un Estado democrático), sino también, y sobre todo, el cabal cumplimiento de la constitución política de Colombia.

Santos habla a nombre de los colombianos de manera abusiva e insolente, y le pide perdón, a quienes deberían solicitarlo en vez de concederlo. No es digno que el jefe de Estado le pida perdón a quienes la justicia ha declarado criminales, a nombre de toda una ciudadanía. No sabemos que le debe el presidente Santos al expresidente Betancur, pero algo le debe, por eso la primera persona que visitó tras su posesión como presidente de Colombia fue al expresidente como lo publicó El Espectador: “esta semana en la casa del ex presidente Belisario Betancur y de su señora Dalita Navarro fue la primera reunión social a la que asistió Juan Manuel Santos como Jefe de Estado. Hubo apenas veinte invitados, entre empresarios y amigos mutuos...” Sea lo que le deba, su deuda personal o política no puede ser empleada para lanzar una indigna e inmerecida petición de perdón, pasando por encima de la majestad de la justicia, no sólo a quien jamás ha reconocido su crimen, sino que además no le ha pedido perdón al país por sus acciones y omisiones durante la toma y contratoma del Palacio de justicia: por haber consentido un transitorio golpe de Estado , por haber encubierto crímenes de Lesa Humanidad contra civiles, guerrilleros y funcionarios del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia; por no haber atendido el llamado suplicante del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, por un cese al fuego; por haber ocultado una verdad que le pertenecía al pueblo colombiano; por haber traicionado los acuerdos de paz suscritos en 1984 y haberle ocultado al país los informes de la Comisión de Paz y Verificación y las verdaderas razones que llevaron a la guerrilla M-19, en una demencial acción político militar, a tomarse el Palacio de Justicia con el fin de convocar a un juicio contra el presidente Betancur. Por haberse lucrado de la tragedia, por cobardía histórica, indignidad presidencial y por haber permitido el sacrificio de la justicia a cambio de su permanencia en el poder.

Después de haber tolerado la masacre y tras permanecer escondido y en silencio durante las 28 horas que duró el brutal operativo militar, seguramente bajo las directrices del sanguinario ministro de Defensa de aquel entonces, Miguel Vega Uribe , el presidente Betancur declaró que “el gobierno es firme en su defensa de los principios y de las instituciones” y que “puede por lo mismo dedicarse a la búsqueda de las mejores soluciones a problemas que aparentemente no ofrecen sino una salida”, tras lo cual asumió la responsabilidad en pleno por los hechos y se incriminó para siempre y por siempre como responsable absoluto: “Esa inmensa responsabilidad la asumió el Presidente de la República que, para bien o para mal suyo, estuvo tomando personalmente decisiones, dando las órdenes respectivas, teniendo el control absoluto de la situación, de manera que lo que se hizo para encontrar una salida fue por cuenta suya y no por obra de otros factores que él puede y debe controlar.”

Pero Belisario Betancur como presidente de Colombia, jamás asumió responsabilidad alguna por estos hechos ni por otros. La acusación en su contra que fue radicada, con sustento en buena parte de las investigaciones y denuncias hechas por el procurador Carlos Jiménez Gómez, ante la Comisión Acusaciones e Investigaciones de la Cámara de Representantes, conocida mejor, como la “comisión de absoluciones”, incluso antes de haber recibido la totalidad del respectivo material documental y probatorio, resolvió, bajo el sofisma de “acto típico de gobernar” absolver al Presidente y condenar los múltiples y horribles crímenes cometidos a la más vergonzosa impunidad.

Pedidos de perdón (palabra de seis letras que en labios de políticos exige poco y no dice nada)

Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ordenó al Estado colombiano pedir público perdón a los familiares del senador de la UP Manuel Cepeda, asesinado por militares y paramilitares el 9 de agosto de 1994, el expresidente Uribe se negó a acatar la sentencia y contrario a ello, optó por seguir denigrando de las víctimas. El acto de pedir perdón y reconocer públicamente la responsabilidad internacional del Estado colombiano por acción y omisión en el asesinato del Senador, como forma de desagravio, debía realizarse (con transmisión en directo por las cadenas de radio y televisión estatal con difusión en los medios masivos de comunicación) en un acto solemne en sesión plenaria del Congreso de la República durante el aniversario del magnicidio, con la asistencia de los miembros de las dos cámaras y donde el Presidente de la República debía ser el encargado de hacer el reconocimiento oficial . Santos no lo hizo y sin dar explicaciones, prefirió delegar esta responsabilidad en el ministro Germán Vargas Lleras. Parecía tratarse entonces de un mandatario incapaz de sentir el dolor de las víctimas, de cumplir cabalmente con una sentencia internacional y de vencer su propia altivez y soberbia para pedir perdón.

Sin embargo, luego Santos sorprendió al país; la palabra perdón si podía salir de su boca y al parecer se acostumbró a ello, sin asumir, por supuesto, costo alguno por su audacia. En julio de 2011 Santos le pidió perdón a las víctimas de la masacre de El Salado, Bolívar.

“Vengo a decirles a las víctimas: perdón, les pido perdón a nombre del Estado, a nombre de toda la sociedad. Esa masacre o esas masacres nunca han debido suceder. Ahí hubo omisión por parte del Estado, todo tipo de falencia, como las hubo durante tanto tiempo”, señaló el Mandatario durante la entrega de subsidios para la compra de tierras y proyectos productivos, en esa zona de los Montes de María.

Además ratificó el empeño del Gobierno Nacional de reparar, en la medida de lo posible, “ese dolor” causado por los grupos violentos y elogió las operaciones de la Fuerza Pública en los Montes de María, al punto de afirmar que allí no quedaba un sólo grupo violento, “de esos que tanto daño le hicieron a esta zona”, olvidando por supuesto, que buena parte de los perpetradores de graves crímenes de esta región y de muchas otras en Colombia, han sido justamente efectivos de las fuerzas militares.

A comienzos de este año, Santos volvió a pedir perdón; esta vez a las víctimas de la masacre de El Tigre, Putumayo. “Quiero aprovechar, víctimas de la masacre de El Tigre, para ofrecerles disculpas como Presidente de la República”, ha argumentado el presidente por unos sangrientos sucesos ocurridos el 9 de enero de 1999 y que sólo sus interlocutores recordaban con espanto. Fue tan cruel lo ocurrido allí, en un imponente paisaje del selvático departamento del Putumayo, fronterizo con el Ecuador, que Santos les confesó que cuando leyó los relatos sobre los episodios ocurridos en esta región, se le “arrugó el corazón”.

Como un Presidente noble, realmente comprometido con la misión que se impuso, según afirmó cuando sancionó la ley 1448, de saldar esa vieja deuda con las víctimas de tantas décadas de ignominia, violencia, indiferencia gubernamental y crímenes de lesa humanidad, Juan Manuel Santos tal vez intenta darle la bienvenida a una nueva era: a la de la reconciliación entre colombianos, la de la justicia transicional, la del perdón por decreto y el olvido oficializado. «Vamos a pasar la página de lo crímenes, de los vejámenes, de la impunidad, de la violencia; a pasar por encima de esta historia de resentimientos, exigencias de justicia por mano propia y demandas internacionales; vamos a seguir adelante», parece ser el mensaje de sus acciones.

Las Cortes internacionales no tendrán entonces que imponerle al Estado colombiano el deber de pedir perdón, pues ya por iniciativa propia lo habrá hecho infinidad de veces; las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos que representan a las víctimas a las que les han sido negados sus derechos a verdad, justicia y reparación integral tras padecer de manera reiterativa graves infracciones a los derechos humanos, permanentes hostigamientos, negligencias en las debidas investigaciones y el desconocimiento de sus derechos constitucionales, no tendrán que recurrir a estos estrados porque el gobierno colombiano ha reconocido la existencia del conflicto armado y de víctimas de agentes del Estado; ha emprendido una ardua labor de reforma agraria; los miles de campesinos que ayer fueron objeto de violento despojo y que fueron desterrados a punta de motosierra, podrán regresar al campo (con o sin garantías porque el conflicto armado continúa) y además, en un súbito despertar de conciencia, el presidente ha decidido pedir perdón a algunas de las víctimas, muchas de las cuales, además se verán compensadas a través de la implementación de una audaz Ley de Víctimas y restitución de tierras (que en la actualidad ha sido objeto de 20 demandas de inconstitucionalidad contra algunos de sus artículos).

Ahora, por qué el presidente escogió particularmente a las victimas de las masacres El Tigre y de El Salado para pedirles perdón, no se sabe, pero alguna razón política debe ocultarse tras esta selección. Sin embargo, esto no basta.

El perdón, que se interpreta como un obsequio, debe ser eficaz y más aún cuando se trata de hechos de enorme barbarie y sevicia que laceran la conciencia de la humanidad y produce daños sociales, colectivos e individuales que jamás podrán ser reparados. El perdón requiere de ciertos elementos para que además de ser un simple enunciado, tenga reales efectos e incidencia en la vida de las personas. Por un lado se debe conocer y reconocer el hecho victimizante o la ofensa, la identidad del ofensor, bien sea el Estado, un grupo o un sujeto; quien solicita perdón debe dar muestras de verdadero arrepentimiento y capacidad para sentir el dolor causado, y además, ha de emprender acciones efectivas que logren mitigar los efectos de la acción violenta o criminal realizada. El ofendido está en libertad de conceder el perdón, pleno o parcial, o denegarlo. El perdón no se impone por decreto, se gana.

Además el perdón no aboca al olvido; por el contrario es necesario recordar y saber qué fue lo que ocurrió, cómo pasó, que es exactamente lo que se debe perdonar y a quien se podría eventualmente perdonar.

[…] no hay perdón sin memoria, pues nadie puede perdonar aquello que ha olvidado y nadie puede ser perdonado si no es capaz de reconocer que debe ser perdonado por un acto que ha cometido y del cual es responsable. Sólo hay perdón si hay memoria y reconocimiento.

Ahora bien, no se trata de perdones individuales pues no sólo han sido destruidas vidas personales. La destrucción también ha tocado estructuras sociales, formas de convivencia, instituciones, estructuras sentimentales y morales como la confianza y la cooperación. El perdón, si se da, no es sólo asunto personal porque lo dañado es el mundo social en el cual esas personas viven sus vidas. Por ello no hay reconciliación posible sin reconocimiento público al daño y sin asignación de responsabilidades. Esto significa que ninguna sociedad con un pasado criminal puede reconciliarse si sólo tiene a manos estrategias de impunidad y no voluntad de justicia.

Ahora, frente a los crímenes del presente y la evidente incapacidad del Gobierno para garantizar no sólo la plena satisfacción de los derechos de todas, todas las víctimas, tanto del conflicto, como de la violencia social, política y económica, sino su seguridad jurídica y la de amplios sectores sociales que continúan siendo estigmatizados, perseguidos, o incluso, atacados, por ese mismo Estado que a través del presidente solicita perdón a diestra y siniestra pero a la vez incita al odio, es necesario que desde la institucionalidad del Estado, se asuma como premisa fundamental, el deber de erradicar las estructuras políticas, económicas y mafiosas que dan soporte a la acción criminal tanto de armados ilegales como legales; que se emprendan reales y efectivos programas de protección y se evite a toda costa la revictimización, tanto por acción directa como por la incitación al odio que promueven los mandatarios colombianos.

El gobierno tiene la obligación además de pedir perdón, de hacer que el perdón sea efectivo, y debe erradicar y prevenir las causas que lo llevaran a pedir mil veces perdón ahora y en el futuro.
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