Piero celebra 50 años de vida artística

Bogotá, 2014 Las canciones de Piero no pasan de moda y permanecen en el tiempo porque llegan al corazón. El 6 de enero de 1964, un joven de cabello ensortijado, rostro pálido, enormes gafas, algo tímido pero revestido de enorme confianza, debutó en el programa “Remates Musicales” interpretando algunos temas italianos, como "Alla cara, cara nonna" y "Giovanne, Giovanne" sin embargo, sería una composición suya, escrita con el apoyo de su amigo José Tcherkaski, ‘Mi Viejo’, la que le daría conocimiento mundial y con la que daría inicio a una larga carrera artística que hoy, a sus cincuenta años, sigue en ascenso innovando e interpretando el sentir de nuevos públicos. Poco antes de dar a conocer ‘Mi Viejo’ al público, Piero invitó a su padre, don Lino de Benedictis, un radiotécnico empírico y un inventor nato con gran oído musical, para que escuchara esta nueva composición. Encerrados en una pequeña habitación a puerta cerrada y habiendo descolgado el teléfono para evitar interrupciones, Piero, guitarra en mano, empezó a cantar tímidamente mientras del rostro de su padre empezaban a rodar algunas lágrimas. Cuando terminó de cantar, hubo un breve silencio que Piero recuerda como una eternidad, hasta que súbitamente su padre, limpiándose el rostro con un pañuelo, levantó la mirada y exclamó: -Ma, ¿Quién camina lerdo?…. ¡la puta que te parió!-. En ese momento don Lino, apenas superaba los cuarenta años de edad. Este tema en particular, al que luego se sumarían otras composiciones de enorme impacto musical, se convirtió en un hito dentro de su carrera artística. La canción ‘Mi Viejo’ ha permanecido vigente en el tiempo y hoy día sigue siendo reclamada y querida tanto por niños como por adultos, incluso en los sitios más recónditos de la geografía latinoamericana. Y es natural que así sea pues la cultura patriarcal que ha imperado en el continente ha hecho en extremo difícil poder expresar el amor al padre. "La motivación para hacer "Mi viejo"- recuerda Piero- era rescatar la figura del padre héroe, la figura gigantesca del progenitor. Uno va creciendo y el padre va decreciendo, esa es la ley de la vida, y por eso quisimos hacerle este homenaje”. Luego de este tema, que fue interpretado por otros artistas de talla mundial como Lucho Gatica o Nicola Di Bari, y de ser traducida al francés, al inglés y al italiano, vinieron otros éxitos, algunos de tinte romántico y otros que se enmarcaron dentro de lo que se conoció como la canción social o la música protesta; canciones que daban cuenta de la realidad, tanto del universo humano con sus complejidades y angustias interiores, como de las crisis sociales y políticas que sacudían el continente ante la ausencia de garantes democráticos, el hambre, la inequidad, la desigualdad social, la injusticia y la violenta irrupción de las dictaduras militares en el cono sur. ‘Si Vos te vas”, ‘Llegando, llegaste’, ‘Juan Boliche’, ‘Pedro Nadie’, ‘Caminando por Caracas’, ‘Canción a Magdalena’, ‘Yo vengo’, ‘Coplas de mi país’, ‘Para el pueblo lo que es del pueblo’ y ‘Los americanos’, entre muchos otros, lo catapultaron como una de las figuras más destacadas dentro de la música política y social en el mundo entero. Sin embargo, mientras las juventudes rebeldes del continente se contagiaban con su música y eufóricos llenaban los estadios para escucharlo, Piero empezaba a ser visto con molestia por el régimen militar que gobernaba en Argentina, país al que había llegado a los 3 años de edad proveniente de su natal Italia. La censura militar, la persecución y un intento fallido de secuestro por parte de la inteligencia militar que sometía al país al horror y la brutal represión, lo obligaron a exiliarse, primero en Italia y luego en España. Durante este periodo de profundas reflexiones y de comunión con la tierra y la vida del campo, Piero retomó su vocación con temas infantiles, como la ‘Sinfonía Inconclusa en la Mar’. En 1981 regresó a Argentina y consciente de la falta de oportunidades de muchos niños y jóvenes y de la crisis del hambre que estremecía a las mayorías del continente, decidió fundar su primera granja ecológica para aprender y enseñar al mismo tiempo, maneras efectivas de cultivar la tierra. Dos años después creó la Fundación ‘Buenas Ondas’ con el objetivo de promover el desarrollo de granjas autosuficientes para que niños de escasos recursos aprendieran a cultivar la tierra con productos orgánicos limpios de químicos, fertilizantes y pesticidas, e instar a los gobiernos para la adopción de un modelo de producción agrícola que, en armonía con el medio ambiente, garantizara la soberanía alimentaria de los pueblos. Se fundaron 200 eco-granjas educativas en toda América Latina, incluyendo una en Estados Unidos. Impulsado por la convicción de que era necesario pasar de la protesta a la propuesta, y consciente de la validez de los postulados y objetivos que animaban las luchas por las reivindicaciones sociales y la justicia en varios países de América latina, Piero diseñó el programa ‘América Vive’ como una plataforma de apoyo e integración continental con el fin de intercambiar propuestas, miradas y saberes en el continente y conseguir auspicios y recursos que permitieran el desarrollo eficaz de esas iniciativas, muchas de las cuales permanecían desarticuladas o ignorantes acerca de procesos similares en otros países del continente. De manera simultánea empezó a incursionar en el rock, realizando varios conciertos a lo largo y ancho del continente, sin abandonar las causas sociales y el principio rector de sus transitar: la solidaridad humana. De este modo lleva a cabo diversos conciertos con fines benéficos. En 1986 participa en el gran concierto por las víctimas de la tragedia de Armero, Colombia, junto a otros artistas internacionales como Joan Manuel Serrat, Julio Iglesias y José Luis Rodríguez ‘El Puma’. La respuesta del público colombiano es tan masiva y contundente que Piero decide volverse ciudadano colombiano. En 1993, cuando el presidente César Gaviria decide otorgarle la nacionalidad, un suceso imprevisible (el asesinato del capo Pablo Escobar), alteró la agenda de Gobierno y la ceremonia tuvo que ser aplazada. Por ello sería su sucesor, el liberal Ernesto Samper, quien finalmente le concede la nacionalidad en 1994. Desde entonces Piero asume el firme compromiso de trabajar por la Paz de Colombia, sin dejar de lado el llamado a la solidaridad de otras causas mundiales. En 1995 participó de manera bastante activa en la edición de un disco por los derechos de los niños; proyecto que también contó con la participación de otros renombrados artistas como León Gieco, Juan Carlos Baglietto, Joaquín Sabina, David Gilmour del grupo británico Pink Floyd y Annie Lennox, entre otros. Esta producción fue declarada de interés mundial y las regalías fueron donadas al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (United Nations Children's Fund), Unicef. Piero, convertido en un fenómeno artístico que logra con acierto combinar la propuesta política, con el activismo social y el arte, decide involucrarse más activamente en la realidad colombiana y aportar a la resolución del conflicto armado. Recorre el Urabá Antioqueño que se encuentra bajo dominio paramilitar para llevar sus canciones y propuestas de Paz y visita otras regiones marginadas del país. En apoyo al Proceso de paz iniciado por el gobierno de Andrés Pastrana Arango, se dirige a San Vicente del Caguán, Caquetá, municipio del nororiente colombiano, declarado zona de distensión para el desarrollo de las negociaciones, donde acompaña la Mesa de Diálogo y comparte tanto sus canciones como sus propuestas de reconciliación. Allí consigue unir en una canción a un guerrillero, una moja, un militar y varios campesinos que emocionados cantan y confirman su voluntad de vencer la guerra y unidos empezar a construir una nación de paz y esperanza para todos. Iniciado el siglo XXI, Piero edita el disco “Canciones blindadas”, y emprende varias giras exitosas por Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica, entre ellos Colombia, donde se reafirma, una vez más, el cariño que le profesa su público y el paso de generación en generación de sus composiciones, trascendiendo el tiempo y las trasformaciones sociales. Su amor por Colombia y su voluntad de aportar la reconciliación del país, lo obligan a sumarse a varias causas sociales con el objetivo de visibilizar a las víctimas de la guerra, acompañarlas en sus procesos de organización y llamar la atención de la ciudadanía sobre el deber humano de la solidaridad y el respeto a la vida. El 6 de marzo de 2008 Piero apoya la marcha por las víctimas del paramilitarismo y de crímenes de Estado. En el 2010 participa en el proceso electoral haciendo un llamado a la ciudadanía a manifestar en las urnas, de manera consciente y autónoma, su voluntad de cambio y la necesidad de profundizar la democracia. En el 2012 se suma a los indignados que se manifiestan en buena parte del territorio nacional ante la grave crisis que atraviesan los pueblos indígenas del Cauca, lanza el “Manifiesto por la Paz de Colombia”, en Santander de Quilichao y realiza varias presentaciones gratuitas en la región, como en el resguardo indígena de López Adentro. Un año más tarde participa en el evento “Campesinos somos todos” convocado por el gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, quien le entrega, en reconocimiento a su trayectoria musical, “las llaves de la ciudad” y lo acompaña a sembrar un Guayacán en el puente del Humilladero, como símbolo de esperanza y reconciliación. También acompaña al Ministerio de Educación en su programa “Todos a Aprender” a través del cual se movilizan más de 200 mil niños de las regiones a Bogotá para participar en la ‘Feria del Conocimiento’. En noviembre de 2013 participa en el ‘Monumento Sonoro por la Memoria’, proyecto diseñado y convocado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, mediante el cual se recogen las voces de los niños de cinco regiones de Colombia y se realizan conciertos gratuitos en los municipios de Necocli, Apartadó; San Carlos, Antioquia; Resguardo indígena de Jámbalo, Cauca; Puerto Rico, Meta y en Bogotá. El 14 de diciembre de 2013 acompaña el cierre de la Semana de los Derechos Humanos en Medellín, evento convocado por la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos de esa ciudad y canta ante miles de seguidores que junto a él, claman por un país en paz. Como ‘embajador de paz de buena voluntad’ en Colombia, Piero asume como compromiso fundamental, llevar su música a las regiones más apartadas del país, realizar conversatorios y encuentros con las comunidades más duramente afectadas por el flagelo de la guerra, incluyendo las zonas fronterizas, para procurar espacios de sanación y de liberación del dolor y el rencor. Por ello se propone realizar un recorrido por el río Magdalena junto a otros artistas nacionales e internacionales, como el dramaturgo Sebastián Ospina y los cantautores León Gieco, Víctor Heredia, Joan Báez, entre otros, convocando el apoyo de algunos premios Nobel de Paz, como Adolfo Pérez Esquivel o Rigoberta Menchu. También ha propuesto realizar conciertos gratuitos y charlas sobre pedagogía para la Paz en sitios emblemáticos del conflicto interno o en aquellos donde algún día se emprendieron caminos de paz.

Piero y el Manifiesto por la PAZ

Febrero de 2013

El presidente Juan Manuel Santos generó enorme expectativa en el país, cuando en días pasados admitió públicamente que los rumores acerca de unas conversaciones exploratorias que su gobierno estaría adelantando con la guerrilla de las Farc desde el mes de febrero en La Habana, Cuba para dar inicio a un definitivo diálogo de paz, eran verdaderos.// El anunció se produjo en un ambiente bastante confuso, pues mientras los reportes regionales, especialmente en el Cauca, evidenciaban el recrudecimiento del conflicto, el incremento de combates y hostigamientos en los municipios de Timbiquí, Caloto, Toribío, Santander de Quilichao y Corinto, entre otros, la descontrolada acción criminal de las nuevas estructuras paramilitares que, en connivencia con la fuerza pública, seguían amenazando y atentando contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, más el asesinato de por lo menos una veintena de indígenas, la ejecución del médico tradicional y guía espiritual del pueblo Nasa, Lisandro Tenorio de 74 años de edad a manos de las FARC, y el desarrollo de públicas manifestaciones de discriminación racial en Popayán; al mismo tiempo las autoridades tradicionales indígenas del Cauca se declaraban en Asamblea Permanente, llamaban a la minga de resistencia y decidían por su propios medios expulsar a los armados de sus territorios sagrados, mientras en algunos sectores de la sociedad civil se empezaban a articular propuestas con el fin de proponer alternativas viables capaces de ponerle fin a la guerra y despejar el camino hacia una paz posible, firme y duradera en Colombia. // En esta coyuntura, en la cual empiezan a soplar vientos de esperanza y a la vez se registran escenas de violencia y de dolor que reflejan la tragedia humanitaria que padece el pueblo colombiano, los costos humanos y sociales de la guerra y sus horrores en medio de un hastío generalizado, surge una propuesta que, de consolidarse tal como se ha planteado, podría surtir un efecto altamente positivo en el recién iniciado proceso de diálogo entre el Gobierno Nacional y la guerrilla.// En el mes de julio, el cantante argentino, nacionalizado en Colombia, Piero, envío un mensaje de solidaridad a los pueblos indígenas del Cauca (adjunto al final de este texto), en el que además de ofrecer sus buenos oficios para aportar a la construcción de caminos que conduzcan a la paz y la reconciliación en Colombia, convoca la voluntad y participación de otros ciudadanos de América Latina. A partir de este comunicado, las Autoridades tradicionales indígenas del Cauca, a través del Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC-, decidieron establecer una alianza de cooperación con Piero para diseñar y lanzar el MANIFIESTO POR LA PAZ DE COLOMBIA: UN MANDATO CONTINENTAL en dos eventos musicales; uno en Bogotá y otro en Popayán.// En el primer concierto, que se realizará el próximo 8 de septiembre en el teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá con la participación de Piero y su banda, dos grupos de la Guardia Indígena y la cantautora colombiana Andrea Echeverri, se hará el lanzamiento oficial del Manifiesto por la Paz, el cual recoge las expresiones, propuestas y voces de diversos sectores sociales del país. Se prevé que el acto de instalación esté a cargo del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, y que representantes de organizaciones campesinas, movimientos sociales y de víctimas, estudiantes, mujeres, población afro, indígenas, defensores de derechos humanos, artistas, académicos, escritores e intelectuales, lean cada uno un fragmento de este Manifiesto. Al final se realizará un acto simbólico y un ritual sagrado para blindar el proceso de paz, protegerlo de las mañas energías y limpiar el camino que deberá emprender para su realización.// El sentido del Manifiesto es, por un lado, convocar la solidaridad y el apoyo internacional para que figuras representativas del continente se adhieran a éste y aporten ideas e iniciativas para el desarrollo de un acuerdo de paz en el que esté representada la sociedad civil, logrando que juegue un papel activo en el desarrollo de las conversaciones. Asimismo, este documento servirá como insumo para la instalación de unas Mesas de Diálogo de la Sociedad Civil, a través de las cuales se construirá una agenda temática sobre aspectos sociales y políticos, que deberán ser considerados en los acuerdos de paz que suscriban el gobierno y las guerrillas de las FARC y ELN.// Dentro del programa de lanzamiento del Manifiesto por la Paz, se realizará un concierto en la Plaza de la Salud de Popayán, para lo cual se cuenta con el firme compromiso y respaldo del gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, quien públicamente ha expresado su disposición para que en este departamento se inicien los diálogos de paz.// Siendo el departamento del Cauca, una de las regiones más golpeadas por la violencia, el conflicto armado, la inequidad y dónde se han producido graves hechos de violencia, infracciones al DIH, violaciones a los Derechos Humanos, en un contexto social marcado por la discriminación racial, el feudalismo, la estigmatización política, los recortes a la inversión social y el abandono estatal, resulta de enorme significado emprender allí una campaña continental por la paz de Colombia, exaltando la organización, el trabajo comunitario y la ejemplar resistencia de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes que, con ejemplar valor y coherencia han desafiado la violencia y la marginalidad dando muestras de dignidad y de una clara vocación de paz. Los pueblos indígenas del Cauca, se han convertido en símbolo de paz y resistencia tanto para Colombia como para el mundo.// Los recientes, pero no nuevos, hechos de violencia registrados en este departamento, donde se expone sin ambages la crudeza del conflicto, pero también la fuerza, coherencia y resistencia de los pueblos indígenas, nos indican que, efectivamente, en este contexto de violencia, precariedad y discriminación pero también de legítimos esfuerzos en defensa del territorio, la soberanía, lo sacro y la vida, podría germinar una auténtica semilla de paz para Colombia. De allí la importancia de que en Santander de Quilichao se haya programado para el próximo 15 de septiembre, un encuentro multicultural para que niños de los pueblos indígenas del Cauca, de las comunidades afros y campesinos realicen un intercambio de canciones y saberes con Piero, quien les ofrecerá la Sinfonía Inconclusa en el Mar, y aprenderá cantos autóctonos de esta región.// Entre otras actividades previstas, en el marco de la Semana por la Paz, que impulsa Redepaz, se tiene previsto realizar un evento especial el 11 de septiembre de 2012, en la escuela distrital de Arborizadora Alta de Ciudad Bolívar, para que Piero y los niños en medio de una cabalgata por la paz con caballitos de madera, construidos por los mismos los niños, interpreten de manera conjunta la Sinfonía Inconclusa en el Mar.// El proyecto del Manifiesto por la Paz en Colombia ha sido respaldado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Gobierno, la dirección de Derechos Humanos, la Secretaría de Integración Social, y de manera especial y comprometida, por la Alta Consejera para las Víctimas, Ana Teresa Bernal, quien de manera entusiasta se ha unido a esta campaña convocando la presencia de otras entidades del Distrito y aportando de manera generosa sus esfuerzos y tiempo para la realización de los eventos. Igualmente, la Asociación Minga, Redepaz, la Corporación Viva La Ciudadanía, FOS de Colombia y el PNUD han respaldado este proyecto. La Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura, a cargo de Moisés Medrano ha expresado su buena disposición para contribuir a su exitosa realización.// El Manifiesto de la Paz, que podría convertirse en invaluable aporte al proceso de paz en Colombia, resulta altamente significativo en el sentido de que a través de su ejecución se pretende despertar la conciencia ciudadana sobre el deber que a todos nos asiste de vencer nuestra propia precariedad moral, abrazar y dignificar a las víctimas de esta historia de violencia y aportar, con mística y convicción, a la solución de un largo y costoso conflicto armado que, después de tantas décadas de oprobios, derrotas, pérdidas y daños irreparables ha frenado el desarrollo social del país, lo ha fragmentado y lo ha postrado a la acción criminal de quienes se han configurado en detentores del poder político y amos de la guerra.// De la alocución presidencial, en la cual Santos afirmó que en este nuevo proceso era necesario "aprender de los errores del pasado para no repetirlos" y que cualquier negociación debería llevar al fin del conflicto aunque se mantengan las operaciones militares en todo el territorio nacional, surgió también la reflexión sobre los errores del pasado cometidos por la sociedad civil, tanto por haberse marginado de los procesos, como por haber asistido impávida al genocidio contra la UP, desatado tras la firma de los acuerdos de paz de la Uribe, Meta en 1984. De modo que la iniciativa de lanzar públicamente el Manifiesto por la Paz en Colombia: un mandato continental, para convocar la buena voluntad y el compromiso político de la sociedad y de los actores del conflicto a fin de generar las condiciones necesarias para la instalación de mesas de diálogo de la sociedad civil, busca también que las figuras más representativas en el mundo del arte, las letras, la intelectualidad y la defensa de los derechos humanos en América latina acompañen y blinden el recién iniciado proceso de paz, lo fortalezcan con propuestas viables y generen una real incidencia política en las agendas de sus gobiernos, asumiendo que el problema de la guerra en Colombia afecta también a otras naciones. La voluntad de paz expresada por los pueblos indígenas, por al presidente de la República, por las organizaciones sociales y por significativos sectores de la sociedad, sumado a la buena disposición expresada por el gobernador, Temístocles Ortega Narváez, indican que estamos ante una oportunidad histórica para reafirmar esa voluntad y lograr que, con la activa participación de la ciudadanía, se suscriba un Pacto Social por la paz de Colombia.// La PAZ es un pacto social amplio, incluyente, democrático donde se expresa el pluralismo y la diversidad cultural de una nación. Es una conquista social que exige de la activa participación de todos los ciudadanos, donde cada cual pueda asumirse como sujeto de derecho y agente histórico de transformación de su sociedad.// Propender por un genuino desarrollo humano sostenible, donde el hombre, el medio ambiente y la justicia social sean los ejes de toda acción política, conduce, inexorablemente, a replantearnos la realidad de la guerra y a asumir el deber moral y social de aportar a la construcción de una nación en paz donde la armonía y la reconciliación nos permitan avanzar hacia un real Estado Social y Democrático de Derecho.// La paz se nutre de la conciencia social, de la justicia, del reconocimiento a la dignidad de las víctimas y de todos los seres humanos, del respeto a los derechos individuales y colectivos, de la participación ciudadana y de la elaboración de un duelo colectivo donde se reconstruya la verdad dolorosa del pasado y se asuma el deber ético de no permitir que los horrores del pasado vuelvan a repetirse jamás evitando, además, que queden condenados al olvido y la impunidad.// La paz la pactan los guerreros, pero la construyen las sociedades que se reconcilian con su historia y con su pasado; que deciden aportar a la construcción de una nación prospera, con justicia y equidad, y donde cada cual logre alcanzar plenamente su desarrollo humano, social, político material y espiritual. Por ello la paz no puede ser asumida como un decreto o un proceso de negociación ajeno a la realidad de los ciudadanos, suscrito a puerta cerrada por el Estado con las fuerzas insurgentes que se alistan a deponer las armas.// El Encuentro Exploratorio que se inició en febrero de 2012, entre Gobierno y guerrilla en La Habana, Cuba, con la participación del Gobierno de ese país y del Gobierno de Noruega como garantes, y con el apoyo del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela como facilitador de logística y acompañante, llevó a que se definieran unos acuerdos base, las reglas de funcionamiento y una agenda temática de seis puntos, entre los que se incluye: Política de desarrollo agrario integral (acceso y uso de la tierra, formalización de la propiedad, programas de desarrollo con enfoque territorial, desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza y estímulo a la producción agropecuaria); Participación política (Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final, acceso a medios de comunicación, mecanismos democráticos de participación ciudadana, y medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad); Fin del conflicto (Cese al fuego y de hostilidades bilaterales y definitivas, dejación de las armas y reincorporación de las FARC-EP con garantías de seguridad); Solución al problema de las drogas ilícitas; Víctimas e Implementación, verificación y refrendación de todos los puntos acordados.// Uno de los avances más significativos de esta agenda es que tácitamente reconoce que al ser el gobierno parte del conflicto no podría ser a la vez arbitro en las negociaciones, lo que obliga a convocar la mediación de un país extranjero que garantice la permanencia en la mesa de los actores negociadores, aún sobre las provocaciones y las acciones de guerra que seguirán presentes mientras se avanza en la implementación de la mesa de concertación.// De otra parte, llevar a la mesa de diálogo, el tema del narcotráfico, es un avance fundamental de enorme coraje, pues si se reconoce que este fenómeno no sólo se ha convertido en insumo para la guerra, sino que además, ha pervertido y degenerado los poderes del Estado, fracturado los procesos democráticos y generado una grave distorsión social y cultural en buena parte de la sociedad colombiana, a través de la imposición de modelos frívolos que desprecian la diferencia, el trabajo y el deber ético de defender y garantizar la vida, es sencillo entender que su reconocimiento como un problema que debe ser erradicado, contando con el debido apoyo internacional, podría generar diversas reacciones y fuertes maquinaciones al interior de los poderes políticos.// Ahora, si bien la agenda propuesta por el Gobierno nacional se constituye en un importante avance, y existe la voluntad de impulsar un diálogo hasta el final, aprendiendo de los errores del pasado, asimismo, se debe entender que hoy no es posible hablar de un proceso de paz realista que no cuente con la comprometida y decidida participación de la sociedad civil.// La guerra continuará por ahora, nuevos hechos de violencia, falsos atentados, intentos por sabotear el proceso por parte de esa extrema derecha pérfida, arrogante y criminal que encarna el ex presidente Uribe y sus esbirros, seguirán presentándose en todo el país; pero ante ello, además de la imperiosa necesidad de que el Estado cumpla con su deber, sin más dilaciones, de desarticular por completo las bandas narcoparamilitares que siguen sembrando de muerte y terror la geografía colombiana, será fundamental contar con el respaldo y la presión de una sociedad que exige, necesita y merece vivir en paz. La sociedad sea quizás, llegado el momento, la única fuerza que logre evitar que las partes negociantes claudiquen en su intento, cedan a sus propias contradicciones y terminen por desechar esta nueva oportunidad histórica que se abre para lograr que una paz cierta sea posible en el país.// Sólo la vocación de paz de las mayorías y su activo compromiso, podrán hacer que la Paz en Colombia no sea una utopía, ni un asunto marginal sin proyección social ni una muletilla electoral, sino que sea, en efecto, una realidad inevitable para todos. Adjunto Carta de Piero Buenos Aires, julio de 2012 A mis amados paisanos La paz en Colombia no da espera; alcanzarla se constituye en un imperativo, tanto nacional como regional, que no admite más titubeos ni dilaciones. Colombia, uno de los países más ricos y diversos del continente, continúa inmersa en un conflicto armado de profundas raíces sociales, económicas y políticas. Esta guerra, que ha costado la vida de millares de seres humanos, la integridad de miles de familias, la destrucción de buena parte de su riqueza natural y ha frenado genuinas opciones de desarrollo en las que el hombre y sus derechos sean eje central de toda política de progreso, debe ser superada a través del diálogo y la concertación nacional. Es vital contar con la activa participación y el compromiso de toda una sociedad que clama y exige vivir en paz.// Los estremecedores y recientes acontecimientos del Cauca, donde se expresa sin ambages la voluntad de paz de los pueblos indígenas, y su justo reclamo en defensa de la autonomía, el territorio y su derecho a vivir en paz, se extiende más allá de los límites de sus territorios ancestrales y sacuden la conciencia continental. La Minga de resistencia por la autonomía y la armonía territorial y por el inmediato cese de la guerra, convocada por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), es un clamor urgente y desesperado que ni gobiernos ni ciudadanos del mundo pueden ignorar.// Como ciudadano colombiano, reafirmo mi firme compromiso de trabajar por la pacificación de Colombia; por lograr que mediante acuerdos y salidas políticas se supere la violencia, la marginalidad, los odios, la injusticia social y el oprobioso trato que durante siglos han recibido las llamadas “minorías étnicas” de Colombia. La paz es una conquista social, amplia, incluyente y participativa; y así mismo es un imperativo fundamental para forjar una nación de bienestar y progreso para todos.// La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento como lo establece el artículo 22 de la Carta Política de Colombia. El derecho a la paz significa respeto a la vida y a la diversidad; vivir en armonía con el medio ambiente y con los demás seres vivos y garantizar el pleno derecho de todo ser humano a una vida digna, amable y productiva con reales opciones de felicidad y plenitud.// Es deber de todo Estado y de todo ciudadano que anhele vivir en paz, actuar en defensa de la dignidad humana, superar toda forma de discriminación, segregación y exclusión social, política o racial; propender por una genuina cultura de paz; asumir, en defensa de la vida una clara posición anti-armamentista y anti-belicista y rechazar todo acto de violencia y crueldad que lacere la conciencia de la humanidad. La promoción, defensa y respeto de los Derechos Humanos y de los principios consagrados en el Derecho Internacional Humanitario, no tienen color político; son fundamentos esenciales para vencer la guerra y sentar las bases de una sociedad plural que se reconoce en el otro y que es capaz de dirimir las diferencias a partir del dialogo, la argumentación sensata y el respeto mutuo.// A través del derecho a la paz se defiende la dignidad del ser humano y su libertad. Hastiado, al igual que muchos de mis compatriotas, de padecer una Colombia en guerra, y consciente de los enormes costos que ésta demanda a la sociedad, deseo aportar mis modestos y más sinceros esfuerzos para avanzar en la construcción de un camino que nos acerque como hermanos y nos permita avanzar con paso decidido hacia una paz firme y duradera.// Con profundo respeto, me uno al clamor del CRIC y apoyado, también, en sus bastones de mando y en su sabiduría ancestral, digo como dijeron los indígenas del Cauca, hace 40 años: “Es hora de la paz y no de la guerra. Hora para que desde el Estado, desde la insurgencia y demás grupos armados, no se levanten más las armas contra el pueblo. Que cesen las masacres, los homicidios selectivos, los desplazamientos, las amenazas, las torturas, las desapariciones forzadas, las mutilaciones, los señalamientos, la muerte y la ignominia. Hora de la verdad y de la justicia. Hora de que la riqueza del país sea puesta a favor de la igualdad y la equidad, que el presupuesto nacional sea invertido fundamentalmente en lo social y no en la guerra”.// Es hora de demostrar el temple de nuestros corazones, la firmeza de nuestras convicciones y el valor de nuestra palabra; es tiempo de dialogar con honestidad y generosidad; de unir voluntades y de anteponer a intereses particulares y pequeñas mezquindades, el bienestar de toda una nación que clama, exige y necesita vivir en PAZ.// Indígenas Y CAMPESINOS somos todos y la PAZ somos nosotros Fraternalmente, Piero de Benedictis

Los ‘Falsos Positivos’no deben pasar a la JPM

Bogotá, Octubre de 2014 La autoría mediata y el hombre de atrás en los mal llamados ‘Falsos Positivos’ Si el asesinato de más de seis mil jóvenes colombianos, a manos de miembros de la fuerza pública, con el propósito de enseñar resultados en la lucha contra insurgente y obtener algunas de las prebendas que ofrece el Estado para estimular la muerte de alzados en armas, no nos dice nada, es porque realmente estamos jodidos como sociedad. Y si está cadena de muertes, violencias, encubrimientos e impunidades no logra revelarnos que no se trata de casos aislados, -¿más de seis mil casos aislados? - sino que, en efecto, como señala la Corte Penal Internacional, se trata de una política de Estado, será muy difícil que el país avance en la construcción de una paz cierta y estable en el país; pues lo primero que se debe recuperar para procurar genuinas transformaciones sociales, políticas y culturales, es la verdad verdadera de nuestra historia, incluyendo el destape de la máquina criminal que desde el más alto nivel ha promovido la acción homicida contra sectores específicos de la sociedad y contra algunos dirigentes políticos. Pero contrario a buscar la verdad verdadera y garantizar la acción de la justicia y los derechos de las víctimas de crímenes atroces, como las de los mal llamados ‘Falsos Positivos’, el gobierno promueve peligrosas e innecesarias iniciativas que no sólo minan la confianza de la ciudadanía en sus políticas, sino que además podría acarrearle serios perjuicios al país. El trámite de dos nuevas iniciativas (la ley 085/2013 para Senado y 210/2014 para Cámara) para la ampliación del Fuero Penal Militar, las cuales seguramente serán declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, pone de manifiesto la esquizofrenia de un gobierno –y de una nación- que mientras pide, reclama y afirma querer poner fin a la guerra y construir una paz estable y duradera en el país, al mismo tiempo pretende extender normativas para afianzar la guerra e impulsa reformas que contribuyen a profundizar el vergonzoso índice de impunidad y que irían en contravía del bloque de constitucionalidad y de los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos. Maniobras subrepticias Desde hace cuatro años, cuando empezaron a promoverse iniciativas de este tipo, diversos sectores democráticos y sociales, organismos internacionales y defensores de Derechos Humanos, alertaron sobre el riesgo y el impacto que tendría para las víctimas, para un eventual proceso de paz, para el sistema de justicia y para nuestro orden democrático, implementar una reforma de ampliación del Fuero Penal Militar; riesgo que podría traducirse también en condenas y sanciones contra el Estado colombiano. Sin embargo, el gobierno insiste en maquillar cada nueva propuesta, en cambiar algunos detalles en su articulado y en volver a radicar tozudamente la misma iniciativa, con el mismo talante y con el mismo objetivo: blindar a la fuerza pública de la acción de la justicia. La primera campanada de alerta se dio diez días después de iniciado el primer periodo presidencial de Juan Manuel Santos, cuando éste sancionó la Ley 1407 de 2010, “por la cual se expide el Código Penal Militar”, en reemplazo de la Ley 522 de 1999. Pero esta medida no fue suficiente; un año después de entrar en vigencia el nuevo Código, y al amparo de un proyecto de ley de reforma a la justicia, se introdujo a última hora un artículo “mico” que suponía “una relación con el servicio de toda operación militar, con lo cual se anula de entrada la intervención de la justicia ordinaria y pone en duda delitos atroces, de lesa humanidad y contra los derechos humanos (DDHH) y el DIH, ajenos a juzgamiento por parte de tribunales militares. Las reacciones no se hicieron esperar, la reforma se cayó pero los intentos prevalecieron. Luego vino el Acto Legislativo No. 02 del 27 de diciembre de 2012, declarado inexequible en su totalidad por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-740 del 23 de octubre de 2013. Tiempo después se dio trámite a la ley 1698 del 26 de diciembre de 2013, “por la cual se crea y organiza el sistema de defensa técnica y especializada de los miembros de la fuerza pública, y se dictan otras disposiciones", y más recientemente fueron radicados los proyectos de ley 085/2013 para Senado y 210/2014 para Cámara, con el fin de reformar el ordenamiento constitucional y legal del país y ampliar la Justicia Penal Militar (JPM) o “modernizarla” para brindar seguridad a las tropas como sugieren algunos de sus más acérrimos defensores y ponentes. El senador Manuel Enrique Rosero, ponente de la nueva iniciativa, afirmó que “los miembros de la fuerza pública no tienen las suficientes garantías jurídicas para enfrentar toda esta amenaza que infortunadamente hemos tenido como producto del conflicto armado que aqueja a Colombia”. Armando Benedetti por su parte dio voto negativo a este proyecto porque no explica cómo serían investigados los ‘‘‘Falsos Positivos’’’ y eventualmente podrían pasar a la Justicia Penal Militar (JPM). La senadora Vivian Morales también manifestó su desacuerdo argumentando que no se justifica en un proceso de paz buscar un Fuero Penal Militar para la guerra. No obstante, pese a las manifestaciones en contra, la propuesta de ampliar las competencias de los tribunales castrenses para juzgar crímenes contra civiles, pasó su primer trámite parlamentario al ser aprobada en la Comisión Primera del Senado. El representante Alirio Uribe, quien había convocado a una Audiencia pública sobre la reestructuración de la Justicia Penal Militar, para analizar las implicaciones de esta ley en el marco del actual proceso de paz y escuchar las recomendaciones y posiciones de organizaciones sociales, víctimas e incluso de algunos mandos militares, afirmó que esta iniciativa es una nueva intentona de dejar en la impunidad las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas por miembros del ejército, y que la opinión pública conoce como ‘Falsos Positivos’. “Es un proyecto regresivo, que esperamos no pase los ocho debates y en caso de que los pase, esperamos que la Corte Constitucional, lo declare inconstitucional. Es clarísimo a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que los ‘Falsos Positivos’, los asesinatos de civiles, no tienen ninguna relación con el servicio. En este momento hay más de seis mil casos documentados, hay más de 3.400 investigaciones en la Fiscalía, hay más de 5.400 investigaciones en la Procuraduría, y lo que se quiere buscar con todas estas iniciativas es que esas investigaciones que no han avanzado de manera suficiente y que no estén en juicio, pasen de la justicia ordinaria a la justicia penal militar. […] Está clarísimo que el Derecho Internacional Humanitario no le da ninguna prerrogativa al ejército frente a lo que tiene que ver con el asesinato de civiles o ataques a la población civil, al contrario el DIH lo que busca es proteger a los civiles y los bienes de los civiles; acá lo que se está haciendo es un uso abusivo del DIH […] por eso creemos que la reforma es totalmente inconstitucional e inconveniente.” Los principales peros El proyecto le asigna a la Justicia Penal Militar el conocimiento de delitos que rompen claramente con la función del servicio y que deben ser de competencia exclusiva de la justicia ordinaria. Adicionalmente, modifica el Código Penal Militar otorgándole competencia para conocer las infracciones al DIH, y se basa en figuras penales inexistentes para, de manera subrepticia, garantizar que diversos y graves crímenes pasen a la justicia penal militar. Según el artículo 8 del proyecto, los juzgados militares o policiales podrán conocer de homicidio e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, entre otros delitos, cometidos por miembros de la fuerza pública. “Esto significa que los más de dos mil casos de asesinatos atribuidos a agentes del Estado que actualmente son investigados por la Fiscalía, algunos bajo la figura de homicidio en persona protegida (que se define en el Código Penal como violatorio del DIH), y otros bajo la figura de homicidio y homicidio agravado (contenidos en el capítulo sobre homicidio del Código Penal) serían trasladados a la Justicia Penal Militar.” El Código Penal colombiano define “homicidio en persona protegida” (art. 135 del C.P.) como una violación del DIH. Basta con que se catalogue el delito como una infracción al DIH para que pase a la competencia militar. El proyecto también dispone que, excepto una lista taxativa de siete tipos de delitos en la que se incluyen las ‘ejecuciones extrajudiciales’ y la ‘violencia sexual’, las violaciones al DIH cometidas por militares sean conocidas exclusivamente por la Justicia Penal Militar. Sin embargo, se debe tener en cuenta que las ‘ejecuciones extrajudiciales’ y la ‘violencia sexual’ no están tipificadas en el Código Penal colombiano; con lo cual se estaría garantizando que los ´Falsos Positivos’ que son homicidios, pasen a la Justicia Penal Militar, donde sólo se les podría garantizar impunidad. Por su parte, la ‘violación sexual’ se encuentra recogida como delito de “acceso carnal violento en persona protegida” (art. 138 del C.P.) y “acceso carnal violento” (art. 205 del C.P.), entre otros. Entre las voces de alerta que se han manifestado contra estas iniciativas, está la de José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, quien el pasado 8 de julio envió una carta al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, con copia al entonces ministro de Justicia y del Derecho, Alfonso Gómez Méndez, expresando su preocupación por los nuevos proyectos de ley e instando al Gobierno Nacional a retirarlos del debate legislativo. “El proyecto de ley número 85 de 2013 del Senado permitiría que casos de asesinatos conocidos como ‘Falsos Positivos’ sean transferidos de la justicia ordinaria a la justicia penal miliar. El proyecto dispone que la justicia penal militar conozca de otros casos de violaciones de derechos humanos por militares que se hayan cometido anteriormente o puedan ocurrir en el futuro, como violación sexual, trato inhumano y mutilaciones, en flagrante contravención a las obligaciones jurídicas asumidas por Colombia de conformidad con el derecho internacional. Asimismo, el proyecto estipula que la justicia penal militar investigaría a militares acusados de interceptaciones ilegales, tráfico ilegal de armas, y concierto para delinquir (colaboración con paramilitares o BACRIM) con fines de tortura, desaparición forzada y narcotráfico, entre otros delitos, lo cual prácticamente aseguraría su impunidad.” En la misiva Vivanco también señala que “el proyecto de ley promueve activamente la remisión de causas de la justicia ordinaria a la justicia penal militar. El artículo 94 dispone que las “nuevas normas de competencia” se apliquen a procesos anteriores en los cuales no se haya decretado el inicio del juicio. Hasta el 18 de junio, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía impulsaba 1.907 investigaciones de asesinatos atribuidos a agentes del Estado, afectando a casi 3.400 víctimas, en los cuales no se había iniciado el juicio.” La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que las investigaciones sobre la conducta de miembros de las fuerzas de seguridad adelantadas por otros miembros de esas mismas fuerzas suelen servir para encubrir los hechos en vez de esclarecerlos. Mal haría el congreso, menos en la actual coyuntura, en aprobar una reforma que en vez de garantizar avances en materia de justicia, se convierta en un nuevo obstáculo para satisfacer y resarcir los derechos de las víctimas. Alberto Yepes, miembro de la Coordinación Colombia Europa, Estados Unidos, intervino en la audiencia sobre la reestructuración de la Justicia Penal Militar, y alertó sobre las graves implicaciones que la aprobación de esta norma tendría para las víctimas. El analista declaró que al adoptar el sistema acusatorio dentro de la JPM, con la modalidad que está contenida dentro del proyecto de reforma, se estarían negando los derechos de las víctimas en tres momentos. En el momento de la formulación de las denuncias, en el desarrollo de las primeras diligencias cuando una persona resulte afectada por violaciones a los Derechos Humanos, y durante el proceso mismo. Resaltó la gravedad de que las audiencias del sistema acusatorio en la JPM serán absolutamente militarizadas. Las víctimas de ‘Falsos Positivos’ y graves crímenes van a encontrarse con que el juez penal de conocimiento es militar, que el juez penal de garantías es otro militar, que el juez de ejecución de penas es también militar, que los miembros del CTI, los funcionarios de policía judicial, los investigadores, los peritos y testigos son militares, que los defensores de los acusados son militares (en virtud de la ley 1698 del fondo de defensa técnica militar que los adscribe oficialmente a la defensa), que el fiscal penal es también un militar, el único no militar es el representante de las víctimas, y se plantea entonces que quien representa los derechos de las víctimas es el fiscal militar (la ley dice que las medidas judiciales necesarias para asistencia de las víctimas es función del fiscal penal militar). Para las víctimas será humillante que quien represente sus pretensiones sea un fiscal penal militar ante los perpetradores militares.” Un caso emblemático de lo que ello podría acarrear a millares de víctimas, es el de José Álvaro Torres, padre de los niños asesinados en octubre de 2010 en Caño Temblador, Tame, Arauca, quien tuvo que radicar su denuncia ante el Subteniente Raúl Muñoz Linares, adscrito a la Brigada Móvil Nº 5, Batallón Nº 42 de Contraguerrillas “Héroes de Majagual”, compañía “Buitres”, y perpetrador de la violación, asesinato y desaparición de sus tres hijos. Que sea el propio violador y asesino quien atienda las denuncias es un grave peligro para la administración de justicia, pues además de que las víctimas se sentirían intimidadas para denunciar ante los propios perpetradores, no tendrían garantías de investigación imparcial, verdad y justicia y se negaría la posibilidad de revelar los nombres de los máximos responsables en la estructura criminal. La Corte Penal Internacional, en el caso de los ‘Falsos Positivos’, considera que estos crímenes se cometieron, al menos a nivel de ciertas brigadas, conforme a una política de Estado, y que en consecuencia seguirá evaluando si las acciones judiciales del Estado colombiano se centran en la presunta responsabilidad individual de los mandos superiores por la comisión de estos crímenes, sea como autores o con respecto a su responsabilidad de mando. La autoría mediata y el hombre de atrás en los mal llamados ‘Falsos Positivos’ En el informe “La situación en Colombia,” de la Corte Penal Internacional, publicado hace dos años, se afirma que hay bases razonables para creer que los 'Falsos Positivos' han sido una política de Estado. Esta afirmación no es inocua ni exagerada; pone de manifiesto lo que varios sectores sociales, académicos y políticos vienen sosteniendo en el país desde hace varios años, tanto frente a los vergonzosos y mal llamados ‘Falsos Positivos’ como frente a la ejecución de magnicidios, masacres y genocidios: no son casos aislados ni desarticulados del aparato de poder; se trata de una máquina criminal que ha operado tras bambalinas para cometer diversos delitos mediante la instrumentalización de terceros. “La tesis que ya en 1963, a partir del caso Eichmann, introdujo en la dogmática penal el profesor de la Universidad de Munich, Claus Roxin, es la teoría según la cual, cuando a partir de órdenes del Estado, agentes estatales cometan delitos, como por ejemplo homicidios, secuestros y torturas; serán también autores -y más precisamente autores mediatos- los que dieron la orden de matar, secuestrar o torturar, porque controlaban la organización y tuvieron en el hecho, incluso, más responsabilidad que los ejecutores directos. Según Roxin, tratándose de una organización criminal de esta envergadura, la realización del delito en modo alguno depende de los ejecutores singulares. Ellos solamente ocupan una posición subordinada en el aparato de poder, son intercambiables, y no pueden impedir que el hombre de atrás, el “autor de escritorio” (Schreibtisch täter, como le dicen en Alemania), alcance el resultado, ya que es éste quien conserva en todo momento la decisión acerca de la consumación de los delitos planificados.” Nuestra realidad lo confirma y no es difícil descubrir quienes ha sido los ‘hombres de atrás’ en los homicidios que se le adjudican a la fuerza pública. En Colombia se han presentado más de 6 mil casos de ‘Falsos Positivos’ en los últimos 12 años. “Durante el gobierno del presidente Pastrana fueron 469 casos, en la era de Álvaro Uribe 5.326 y en la actual administración del presidente Santos van 267 ‘‘Falsos Positivos’’ investigados. Ningún General ha recibido condena y 554 soldados rasos están en la cárcel.” Dada la dimensión, la sistematicidad y el modus operandi, así como las causas que incrementaron esta atroz cadena de homicidios, siendo necesario resaltar la directiva ministerial 029 de 2005 que definía los criterios para el pago de recompensas por dar de baja a miembros de grupos armados, es claro que no se puede hablar de “manzanas podridas” al interior de la institución castrense, sino de una estructura criminal que obedece directrices al más alto nivel. El representante Alirio Uribe dio a conocer esta semana una lista con los nombres de nueve generales del ejército, que estuvieron a cargo de las brigadas donde se presentaron la mayor cantidad de ‘Falsos Positivos’. Nada más en el caso del Brigadier General Nicasio de Jesús Martínez, actual comandante de la Quinta División, cuando comandó la Décima Brigada, desde el 2004 hasta el 2006 en los departamentos del Cesar y la Guajira, se presentaron 100 casos de ‘Falsos Positivos’. En un Estado Social de Derecho y en un país que avanza con pasos firmes y certeros hacia la construcción de la paz mediante un proceso de negociación política, con el que se busca poner fin a una larga, degradada y pervertida guerra, no es admisible que se ofrezcan prebendas a unas fuerzas militares incursas en muchos y diversos procesos por crímenes de lesa humanidad, que se busque blindar a agentes que participaron de manera directa –tanto como autores materiales e intelectuales- en el genocidio de la Unión patriótica, que en connivencia con grupos paramilitares perpetuaron algunas de las más espantosas y bárbaras masacres contra la sociedad civil indefensa, ni proponer que sus múltiples crímenes pasen a la Justicia Penal Militar, donde serán precluídos y las víctimas serán burladas, estigmatizadas y convertidas en objeto de nuevas victimizaciones. El sólo trámite de estas dos iniciativas legislativas ya genera suspicacia y desconfianza, enrarece el clima de optimismo, moderado, pero que intenta estar presente en medio de las negociaciones de paz, y deja muy mal parado al Estado colombiano ante la comunidad internacional. Sin contar que estos proyectos tampoco benefician a las Fuerzas Militares, cuyos miembros terminarían siendo investigados internacionalmente. La fuerza pública tiene el deber garantizar los derechos humanos, la protección, la vida y honra de los ciudadanos, y es ahí donde reside su valor y su honor. Además, como lo recordó el jurista Luis Guillermo Pérez en la audiencia pública sobre Fuero Penal Militar, “los oficiales que cumplen con su deber no deben ser corresponsables de un proyecto que busca garantizar impunidad a una minoría.” Si realmente se quiere buscar una fórmula para los miembros de la fuerza pública incursos en varios delitos, se debe pensar en un proceso de justicia transicional, donde los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH reconozcan su responsabilidad, pidan perdón a las víctimas y contribuyan de manera efectiva al desmonte de las estructuras criminales que siguen, con la anuencia y la complicidad de las autoridades locales y territoriales, marchando en contravía del anhelo de paz que hoy, con más fervor que nunca, reclaman los colombianos. notas al pie Francisco Leal Buitrago; “¿Fuero o desafuero?”. Semanario Virtual Caja de Herramientas. Edición N° 00297, semana del 30 de Marzo al 5 de Abril de 2012. Blu Radio; “Aprueban en primer debate ampliación de fuero penal militar”. Bogotá octubre 15 de 2014. Ver en: http://www.bluradio.com/79528/aprueban-en-primer-debate-ampliacion-de-fuero-penal-militar Canal Capital; "Proyecto de fuero militar, nuevo intento de dejar impune los ‘‘Falsos Positivos’’", Alirio Uribe. Noticiero. Bogotá, octubre 16 de 2014. Ver en: https://www.youtube.com/watch?v=7Ph-g15-KU4 Amaya, Carlos; “Revive el proyecto del fuero penal militar”. En La Silla Vacía, Bogotá, agosto 9 de 2014. Ver en: http://lasillavacia.com/content/revive-el-proyecto-del-fuero-penal-militar-48329 Carta enviada por José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, julio 8 de 2014. Ver en: http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/Human%20Rights%20Watch%20-%20Carta%20al%20Ministro%20Pinzon%20sobre%20fuero%20militar%20-7%208%2014.pdf Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Fiscalía a Human Rights Watch, 18 de junio de 2014. Citado en: Carta enviada por José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, julio 8 de 2014. Audiencia pública sobre la reestructuración de la Justicia Penal Militar, proyecto de ley 085/2013 convocada por los parlamentarios del Polo Democrático Alternativo -PDA-, Alirio Uribe representante a la Cámara por Bogotá e Iván Cepeda Senador de la república y Ministerio de Justicia. Congreso de la República, Bogotá, agosto 28 de 2014. Daniel Rafecas; “Autoría mediante aparatos organizados de poder”. Trabajo preparado en ocasión de la oposición para el concurso de Profesor Adjunto Regular de Derecho Penal, UBA, 2003, publicado en www.catedrahendler.org. Cátedra Héndler, departamento de Derecho Penal y Criminología, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Las 2 orillas; “Los 9 generales cabezas de las brigadas con más ‘‘Falsos Positivos’’”. Bogotá, octubre 21 de 2014. Ver en: http://www.las2orillas.co/los-9-generales-cabezas-de-las-brigadas-con-mas-falsos-positivos/ Idem

El desafío de la historia: vencer la guerra y construir la paz

Bogotá, junio 13 de 2014 Hace cuatro años los colombianos recibimos dos noticias impactantes, que de una u otra forma nos llevarían a un momento cumbre en nuestra historia. El 26 de febrero de 2010, la Corte Constitucional de Colombia declaró inexequible el referendo reeleccionista para que el presidente Álvaro Uribe pudiera aspirar a un tercer mandato en forma consecutiva. Este fallo perfiló a su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, como el ungido por el uribismo para liderar una campaña presidencial. Luego de las elecciones presidenciales del domingo 30 de mayo de 2010, cuyo proceso de escrutinio se prolongó oficialmente hasta el 8 de junio indicando que ningún candidato había alcanzado la mayoría absoluta de los votos, se llevó a cabo una segunda vuelta electoral el 20 de junio de ese mismo año. Y esa fue la segunda noticia que nos impactó. Cuando muchos colombianos, animados por lo que se llamó la Ola Verde (una opción que recogía las aspiraciones de cambio de diversos sectores sociales del país, en especial de la juventudes) esperaban un resultado electoral bastante reñido y que una opción distinta al uribismo se impusiera en las urnas, el candidato del Partido Social de Unidad Nacional, Juan Manuel Santos logró imponerse con 9.004.221 (69.05 %) sobre el candidato del Partido Verde, Antanas Mockus, quien obtuvo 3.588.819 (27.52 %). Aunque pocos días antes de la segunda vuelta electoral, algunas de las firmas encuestadoras más reconocidas del país como el Centro Nacional de Consultoría e Invamer Gallup habían anunciado un triunfo abrumador para el candidato oficialista, para muchos ciudadanos, quizás animados por el deseo, la fuerza verde era inatajable. Sin embargo, el resultado fue adverso, y quienes aspiraban a un país más justo, decente y democrático, capaz de impulsar profundas reformas sociales y políticas y poner fin a la guerra, sintieron que la única opción que quedaba era hacer oposición firme y organizada, y prepararse para soportar otros cuatro años de tinieblas. Amplios sectores democráticos tanto de Colombia como de otros países, intuyeron entonces que el país seguiría inmerso en la guerra, afianzando la degradación de la política, la corrupción y las prácticas clientelistas, antidemocráticas y autoritarias; que las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos, la persecución política, la estigmatización por razones ideológicas, los asesinatos selectivos, los mal llamados “Falsos Positivos”, las chuzadas, los arrestos arbitrarios, la parapolítica, las falsas desmovilizaciones, la corrupción, el desvío de dineros públicos para beneficio de familias adineradas aliadas al uribismo, como en el caso de Agro Ingreso Seguro, los montajes judiciales, la burda reelección con cohecho de por medio, y toda la podredumbre que caracterizó la era Uribe bajo un peligroso todo vale, seguirían su curso. No obstante, poco tiempo después, esos mismos sectores empezaron a advertir, con asombro y sospecha, que si bien el gobierno Santos mantenía un mismo modelo económico, neoliberal y depredador, empezaba a formular significativas transformaciones. Tres hechos de su gobierno lo distanciaron radicalmente del estilo gansteril y guerrerista del expresidente Uribe: 1. El reconocimiento de la existencia de un conflicto armado sobre la concepción maniquea de Uribe de que nos hallábamos ante una simple amenaza terrorista ante la cual no tenían asiento los principios del Derecho Internacional Humanitario; 2. El reconocimiento de un universo de víctimas que tenían derecho a verdad, justicia y reparación integral con garantías de no repetición, y frente a la cuáles el Estado estaba en deuda; y 3. La posibilidad de poner fin a la guerra mediante un proceso de negociación con las guerrillas. Estos pasos dados por el gobierno Santos fueron definitivos para entender que posiblemente una nueva era se anunciaba para el país, pese a lo que representaba, a su ascendente político y a sus desatinadas acciones en otros campos, como su apoyo al TLC y su extensión a otros países, su propuesta de ampliación del Fuero Penal Militar recortando libertades civiles y garantizando impunidad a militares incursos en graves violaciones a los Derechos Humanos, su necia negación sobre la existencia del paro agrario y la brutal represión que su gobierno desató contra los campesinos que protestaron de manera legítima en buena parte del territorio nacional, a los pocos avances en materia de salud, justicia y educación, entre otros. Sin embargo, Santos se demarcó de Uribe y nos puso a pensar en la Paz, no como una utopía, no como una palabra romántica con pocas opciones de materialización, sino como un camino que podíamos empezar a recorrer y a construir entre todos los colombianos, con paciencia, participación y animados por profunda convicción. No resultaba sencillo creer en Santos, menos en sus buenas intenciones, pero más allá de las cifras y datos estadísticos que evidenciaban cambios positivos como en temas de competitividad, estabilidad financiera e innovación, aumento del PIB per cápita y en el tamaño de los mercados, reducción de la deuda, y otros temas que poco nos dicen a la mayoría de colombianos porque no los percibimos en nuestro diario vivir, lo cierto es que episodios sórdidos como los que caracterizaron la jefatura de Uribe, donde el crimen fue una clara política de Estado, empezaron a ser percibidos como cosa del pasado. De los muchos hechos execrables que caracterizaron la oscura era de Uribe, quizás hay uno que revela como ningún otro la ruina democrática e institucional en que sumió al país y la plena materialización del terrorismo de Estado: la creación de la empresa criminal más grande, jamás antes orquestada – al menos no en esa dimensión- desde el mismo palacio presidencial a través del DAS. Se debe considerar que su acción fue más allá, mucho más allá del escándalo de las “Chuzadas”, de la escucha de conversaciones de altos dignatarios de las cortes y de la interceptación de correos electrónicos a líderes de oposición, periodistas críticos y defensores de Derechos Humanos, o de la creación del grupo G-3, entidad que operó como una policía política, bajo una clara doctrina de muerte, terror y persecución. La acción criminal del DAS condujo tanto a la eliminación de expedientes de jefes paramilitares, como a la entrega de listas de líderes que debían ser protegidos para que fueran asesinados por estos grupos criminales, a campañas de desprestigio, hostigamiento permanente, manuales de tortura e intimidación, asesinato de testigos y denunciantes, como en el caso del ex congresista Fernando Pisciotti Van Stralhen, quien luego de viajar a Bogotá para denunciar ante el DAS, la coerción paramilitar que se estaba dando de manera flagrante en el municipio de El Banco, Magdalena, fue acribillado el 9 de diciembre de 2003. “Una copia de esa denuncia, con membrete del DAS, terminó en manos del jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.” Un caso emblemático, que sintetiza lo que significó y el alcance de un Estado al servicio del crimen es el de la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, quien junto a Bernardo Moreno, ex secretario general de la Presidencia, obedecía directamente las ordenes que impartía el jefe de Estado. Resulta ingenuo suponer que ellos actuaban a motu propio. “Si caigo, hablo: María del Pilar Hurtado En noviembre del 2010, cuando era inminente una orden de captura contra la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, luego de haber sido destituida por la Procuraduría , el ex presidente Álvaro Uribe activó sus influencias internacionales y, burlando las disposiciones existentes en la materia, logró que el también cuestionado gobierno de Ricardo Martinelli, mediante decreto 301 del 19 de noviembre de 2010, le concediera asilo territorial en Panamá, pese a que Hurtado nunca fue perseguida política y era requerida por la justicia nacional para que respondiera por varios delitos comunes relacionados con los seguimientos ilegales realizados por el DAS bajo su administración, entre el 2007 y el 2009. La última vez que Hurtado compareció ante las autoridades colombianas fue en julio del 2010 cuando acudió a un interrogatorio en la Fiscalía General de la Nación, en el que declaró: “Sigo a disposición de la Fiscalía cuando esta lo requiera”. Sin embargo, cuatro meses después, acatando las orientaciones de su ex jefe, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien les recomendó a sus más cercanos colaboradores salir del país para no responder ante la justicia, porque según afirmó no había garantías judiciales, es decir impunidad asegurada, (como en el caso de su ex comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, cuyo paradero es un enigma desde el 8 de enero de 2012, cuando viajó a Washington), Hurtado partió a Panamá para ponerse a salvo de la justicia colombiana. La misma recomendación, según denuncio el ex ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, fue acatada por el “ex consejero presidencial José Obdulio Gaviria, el ex ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega, el ex director del DAS Andrés Peñate, el secretario jurídico de la Presidencia César Mauricio Velásquez y el consejero Jorge Mario Eastman, quienes habrían solicitado asilo infructuosamente en Costa Rica.” En las últimas semanas el nombre de María del Pilar Hurtado, que parecía arrojado al olvido y sus crímenes a la impunidad, volvió a ser noticia. El 13 de mayo de 2014, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes aprobó la proposición del congresista Iván Cepeda Castro para que el Gobierno Nacional solicitara al electo presidente panameño, Juan Carlos Varela, una vez asumiera su cargo, extraditar a la exdirectora del DAS. De manera casi simultánea, mientras Uribe enviaba un bufete de abogados a Panamá para “proteger” a su ex funcionaria, la oficina de asuntos internacionales del Ministerio de Justicia remitía a la Comisión Segunda de Relaciones Internacionales del Congreso de la República, una respuesta favorable al estudio sobre una nueva solicitud de extradición. “Revisado el expediente de extradición activa que corresponde a la ciudadana María del Pilar Hurtado, se pudo constatar que el doctor Fernando Alberto Castro Caballero, Magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de la decisión del 21 de noviembre de 2011, adoptada por magistrados y conjueces de dicha sala, solicitó a este ministerio que a través de canales diplomáticos se adelanten las gestiones pertinentes con el gobierno de Panamá con el fin de obtener la extradición de María del Pilar Hurtado…” Aunque varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá habrían declarado inconstitucional el asilo de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, la decisión aún no está en firme como lo sostuvo la canciller colombiana, María Ángela Holguín, luego de conversar con el Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, porque los protocolos diplomáticos legalmente establecidos, toman cierto tiempo antes de concretarse. Esta demora por parte de la Corte de Panamá, llevó a que el Tribunal Superior de Bogotá negara en días pasados la solicitud de la Fiscalía de cancelar el pasaporte de María del Pilar Hurtado. “Para el Tribunal, la decisión de la Corte del vecino país debe estar apostillada para que tenga algún efecto en Colombia.” Ante esta decisión, la Fiscalía presentó un recurso de reposición a ese organismo y le solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) expedir una circular roja para la captura internacional de Hurtado y para que ésta pudiera ser deportada a Colombia, dónde está siendo juzgada como reo ausente por la Corte Suprema de Justicia. Mientras los organismos competentes se deciden a actuar y el presidente Santos solicita a las autoridades panameñas que reconsideren su situación y declara que como jefe de Estado es su deber buscar la extradición cuando la Corte Suprema de Justicia requiere a cualquier ciudadano para que comparezca ante la justicia, Hurtado ha desaparecido del radar. Se rumora que ha tramitado asilo en otros países, que se encuentra escondida en una finca del ex presidente Martinelli por mediación de Uribe o que incluso ha regresado de manera clandestina a Colombia. El tiempo corre y ella, por supuesto, ante el anunció de una eventual captura, se esconde como es natural. Lo cierto es que su situación no puede prolongarse indefinidamente, y que una vez sea puesta a disposición de la justicia nacional tendrán que brindársele todas las medias de seguridad y las garantías jurídicas, para que realice su célebre amenaza: “Si caigo, habló”. Uribe debe estar temblando y maquinando. María del Pilar Hurtado, al igual que Yidis Medina, es una mujer sin trayectoria profesional reconocida, sin peso político, sin apellidos ni vínculos con la élite nacional o regional, sin dotes intelectuales ni morales, pero por cuenta de la posición que alcanzó, y de una ciega militancia al servicio de la corrupción y el crimen, se convirtió en una pieza clave que podría ayudar a develar hasta dónde los altos funcionarios del gobierno Uribe, incluyéndolo a él, entraron en alianzas con narcotraficantes, jefes paramilitares y dirigentes corruptos en su afán de imponer un “nuevo orden” en Colombia, como la plantea la analista María Victoria Duque. En este momento cumbre de la historia, los colombianos debemos preguntarnos si este modelo de violencia, corrupción, crimen e impunidad es lo que deseamos perpetuar en el país, o si por el contrario, nos unimos y le damos una oportunidad al cambio, a la esperanza, a la realización plena de un Estado Social de Derecho, a la posibilidad de poner fin a una costosa y fratricida guerra para empezar a construir una nación en paz. ¿Vamos a sacrificar más vidas humanas en esta demencial guerra o vamos a darle una oportunidad a la paz? Nota/ El próximo 15 de junio Colombia se enfrenta a una disyuntiva histórica; unas elecciones cruciales a través de las cuales no sólo se definirá el nombre del próximo mandatario del país, sino el país que vamos a tener durante las próximas generaciones. Tendremos que elegir (quizás sintiendo que los dioses se burlan de nosotros al plantearnos dilemas inesperados): entre el país inviable, aciago y ruin que legó Uribe Vélez o la posibilidad de empezar, desde los cánones democráticos y la activa participación ciudadana, a proponer un país sin guerra, sin violencias y con opciones reales para ejercer la oposición política, sin que ello implique la estigmatización, el encierro, el destierro o el entierro. Entre la paz y la guerra, elijo la paz; entre la vida o la muerte, elijo la vida; entre el fusil y la palabra, elijo la palabra. Entre una posible paz y una segura guerra, elijo una paz posible. YO VOTO POR LA PAZ Notas al pie Encuesta del 3 de junio por el entro Nacional de Consultoría. Juan Manuel Santos: 61.6%. Antanas Mockus: 29.8%. Voto en blanco: 5.8%. El 10 de junio la firma consultora Invamer Gallup anunciaba un 66.5% en la intención de voto por Juan Manuel Santos contra un 27.4% para Antanas Mockus. Parecía que la Ola Verde empezaba a desinflarse. Encuestas anteriores habían señalado un empate técnico entre los dos candidatos. El 20 de mayoel Centro Nacional de Consultoría anunció un 47% a favor de Santos contra un 46%por Mockus. Por su parte Datexto, el 21 de mayo anunció una intención de voto del 44% por Santos y un 45% por Mockus, más un 11% a favor del voto en blanco. El 22 de mayo la firma Ipsos Napoleón Franco le daba a Santos un 40%, por debajo de Mockus que alcanzaba el 45% en la intención de voto, a la vez que se anunciaba un aumento en el voto blanco, cercano al 15%. Manuales para amenazar del DAS, la policía secreta de Uribe. Ver en: http://www.youtube.com/watch?v=VfnkGqy4-tE En El Espectador; “Por asesinato del exalcalde de El Banco, a juicio hermano del exgobernador”. La Fiscalía llamó a juicio a Juan Carlos Correa Luna, hermano del exgobernador del Magdalena Trino Luna. Sección Judicial, 19 de junio de 2012. Ver en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/asesinato-del-exalcalde-de-el-banco-juicio-hermano-del-articulo-353839 “El 1 de octubre de 2010, el Procurador Alejandro Ordóñez destituyó e inhabilitó a la señora María del Pilar Hurtado Afanador por haber ordenado a funcionarios del DAS que realizaran “labores de seguimiento a algunos ciudadanos de relevancia nacional, abusando de su cargo, con clara extralimitación de las funciones legales asignadas, violando con ello el derecho a la intimidad”. Tomado de María Victoria Duque López; “Si caigo, hablo”: María del Pilar Hurtado”. Publicado en: Congreso Visible. Febrero 14 de 2012. Ver en: http://congresovisible.org/agora/post/si-caigo-hablo-maria-del-pilar-hurtado/3160/ Concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones (interceptación de correos, grabaciones y escuchas) amenazas y seguimientos ilegales, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público En Diario ADN; “Niegan petición de Fiscalía de anular pasaporte a exdirectora del DAS”. Bogotá, junio 9 de 2014. Ver en: http://diarioadn.co/actualidad/colombia/niegan-petici%C3%B3n-de-anular-pasaporte-a-mar%C3%ADa-del-pilar-hurtado-1.111793 En Desde Abajo; “Recomienda Uribe: ¡Huir del país mientras se pueda!”. Bogotá, 11 de Diciembre de 2010. Ver en: http://www.desdeabajo.info/ediciones/periodico/item/8330-recomienda-uribe-%C2%A1huir-del-pa%C3%ADs-mientras-se-pueda.html?tmpl=component&print=1 En El País; “Tribunal niega solicitud de la Fiscalía de cancelar pasaporte de Hurtado”. Colprensa. Cali, junio 9 de 2014. El 26 de julio del 2011 la Interpol se negó a emitir circular roja para capturar a Hurtado, argumentando que existía un asilo concedido por Panamá. “En enero de 2012, el abogado Luis Guillermo Pérez del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el periodista Hollman Morris viajaron a Panamá para presentar pruebas que sustentarían la revocatoria del asilo a María del Pilar Hurtado.

Rafael Nieto Loaiza, de investigado a defensor del Estado ante la Corte IDH

Bogotá, febrero de 2013 Rafael Nieto Loaiza, de investigado a defensor del Estado ante la Corte IDH La indemostrable no existencia de los desaparecidos en el Palacio de Justicia ante la Corte IDH Estas palabras referidas por Primo Levi, que los SS dijeron a Simone Wiesenthal y los otros al llegar al campo: «Termine como termine, esta guerra ya le hemos ganado contra ustedes; no quedará ninguno para dar testimonio, pero incluso si algunos se salvaran, el mundo no les creerá. Podrá haber sospechas, discusiones, investigaciones realizadas por historiadores, pero no habrá certezas, porque al destruirlos a ustedes destruiremos las pruebas. E incluso si algunas subsistieran y si algunos de ustedes sobrevivieran, la gente dirá que los hechos que cuentan son demasiado monstruosos para ser creídos» El Objeto del siglo Gérard Wajcman El pasado lunes 18 de febrero, la prensa nacional publicó algunos apartes del documento de defensa que el Estado colombiano presentó ante la Corte IDH por el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia. En el texto, que desató un enorme malestar nacional, seguramente también el regocijo de algunos sectores de la extrema derecha, y las típicas lavadas de manos de la Cancillería y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se desconocen los fallos judiciales de los últimos años, las conclusiones de la Comisión de la verdad y se ofende, una vez más, la dignidad de las víctimas. Quizás el nombre del abogado Rafael Nieto Loaiza a muchos colombianos no les diga nada, o les diga muy poco, sin embargo, su nombre tomó enorme resonancia en el país al comienzo de esta semana cuando se conoció la respuesta, que como defensor del Estado, presentó ante la Corte IDH en el Caso No. 10.738, en la cual niega lo que ya la justicia colombiana demostró hace tiempo: la desaparición forzada de 12 ciudadanos colombianos a manos del Ejército de Colombia. Asimismo, el “defensor” del Estado que, por cierto más parece su verdugo, afirma que la toma del Palacio de Justicia fue responsabilidad exclusiva de la guerrilla del M-19, que no hay víctimas de tortura y que los 12 desaparecidos, fallecieron a causa de la conflagración, seguramente propiciada por los mismos guerrilleros. "Los civiles desaparecidos perecieron calcinados bajo la custodia del grupo insurgente que los tomó como rehenes al interior del Palacio de Justicia (...) Entonces, la presunta violación a sus derechos obedeció, única y exclusivamente, a la acción de un tercero." Además de estas afirmaciones, el abogado Nieto Loaiza sostiene que en el caso “del exmagistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, "no fue ni desaparecido ni ejecutado por agentes del Estado" y que está plenamente probado que "su muerte sucedió en el Palacio de Justicia cuando miembros del M-19 lo asesinaron." Luego alega que en virtud del principio de irretroactividad de las normas internacionales, la Corte IDH, carece de competencia ratione temporis para conocer sobre las presuntas violaciones a la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, en relación con el señor Carlos Horacio Urán. “Aunque la jurisprudencia de la Corte IDH ha aceptado la posibilidad de avocar competencia respecto de hechos continuados con anterioridad a la vigencia de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, pero que se mantienen en el tiempo luego de la entrada en vigencia, dicha circunstancia no se evidencia en el presente caso respecto de la presunta desaparición del señor Urán Rojas, en cuanto como se manifestó, la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, fue radicada por el Estado de Colombia el 12 de abril de 2005 y la presunta desaparición del señor Urán ocurrió entre el 6 y el 8 de noviembre de 1985; es decir, la desaparición había cesado en sus efectos diez años antes de la entrada en vigencia de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas.” Según se puede interpretar de esta respuesta, resulta irrelevante el hecho, ya demostrado, de que el abogado Carlos Horacio Urán salió con vida del Palacio y luego fue ejecutado por la fuerza pública, al parecer, con un tiro de gracia ; lo realmente importante para la defensa del Estado es evitar una fuerte condena, que las víctimas sean reconocidas internacionalmente y debidamente reparadas, y que los directos responsables de este crimen de lesa humanidad sean plenamente identificados y ejemplarmente sancionados. Claramente su estrategia responde a los miopes intereses de las Fuerzas Militares. Nieto Loaiza tergiversa peligrosamente la historia, especula irresponsablemente, niega de manera malintencionada lo que la ya fue comprobado, y desafía la veracidad de los elementos, que después de más de dos décadas, ya fueron aclarados y resueltos por la justicia colombiana. “Cita los libros del confeso narcoterrorista Popeye y de la exdiva de la televisión Virginia Vallejo para argumentar nexos del M-19 con el narcotráfico; asegura que al jefe guerrillero Iván Marino Ospina lo dieron de baja en una casa del narcotraficante José Santacruz y hasta sostiene que al periodista Guillermo Cano lo asesinaron en represalia por haber escrito acusando al narcotráfico del asalto al Palacio de Justicia. […] Al menos en El Espectador está claro que a su director no lo asesinaron por lo que arguye Nieto Loaiza. En cambio, las sentencias del Consejo de Estado o los avances investigativos de la Fiscalía y los jueces ya han esclarecido mucho de lo que sucedió. Aun así, en cuanto al análisis pormenorizado de cada una de las once personas denunciadas como desaparecidas, los comentarios son sorprendentes. Ni siquiera se admite un caso probado: la desaparición de Irma Franco. Nieto Loaiza insiste en hechos no probados. Por ejemplo, que el administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez, murió en el Palacio de Justicia y que su detención fue invento de un testigo falso llamado Ricardo Gámez. No agrega, en cambio, que otros testigos han afirmado también bajo la gravedad del juramento que lo vieron con vida saliendo del Palacio. En cuanto a la desaparecida Cristina del Pilar Guarín, el alegato se dedica más a descalificar a su hermano René, por haber pertenecido al M-19, que a demostrar qué fue lo que sucedió con ella. […] Otra conclusión debatible es la de rechazar que la CIDH establezca responsabilidades en las torturas y tratos degradantes a los que fueron sometidos, entre otros, los entonces estudiantes de la Universidad Externado Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo, quienes accidentalmente se encontraban en el Palacio en el momento del ataque. Nieto se limitó a citar al general Jesús Armando Arias Cabrales diciendo que sí hubo detenidos para indagar en la Casa del Florero, pero que el caso se solucionó “sin novedad alguna.”” Semejantes ultrajes a la memoria histórica del país, a la dignidad de las víctimas y a los contados fallos judiciales -con los cuales se ha querido desafiar tantos años de ignominia e impunidad- como el proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 1993 y por el Consejo de Estado en 1994 por la desaparición de 12 personas en el Palacio de Justicia, entre otros, no sólo provocaron la molestia de las víctimas, juristas y defensores de Derecho Humanos, sino que además, llevaron a que la sociedad se interrogara sobre la seriedad y la honorabilidad con la que el Estado responde ante la justicia internacional. El portal la Silla Vacía, recordó que existen “tres sentencias judiciales que reconocen que hubo desaparecidos. Dos del coronel Plazas Vega, que en primera y segunda instancia lo condenan por dos desapariciones, y una del general Arias Cabrales, que era el comandante de la Brigada 13 y quien comandó la operación de retoma del Palacio, condenado en primera instancia por la desaparición de 11 personas. Incluso, la defensa de Plazas Vega reconoce la existencia de una desaparecida, Irma Franco, aunque afirma que el coronel retirado no tuvo nada que ver con ella. Para la Comisión de la Verdad, que fue creada por la Corte Suprema en 2005 para esclarecer estos hechos, no existe duda alguna de que empleados de la cafetería y algunos visitantes ocasionales fueron víctimas de desaparición forzada. “Todos ellos, indiscutiblemente, ingresaron con vida al Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985 y, hasta el momento, 24 años después, se desconoce su paradero”, dice el informe de la Comisión. En una declaración reciente, el capitán Óscar William Vásquez Rodríguez, agente del B2 de la época, confesó que no solo el Ejército detuvo y torturó a varias de las personas que se encontraban en la cafetería, sino que también lo hicieron la Policía y el DAS” El desconcierto que produjo tan deleznable defensa del Estado, llevó a que analistas políticos, periodistas, abogados, catedráticos y directores de medios dedicaran sus espacios para expresar su profundo malestar, pero también para tratar de entender qué se ocultaba tras esta mal calibrada estrategia, con la cual parecía estarse recurriendo a una típica acción de negacionismo histórico. No hace más de dos meses, afirmaciones similares, expresadas por el mismo abogado ante la Corte IDH por el caso Santo Domingo , le habían salido costosas al Estado colombiano. El resultado en aquella oportunidad, “fue una sentencia en la cual la Corte regañó a Colombia por lo que consideró un argumento deshonesto: defenderse durante todo el trámite del caso alegando la probidad de sus jueces y sus fallos, para luego, en el último minuto, atacarlos y entrar a discutir y negar hechos judicialmente reconocidos.” ¿Cómo es posible que se pretenda emplear la misma estrategia jurídica internacional -estrategia que además de fallida, provocó el enojo de la Corte IDH y expuso a Colombia ante el mundo como un Estado cínico, irresponsable, insensible y sin decoro- de argumentar la incompetencia de la Corte para juzgar el caso y negar los resultados judiciales?. ¿Cómo es posible, que la Defensa del ESTADO, improvise en su trabajo y resulte copiando apartes de la anterior respuesta, la misma que fue rechazada por cínica, y luego envíe un mensaje diciendo que un problema de edición llevó a que “algunos párrafos se ‘empastelaran’? ¿Por qué el presidente Santos, que reconoce la deuda histórica con las víctimas, que ha afirmado públicamente que en los hechos del Palacio de Justicia, “hay al menos 12 personas de las que se desconoce su paradero” -como lo hizo el 4 de noviembre del 2010, en el homenaje a las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia-; que en sus discursos habla de reconciliación, que ha pedido perdón a algunas víctimas de la guerra y la injusticia, como en el caso de las comunidades indígenas del Cauca, del Amazonas, de la masacre de El Salado (Bolívar) y El Tigre (Putumayo); que al parecer se la está jugando por una salida político negociada con las FARC para poner fin a la guerra; que sancionó la Ley 1448 de 2011 donde se establece el deber de la memoria del Estado y las funciones de un Centro de Memoria Histórica, y que además participó recientemente en el lanzamiento de la Alianza ‘Colombia Sin Heridas’, convocado por la Corporación Nuevo Arco Iris, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), las Asociaciones Tierra y Vida, Forjando Futuro y el Partido Liberal , acepta como defensor del Estado colombiano ante la Corte IDH a un abogado totalmente obsecuente con las Fuerzas Militares, que ha sido “llamado a declarar por la Fiscalía General de la Nación en el proceso que se sigue por el denominado escándalo de las "chuzadas" del DAS […] para que responda por la inclusión de su nombre en un plan de infiltración de la Corte Interamericana de DDHH con sede en Costa Rica” y que, además, públicamente a rechazado los fallos judiciales en el caso del Coronel Plazas Vega, condenado por desaparición forzada? La incongruencia es total. ¿Cómo confiar entonces, y creer en las pulcras intenciones de un gobierno tan ambiguo? ¿Por qué Rafael Nito Loaiza “defiende” al Estado? Quizás las credenciales de su padre, el también jurista Rafael Nieto Navia, su propia trayectoria profesional, su compromiso –por no llamarlo de otro modo- con las Fuerzas Militares y el entorno natural común que comparte con el presidente Santos, como miembros de la llamada “oligarquía” bogotana, hayan servicio para que su nombre fuera considerado como defensor del Estado colombiano ante la justicia internacional. Rafael Nieto Loaiza, quien se declara uribista por convicción, (como al parecer lo fue en algún momento el mandatario), es un “abogado socioeconomista, especializado en derecho constitucional e internacional y derechos humanos.” Fue viceministro del Interior y de Justicia del segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez y “en el año 2010 reemplazó a Eduardo Montealegre, actual fiscal general de Colombia, en la defensa del Estado en casos como el de la masacre de Santodomingo, (ocurrida) en 1998, en la que 17 civiles -seis de ellos niños- murieron a causa de un bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). […]Además fue asesor de la comisión redactora de la reforma al Fuero Penal Militar, aprobada en medio de críticas de la comunidad internacional de derechos humanos.” Asimismo, Nieto fue considerado por el presidente Álvaro Uribe como una opción para integrar la terna para Fiscal General de la Nación por sugerencia del Edmundo Del Castillo, Secretario Jurídico de Presidencia. En octubre de 2011, en un foro sobre relaciones internacionales, la férrea posición de Nieto Loaiza en favor de la Justicia Penal Militar y en defensa de 27 militares destituidos por los mal llamados falsos Positivos, “fue recibida en las Fuerzas Militares en un ámbito de franco optimismo, porque al fin alguien les puso los puntos sobre las íes a quienes arruinaron moralmente a la institución uniformada.” Tampoco han pasado desapercibidas para las FF MM su defensa del Coronel Plazas Vega, como se plasma en una columna de opinión publicada por el diario El Colombiano, reproducida por el blog Centro Colombiano de Pensamiento Político-Militar, donde encabeza su texto diciendo: “Aberración: Grave error del entendimiento. Conducta depravada, perversa, o que se aparta de lo aceptado como lícito". Definición de la Real Academia perfecta para calificar la sentencia a Plazas Vega.” Rafael Nieto Loaiza, es amigo de la Fuerzas Militares, desprecia a la izquierda política, o al menos a los marxistas, que según sostiene desde que “aprendieron hace tiempo que el lenguaje es una herramienta vital en la lucha política […] se han vuelto expertos en su manipulación,” y es también, un típico miembro de la oligarquía bogotana. Su padre, Rafael Nieto Navia, hijo de Eduardo Nieto Umaña y doña Teresa Navia Harker de Nieto, es un reconocido abogado de renombre internacional. Fue Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre 1993-1994. Además se ha desempeñado como Juez del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, fue designado como embajador en Suecia con doble acreditación a Dinamarca, Finlandia e Islandia por el presidente Álvaro Uribe Vélez. También fue Juez durante 12 años de la Corte IDH , donde, entre muchos otros casos, le correspondió ser parte del equipo de cuatro jueces que dictó sentencia en el Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia, el 8 de diciembre de 1995. De este loable desempeño, vale recordar su argumento disidente frente al punto uno en el cual la Corte decide que la “República de Colombia ha violado en perjuicio de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana los derechos a la libertad personal y a la vida contenidos en los artículos 7 y 4 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” y su posición disidente en los puntos 6 y 7, que, respectivamente, obliga al Estado “a pagar una justa indemnización a los familiares de las víctimas y a resarcirles los gastos en que hayan incurrido en sus gestiones ante las autoridades colombianas con ocasión de este proceso” e indica que “la forma y cuantía de la indemnización y el resarcimiento de los gastos serán fijados por esta Corte y para ese efecto queda abierto el procedimiento correspondiente. ” Nieto Navía fue designado en el mes de noviembre del 2012 como integrante de la comisión de expertos que realizará un “estudio de los cursos de acción jurídicos en relación con la situación derivada del fallo proferido el pasado 19 de noviembre de 2012 por la Corte Internacional de Justicia” de la Haya, sobre el litigio de Colombia y Nicaragua para la delimitación de la frontera marítima entre ambos países. Antes de ser conocido como destacado abogado internacionalista, Nieto Navia solía ser noticia en las páginas sociales de la prensa nacional. En agosto de 1965, el periódico El Tiempo, anunció en la página 19, que el matrimonio de Rafael Nieto Navia y María Teresa Loaiza Cubides, sería bendecido por al SJ Gabriel Girado, decano de la facultad de Derecho de la Universidad Javeriana el sábado 28 de agosto en la Iglesia Santa Bibiana de Usaquén. También se informa que una vez terminada la ceremonia religiosa, los padres de la novia (don Manuel Loaiza Dennis y Doña Teresa Cubides de Loaiza) ofrecerán una recepción en su residencia, de donde saldrán los desposados en viaje de luna miel a Cartagena y San Andrés.” De esta unión nacieron cuatro hijos: Rafael, Juan Carlos, Pablo y María Teresa. El miércoles 30 de noviembre de 1983, seguramente entre muchas otras publicaciones que daban cuenta de la vida social y triunfos familiares, una nueva noticia en las páginas sociales le informó al país que con motivo del grado de bachiller, que el Gimnasio Moderno le otorgó a su hijo Rafael Nieto Loaiza, sus padres ofrecerían una recepción familiar. Veinte años después, en el 2003, para poder titularse como abogado de la Facultad de Ciencias Jurídicas, del departamento de Derecho Público de la Universidad Javeriana, Rafael Nieto Loaiza, junto a su compañero Teófilo Pineda Estada, presentaron la monografía “Tratamiento de la actividad policial en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional,” cuyo director fue el ex decano Académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Luis Fernando Álvarez Londoño, S.J. Ese mismo año, el joven abogado, que para ese momento registraba en su hoja de vida una destacada actividad laboral como asesor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del PNUD y de la Agencia Sueca de Cooperación, y a quien ya algunos los medios calificaban de experto en temas de defensa, seguridad y justicia y Derecho Internacional Humanitario, fue nombrado, mediante decreto 2068 del 24 de julio de 2003, como viceministro de justicia. Nueve meses después, en el 2004, presentaba su carta de renuncia argumentando diferencias con el ministro de Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, “acerca de la reforma a la justicia, el empadronamiento y las entrevistas con abogados de extraditables.” Sin embargo, Nieto Loaiza, pronto encontró en que ocupar sus días libres. En el 2007, la prensa colombiana informaba que el DAS, a través de la llamada ‘Operación Internet’ había desarrollado una estrategia para desprestigiar a diversas ONGs ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según los documentos revelados, “Rafael Nieto y José Miguel Narváez fungían como “núcleos de apoyo” y la estrategia sería financiada con dineros de colombianos en el exterior y recursos del DAS en el año 2004.” La estrategia de desprestigió se haría a través de la emisión de comunicados públicos en las páginas web ‘Corporación Verdad y Justicia’ y el ‘Servicio Colombiano de Información y Estadística para la prevención del conflicto’. “La Corporación Verdad y Justicia no habría sido la única creada por el DAS. En el folio 176 de la carpeta 53 de 2004, aparece también que incluía en sus planes la creación del colectivo de abogados Simón Bolívar y que sería una página web para manejo de imagen que realizaría convocatorias, publicaciones y comunicados. El Colectivo de Abogados Simón Bolívar sería presentado como una: “ONG de derechos humanos que integra la solidaridad latinoamericana en torno a los principios fundamentales, con sede central en Costa Rica”, Sin embargo, en otra página encontrada en los expedientes, aparece la Situación Real; donde se afirma que el verdadero objetivo que se persigue “es crear una organización no gubernamental que defienda los interés del Estado Colombiano frente a la amenazas que representa la manipulación de la Corte Interamericana de Derechos humanos, con sede en Costa Rica y la CIDH con sede en Washington, por parte de organizaciones no gubernamentales de fachada de grupos al margen de la ley.” Incluso en la documentación de registros y actividades de estos portales de internet, “aparece una carta abierta firmada por la Corporación Verdad y Justicia en la que se rechaza el compromiso del gobierno para pedir perdón a las víctimas por la masacre de la Rochela...” “Estas dos organizaciones también funcionaron como fachadas del DAS en Colombia y desde ellas se realizaron campañas de desprestigio contra defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y miembros de la oposición. En el expediente también hay numerosa documentación respecto a esas "ONGs."” Frente a estos antecedentes, y ante un proceso tan delicado y sensible para el país, como lo es el de los desaparecidos del Palacio de Justicia, resulta alarmante que mientras el discurso del Presidente apunta hacia el reconocimiento de los derechos de las víctimas, así sea parcial, y de las obligaciones del Estado para con ellas, el abogado Nieto Loaiza camina en otra dirección, y como defensor del Estado asume una posición de desacato y desprecio a algunas de las políticas del actual gobierno. Las argumentaciones que Nieto Loaiza expone en la respuesta que envía como agente del Estado de Colombia ante la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye, sin duda alguna, un grave ultraje para los familiares de los desaparecidos: colombianos a los que el Estado aún no les ha regresado los restos de sus seres queridos que fueron víctimas de secuestro, tortura, asesinato y desaparición forzada por acción directa de agentes del Estado cuando se encontraban trabajando, o visitando, la máxima sede de la justicia colombiana. Es también una ofensa para el país, para la democracia, para el actual gobierno, para la justicia nacional e internacional y por supuesto es muestra de un total desprecio por la dignidad humana. Las convicciones personales de Nieto, sean compartidas o no, son y deben ser respetadas como las de cualquier otro ciudadano, pero éstas no pueden empañar el juicio de quien representa al Estado colombiano ante tribunales internacionales de justicia, ni puede sobreponer su incondicional servilismo con las fuerzas castrenses a su deber de mantener la dignidad del Estado ante el mundo y ejercer una representación, ante todo, respetuosa de las víctimas y del sistema judicial de Colombia. Defender el crimen y procurar impunidad, no es actuar en favor de la nación. « ¿Cómo recordar cuando, además de erigirse en dueños de la vida y la muerte de cada hombre, surge la voluntad de adueñarse también al mismo tiempo, de lo que conforma y conserva el recuerdo de cada hombre? Dueños de los hombres y de la memoria de los hombres. Asegurarse del Otro. Aniquilar tanto al hombre como al Otro. Borrar hombres de la lista de los vivos y borrarlos también de la lista de los muertos. Como si no hubieran existido nunca. Y luego borrar la propia lista, devolver una hoja en blanco, y luego hacer desaparecer la hoja misma, reducirla a cenizas, y luego dispersar estas cenizas, y luego disipar el humo y el olor a quemado» El Objeto del siglo de Gérard Wajcman (2001) Buenos Aires: Amorrortu Notas al pie Caso Carlos Augusto Rodríguez Vera y otros (Palacio de Justicia), radicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 9 de febrero de 2012, al considerar que el Estado no cumplió con las recomendaciones contenidas en su Informe. El Caso No. 10.738 se refiere a la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo, Luz Mary Portela León, Norma Constanza Esguerra, Lucy Amparo Oviedo de Arias, Gloria Anzola de Lanao, Ana Rosa Castiblanco Torres e Irma Franco Pineda, y a la desaparición y posterior ejecución del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas, así como la detención y tortura de Yolanda Ernestina Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino, Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis, en el contexto de la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurrida en Bogotá, los días 6 y 7 de noviembre de 1985. EN El Tiempo, “En retoma del Palacio no hubo desaparecidos': Colombia ante Corte IDH”. Redacción Justicia, Bogotá, 18 de febrero de 2013 http://www.eltiempo.com/justicia/retoma-del-palacio-de-justicia-defensa-de-colombia-en-corte-interamericana_12603370-4 Contestación al Informe de admisibilidad y fondo en el Caso 10.738 Rodríguez Vera y Otros. Solicitud de nulidad de unos actos cuasijurisdiccionales surtidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con violación directa de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Falta de competencia ratione temporis de la Corte para conocer sobre las presuntas violaciones a la convención Interamericana sobre Desaparición forzada, en relación con Carlos Horacio Urán Rojas. Fundamentos de Derecho.2.4. Bogotá, 24 de noviembre de 2012. Página 84. Ver también de la página 172 a la 180 “m) Sobre la desaparición y posterior ejecución del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas […] EN El Espectador; “Por homicidio de magistrado Urán rindió indagatoria general (r) Fracica.” Sección Judicial. Bogotá, 10 de febrero de 2011. “El hecho de que el cuerpo sin vida de Urán, tanto como el del comandante guerrillero (Andrés Almarales) y del también magistrado Manuel Gaona hayan aparecido con un hoyo de bala en la frente y con señas de haber sido lavados, las imágenes de televisión en la que se dice haber visto con vida al primero y testimonios de personas que aseguran haberlo visto salir del Palacio llevaron a la exfiscal Ángela María Buitrago a abrir la respectiva indagación por este homicidio. En una de las inspecciones judiciales adelantadas por la ex funcionaria en los archivos del B-2 de la Brigada 13 fue encontrada la billetera del magistrado Urán, agujereada por un disparo; en 2007, ésta fue entregada a su viuda Ana María Bidegain.[…] la exfiscal Buitrago ordenó verificar las necropsias de 17 de los cadáveres, entre los cuales se encontraban los de varios guerrilleros como Andrés Almarales y de los magistrados Gaona y Urán; la indagación llevó también a la apertura de investigación preliminar por la presunta desaparición del comandante de la operación de toma del Palacio, el guerrillero Luis Otero.” Ver: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-250113-homicidio-de-magistrado-uran-rindio-indagatoria-general-r-fracic En El Espectador; “Palacio de Justicia: Una defensa que olvida la historia” Sección Judicial. Bogotá, 19 de febrero de 2013. Ver: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-405851-palacio-de-justicia-una-defensa-olvida-historia El número de personas desaparecidas durante la toma y contratoma del Palacio de Justicia no ha sido determinado cabalmente, pues no se registra al comandante guerrillero Luis Otero ni a otros combatientes del M-19 que presuntamente fueron víctimas de los mismos crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes y mandos militares. León, Juanita; “Defensa del Palacio de Justicia: ¿qué verdad pueden esperar las víctimas del gobierno de Santos?. La Silla Vacía, Bogotá, 19 de Febrero de 2013. Ver: http://www.lasillavacia.com/historia/defensa-del-palacio-de-justicia-que-verdad-pueden-esperar-las-victimas-del-gobierno-de-sant Caso masacre de Santo Domingo Vs. Colombia; “El 30 de noviembre de 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos […] dictó una Sentencia, mediante la cual declaró responsable internacionalmente a la República de Colombia por las violaciones de derechos humanos cometidas por el lanzamiento de un dispositivo explosivo por parte de la Fuerza Aérea Colombiana el 13 de diciembre de 1998 en el caserío de Santo Domingo, del Departamento de Arauca en Colombia” Ver resumen en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_259_esp.pdf Ver Sentencia de 30 de noviembre de 2012: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_259_esp.pdf Sánchez, Nelson Camilo; “Palacio de Justicia: ¿la mejor defensa es el ataque?” Sección Opinión, Bogotá, 19 de febrero de 2013. EN Revista Semana. Ver: http://www.semana.com/opinion/articulo/palacio-justicia-la-mejor-defensa-ataque/333967-3 EN Caracol Radio; “Santos había rendido homenaje a víctimas del Palacio de Justicia, incluso a desaparecidos.” Bogotá, 21 de febrero de 2013. “al, el presidente Juan Manuel Santos reconoció públicamente que “ Y Santos no se quedó allí, reconoció además que estas víctimas debían ser honradas y su verdad rescatada. En sus palabras: Santos también dijo: “No podemos olvidar tampoco, en este homenaje, a aquellos sobre los que no se tiene noticia cierta de su paradero, cuya realidad debe conocerse -¡es imperioso que se conozca!- por el bien moral de nuestra sociedad y de nuestro Estado”. Artículo 143 de la Ley 1448 de 2011. Ley de Víctimas y restitución de tierras Artículo 144 de la Ley 1448 de 2011. Ley de Víctimas y restitución de tierras Corporación Nuevo Arco Iris; “Se lanzó alianza Colombia sin heridas”. Bogotá, 19 de febrero de 2013. ver: http://www.arcoiris.com.co/2013/02/se-lanzo-alianza-colombia-sin-heridas/ Para más información consultar: Biblioteca de la Escuela Superior de Guerra, publicaciones de Rafael Nieto Loaiza. http://190.24.128.98/pmb/opac_css/index.php?lvl=show_cart // Ver También; EN El Espectador; “"Militares me objetaron porque yo quería que la Nación aceptara responsabilidades" Entrevista al abogado Jorge Enrique Ibáñez “¿Por qué cree que Rafael Nieto Loaiza no tuvo en cuenta esos fallos? Él tenía la autonomía profesional para establecer la estrategia de defensa que mejor le pareciera. Hasta donde tengo entendido, lo hizo con base en los lineamientos del Ministerio de Defensa” EQUIPO NIZKOR; “Rafael Nieto Loaiza, llamado a declarar por escándalo del DAS”. Bogotá, 13 de febrero de 2013. “El nombre de Nieto Loaiza aparece junto al de José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS actualmente detenido, en el cuaderno 126 -folio 179- del expediente de la Fiscalía Delegada 11 ante la Corte Suprema de Justicia. A ambos se les califica como "núcleos de apoyo directo" para una fachada del DAS que sería creada en la capital costarricense bajo el nombre de "Colectivo de Abogados Simón Bolívar". Ver: http://justiciaypazcolombia.com/Rafael-Nieto-Loaiza-llamado-a#.USTHNiKD46Q.twitter En EL Espectador; Rafael Nieto Loaiza aclara”. Carta de los lectores. Bogotá, 25 de diciembre de 2008 Registro en la página Web del diario El País de Cali. Ver: http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/rafael-nieto-loaiza/incitando-golpe Equipo Nizkor; Rafael Nieto Loaiza, llamado a declarar por escándalo del DAS”. Bogotá, 30 de diciembre de 2012. Ver: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/loaiza.html EN Revista Cambio; “Rafael Nieto Loaiza tiene la primera opción para integrar la terna para fiscal” EN El Nuevo Sigo; “La rebelión del Nieto Loaiza”. Columna, 4 de octubre de 2011. Ver: http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2011-la-rebeli%C3%B3n-del-nieto-loaiza.html Este blog, afirma tener como “propósito esencial es el de apoyar a las Fuerzas Militares en la compleja tarea del cumplimiento de la Misión Constitucional. También asegura que se trata de “un grupo de colombianos, militares y civiles de reconocida experiencia a nivel nacional e internacional, conformado para analizar y debatir problemas importantes sobre la defensa y seguridad nacional". Nieto, Loaiza, Rafael; “Aberrante”. Bogotá, febrero 5 de 2012. Ver: http://www.pensamientopolitico-militar.blogspot.com/ Nieto, Loaiza, Rafael;“Caraduras” Blog La otra mitad de las verdades a medias. Bogotá, febrero de 2013. Ver: http://laotramitaddelaverdad.blogspot.com/2013/02/caraduras.html Datos tomados de http://en.wikipedia.org/wiki/Rafael_Nieto_Navia Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia, Sentencia de 8 de diciembre de 1995. VIII 1. Decide que la República de Colombia ha violado en perjuicio de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana los derechos a la libertad personal y a la vida contenidos en los artículos 7 y 4 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Páginas 23 -24. San José de Costa Rica, 8 de diciembre de 1995.Ver: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_22_esp.pdf. Para conocer el argumento del VOTO DISIDENTE DEL JUEZ NIETO NAVIA ir de las páginas 26 (1) a la 32 (7) EN El Espectador; "No existe la palabra desacatar": Rafael Nieto Navia”. Sección Mundo, Bogotá, 27 de noviembre de 2013. Ver: http://m.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-389494-no-existe-palabra-desacatar-rafael-nieto-navia http://news.google.com/newspapers?nid=1706&dat=19650826&id=0n0cAAAAIBAJ&sjid=3WMEAAAAIBAJ&pg=610,4142738 http://news.google.com/newspapers?nid=1706&dat=19831130&id=lcEqAAAAIBAJ&sjid=t2cEAAAAIBAJ&pg=886,95191 Para consultar la tesis ir a: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS75.pdf EN El Tiempo; “El Protagonista - Rafael Nieto Loaiza Viceministro de Justicia”. Índice. Bogotá, 10 de marzo de 2004. Ver: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1535458 EN Caracol Radio; “DAS definió estrategia para desprestigiar ONG ante la CIDH con Rafael Nieto y José Miguel Narváez como “núcleos de apoyo.” Bogotá, 7 de diciembre de 2011. Ver: http://www.caracol.com.co/noticias/regional/das-definio-estrategia-para-desprestigiar-ong-ante-la-cidh-con-rafael-nieto-y-jose-miguel-narvaez-como-nucleos-de-apoyo/20111207/nota/1589136.aspx Ídem Ídem Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; “Rafael Nieto Loaiza, llamado a declarar por escándalo del DAS”. Ver: http://justiciaypazcolombia.com/Rafael-Nieto-Loaiza-llamado-a