Rafael Nieto Loaiza, de investigado a defensor del Estado ante la Corte IDH

Bogotá, febrero de 2013 Rafael Nieto Loaiza, de investigado a defensor del Estado ante la Corte IDH La indemostrable no existencia de los desaparecidos en el Palacio de Justicia ante la Corte IDH Estas palabras referidas por Primo Levi, que los SS dijeron a Simone Wiesenthal y los otros al llegar al campo: «Termine como termine, esta guerra ya le hemos ganado contra ustedes; no quedará ninguno para dar testimonio, pero incluso si algunos se salvaran, el mundo no les creerá. Podrá haber sospechas, discusiones, investigaciones realizadas por historiadores, pero no habrá certezas, porque al destruirlos a ustedes destruiremos las pruebas. E incluso si algunas subsistieran y si algunos de ustedes sobrevivieran, la gente dirá que los hechos que cuentan son demasiado monstruosos para ser creídos» El Objeto del siglo Gérard Wajcman El pasado lunes 18 de febrero, la prensa nacional publicó algunos apartes del documento de defensa que el Estado colombiano presentó ante la Corte IDH por el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia. En el texto, que desató un enorme malestar nacional, seguramente también el regocijo de algunos sectores de la extrema derecha, y las típicas lavadas de manos de la Cancillería y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se desconocen los fallos judiciales de los últimos años, las conclusiones de la Comisión de la verdad y se ofende, una vez más, la dignidad de las víctimas. Quizás el nombre del abogado Rafael Nieto Loaiza a muchos colombianos no les diga nada, o les diga muy poco, sin embargo, su nombre tomó enorme resonancia en el país al comienzo de esta semana cuando se conoció la respuesta, que como defensor del Estado, presentó ante la Corte IDH en el Caso No. 10.738, en la cual niega lo que ya la justicia colombiana demostró hace tiempo: la desaparición forzada de 12 ciudadanos colombianos a manos del Ejército de Colombia. Asimismo, el “defensor” del Estado que, por cierto más parece su verdugo, afirma que la toma del Palacio de Justicia fue responsabilidad exclusiva de la guerrilla del M-19, que no hay víctimas de tortura y que los 12 desaparecidos, fallecieron a causa de la conflagración, seguramente propiciada por los mismos guerrilleros. "Los civiles desaparecidos perecieron calcinados bajo la custodia del grupo insurgente que los tomó como rehenes al interior del Palacio de Justicia (...) Entonces, la presunta violación a sus derechos obedeció, única y exclusivamente, a la acción de un tercero." Además de estas afirmaciones, el abogado Nieto Loaiza sostiene que en el caso “del exmagistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, "no fue ni desaparecido ni ejecutado por agentes del Estado" y que está plenamente probado que "su muerte sucedió en el Palacio de Justicia cuando miembros del M-19 lo asesinaron." Luego alega que en virtud del principio de irretroactividad de las normas internacionales, la Corte IDH, carece de competencia ratione temporis para conocer sobre las presuntas violaciones a la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, en relación con el señor Carlos Horacio Urán. “Aunque la jurisprudencia de la Corte IDH ha aceptado la posibilidad de avocar competencia respecto de hechos continuados con anterioridad a la vigencia de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, pero que se mantienen en el tiempo luego de la entrada en vigencia, dicha circunstancia no se evidencia en el presente caso respecto de la presunta desaparición del señor Urán Rojas, en cuanto como se manifestó, la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, fue radicada por el Estado de Colombia el 12 de abril de 2005 y la presunta desaparición del señor Urán ocurrió entre el 6 y el 8 de noviembre de 1985; es decir, la desaparición había cesado en sus efectos diez años antes de la entrada en vigencia de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas.” Según se puede interpretar de esta respuesta, resulta irrelevante el hecho, ya demostrado, de que el abogado Carlos Horacio Urán salió con vida del Palacio y luego fue ejecutado por la fuerza pública, al parecer, con un tiro de gracia ; lo realmente importante para la defensa del Estado es evitar una fuerte condena, que las víctimas sean reconocidas internacionalmente y debidamente reparadas, y que los directos responsables de este crimen de lesa humanidad sean plenamente identificados y ejemplarmente sancionados. Claramente su estrategia responde a los miopes intereses de las Fuerzas Militares. Nieto Loaiza tergiversa peligrosamente la historia, especula irresponsablemente, niega de manera malintencionada lo que la ya fue comprobado, y desafía la veracidad de los elementos, que después de más de dos décadas, ya fueron aclarados y resueltos por la justicia colombiana. “Cita los libros del confeso narcoterrorista Popeye y de la exdiva de la televisión Virginia Vallejo para argumentar nexos del M-19 con el narcotráfico; asegura que al jefe guerrillero Iván Marino Ospina lo dieron de baja en una casa del narcotraficante José Santacruz y hasta sostiene que al periodista Guillermo Cano lo asesinaron en represalia por haber escrito acusando al narcotráfico del asalto al Palacio de Justicia. […] Al menos en El Espectador está claro que a su director no lo asesinaron por lo que arguye Nieto Loaiza. En cambio, las sentencias del Consejo de Estado o los avances investigativos de la Fiscalía y los jueces ya han esclarecido mucho de lo que sucedió. Aun así, en cuanto al análisis pormenorizado de cada una de las once personas denunciadas como desaparecidas, los comentarios son sorprendentes. Ni siquiera se admite un caso probado: la desaparición de Irma Franco. Nieto Loaiza insiste en hechos no probados. Por ejemplo, que el administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez, murió en el Palacio de Justicia y que su detención fue invento de un testigo falso llamado Ricardo Gámez. No agrega, en cambio, que otros testigos han afirmado también bajo la gravedad del juramento que lo vieron con vida saliendo del Palacio. En cuanto a la desaparecida Cristina del Pilar Guarín, el alegato se dedica más a descalificar a su hermano René, por haber pertenecido al M-19, que a demostrar qué fue lo que sucedió con ella. […] Otra conclusión debatible es la de rechazar que la CIDH establezca responsabilidades en las torturas y tratos degradantes a los que fueron sometidos, entre otros, los entonces estudiantes de la Universidad Externado Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo, quienes accidentalmente se encontraban en el Palacio en el momento del ataque. Nieto se limitó a citar al general Jesús Armando Arias Cabrales diciendo que sí hubo detenidos para indagar en la Casa del Florero, pero que el caso se solucionó “sin novedad alguna.”” Semejantes ultrajes a la memoria histórica del país, a la dignidad de las víctimas y a los contados fallos judiciales -con los cuales se ha querido desafiar tantos años de ignominia e impunidad- como el proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 1993 y por el Consejo de Estado en 1994 por la desaparición de 12 personas en el Palacio de Justicia, entre otros, no sólo provocaron la molestia de las víctimas, juristas y defensores de Derecho Humanos, sino que además, llevaron a que la sociedad se interrogara sobre la seriedad y la honorabilidad con la que el Estado responde ante la justicia internacional. El portal la Silla Vacía, recordó que existen “tres sentencias judiciales que reconocen que hubo desaparecidos. Dos del coronel Plazas Vega, que en primera y segunda instancia lo condenan por dos desapariciones, y una del general Arias Cabrales, que era el comandante de la Brigada 13 y quien comandó la operación de retoma del Palacio, condenado en primera instancia por la desaparición de 11 personas. Incluso, la defensa de Plazas Vega reconoce la existencia de una desaparecida, Irma Franco, aunque afirma que el coronel retirado no tuvo nada que ver con ella. Para la Comisión de la Verdad, que fue creada por la Corte Suprema en 2005 para esclarecer estos hechos, no existe duda alguna de que empleados de la cafetería y algunos visitantes ocasionales fueron víctimas de desaparición forzada. “Todos ellos, indiscutiblemente, ingresaron con vida al Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985 y, hasta el momento, 24 años después, se desconoce su paradero”, dice el informe de la Comisión. En una declaración reciente, el capitán Óscar William Vásquez Rodríguez, agente del B2 de la época, confesó que no solo el Ejército detuvo y torturó a varias de las personas que se encontraban en la cafetería, sino que también lo hicieron la Policía y el DAS” El desconcierto que produjo tan deleznable defensa del Estado, llevó a que analistas políticos, periodistas, abogados, catedráticos y directores de medios dedicaran sus espacios para expresar su profundo malestar, pero también para tratar de entender qué se ocultaba tras esta mal calibrada estrategia, con la cual parecía estarse recurriendo a una típica acción de negacionismo histórico. No hace más de dos meses, afirmaciones similares, expresadas por el mismo abogado ante la Corte IDH por el caso Santo Domingo , le habían salido costosas al Estado colombiano. El resultado en aquella oportunidad, “fue una sentencia en la cual la Corte regañó a Colombia por lo que consideró un argumento deshonesto: defenderse durante todo el trámite del caso alegando la probidad de sus jueces y sus fallos, para luego, en el último minuto, atacarlos y entrar a discutir y negar hechos judicialmente reconocidos.” ¿Cómo es posible que se pretenda emplear la misma estrategia jurídica internacional -estrategia que además de fallida, provocó el enojo de la Corte IDH y expuso a Colombia ante el mundo como un Estado cínico, irresponsable, insensible y sin decoro- de argumentar la incompetencia de la Corte para juzgar el caso y negar los resultados judiciales?. ¿Cómo es posible, que la Defensa del ESTADO, improvise en su trabajo y resulte copiando apartes de la anterior respuesta, la misma que fue rechazada por cínica, y luego envíe un mensaje diciendo que un problema de edición llevó a que “algunos párrafos se ‘empastelaran’? ¿Por qué el presidente Santos, que reconoce la deuda histórica con las víctimas, que ha afirmado públicamente que en los hechos del Palacio de Justicia, “hay al menos 12 personas de las que se desconoce su paradero” -como lo hizo el 4 de noviembre del 2010, en el homenaje a las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia-; que en sus discursos habla de reconciliación, que ha pedido perdón a algunas víctimas de la guerra y la injusticia, como en el caso de las comunidades indígenas del Cauca, del Amazonas, de la masacre de El Salado (Bolívar) y El Tigre (Putumayo); que al parecer se la está jugando por una salida político negociada con las FARC para poner fin a la guerra; que sancionó la Ley 1448 de 2011 donde se establece el deber de la memoria del Estado y las funciones de un Centro de Memoria Histórica, y que además participó recientemente en el lanzamiento de la Alianza ‘Colombia Sin Heridas’, convocado por la Corporación Nuevo Arco Iris, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), las Asociaciones Tierra y Vida, Forjando Futuro y el Partido Liberal , acepta como defensor del Estado colombiano ante la Corte IDH a un abogado totalmente obsecuente con las Fuerzas Militares, que ha sido “llamado a declarar por la Fiscalía General de la Nación en el proceso que se sigue por el denominado escándalo de las "chuzadas" del DAS […] para que responda por la inclusión de su nombre en un plan de infiltración de la Corte Interamericana de DDHH con sede en Costa Rica” y que, además, públicamente a rechazado los fallos judiciales en el caso del Coronel Plazas Vega, condenado por desaparición forzada? La incongruencia es total. ¿Cómo confiar entonces, y creer en las pulcras intenciones de un gobierno tan ambiguo? ¿Por qué Rafael Nito Loaiza “defiende” al Estado? Quizás las credenciales de su padre, el también jurista Rafael Nieto Navia, su propia trayectoria profesional, su compromiso –por no llamarlo de otro modo- con las Fuerzas Militares y el entorno natural común que comparte con el presidente Santos, como miembros de la llamada “oligarquía” bogotana, hayan servicio para que su nombre fuera considerado como defensor del Estado colombiano ante la justicia internacional. Rafael Nieto Loaiza, quien se declara uribista por convicción, (como al parecer lo fue en algún momento el mandatario), es un “abogado socioeconomista, especializado en derecho constitucional e internacional y derechos humanos.” Fue viceministro del Interior y de Justicia del segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez y “en el año 2010 reemplazó a Eduardo Montealegre, actual fiscal general de Colombia, en la defensa del Estado en casos como el de la masacre de Santodomingo, (ocurrida) en 1998, en la que 17 civiles -seis de ellos niños- murieron a causa de un bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). […]Además fue asesor de la comisión redactora de la reforma al Fuero Penal Militar, aprobada en medio de críticas de la comunidad internacional de derechos humanos.” Asimismo, Nieto fue considerado por el presidente Álvaro Uribe como una opción para integrar la terna para Fiscal General de la Nación por sugerencia del Edmundo Del Castillo, Secretario Jurídico de Presidencia. En octubre de 2011, en un foro sobre relaciones internacionales, la férrea posición de Nieto Loaiza en favor de la Justicia Penal Militar y en defensa de 27 militares destituidos por los mal llamados falsos Positivos, “fue recibida en las Fuerzas Militares en un ámbito de franco optimismo, porque al fin alguien les puso los puntos sobre las íes a quienes arruinaron moralmente a la institución uniformada.” Tampoco han pasado desapercibidas para las FF MM su defensa del Coronel Plazas Vega, como se plasma en una columna de opinión publicada por el diario El Colombiano, reproducida por el blog Centro Colombiano de Pensamiento Político-Militar, donde encabeza su texto diciendo: “Aberración: Grave error del entendimiento. Conducta depravada, perversa, o que se aparta de lo aceptado como lícito". Definición de la Real Academia perfecta para calificar la sentencia a Plazas Vega.” Rafael Nieto Loaiza, es amigo de la Fuerzas Militares, desprecia a la izquierda política, o al menos a los marxistas, que según sostiene desde que “aprendieron hace tiempo que el lenguaje es una herramienta vital en la lucha política […] se han vuelto expertos en su manipulación,” y es también, un típico miembro de la oligarquía bogotana. Su padre, Rafael Nieto Navia, hijo de Eduardo Nieto Umaña y doña Teresa Navia Harker de Nieto, es un reconocido abogado de renombre internacional. Fue Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre 1993-1994. Además se ha desempeñado como Juez del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, fue designado como embajador en Suecia con doble acreditación a Dinamarca, Finlandia e Islandia por el presidente Álvaro Uribe Vélez. También fue Juez durante 12 años de la Corte IDH , donde, entre muchos otros casos, le correspondió ser parte del equipo de cuatro jueces que dictó sentencia en el Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia, el 8 de diciembre de 1995. De este loable desempeño, vale recordar su argumento disidente frente al punto uno en el cual la Corte decide que la “República de Colombia ha violado en perjuicio de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana los derechos a la libertad personal y a la vida contenidos en los artículos 7 y 4 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” y su posición disidente en los puntos 6 y 7, que, respectivamente, obliga al Estado “a pagar una justa indemnización a los familiares de las víctimas y a resarcirles los gastos en que hayan incurrido en sus gestiones ante las autoridades colombianas con ocasión de este proceso” e indica que “la forma y cuantía de la indemnización y el resarcimiento de los gastos serán fijados por esta Corte y para ese efecto queda abierto el procedimiento correspondiente. ” Nieto Navía fue designado en el mes de noviembre del 2012 como integrante de la comisión de expertos que realizará un “estudio de los cursos de acción jurídicos en relación con la situación derivada del fallo proferido el pasado 19 de noviembre de 2012 por la Corte Internacional de Justicia” de la Haya, sobre el litigio de Colombia y Nicaragua para la delimitación de la frontera marítima entre ambos países. Antes de ser conocido como destacado abogado internacionalista, Nieto Navia solía ser noticia en las páginas sociales de la prensa nacional. En agosto de 1965, el periódico El Tiempo, anunció en la página 19, que el matrimonio de Rafael Nieto Navia y María Teresa Loaiza Cubides, sería bendecido por al SJ Gabriel Girado, decano de la facultad de Derecho de la Universidad Javeriana el sábado 28 de agosto en la Iglesia Santa Bibiana de Usaquén. También se informa que una vez terminada la ceremonia religiosa, los padres de la novia (don Manuel Loaiza Dennis y Doña Teresa Cubides de Loaiza) ofrecerán una recepción en su residencia, de donde saldrán los desposados en viaje de luna miel a Cartagena y San Andrés.” De esta unión nacieron cuatro hijos: Rafael, Juan Carlos, Pablo y María Teresa. El miércoles 30 de noviembre de 1983, seguramente entre muchas otras publicaciones que daban cuenta de la vida social y triunfos familiares, una nueva noticia en las páginas sociales le informó al país que con motivo del grado de bachiller, que el Gimnasio Moderno le otorgó a su hijo Rafael Nieto Loaiza, sus padres ofrecerían una recepción familiar. Veinte años después, en el 2003, para poder titularse como abogado de la Facultad de Ciencias Jurídicas, del departamento de Derecho Público de la Universidad Javeriana, Rafael Nieto Loaiza, junto a su compañero Teófilo Pineda Estada, presentaron la monografía “Tratamiento de la actividad policial en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional,” cuyo director fue el ex decano Académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Luis Fernando Álvarez Londoño, S.J. Ese mismo año, el joven abogado, que para ese momento registraba en su hoja de vida una destacada actividad laboral como asesor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del PNUD y de la Agencia Sueca de Cooperación, y a quien ya algunos los medios calificaban de experto en temas de defensa, seguridad y justicia y Derecho Internacional Humanitario, fue nombrado, mediante decreto 2068 del 24 de julio de 2003, como viceministro de justicia. Nueve meses después, en el 2004, presentaba su carta de renuncia argumentando diferencias con el ministro de Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, “acerca de la reforma a la justicia, el empadronamiento y las entrevistas con abogados de extraditables.” Sin embargo, Nieto Loaiza, pronto encontró en que ocupar sus días libres. En el 2007, la prensa colombiana informaba que el DAS, a través de la llamada ‘Operación Internet’ había desarrollado una estrategia para desprestigiar a diversas ONGs ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según los documentos revelados, “Rafael Nieto y José Miguel Narváez fungían como “núcleos de apoyo” y la estrategia sería financiada con dineros de colombianos en el exterior y recursos del DAS en el año 2004.” La estrategia de desprestigió se haría a través de la emisión de comunicados públicos en las páginas web ‘Corporación Verdad y Justicia’ y el ‘Servicio Colombiano de Información y Estadística para la prevención del conflicto’. “La Corporación Verdad y Justicia no habría sido la única creada por el DAS. En el folio 176 de la carpeta 53 de 2004, aparece también que incluía en sus planes la creación del colectivo de abogados Simón Bolívar y que sería una página web para manejo de imagen que realizaría convocatorias, publicaciones y comunicados. El Colectivo de Abogados Simón Bolívar sería presentado como una: “ONG de derechos humanos que integra la solidaridad latinoamericana en torno a los principios fundamentales, con sede central en Costa Rica”, Sin embargo, en otra página encontrada en los expedientes, aparece la Situación Real; donde se afirma que el verdadero objetivo que se persigue “es crear una organización no gubernamental que defienda los interés del Estado Colombiano frente a la amenazas que representa la manipulación de la Corte Interamericana de Derechos humanos, con sede en Costa Rica y la CIDH con sede en Washington, por parte de organizaciones no gubernamentales de fachada de grupos al margen de la ley.” Incluso en la documentación de registros y actividades de estos portales de internet, “aparece una carta abierta firmada por la Corporación Verdad y Justicia en la que se rechaza el compromiso del gobierno para pedir perdón a las víctimas por la masacre de la Rochela...” “Estas dos organizaciones también funcionaron como fachadas del DAS en Colombia y desde ellas se realizaron campañas de desprestigio contra defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y miembros de la oposición. En el expediente también hay numerosa documentación respecto a esas "ONGs."” Frente a estos antecedentes, y ante un proceso tan delicado y sensible para el país, como lo es el de los desaparecidos del Palacio de Justicia, resulta alarmante que mientras el discurso del Presidente apunta hacia el reconocimiento de los derechos de las víctimas, así sea parcial, y de las obligaciones del Estado para con ellas, el abogado Nieto Loaiza camina en otra dirección, y como defensor del Estado asume una posición de desacato y desprecio a algunas de las políticas del actual gobierno. Las argumentaciones que Nieto Loaiza expone en la respuesta que envía como agente del Estado de Colombia ante la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye, sin duda alguna, un grave ultraje para los familiares de los desaparecidos: colombianos a los que el Estado aún no les ha regresado los restos de sus seres queridos que fueron víctimas de secuestro, tortura, asesinato y desaparición forzada por acción directa de agentes del Estado cuando se encontraban trabajando, o visitando, la máxima sede de la justicia colombiana. Es también una ofensa para el país, para la democracia, para el actual gobierno, para la justicia nacional e internacional y por supuesto es muestra de un total desprecio por la dignidad humana. Las convicciones personales de Nieto, sean compartidas o no, son y deben ser respetadas como las de cualquier otro ciudadano, pero éstas no pueden empañar el juicio de quien representa al Estado colombiano ante tribunales internacionales de justicia, ni puede sobreponer su incondicional servilismo con las fuerzas castrenses a su deber de mantener la dignidad del Estado ante el mundo y ejercer una representación, ante todo, respetuosa de las víctimas y del sistema judicial de Colombia. Defender el crimen y procurar impunidad, no es actuar en favor de la nación. « ¿Cómo recordar cuando, además de erigirse en dueños de la vida y la muerte de cada hombre, surge la voluntad de adueñarse también al mismo tiempo, de lo que conforma y conserva el recuerdo de cada hombre? Dueños de los hombres y de la memoria de los hombres. Asegurarse del Otro. Aniquilar tanto al hombre como al Otro. Borrar hombres de la lista de los vivos y borrarlos también de la lista de los muertos. Como si no hubieran existido nunca. Y luego borrar la propia lista, devolver una hoja en blanco, y luego hacer desaparecer la hoja misma, reducirla a cenizas, y luego dispersar estas cenizas, y luego disipar el humo y el olor a quemado» El Objeto del siglo de Gérard Wajcman (2001) Buenos Aires: Amorrortu Notas al pie Caso Carlos Augusto Rodríguez Vera y otros (Palacio de Justicia), radicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 9 de febrero de 2012, al considerar que el Estado no cumplió con las recomendaciones contenidas en su Informe. El Caso No. 10.738 se refiere a la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo, Luz Mary Portela León, Norma Constanza Esguerra, Lucy Amparo Oviedo de Arias, Gloria Anzola de Lanao, Ana Rosa Castiblanco Torres e Irma Franco Pineda, y a la desaparición y posterior ejecución del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas, así como la detención y tortura de Yolanda Ernestina Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino, Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis, en el contexto de la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurrida en Bogotá, los días 6 y 7 de noviembre de 1985. EN El Tiempo, “En retoma del Palacio no hubo desaparecidos': Colombia ante Corte IDH”. Redacción Justicia, Bogotá, 18 de febrero de 2013 http://www.eltiempo.com/justicia/retoma-del-palacio-de-justicia-defensa-de-colombia-en-corte-interamericana_12603370-4 Contestación al Informe de admisibilidad y fondo en el Caso 10.738 Rodríguez Vera y Otros. Solicitud de nulidad de unos actos cuasijurisdiccionales surtidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con violación directa de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Falta de competencia ratione temporis de la Corte para conocer sobre las presuntas violaciones a la convención Interamericana sobre Desaparición forzada, en relación con Carlos Horacio Urán Rojas. Fundamentos de Derecho.2.4. Bogotá, 24 de noviembre de 2012. Página 84. Ver también de la página 172 a la 180 “m) Sobre la desaparición y posterior ejecución del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas […] EN El Espectador; “Por homicidio de magistrado Urán rindió indagatoria general (r) Fracica.” Sección Judicial. Bogotá, 10 de febrero de 2011. “El hecho de que el cuerpo sin vida de Urán, tanto como el del comandante guerrillero (Andrés Almarales) y del también magistrado Manuel Gaona hayan aparecido con un hoyo de bala en la frente y con señas de haber sido lavados, las imágenes de televisión en la que se dice haber visto con vida al primero y testimonios de personas que aseguran haberlo visto salir del Palacio llevaron a la exfiscal Ángela María Buitrago a abrir la respectiva indagación por este homicidio. En una de las inspecciones judiciales adelantadas por la ex funcionaria en los archivos del B-2 de la Brigada 13 fue encontrada la billetera del magistrado Urán, agujereada por un disparo; en 2007, ésta fue entregada a su viuda Ana María Bidegain.[…] la exfiscal Buitrago ordenó verificar las necropsias de 17 de los cadáveres, entre los cuales se encontraban los de varios guerrilleros como Andrés Almarales y de los magistrados Gaona y Urán; la indagación llevó también a la apertura de investigación preliminar por la presunta desaparición del comandante de la operación de toma del Palacio, el guerrillero Luis Otero.” Ver: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-250113-homicidio-de-magistrado-uran-rindio-indagatoria-general-r-fracic En El Espectador; “Palacio de Justicia: Una defensa que olvida la historia” Sección Judicial. Bogotá, 19 de febrero de 2013. Ver: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-405851-palacio-de-justicia-una-defensa-olvida-historia El número de personas desaparecidas durante la toma y contratoma del Palacio de Justicia no ha sido determinado cabalmente, pues no se registra al comandante guerrillero Luis Otero ni a otros combatientes del M-19 que presuntamente fueron víctimas de los mismos crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes y mandos militares. León, Juanita; “Defensa del Palacio de Justicia: ¿qué verdad pueden esperar las víctimas del gobierno de Santos?. La Silla Vacía, Bogotá, 19 de Febrero de 2013. Ver: http://www.lasillavacia.com/historia/defensa-del-palacio-de-justicia-que-verdad-pueden-esperar-las-victimas-del-gobierno-de-sant Caso masacre de Santo Domingo Vs. Colombia; “El 30 de noviembre de 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos […] dictó una Sentencia, mediante la cual declaró responsable internacionalmente a la República de Colombia por las violaciones de derechos humanos cometidas por el lanzamiento de un dispositivo explosivo por parte de la Fuerza Aérea Colombiana el 13 de diciembre de 1998 en el caserío de Santo Domingo, del Departamento de Arauca en Colombia” Ver resumen en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_259_esp.pdf Ver Sentencia de 30 de noviembre de 2012: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_259_esp.pdf Sánchez, Nelson Camilo; “Palacio de Justicia: ¿la mejor defensa es el ataque?” Sección Opinión, Bogotá, 19 de febrero de 2013. EN Revista Semana. Ver: http://www.semana.com/opinion/articulo/palacio-justicia-la-mejor-defensa-ataque/333967-3 EN Caracol Radio; “Santos había rendido homenaje a víctimas del Palacio de Justicia, incluso a desaparecidos.” Bogotá, 21 de febrero de 2013. “al, el presidente Juan Manuel Santos reconoció públicamente que “ Y Santos no se quedó allí, reconoció además que estas víctimas debían ser honradas y su verdad rescatada. En sus palabras: Santos también dijo: “No podemos olvidar tampoco, en este homenaje, a aquellos sobre los que no se tiene noticia cierta de su paradero, cuya realidad debe conocerse -¡es imperioso que se conozca!- por el bien moral de nuestra sociedad y de nuestro Estado”. Artículo 143 de la Ley 1448 de 2011. Ley de Víctimas y restitución de tierras Artículo 144 de la Ley 1448 de 2011. Ley de Víctimas y restitución de tierras Corporación Nuevo Arco Iris; “Se lanzó alianza Colombia sin heridas”. Bogotá, 19 de febrero de 2013. ver: http://www.arcoiris.com.co/2013/02/se-lanzo-alianza-colombia-sin-heridas/ Para más información consultar: Biblioteca de la Escuela Superior de Guerra, publicaciones de Rafael Nieto Loaiza. http://190.24.128.98/pmb/opac_css/index.php?lvl=show_cart // Ver También; EN El Espectador; “"Militares me objetaron porque yo quería que la Nación aceptara responsabilidades" Entrevista al abogado Jorge Enrique Ibáñez “¿Por qué cree que Rafael Nieto Loaiza no tuvo en cuenta esos fallos? Él tenía la autonomía profesional para establecer la estrategia de defensa que mejor le pareciera. Hasta donde tengo entendido, lo hizo con base en los lineamientos del Ministerio de Defensa” EQUIPO NIZKOR; “Rafael Nieto Loaiza, llamado a declarar por escándalo del DAS”. Bogotá, 13 de febrero de 2013. “El nombre de Nieto Loaiza aparece junto al de José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS actualmente detenido, en el cuaderno 126 -folio 179- del expediente de la Fiscalía Delegada 11 ante la Corte Suprema de Justicia. A ambos se les califica como "núcleos de apoyo directo" para una fachada del DAS que sería creada en la capital costarricense bajo el nombre de "Colectivo de Abogados Simón Bolívar". Ver: http://justiciaypazcolombia.com/Rafael-Nieto-Loaiza-llamado-a#.USTHNiKD46Q.twitter En EL Espectador; Rafael Nieto Loaiza aclara”. Carta de los lectores. Bogotá, 25 de diciembre de 2008 Registro en la página Web del diario El País de Cali. Ver: http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/rafael-nieto-loaiza/incitando-golpe Equipo Nizkor; Rafael Nieto Loaiza, llamado a declarar por escándalo del DAS”. Bogotá, 30 de diciembre de 2012. Ver: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/loaiza.html EN Revista Cambio; “Rafael Nieto Loaiza tiene la primera opción para integrar la terna para fiscal” EN El Nuevo Sigo; “La rebelión del Nieto Loaiza”. Columna, 4 de octubre de 2011. Ver: http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2011-la-rebeli%C3%B3n-del-nieto-loaiza.html Este blog, afirma tener como “propósito esencial es el de apoyar a las Fuerzas Militares en la compleja tarea del cumplimiento de la Misión Constitucional. También asegura que se trata de “un grupo de colombianos, militares y civiles de reconocida experiencia a nivel nacional e internacional, conformado para analizar y debatir problemas importantes sobre la defensa y seguridad nacional". Nieto, Loaiza, Rafael; “Aberrante”. Bogotá, febrero 5 de 2012. Ver: http://www.pensamientopolitico-militar.blogspot.com/ Nieto, Loaiza, Rafael;“Caraduras” Blog La otra mitad de las verdades a medias. Bogotá, febrero de 2013. Ver: http://laotramitaddelaverdad.blogspot.com/2013/02/caraduras.html Datos tomados de http://en.wikipedia.org/wiki/Rafael_Nieto_Navia Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia, Sentencia de 8 de diciembre de 1995. VIII 1. Decide que la República de Colombia ha violado en perjuicio de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana los derechos a la libertad personal y a la vida contenidos en los artículos 7 y 4 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Páginas 23 -24. San José de Costa Rica, 8 de diciembre de 1995.Ver: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_22_esp.pdf. Para conocer el argumento del VOTO DISIDENTE DEL JUEZ NIETO NAVIA ir de las páginas 26 (1) a la 32 (7) EN El Espectador; "No existe la palabra desacatar": Rafael Nieto Navia”. Sección Mundo, Bogotá, 27 de noviembre de 2013. Ver: http://m.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-389494-no-existe-palabra-desacatar-rafael-nieto-navia http://news.google.com/newspapers?nid=1706&dat=19650826&id=0n0cAAAAIBAJ&sjid=3WMEAAAAIBAJ&pg=610,4142738 http://news.google.com/newspapers?nid=1706&dat=19831130&id=lcEqAAAAIBAJ&sjid=t2cEAAAAIBAJ&pg=886,95191 Para consultar la tesis ir a: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS75.pdf EN El Tiempo; “El Protagonista - Rafael Nieto Loaiza Viceministro de Justicia”. Índice. Bogotá, 10 de marzo de 2004. Ver: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1535458 EN Caracol Radio; “DAS definió estrategia para desprestigiar ONG ante la CIDH con Rafael Nieto y José Miguel Narváez como “núcleos de apoyo.” Bogotá, 7 de diciembre de 2011. Ver: http://www.caracol.com.co/noticias/regional/das-definio-estrategia-para-desprestigiar-ong-ante-la-cidh-con-rafael-nieto-y-jose-miguel-narvaez-como-nucleos-de-apoyo/20111207/nota/1589136.aspx Ídem Ídem Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; “Rafael Nieto Loaiza, llamado a declarar por escándalo del DAS”. Ver: http://justiciaypazcolombia.com/Rafael-Nieto-Loaiza-llamado-a

Objeciones al proyecto de Ley Estatutaria del Fuero Militar

Junio 8 de 2013 Nada que garantice impunidad contribuye a crear el clima de confianza que requiere el actual proceso de paz con la guerrilla de las FARC. En el informe de Naciones Unidas, dado a conocer el pasado 30 de mayo, se advierte que el proyecto de ley estatutaria de reforma al fuero militar, parte de una “noción distorsionada del Derecho Internacional Humanitario”. El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José de Jesús Orozco, también declaró que este proyecto no garantiza justicia a las víctimas de la fuerza pública. Pese a las advertencias y recomendaciones públicamente expresadas por altos organismos internacionales y defensores de Derechos Humanos, con sorpresiva diligencia el Senado aprobó la totalidad del proyecto de ley estatutaria de reforma al fuero militar, mientras que de manera casi simultánea, la Cámara de Representantes logró en la madrugada del pasado 12 de junio la aprobación del 60% de los artículos del proyecto, cuyo 40% faltante será debatido el próximo lunes. Una vez culminé este proceso, la iniciativa pasará a conciliación y luego a revisión de la Corte Constitucional. Aun cuando congresistas, ponentes y defensores de la iniciativa han repetido hasta la saciedad, que con esta medida no se busca garantizar impunidad, sino que por el contrario se pretende, de manera consecuente con el Derecho Internacional Humanitario, brindar confianza y seguridad jurídica a las Fuerzas Militares, incluyendo a la policía nacional, varios aspectos contenidos en la normativa encienden la alarma, no sólo en las organizaciones sociales del país, sino también en la comunidad internacional. El congresista Alfonso Prada le dijo a El Espectador que “en el paquete de artículos que hemos aprobado, logramos identificar cómo se va a hacer el proceso de investigación, de acusación y de juzgamiento de los militares en Colombia, acogiendo las tesis del Derecho Internacional Humanitario, modernizando totalmente el procedimiento y garantizando que no va a haber un reino de impunidad, sino todo lo contrario”. El ministro del Interior, Fernando Carrillo Flórez, aseguró que la aprobación del proyecto de ley Estatutaria del Fuero Penal Militar, “significa seguridad jurídica y cero impunidad” . Sin embargo, estas declaraciones no garantizan que así sea, tampoco logran suplir los evidentes vacíos y contradicciones contenidos en la norma respecto a la jurisprudencia internacional, al deber de garantizar los derechos de las víctimas, ni logran aplacar las advertencias hechas, que en vez de ser rechazadas o minimizadas tendrán que ser analizadas con rigor tanto por el Gobierno Nacional como por la Corte Constitucional. Las objeciones de la ONU Además de la preocupación que ha expresado la ONU respecto al enfoque general del proyecto, sus tres principales objeciones presentadas se refieren a los mal llamados ‘falsos positivos’; a la imperiosa necesidad de definir si será la Fiscalía el organismo competente encargado de investigar los casos relacionados con el ‘uso de violencia letal’ y al posible carácter retroactivo de la norma. El representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para Colombia, Todd Howland, declaró que “es importante que cualquier cambio sea de conformidad con las obligaciones que el Estado colombiano tiene con los Derechos Humanos y sugirió analizar la reforma pensando en "mecanismos de justicia posconflicto." Amnistía Internacional también se sumó a las voces críticas del proyecto al advertir el riesgo de que graves crímenes cometidos por agentes estatales sean condenados a la impunidad. "Habida cuenta del control constante que las Fuerzas Armadas ejercen sobre las etapas iniciales de la investigación criminal, se les facilitará el definir las violaciones de derechos humanos como actos legítimos de conflicto, sometidos, por tanto, a la jurisdicción militar." Marcelo Pollack, investigador para Colombia de Amnistía Internacional, advirtió que la aprobación demostraría, una vez más, que Colombia no está dispuesta a investigar y enjuiciar de forma genuina los delitos de derecho internacional. Recordó que pocas personas “han comparecido ante la justicia por estas violaciones y abusos de derechos humanos, y la ley propuesta protegerá a las fuerzas de seguridad de Colombia del procesamiento ante tribunales civiles” “La aprobación podría llevar a la fiscal de la Corte Penal Internacional a intervenir e investigar ella misma los delitos de derecho internacional cometidos en el país desde 2002” - advirtió Pollack,. Estas objeciones, más otras que han sido presentadas por organismos internacionales y organizaciones nacionales no han sido resueltas satisfactoriamente por quienes se empecinan en defender la controversial iniciativa, llegando incluso, como lo advirtió a tiempo el representante Guillermo Rivera, a pasar por alto un mico con el cual se buscaba garantizar la impunidad y cesación de los procesos judiciales contra militares vinculados a graves violaciones a los derechos humanos, como en el caso del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, condenado por su autoría mediata en los delitos de secuestro simple agravado y desaparición forzada agravada en la retoma del Palacio de Justicia. Es igualmente llamativo que justamente cuando se está negociando un acuerdo de Paz con las FARC, que según las partes avanza exitosamente, al mismo tiempo se esté configurando una nueva plataforma para la guerra, mediante la cual, so pretexto de combatir a la guerrilla -que quizás dentro de un año esté desmovilizada- se busca blindar a las FF MM para que puedan desarrollar “sus acciones ofensivas” sin mayor control ni obstáculos jurídicos, en aras de garantizar impunidad por sus crímenes. Los mal llamados ‘falsos positivos’ Frente a las ejecuciones extrajudiciales, denominadas errónea y perversamente ‘Falsos Positivos’, la ONU recomienda que sean tipificados como homicidios y que “la competencia de investigar y juzgar los ‘falsos positivos’ del pasado, esté claramente radicada en los entes competentes de la Rama Judicial, para lo que se debe impedir a toda costa que estos procesos pasen a la Justicia Penal Militar”, donde indefectiblemente, como ha sucedido históricamente, serían condenados a la impunidad. "Los temas de falsos positivos no se van a resolver solamente con categorías existentes como homicidio en persona protegida o homicidio agravado, sino que va a entrar como un nuevo marco de protección la ejecución extrajudicial. No hay ningún riesgo de que conductas de ese tipo pasen a la justicia penal militar, porque cuando se cometen falsos positivos no tienen relación con el servicio”, aseguró el Fiscal Eduardo Montealegre. De ahí que a partir de la sanción de la ley existirán tres tipos penales para sancionar los falsos positivos: homicidio en persona protegida; homicidio agravado y ejecuciones extrajudiciales, las cuales tendrán una pena entre los 33 y los 50 años de prisión. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), señaló que el proyecto de ampliación y reglamentación del Fuero Penal Militar propone un nuevo procedimiento penal y una reforma al Código Penal, creando nuevos delitos como el de ejecución extrajudicial, que se encontraba tipificado como homicidio en persona protegida y enmarcado en los delitos contra personas y bienes protegidos por el DIH. “Esta nueva tipificación podría llevar a que los llamados ‘falsos positivos’ que se cometieron antes no se entiendan como ejecuciones extrajudiciales, de tal manera que más adelante se presenten dificultades para judicializar a los responsables de estos delitos”. El senador Juan Fernando Cristo en un sentido contrario al expuesto por el Movice, afirmó que los falsos positivos no pasarán a la justicia penal militar, y que el organismo encargado de seguir adelante en las investigaciones por ese tipo de delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública, será la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, tampoco ofreció mayor claridad sobre los instrumentos o los recursos con los que contará la Fiscalía para llevar a cabo su tarea y como superará las limitaciones a sus funciones establecidas en el texto de la norma al determinar que las muertes ocurridas en operaciones militares, ya no serán investigadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, como lo establecía el Acuerdo de “Apoyo a la Justicia Penal Militar” de 2006, sino que ahora, bajo el argumento de un acto del servicio, será la Justicia Penal Militar. Es decir que los primeros en llegar al sitio y recoger la evidencia de los hechos serán policías judiciales de los militares y no la Fiscalía. “Y serán los militares los que en principio determinarán si esa muerte producida en medio de las operaciones debe ser investigada por la justicia ordinaria (porque corresponde a alguno de esos siete delitos excluidos) o por la justicia penal militar (en todos los demás casos). Human Rights Watch insiste en alertar a este respecto, señalando que los homicidios conocidos como ‘Falsos Positivos’ podrían terminar en la Justicia Penal Militar por que la definición del delito de ejecución extrajudicial es nueva, lo que podría llevar a que los defensores de los acusados por ‘falsos positivos’ aleguen que el delito que se les imputa es otro (homicidio agravado o en persona protegida) y que por lo tanto no es uno de los “excluidos” (de la jurisdicción militar). Asimismo, el principio de legalidad no permite juzgar retroactivamente casos pre-existentes", advirtió José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch. La ONU ha solicitado que se modifique el proyecto de ley estatutaria para garantizar que la Justicia Penal Militar esté inhabilitada para investigar y juzgar los casos de ejecuciones extrajudiciales y para blindar así, su competencia en la justicia ordinaria. El ‘uso de la violencia letal’ Uno de los puntos que más preocupación ha desatado se refiere al artículo 20, relativo a la “proporcionalidad en los ataques” cuando la Fuerza Pública toma la iniciativa: “No se entenderá como desproporcionado un ataque por el simple hecho de contar con superioridad numérica o de armas” ; declaración que sin duda podría ser interpretada como una puerta abierta a la ilegalidad. El uso de la fuerza letal, entendida como una acción violenta que puede causar una grave lesión corporal o, incluso, la muerte, ha sido fuertemente cuestionado en otros países que han dispuesto de mecanismos para su control con el fin de evitar riesgos en la población civil o por el contrario, de justificar las extralimitaciones en las acciones policiales. En Australia por ejemplo, fue regulado en el 2005 para casos de amenaza terrorista, dejando de lado derechos y libertades ciudadanas. La ONU ha solicitado que se aclaré “en casos del uso de violencia letal, la Fiscalía debe ser la autoridad que determine si los hechos son constitutivos de un delito, o no reúnen los elementos de una conducta delictiva, o si la conducta estaba justificada”. El carácter retroactivo La ONU ha sido enfática al solicitar que la aplicación del fuero no se haga de forma retroactiva, y se garantice que los casos del pasado serán "investigados y juzgados según el derecho vigente en el momento de la comisión de la conducta". Aunque los ponentes de la iniciativa y el Gobierno han tratado de minimizar estas advertencias, al señalar que ya fueron aclaradas en la reforma aprobada el año pasado, o al acusar a Navanethem Pillay, Alta Comisionada de la ONU de no estar informada sobre el proyecto, ridiculizando sus apreciaciones, o acusando de indebida injerencia a la ONU “en nuestros asuntos propios”, como lo planteó el congresista de la U, Juan Carlos Vélez, lo cierto es que estas recomendaciones, más otras tantas dadas a conocer por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, tendrán que ser tomadas en serio y el proyecto replanteado a la luz del derecho internacional. Puntos cuestionables Otro tema que no escapa al debate, se refiere al considerado ‘blanco legítimo’. Según se ha establecido, ‘el blanco legitimo’ para los uniformados, está condicionado “siempre y cuando se abstenga de continuar con actos violentos o amenazas” tras la captura o la derrota. El senador del PDA, Parmenio Cuéllar criticó que si una persona ya está en estado de indefensión, pero lanza amenazas verbales, aún quedará expuesta a ser un blanco legítimo por parte de la Fuerza Pública” El Movice ha indicado que la figura del “blanco legítimo”, establecida por tribunales compuestos por miembros de la Fuerza Pública, que definirán si las personas asesinadas por uniformados, son o no blancos legítimos es también una vía directa a la impunidad. “Esto podría traer como consecuencia que casos como el de los jóvenes de Soacha podrían pasar a conocimiento de la justicia penal militar, hecho que eximiría de cualquier tipo de responsabilidad a los autores del crimen”. Los artículos 32 y 55 también han sido cuestionados. Los representantes por el PDA Alba Luz Pinilla, Germán Navas Talero e Iván Cepeda consideran que estos artículos contrarían el derecho internacional al dejar que los miembros de la justicia penal militar o policial sólo puedan ser disciplinados por la Procuraduría General. Navas Talero aseguró que “la decisión del Senado "demuestra que esta justicia militar sí tendrá un control que no es jurisdiccional, porque depende administrativamente de la Rama Ejecutiva". La Comisión Colombiana de Juristas manifestó su preocupación por que la “reforma del sistema de justicia penal militar (...) puede llevar a que los tribunales militares se hagan cargo de causas que actualmente están siendo investigadas por la justicia ordinaria”. La ONU también ha llamado la atención respecto al real alcance y acción del Tribunal de Garantías, organismo que se encargará de decidir qué competencia judicial asume el caso en disputa. El tribunal estará integrado por cuatro miembros de la fuerza pública en retiro y cuatro jueces ordinarios (magistrados) elegidos de ternas conformadas por el presidente de la República y las altas cortes. Este marco provocará que "por la proximidad de la escena de los crímenes, sea la justicia penal militar la que siempre adquiera la competencia" ya que, a su juicio, la "naturaleza delictiva" del delito "es ocultada por la puesta en marcha del plan criminal que busca darle un manto de legitimidad a la muerte." Asimismo, el Movice, señaló que “la reforma establece que frente a todo tipo de delitos, militares y policías contarán con un Tribunal Especial de Garantías, con el cual no contamos el resto de colombianos y colombianas ¿Por qué los miembros de la Fuerza Pública acusados de narcotráfico, violencia sexual u homicidio tienen garantías especiales?” ¿Dónde queda el derecho de igualdad ante la ley? Ser juzgado por un tribunal independiente, imparcial y competente es un derecho universalmente reconocido, así como el derecho a la igualdad. Numerosos tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos reafirman y amparan este derecho, el cual está íntimamente vinculado con el derecho a la igualdad ante los tribunales. Ambos no son solamente derechos humanos sino también principios esenciales y característicos de una recta administración de justicia. Así lo ha destacado el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: “[e]l derecho a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia y a un juicio imparcial es un elemento fundamental de la protección de los derechos humanos y sirve de medio procesal para salvaguardar el imperio de la ley [y que] los Estados Partes deben respetar, independientemente de su tradición jurídica y de su derecho interno.” Sin embargo, un trato diferencial, como lo ha reiterado el Comité de Derechos Humanos, sólo es admisible si está basado en criterios razonables y objetivos que hagan necesaria su existencia. La jurisdicción penal militar no es compatible con el principio de igualdad ante la ley y la protección judicial garantizados en la Constitución; “lo militar no es inmune a los cambios democráticos”. En la 8ª Conferencia Internacional de Derecho Penal Militar (Budapest, junio de 2007), el Auditor General de las Fuerzas Armadas de Noruega, Arne Willy Dahl, constató que un creciente proceso de “civilización” de las jurisdicciones militares en el mundo mediante una reducción de los ámbitos de competencia de los tribunales militares y la abolición de las jurisdicciones militares. “Uno de los factores y precondición de este proceso es la subordinación de las fuerzas militares a los poderes políticos civiles, concluyó. Que los militares no encuentren vía libre para violar los derechos humanos, es tan importante para la realización de un genuino Estado Social de Derecho como el deber también de garantizarles a ellos el debido proceso y el respeto a sus derechos. Nadie seguramente se opondrá a que los uniformados que fueron hechos prisioneros de guerra por parte la insurgencia, soportando largos periodos de cautiverio, en condiciones inhumanas y degradantes, en vez de ser abandonados a su suerte -que no es mucha-, como lo ha hecho durante décadas el Estado colombiano, sean reconocidos en su dignidad y se les garantice para su retiro y pensión, el doble del tiempo que hayan permanecido retenidos, como propuso el Senado, o que puedan acceder de forma prioritaria a vivienda digna, y sus hijos puedan realizar planamente su derecho constitucional a una educación completa y de calidad. Esto está muy bien, es lo justo, pero los mismos beneficios, que no constituyen reparación, tienen que ser garantizados a toda la población colombiana, priorizando a las victimas tanto por acción como por omisión, de crímenes de Estado, violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH. Devolver la dignidad y el honor a unas Fuerzas Militares comprometidas en crímenes de lesa humanidad, que despiertan más terror que admiración en buena parte de la población civil, pasa por garantizar una frontal lucha contra el crimen y la impunidad, por educar y sensibilizar a las tropas y por enseñarles a actuar, pese a la rudeza de la guerra, con decoro, humanidad y respeto a la población y al mismo uniforme que usan para defensa de los ciudadanos. Nota 1: En medio de esta polémica llama la atención, que la Defensoría Militar, esté circulando en medios de comunicación, batallones militares, oficinas del Ministerio de Defensa y en escuelas castrenses, un documento que se titula ‘La verdad histórica: no hay desaparecidos sino personas sin identificar’, desconociendo el material probatorio a este respecto, desafiando a la justicia y reafirmando su poca disposición de aportar a la verdad y de reconocer a las víctimas de sus criminales acciones. Nota 2: Con la misma diligencia y celeridad con la cual en Congreso debatió hasta el trasnocho, este proyecto de Ley, ojalá se le dé trámite a la urgente reforma a la salud. Notas al pie Un día después de que más de 300 organizaciones no gubernamentales instaran al presidente Juan Manuel Santos y al Congreso colombiano a que retiren el proyecto de reforma constitucional sobre el fuero penal militar La CIDH declaró que este proyecto "Promueve cambios que beneficiarán a militares y policías implicados en graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, sustrayéndolos de ser investigados por la justicia ordinaria", expresaron en una carta, suscrita también por otras ONG internacionales como Pax Christi, la Oficina de América Latina en Washington (Wola), Acción por la Paz Internacional y Oxfam, además grupos locales de abogados, campesinos, mujeres, indígenas y sindicales. Estas organizaciones pidieron que en vez de esta reforma, el Estado colombiano acepte la asesoría para "superar la impunidad" que propuso un grupo de expertos de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La Estrella: “La CIDH impugna proyecto legal de Fuero Militar en Colombia” Panamá, 2013 El Espectador; “Cámara de Representantes aprobó el 60% del fuero militar”. Sección Política, junio 13 de 2013. Ver: http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-427485-camara-de-representantes-aprobo-el-60-del-fuero-militar El Espectador; “Cámara de Representantes aprobó el 60% del fuero militar”. Sección Política, junio 13 de 2013. Ver: http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-427485-camara-de-representantes-aprobo-el-60-del-fuero-militar El Espectador; “ONU pide que cambio al fuero militar sea de conformidad con DD.HH”. Política, Bogotá, mayo 30 de 3013 RCN Televisión; “Senado aprobó reglamentación del fuero militar”, Junio 13 de 2013 El Colombiano; “El lunes se define la suerte del fuero militar”. Medellín, junio 13 de 2013. http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-427672-los-cuestionamientos-de-ong-al-fuero-militar “Concretamente, cuenta Rivera, en el texto de la ponencia el artículo 33 señalaba que la teoría de los aparatos organizados de poder solo podía ser predicable para estructuras de carácter ilegal, lo cual abría la puerta de la revocación a sentencias condenatorias sin ejecutar en uniformados.” “Se busca a quien quiso incluir un mico en la reglamentación del fuero militar”. Bogotá, mayo 30 de 2013 Ver en: http://www.bluradio.com/31139/se-busca-quien-quiso-incluir-un-mico-en-la-reglamentacion-del-fuero-militar El Colombiano; “El lunes se define la suerte del fuero militar”. Medellín, junio 13 de 2013. Los siete delitos excluidos del ámbito castrense y que serán investigados y juzgados por la justicia ordinaria son: los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la violencia sexual, la tortura y el desplazamiento forzado. En La Silla Vacía; “El nuevo fuero militar tranquiliza los peores temores de todos pero pospone los verdaderos problemas”. Bogotá, diciembre 12 de 2012. Ver: http://www.lasillavacia.com/historia/el-nuevo-fuero-militar-tranquiliza-los-peores-temores-de-todos-pero-pospone-los-verdaderos- Juanita León; “La paradoja del nuevo fuero penal militar”. Bogotá, junio 13 de 2013. Ver en: http://www.lasillavacia.com/historia/la-paradoja-del-nuevo-fuero-penal-militar-45001 En El Tiempo; “ONU pide cambios al fuero militar para 'evitar daño grave' en DD. HH.” Sección política, Bogotá, junio 11 de 2013. En EL Tiempo; “Gobierno rechazó informe de la ONU sobre fuero militar”. Sección Política, Bogotá, junio 12 de 2013. El Espectador; “Los cuestionamientos de las ONG al fuero militar”. Sección Política, Bogotá, junio 13 de 2013. Ver en: http://www.movimientodevictimas.org/ El País Vallenato; “Justicia militar no juzgará a uniformados implicados en “falsos positivos” . Valledupar, junio 12 de 2013 RCN Televisión; “Senado aprobó reglamentación del fuero militar”, Junio 13 de 2013 RCN Televisión; “Senado aprobó reglamentación del fuero militar”, Junio 13 de 2013 http://www.avaaz.org/es/petition/FRENAR_REFORMA_A_LEY_QUE_PREMIA_A_MILITARES_Y_POLICIAS_VIOLADORES_DE_DERECHOS_HUMANOS/?wYrDrdb Federico Andreu Guzmán; “Tribunales Militares y graves violaciones de Derechos Humanos”. Bogotá, 2011. Subdirección de Litigio y Protección Jurídica de la Comisión Colombiana de Juristas. Artículo 3 Común a los Convenios de Ginebra de 1949; los artículos 84 y 130 del III Convenio de Ginebra; los artículos 54, 64 a 74 y 117 a 126 del IV Convenio de Ginebra; el artículo 75 del Protocolo I ; y el artículo 6 del Protocolo II. Comité de Derechos Humanos, Observación General N° 32, Artículo 14, El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, párrafos 2 y 4. Dictamen de 4 de abril de 2001, Comunicación Nº 819/1998, Caso Joseph Kavanagh c. Irlanda, documento de las Naciones Unidas CCPR/C/71/D/819/1998, de 26 de abril de 2001. Dahl, Arne Willy, “International trends in military justice”, Presentation at the 8th International Military Criminal Law Conference in Budapest in 6-10 June, 2007, in http://home.scarlet.be/~ismllw/new/2008-01-International%20Trends%20in%20Military%20Justice-UK.pdf Ibídem. El proyecto incluye a quienes hayan sido secuestrados (tomados como prisioneros de guerra, es la expresión correcta) entre el primero de enero de 1990 y el momento en que entre en vigencia.

La Paz en Colombia, depende de los colombianos

La Paz en Colombia, depende de los colombianos La muerte del Comandante Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela, ocurrida el pasado 5 de marzo, llevó a que en muchos sectores sociales y políticos surgiera la pregunta: ¿Qué impacto tendrá la ausencia de Chávez en el proceso de paz que en la actualidad adelanta el gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba? La pregunta es pertinente, no sólo porque fue el presidente venezolano, quien, con el apoyo del gobierno de Cuba, convenció a las FARC del sinsentido de mantener la lucha armada y aceptar la propuesta de negociación del mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, sino porque también desde el inicio de los diálogos exploratorios que se realizaron entre febrero y agosto del 2012, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela asumió el rol de facilitador de logística y acompañante, transportó secretamente a los miembros negociadores de las FARC a Cuba, y asumió junto a Chile el rol de país facilitador del proceso, mientras que Cuba y Noruega asumieron el de garantes. Más allá de una sintonía ideológica y del papel que Chávez asumió como mediador entre el gobierno y la guerrilla para lograr el canje humanitario en el año 2002 (mediación que fue abruptamente suspendida por el presidente Uribe en noviembre de 2007), el presidente venezolano logró ganarse la plena confianza y el afecto de la guerrilla. En más de una oportunidad, incluso ante la Asamblea Nacional de Venezuela, Chávez reconoció a la guerrilla colombiana como fuerza beligerante, y les solicitó a los gobiernos del continente que, tanto las FARC como el ELN, fueran excluidas de la lista de organizaciones terroristas del mundo. Si algún líder latinoamericano conoció a la guerrilla colombiana, escuchó a sus comandantes y fue solidario con su causa y con la búsqueda de caminos de reconciliación en Colombia, fue el presidente Hugo Chávez. Sin embargo, tan pertinente como es la pregunta sobre los efectos de su muerte en el proceso de paz de Colombia, precipitada podría ser su respuesta. Sólo hasta el 14 de abril se sabrá si el pueblo venezolano decide darle continuidad a la propuesta social y democrática que lideró el presidente Chávez durante la última década, eligiendo a su ungido, el actual presidente encargado, Nicolás Maduro o si por el contrario inclina la balanza hacia el opositor Henrique Capriles, candidato presidencial por la Mesa de la Unidad Democrática. Esta elección podría tener efectos en el proceso, aunque no tantos como se teme o cómo se espera. Si bien cualquiera de estos dos escenarios posibles podría tener efecto en el desarrollo de los diálogos de paz, lo cierto es que el principal aporte de Venezuela a la paz de Colombia, fue motivar la confianza entre las partes y su acercamiento. No obstante, el rol previsto para mandatario venezolano no se limitaba simplemente a lograr al restablecimiento de la confianza entre las partes, también estaba anunciada su intervención como conciliador ante las dificultades y desacuerdos que pudieran presentarse, evitando que la guerrilla se levantara de la mesa, y también, después de la firma del acuerdo de paz, como garante en la implementación y refrendación de los pactos suscritos. Estas tareas seguramente podrían ser asumidas por Nicolás Maduro, tal vez no con la misma contundencia, pero si con la misma credibilidad, mientras que Capriles, quien también se comprometió en apoyar los diálogos con las FARC, no podría hacerlo. “Si yo puedo hacer algo como líder, como servidor público, como ser humano para finiquitar el conflicto armado en Colombia tengan la seguridad de que lo haré”, afirmó a la prensa en días pasados, sin embargo, jamás podría asumir las funciones que se tenían previstas para Chávez durante y después del proceso, por obvias razones. Sin duda alguna, más incidencia favorable tiene un Chávez muerto -con la lealtad que hacia él guarda la guerrilla- que un Capriles vivo, en el proceso de paz colombiano. Nadie en Colombia puede desconocer la importancia que Chávez tuvo en la primera fase del proceso de paz, su clara influencia para que la guerrilla reconociera esta nueva oportunidad histórica para hacer política por la vía democrática -como viene sucediendo en otros países del continente- y la falta que hará en la tercera etapa del proceso cuando la guerrilla deje las armas y deban cumplirse los acuerdos, garantizando que los guerrilleros no sean traicionados, asesinados o extraditados. Con la muerte de Chávez, las FARC perdieron un fuerte aliado político, la confianza que les daba saber que si el Gobierno incumplía, Venezuela podría tomar acciones y la posibilidad de acudir a su mediación. El gobierno colombiano también perdió la posibilidad de que un tercero con fuerte ascendencia sobre la guerrilla, pudiera llamarla al orden y recordarle el compromiso asumido cuando aceptaron sentarse en la mesa de negociación. Algunos analistas de Venezuela, han afirmado que una victoria de Capriles le metería mayor presión a las FARC, sin embargo, ello no es del todo cierto porque las FARC no están negociando arrinconadas ni están pactando su rendición; sus dirigentes han llegado, finalmente, a la comprensión de que acceder a poder por la vía armada no sólo es anacrónico y poco factible, sino que ya es hora de llevar sus planteamientos políticos al escrutinio democrático. El mayor estimulo que tienen hoy las FARC para mantenerse firmes en este proceso, sin desfallecer, además de sus propias razones históricas y su realidad militar, es lograr, sin más dilaciones ni titubeos, la paz para Colombia, como siempre lo quiso el presidente Hugo Chávez. Nicolás Maduro ha ratificado su compromiso de apoyar el proceso de paz y mantener el rol de facilitador de su gobierno. Sabe que poner fin a la guerra no sólo beneficia a Colombia, sino también a la región, tanto porque se superarían los problemas que han existido con los países fronterizos, como Venezuela, Ecuador y Brasil, como porque, según el analista León Valencia, se “acabaría con un temor –real o imaginado- de una eventual intervención armada de Estados Unidos en la región”, y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se vería fortalecida, al exaltarse un clima de cooperación y diálogo en el continente y la certeza de que la izquierda puede lograr los cambios sociales que busca por la vía democrática. En la Cumbre de Unasur, celebrada en Lima en noviembre de 2012, los mandatarios de los países que la integran, suscribieron un texto en el cual expresan su apoyo al proceso de paz de Colombia. "El éxito del proceso de paz iniciado, basado en la fuerza de las instituciones democráticas que compartimos, tendrá un significado de amplio alcance para Colombia y para el conjunto de la región suramericana, permitiendo que concentremos cada vez más nuestros esfuerzos y recursos en el desarrollo económico con equidad que nos inspira a todos, preservando la paz como un valor colectivo en América del Sur." La paz en Colombia le conviene a toda la región, no hay quien lo dude, y por ello es importante que en escenarios internacionales donde se debaten temas esenciales para el continente, se acompañe y fortalezca el proceso de Paz en Colombia con acciones concretas encaminadas a lograr un amplio consenso respecto a su trascendencia y al mantenimiento de una paz estable y duradera. Independiente de lo que suceda en las elecciones del 14 de abril, y de la unidad que Maduro logré consolidar al interior del ‘chavismo’, Venezuela seguirá como país facilitador del proceso de paz; y tanto el gobierno colombiano como las FARC, según lo han declarado, se mantendrán firmes en la mesa de diálogo, pese a las acciones desestabilizadoras de los enemigos de la paz. En días pasados, el Procurador Alejandro Ordoñez, representante del sector más recalcitrante de la derecha colombiana, declaró públicamente su oposición al Marco Jurídico para la Paz, aprobado en el Congreso de la República, al considerar que con esta norma se garantiza la impunidad. También el Consejo de Estado le ha solicitado al gobierno nacional que denuncie ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a las FARC por la toma de la base militar en Orito (Putumayo) el 15 de julio de 1994. Las FARC por su parte han sido enfáticas al declarar que no se desmovilizan para terminar en la cárcel. La paz de la nación no es ni debe ser la “rendición incondicional de las guerrillas, entrega de las armas, sometimiento a sus políticas, todo a cambio de dos o tres puestos en el Congreso, el paseo por unos meses de un comandante en el cargo de ministro de Trabajo o de Salud, unas cuantas promesas y hasta unos años de cárcel para los principales líderes de la insurgencia”, afirmaron algunos de sus voceros la semana pasada en La Habana, Cuba. “La paz no es solucionar la suerte de un puñado de guerrilleros, la paz no es el cese al fuego ni la dejación de las armas. La paz es justicia social, son soluciones reales a problemas reales”, había dicho el legendario comandante del M-19, Jaime Bateman Cayón en 1982 y hoy tanto las FARC, como significativos sectores de la sociedad, parecen entenderlo de dicho modo. Para el próximo 9 de abril se espera que la ciudadanía, en forma masiva, se tomé las calles del país para exigir el cumplimiento del artículo 22 de la Carta Política que afirma que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, y para manifestar su irrestricto apoyo al proceso de paz. Esta fecha emblemática para Colombia porque recuerda el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948 y el exterminio del movimiento gaitanista, fue declarada por el artículo 142 de la Ley de víctimas y restitución de Tierras, como el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. La marcha por la Paz, con la cual se pretende consolidar una coalición social y política en defensa del proceso de La Habana, es promovida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, las organizaciones sociales y el Gobierno Nacional. Tanto la Iglesia Católica como los partidos de la Unidad Nacional han expresado su total apoyo a esta convocatoria, que ha sido denominada en las redes sociales como el #9A. El proceso de paz avanza; todavía no se puede precisar una fecha en la que se selle un acuerdo definitivo, pero desde ya, se empiezan a promover debates y estudios, sobre las implicaciones que tendría este escenario en la sociedad colombiana. Si el país realmente quiere la paz, tendrá que hacer algunas concesiones, como aceptar la presencia de los dirigentes guerrilleros en el escenario público y el debate electoral. Las acciones, que se proponen en el marco de un modelo de justicia transicional, que se refiere tanto al Marco para la Paz, la Reforma a la Justicia y la reciente ampliación al Fuero Penal Militar, estarían orientadas a la reconstrucción de la memoria histórica, pero también al establecimiento de penas alternativas para desmovilizados, reparaciones simbólicas para las víctimas, incluso, inmunidades para militares investigados por violaciones a los Derechos Humanos y para altos funcionarios del Estado comprometidos con grupos armados ilegales. El país tendrá que ceder en algunas aspiraciones e ideales porque la paz es un camino que vale la pena recorrer, porque tenemos el deber moral y social de permitir que una nueva generación de colombianos conozca lo que es vivir fuera de la guerra, sin embargo, se debe considerar que la impunidad es y será siempre un obstáculo infranqueable para lograr una paz firme y duradera. Una Ley de Punto Final, de olvido e impunidad, como la que se tramitó alguna vez en Argentina, no puede ser el camino. Los responsables de graves crímenes, sean insurgentes o miembros de la fuerza pública, -sin que puedan equipararse los delitos que cometen unos u otros- tendrán que asumir su responsabilidad frente a las víctimas, el deber de aportar al sostenimiento de la paz y algún costo judicial sin que ello implique necesariamente una pena privativa de la libertad. Colombia necesita hoy más que nunca un gran pacto social, amplio, generoso y comprometido. Y tendrá que hacerlo con el debido acompañamiento internacional y en ausencia de su principal promotor, el presidente Hugo Chávez. Pero más allá de los avances en las conversaciones de La Habana, de las probabilidades reales de que los comandantes guerrilleros puedan participar en política y se les brinden garantías efectivas y reales para que no se repita el genocidio político de la Unión Patriótica, es la sociedad colombiana, la que tendrá que asumir el desafío de construir la paz, de forjar las bases para una cultura de paz, a través de la cual se logre superar el odio, deconstruir al entendido como enemigo y emprender genuinas acciones de reconciliación y pacífica convivencia; conscientes de que aún no se ha superado el conflicto ni la polarización política y el paramilitarismo y el narcotráfico sigue vigentes en todo el país. En toda democracia, hay consensos y disensos, y lo esencial es aprender a dirimir las diferencias en el campo de las ideas y no suponer que el fin del conflicto implica el aniquilamiento del asumido como contrario. La paz en Colombia no dependerá entonces de la presencia de Chávez, tampoco la llave está en el bolsillo de Maduro, ni un triunfo de Capriles echaría abajo el proceso. La paz de Colombia la hacen los colombianos y para ello es definitivo el apoyo y compromiso de toda América Latina unida. Venezuela y más exactamente, Hugo Chávez, jugaron un papel crucial en el inicio de los diálogos de paz, y Colombia tiene muchas razones para sentir gratitud y lealtad al gobierno de ese país. Más allá de la retórica religiosa o del surgimiento de un culto espontáneo como se advierte hoy en Caracas en torno a la figura del comandante fallecido, lo que hay en Colombia, es un sentido de lealtad y gratitud en algunos sectores sociales, quizás los más vulnerables, y un enorme repudio y alivio con su partida, en las mayorías que aún no comprenden la dimensión histórica de Chávez, y menos aún, el enorme legado que, con su voluntad de paz, le dejó a Colombia. El presidente de Venezuela logró marcar la vida de miles de ciudadanos colombianos, mucho más, que sus propios mandatarios. Cuando el gobierno Nacional se resistía a recibir a las familias de los políticos retenidos y de los oficiales hechos prisioneros de guerra por la guerrilla de las FARC, que además fueron objeto de tratos crueles e inhumanos en largos periodos de cautiverio, el presidente de Venezuela no sólo los recibió y los escuchó sino que además asumió con absoluta convicción y misticismo el deber de lograr el retorno salvo y salvo de estos colombianos al seno de sus familias. En vez de guerra propuso un diálogo con la insurgencia, un diálogo basado en el respeto y la confianza, no en la intimidación y en el chantaje. Millón y medio de compatriotas encontraron en el vecino país, la paz, el desarrollo social y la estabilidad económica y laboral que en su propia tierra les fue negada; muchos nacionales se han visto beneficiados con los programas sociales que impulsó el Gobierno venezolano, sin ningún tipo de discriminación. Chávez logró lo que ningún mandatario había logrado, devolverle el amor propio y la dignidad a su pueblo, y si en Colombia podemos entender este mensaje, cada día habrán más y más ciudadanos comprometidos con el proceso de paz del que Chávez fue semilla. Publicado en la Revista América Siglo XXI, abril de 2013.

¿Perdón? No a mi nombre

Si las solicitudes de perdón tuvieran realmente algún costo o demandarán de la realización de algún tipo de acción o sacrificio a fin de resarcir en algo el daño causado, muchos de los que hoy piden público perdón no se atreverían a pedirlo tan superficial e impúdicamente, o, incluso, en frontal desacato a la justicia.

Por Maureén Maya S

Pedir perdón es meritorio cuando el acto es genuino; cuando no oculta intereses políticos o populistas y logra, en efecto, transformar para bien la vida de las víctimas y los afectados de hechos reprochables y condenables, por la justicia y la conciencia humana, acaecidos en el pasado. No obstante, se debe precisar y sustentar con hechos y lógicas incuestionables, las razones por las cuales se debe solicitar, a nombre de quién se hace y quien debe ser objeto de una petición pública de perdón. Por ello, y por otras razones, es inadmisible que el jefe de Estado considere que puede pedir perdón olímpicamente y a su arbitrio, renegando de la justicia y además, a nombre de millones de colombianos sin consenso previo.

Como una pandemia que se expande a grandes velocidades, las solicitudes de perdón, de unos y otros, ocupan las principales páginas de los medios informativos del país, se abarata el costo de la acción y se cree que con estos actos de pública magnanimidad, se podrá pasar la página de la histórica violencia, acallar el doloroso y legitimo reclamo de las verdaderas víctimas, inventar nuevas víctimas y apostarle a la configuración de un país con capacidad para asumir integralmente los costos de una paz no asegurada.

Horas después de que el Tribunal Superior de Bogotá confirmara la condena contra el coronel Alfonso Plazas Vega a 30 años de prisión por su responsabilidad en la desaparición de Carlos Augusto Rodríguez Vera, empleado de cafetería del Palacio de Justicia y de la guerrillera Irma Franco Pineda (luego de haber sido secuestrados, torturados y asesinados por agentes del Estado durante la contratoma del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985) y le impusiera al Ejército el deber de pedir disculpas públicas a las víctimas, de publicar la sentencia por lo menos durante un año en las páginas de las FFAA; le prohibiera colocar el nombre de Plazas Vega a cualquier unidad militar, exhortara al gobierno para que el lugar de reclusión del ahora condenado coronel, no vulnere la dignidad de las víctimas y le solicitara a la Corte Penal Internacional –CPI- abrir investigación contra el expresidente Belisario Betancur, el presidente Juan Manuel Santos, invocando el Padrenuestro (en un Estado laico), y a nombre de los colombianos, le pidió perdón al expresidente Betancur y a las Fuerzas Militares por este fallo.

Las reacciones ante este cuestionable pronunciamiento, que deberá ser investigado y sancionadoejemplarmente, no se hicieron esperar. La presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón, dijo que cuando un Jefe de Estado pide perdón a nombre de los colombianos por lo ordenado en un fallo judicial, “no está apartándose respetuosamente de él, lo está desacatando” , lo cual es de enorme gravedad para institucionalidad del país. Pues si se tolera el desacato a la justicia, desde el alto poder, se está dando luz verde a la sociedad para que proceda del mismo modo, para que quebrante el orden y desconozca las decisiones y sanciones proferidas por los organismos encargados de impartir justicia.

Por su parte el abogado Rafael Barrios, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CCAJAR- y representante de la parte civil en el caso contra el coronel (R) Alfonso Plazas Vega afirmó que “la reacción del Presidente Santos al descalificar el fallo judicial, pidiendo perdón al ex presidente Betancur y al Ejército, va en contravía de sus afirmaciones de respetar las decisiones de los jueces y los derechos de las víctimas. Además es contraria a las obligaciones impuestas por la justicia doméstica e internacional. El presidente no sólo irrespeta a la justicia, sino que su desacato ofende la dignidad de las víctimas.

La exhortación al Fiscal de la Corte Penal Internacional, para que se investigue la posible responsabilidad penal del sr. Belisario Betancur, lejos de ser un exabrupto, se ajusta al principio de complementariedad del Estatuto de Roma, integrado al art. 93 de la Constitución. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, no administra justicia sino impunidad, lo que en relación con las preclusiones a favor del Sr. Betancur, mostraría una falta de voluntad política para investigar a quien públicamente asumió la responsabilidad de la acción militar. El presidente Betancur faltó a su deber de garante”

Si bien Santos puede pedirle perdón por lo que quiera a un exmandatario de sus afectos, no puede hacerlo de manera pública a nombre de todos los colombianos, y menos aún en desacato a un fallo judicial que ni siquiera, debería ser cuestionado por el jefe de Estado, a quien corresponde no sólo el irrestricto respeto a las decisiones del poder judicial; velar por la sana independencia de los poderes (base de un Estado democrático), sino también, y sobre todo, el cabal cumplimiento de la constitución política de Colombia.

Santos habla a nombre de los colombianos de manera abusiva e insolente, y le pide perdón, a quienes deberían solicitarlo en vez de concederlo. No es digno que el jefe de Estado le pida perdón a quienes la justicia ha declarado criminales, a nombre de toda una ciudadanía. No sabemos que le debe el presidente Santos al expresidente Betancur, pero algo le debe, por eso la primera persona que visitó tras su posesión como presidente de Colombia fue al expresidente como lo publicó El Espectador: “esta semana en la casa del ex presidente Belisario Betancur y de su señora Dalita Navarro fue la primera reunión social a la que asistió Juan Manuel Santos como Jefe de Estado. Hubo apenas veinte invitados, entre empresarios y amigos mutuos...” Sea lo que le deba, su deuda personal o política no puede ser empleada para lanzar una indigna e inmerecida petición de perdón, pasando por encima de la majestad de la justicia, no sólo a quien jamás ha reconocido su crimen, sino que además no le ha pedido perdón al país por sus acciones y omisiones durante la toma y contratoma del Palacio de justicia: por haber consentido un transitorio golpe de Estado , por haber encubierto crímenes de Lesa Humanidad contra civiles, guerrilleros y funcionarios del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia; por no haber atendido el llamado suplicante del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, por un cese al fuego; por haber ocultado una verdad que le pertenecía al pueblo colombiano; por haber traicionado los acuerdos de paz suscritos en 1984 y haberle ocultado al país los informes de la Comisión de Paz y Verificación y las verdaderas razones que llevaron a la guerrilla M-19, en una demencial acción político militar, a tomarse el Palacio de Justicia con el fin de convocar a un juicio contra el presidente Betancur. Por haberse lucrado de la tragedia, por cobardía histórica, indignidad presidencial y por haber permitido el sacrificio de la justicia a cambio de su permanencia en el poder.

Después de haber tolerado la masacre y tras permanecer escondido y en silencio durante las 28 horas que duró el brutal operativo militar, seguramente bajo las directrices del sanguinario ministro de Defensa de aquel entonces, Miguel Vega Uribe , el presidente Betancur declaró que “el gobierno es firme en su defensa de los principios y de las instituciones” y que “puede por lo mismo dedicarse a la búsqueda de las mejores soluciones a problemas que aparentemente no ofrecen sino una salida”, tras lo cual asumió la responsabilidad en pleno por los hechos y se incriminó para siempre y por siempre como responsable absoluto: “Esa inmensa responsabilidad la asumió el Presidente de la República que, para bien o para mal suyo, estuvo tomando personalmente decisiones, dando las órdenes respectivas, teniendo el control absoluto de la situación, de manera que lo que se hizo para encontrar una salida fue por cuenta suya y no por obra de otros factores que él puede y debe controlar.”

Pero Belisario Betancur como presidente de Colombia, jamás asumió responsabilidad alguna por estos hechos ni por otros. La acusación en su contra que fue radicada, con sustento en buena parte de las investigaciones y denuncias hechas por el procurador Carlos Jiménez Gómez, ante la Comisión Acusaciones e Investigaciones de la Cámara de Representantes, conocida mejor, como la “comisión de absoluciones”, incluso antes de haber recibido la totalidad del respectivo material documental y probatorio, resolvió, bajo el sofisma de “acto típico de gobernar” absolver al Presidente y condenar los múltiples y horribles crímenes cometidos a la más vergonzosa impunidad.

Pedidos de perdón (palabra de seis letras que en labios de políticos exige poco y no dice nada)

Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ordenó al Estado colombiano pedir público perdón a los familiares del senador de la UP Manuel Cepeda, asesinado por militares y paramilitares el 9 de agosto de 1994, el expresidente Uribe se negó a acatar la sentencia y contrario a ello, optó por seguir denigrando de las víctimas. El acto de pedir perdón y reconocer públicamente la responsabilidad internacional del Estado colombiano por acción y omisión en el asesinato del Senador, como forma de desagravio, debía realizarse (con transmisión en directo por las cadenas de radio y televisión estatal con difusión en los medios masivos de comunicación) en un acto solemne en sesión plenaria del Congreso de la República durante el aniversario del magnicidio, con la asistencia de los miembros de las dos cámaras y donde el Presidente de la República debía ser el encargado de hacer el reconocimiento oficial . Santos no lo hizo y sin dar explicaciones, prefirió delegar esta responsabilidad en el ministro Germán Vargas Lleras. Parecía tratarse entonces de un mandatario incapaz de sentir el dolor de las víctimas, de cumplir cabalmente con una sentencia internacional y de vencer su propia altivez y soberbia para pedir perdón.

Sin embargo, luego Santos sorprendió al país; la palabra perdón si podía salir de su boca y al parecer se acostumbró a ello, sin asumir, por supuesto, costo alguno por su audacia. En julio de 2011 Santos le pidió perdón a las víctimas de la masacre de El Salado, Bolívar.

“Vengo a decirles a las víctimas: perdón, les pido perdón a nombre del Estado, a nombre de toda la sociedad. Esa masacre o esas masacres nunca han debido suceder. Ahí hubo omisión por parte del Estado, todo tipo de falencia, como las hubo durante tanto tiempo”, señaló el Mandatario durante la entrega de subsidios para la compra de tierras y proyectos productivos, en esa zona de los Montes de María.

Además ratificó el empeño del Gobierno Nacional de reparar, en la medida de lo posible, “ese dolor” causado por los grupos violentos y elogió las operaciones de la Fuerza Pública en los Montes de María, al punto de afirmar que allí no quedaba un sólo grupo violento, “de esos que tanto daño le hicieron a esta zona”, olvidando por supuesto, que buena parte de los perpetradores de graves crímenes de esta región y de muchas otras en Colombia, han sido justamente efectivos de las fuerzas militares.

A comienzos de este año, Santos volvió a pedir perdón; esta vez a las víctimas de la masacre de El Tigre, Putumayo. “Quiero aprovechar, víctimas de la masacre de El Tigre, para ofrecerles disculpas como Presidente de la República”, ha argumentado el presidente por unos sangrientos sucesos ocurridos el 9 de enero de 1999 y que sólo sus interlocutores recordaban con espanto. Fue tan cruel lo ocurrido allí, en un imponente paisaje del selvático departamento del Putumayo, fronterizo con el Ecuador, que Santos les confesó que cuando leyó los relatos sobre los episodios ocurridos en esta región, se le “arrugó el corazón”.

Como un Presidente noble, realmente comprometido con la misión que se impuso, según afirmó cuando sancionó la ley 1448, de saldar esa vieja deuda con las víctimas de tantas décadas de ignominia, violencia, indiferencia gubernamental y crímenes de lesa humanidad, Juan Manuel Santos tal vez intenta darle la bienvenida a una nueva era: a la de la reconciliación entre colombianos, la de la justicia transicional, la del perdón por decreto y el olvido oficializado. «Vamos a pasar la página de lo crímenes, de los vejámenes, de la impunidad, de la violencia; a pasar por encima de esta historia de resentimientos, exigencias de justicia por mano propia y demandas internacionales; vamos a seguir adelante», parece ser el mensaje de sus acciones.

Las Cortes internacionales no tendrán entonces que imponerle al Estado colombiano el deber de pedir perdón, pues ya por iniciativa propia lo habrá hecho infinidad de veces; las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos que representan a las víctimas a las que les han sido negados sus derechos a verdad, justicia y reparación integral tras padecer de manera reiterativa graves infracciones a los derechos humanos, permanentes hostigamientos, negligencias en las debidas investigaciones y el desconocimiento de sus derechos constitucionales, no tendrán que recurrir a estos estrados porque el gobierno colombiano ha reconocido la existencia del conflicto armado y de víctimas de agentes del Estado; ha emprendido una ardua labor de reforma agraria; los miles de campesinos que ayer fueron objeto de violento despojo y que fueron desterrados a punta de motosierra, podrán regresar al campo (con o sin garantías porque el conflicto armado continúa) y además, en un súbito despertar de conciencia, el presidente ha decidido pedir perdón a algunas de las víctimas, muchas de las cuales, además se verán compensadas a través de la implementación de una audaz Ley de Víctimas y restitución de tierras (que en la actualidad ha sido objeto de 20 demandas de inconstitucionalidad contra algunos de sus artículos).

Ahora, por qué el presidente escogió particularmente a las victimas de las masacres El Tigre y de El Salado para pedirles perdón, no se sabe, pero alguna razón política debe ocultarse tras esta selección. Sin embargo, esto no basta.

El perdón, que se interpreta como un obsequio, debe ser eficaz y más aún cuando se trata de hechos de enorme barbarie y sevicia que laceran la conciencia de la humanidad y produce daños sociales, colectivos e individuales que jamás podrán ser reparados. El perdón requiere de ciertos elementos para que además de ser un simple enunciado, tenga reales efectos e incidencia en la vida de las personas. Por un lado se debe conocer y reconocer el hecho victimizante o la ofensa, la identidad del ofensor, bien sea el Estado, un grupo o un sujeto; quien solicita perdón debe dar muestras de verdadero arrepentimiento y capacidad para sentir el dolor causado, y además, ha de emprender acciones efectivas que logren mitigar los efectos de la acción violenta o criminal realizada. El ofendido está en libertad de conceder el perdón, pleno o parcial, o denegarlo. El perdón no se impone por decreto, se gana.

Además el perdón no aboca al olvido; por el contrario es necesario recordar y saber qué fue lo que ocurrió, cómo pasó, que es exactamente lo que se debe perdonar y a quien se podría eventualmente perdonar.

[…] no hay perdón sin memoria, pues nadie puede perdonar aquello que ha olvidado y nadie puede ser perdonado si no es capaz de reconocer que debe ser perdonado por un acto que ha cometido y del cual es responsable. Sólo hay perdón si hay memoria y reconocimiento.

Ahora bien, no se trata de perdones individuales pues no sólo han sido destruidas vidas personales. La destrucción también ha tocado estructuras sociales, formas de convivencia, instituciones, estructuras sentimentales y morales como la confianza y la cooperación. El perdón, si se da, no es sólo asunto personal porque lo dañado es el mundo social en el cual esas personas viven sus vidas. Por ello no hay reconciliación posible sin reconocimiento público al daño y sin asignación de responsabilidades. Esto significa que ninguna sociedad con un pasado criminal puede reconciliarse si sólo tiene a manos estrategias de impunidad y no voluntad de justicia.

Ahora, frente a los crímenes del presente y la evidente incapacidad del Gobierno para garantizar no sólo la plena satisfacción de los derechos de todas, todas las víctimas, tanto del conflicto, como de la violencia social, política y económica, sino su seguridad jurídica y la de amplios sectores sociales que continúan siendo estigmatizados, perseguidos, o incluso, atacados, por ese mismo Estado que a través del presidente solicita perdón a diestra y siniestra pero a la vez incita al odio, es necesario que desde la institucionalidad del Estado, se asuma como premisa fundamental, el deber de erradicar las estructuras políticas, económicas y mafiosas que dan soporte a la acción criminal tanto de armados ilegales como legales; que se emprendan reales y efectivos programas de protección y se evite a toda costa la revictimización, tanto por acción directa como por la incitación al odio que promueven los mandatarios colombianos.

El gobierno tiene la obligación además de pedir perdón, de hacer que el perdón sea efectivo, y debe erradicar y prevenir las causas que lo llevaran a pedir mil veces perdón ahora y en el futuro.
http://viva.org.co/cajavirtual/svc0289/articulo05.html

Restitución sin garantías

La falta de garantías en materia de seguridad para la no repetición de los crímenes, para la desarticulación de las mafias que se lucran con la tierra despojada y para la implementación de un proyecto de vida digno y justo que logre, dentro de un modelo de justicia restaurativa, asegurar el retorno de las familias desterradas al campo en condiciones mejores a las pérdidas a causa de la violencia, podría conllevar a una nueva forma de revictimización


El pasado 4 de diciembre, el presidente Juan Manuel Santos denunció nuevas amenazas contra líderes campesinos y señaló que una ‘mano negra’, de la extrema derecha y de la extrema izquierda, intenta obstaculizar la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras (1), con el fin de evitar que las víctimas regresen a sus tierras. Luego anunció la puesta en marcha de la misma y cuestionada estrategia empleada por su antecesor: crear una red de informantes y pagar recompensas de hasta 10 millones de pesos para quienes entreguen información sobre los responsables de las intimidaciones (2)

El tema no era nuevo. Desde tiempo atrás las organizaciones sociales, las víctimas y algunos periodistas venían denunciando los asesinatos sistemáticos de líderes campesinos que intentaban recuperar sus tierras; abogados, defensores de derechos humanos, líderes sociales, analistas políticos y hasta representantes del Clero, no han cesado en sus denuncias ni en sus exigencias de protección para las víctimas.
Ya el 5 de febrero de 2011, la Corporación SISMA MUJER y el Observatorio de los “Derechos Humanos de las Mujeres en Colombia en situación de desplazamiento forzado”, denunció un incremento en las amenazas contra lideresas, líderes sociales y miembros de organizaciones de derechos humanos y los asesinatos selectivos contra reclamantes de tierras. “La gravedad y sistematicidad de las amenazas y ataques en contra de la población en situación de desplazamiento, y en particular de los hombres y mujeres que ejercen el liderazgo a favor de la protección de sus derechos afecta de manera profunda los procesos de empoderamiento político y exigibilidad de derechos como lo ha reconocido la Corte Constitucional de Colombia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR-” (3)

“Escuchamos con mucha atención sus preocupaciones, –afirmó el presidente Santos- están denunciando que hay amenazas contra algunos voceros de los campesinos que están reclamando tierras. Inclusive (hay) algunas denuncias de asesinatos de algunos (sic) de esos dirigentes, cosa que nos preocupa enormemente”, precisó el Jefe de Estado.

No son pocas las víctimas (líderes sociales, defensores de los derechos humanos, dirigentes agrarios, campesinos, desplazados) que han caído acribilladas en su valiente lucha por recuperar lo que les fue arrebatado, y no se trata de algunas denuncias como sostiene el mandatario; lo que se revela acá, es la existencia de una estrategia criminal, a través de la cual se pretende evitar la devolución de tierras que pertenecen a miles de familias desterradas y desplazadas con violencia. Se trata de garantizar (mediante la parálisis judicial, la propagación del miedo, el terror y las indebidas presiones políticas) que muchas de estas tierras sigan siendo usufructuadas por empresarios sin escrúpulos que, en algunos casos, se han valido de testaferros para apoderarse y lucrarse económicamente de miles de millones hectáreas de tierra. Según lo determinó la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado en la III Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada 2010, el total de tierras despojadas o abandonadas entre los años 1980 y julio de 2010 es de cerca de 6,6 millones de hectáreas, sin contar los territorios colectivos; cifra equivalente al 12,9% de la superficie agropecuaria del país. Este masivo despojo o abandono forzado de tierras ha afectado a cerca de 434.099 grupos familiares (4)

El problema de la tenencia de la tierra, de la poca democratización para su acceso y la precariedad del campo, no son tampoco asuntos nuevos en el país; como tampoco lo son las acciones criminales que han emprendido sin tregua las eufemísticamente denominadas “manos negras” en Colombia, que, como señaló en días pasados alguien en FB, cada vez que se habla de "mano negra" uno piensa en familias bien blanquitas.

La apuesta por impulsar e implementar una Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, con todas las falencias que pueda tener y sus graves retrocesos, muchos de los cuales ya vienen siendo objeto de demandas ante la Corte Constitucional, no es una labor sencilla, eso se sabe y se sabía de tiempo atrás, pero cuando el Gobierno Nacional decide darle fuerza a esta iniciativa que durante años fue luchada por las organizaciones sociales y los movimientos de víctimas, es porque cuenta con los recursos financieros, humanos y con la voluntad necesaria para llevar a buen término su aplicación. Proponer un plan de restitución de tierras que pretenda desconocer la realidad de violencia y marginalidad en el campo, el poder mafioso que a través de alianzas políticas se ha consolidado para beneficio de fuertes empresarios que se valen del terrorismo y el accionar criminal de los grupos paramilitares en asocio con agentes del Estado, es apostarle a un fracaso de enormes costos y graves consecuencias sociales, económicas, históricas y políticas.

La ausencia de garantías para el retorno y la devolución de las tierras podría llevar a una revictimización de las víctimas de la violencia y el desplazamiento forzado; no sólo se estarían generando falsas expectativas en millones de colombianos que ansían recuperar su proyecto de vida abortado a causa de la violencia; poder superar -mediante una acción ejemplar de la justicia que revele toda la verdad acerca de lo sucedido y sancione a los victimarios intelectuales y materiales- el sufrimiento y los daños padecidos, sino que se estaría declarando, implícitamente, la incapacidad del Estado de cumplir con sus mandatos constitucionales. Estaría, ni más ni menos, que enunciando la supremacía de un poder mafioso en Colombia sobre el Estado Social de Derecho.

No basta con que se denuncie que existen enemigos de la restitución de tierras o que se anuncie que el gobierno establecerá una alianza con la sociedad civil para que la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras tenga éxito; tampoco que se asignen cuantiosos recursos para el pago de recompensas en la feria de los apetitos económicos y las traiciones consentidas; lo esencial es que se emprendan acciones definitivas para garantizar la no repetición de los crímenes y para que se logre desarticular el andamiaje financiero y político de las estructuras armadas y empresariales que operan en buena parte del territorio nacional; que se apliquen sanciones ejemplarizantes a los responsables de las violaciones; que se fortalezca el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo; que se investigue el patrimonio de quienes están siendo investigados, procesados o han sido condenados por violaciones a los DDHH y graves infracciones al DIH y que se profundice la protección jurídica y social de las víctimas para que efectivamente se restablezca y garantice el goce efectivo de sus derechos, tal y como lo propuso el representante Iván Cepeda Castro en las preposiciones que presentó durante el primer debate de la Ley de Víctimas en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

El Gobierno Nacional también propuso en marzo de 2011 la creación de un Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2-RT) mediante la implementación de una mesa de trabajo integrada por los organismos que desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia e instituciones gubernamentales; con el fin de garantizar la protección y la seguridad del proceso de restitución de tierras, que hasta le fecha no han sido garantizadas. Esta propuesta si bien fue acogida con optimismo por algunos sectores, en otros ha generado reticencia, pues justamente algunos de quienes integran estos llamados organismos de inteligencia y contrainteligencia del Estado, además de haber sido proclives al soborno y haber beneficiado a los victimarios, se han convertido en parte activa de esas mafias que intentan obstaculizar el proceso de restitución de tierras.

Carmen Palencia, de la Asociación de Víctimas para la restitución de tierras de Urabá y directora de la organización ‘Tierra y vida’, declaró que “Desde hace más de un año, cuando murió ‘Colombia’ (Albeiro Valdés Martínez, miembro de la Asociación de Víctimas para la restitución de tierras y bienes- ASOVIRESTIBI- asesinado el 11 de mayo de 2011), hemos pedido por diferentes medios y ante diferentes instancias que se conforme una comisión especializada donde se haga investigación de los casos de atentados y amenazas de las que hemos sido víctimas quienes buscamos que se nos regresen nuestras tierras” (5). Sin embargo, la creación de esta Comisión que seguramente, en algo aportará a la resolución de la crisis, sigue siendo insuficiente.

La semana pasada, el Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia, Cristian Salazar, hizo un llamado al Gobierno para proteger a las víctimas y a sus representantes señalando que parte de esa protección es no estigmatizarlos.
"Vemos con gran preocupación que en los últimas días y semanas (se han dado) intentos de desprestigiar y estigmatizar a las víctimas y sus organizaciones, esto a raíz de la implementación del Ley de víctimas y restitución de tierras. Es importante que el país se dé cuenta que hay gente que ha sufrido mucho y las que se les ha arrebatado millones de hectáreas por lo que tienen derecho a reclamar sus tierras", sostuvo Salazar.(6)

“El mensaje que queremos dar, claro y contundente, es que el Gobierno no va a permitir que los enemigos, o bien de la extrema derecha o bien de la extrema izquierda, de la restitución de tierras, de la reparación a las víctimas, se salgan con la suya”(7), declaró el presidente Santos.

Mientras se debate cuál será la mejor estrategia para evitar los asesinatos, las desapariciones, las persecuciones, las estigmatizaciones, las torturas, los falsos judiciales, el continúo robo y expropiación de tierras, el oportunista desarrollo de megaproyectos y de siembra de palma en tierras despojadas a punta de terror por parte de reconocidos empresarios y politiqueros; en los campos desolados y sitiados por el miedo y la violencia se siguen recogiendo los restos de cientos de víctimas anónimas por las que la sociedad no marcha y la justicia no responde.

Pedro Murillo, líder de las comunidades desplazadas de Curvaradó y Jiguamindó, asesinado en enero de 2005 en el Chocó; Martha Aguirre, líder de la Asociación de Desplazados de Apartadó (Asocodea), asesinada en febrero de 2005 en Antioquia; Giovanny Montoya, líder de la Asociación de Desplazados de Apartadó, asesinado en febrero de 2005 en Antioquia; Orlando Valencia, líder comunitario de Curvaradó, asesinado en octubre de 2005 en el Chocó; Eislen Escalante Pérez, líder de la Asociación de Desplazados Víctimas del Sistema por una Colombia Nueva, asesinado en octubre de 2005 en Atlántico; Alfonso Ibáñez, líder de las comunidades desplazadas de Curvaradó y Jiguamindó, asesinado en enero de 2006 en el Chocó; Óscar Cuadrado, líder de la Asociación de Desplazados en el departamento, asesinado en noviembre de 2006 en La Guajira; Yolanda Izquierdo, líder de la Organización Popular de Vivienda, asesinada en enero de 2007 en Córdoba; Freddy Abel Espitia, presidente del Comité de Desplazados de Cotorra, asesinado en enero de 2007 en Córdoba; Valdiris Padrón, líder de desplazados de Pueblo Nuevo de Necloclí, asesinado en febrero de 2007 en Antioquia; Osiris Jacqueline Amaya Beltrán, maestra wayúu, defensora de desplazados, asesinada en marzo de 2007 en La Guajira; José Guillermo Sosa, líder de la población desplazada asentada en Buenaventura, asesinado en mayo de 2007 en el Valle del Cauca; Luis Miguel Gómez Porto, líder de desplazados de los Montes de María, asesinado en mayo de 2007 en Sucre; Francisco Puerta, líder de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, asesinado en mayo de 2007 en Antioquia; Manuel López Ayala, dirigente de la Organización de Personas en Condición de Desplazamiento (OPD), asesinado en junio de 2007 en Bolívar; Dairo Torres, coordinador de la zona humanitaria de Alto Bonito, asesinado en julio de 2007 en Antioquia; Miguel Orozco, líder de desplazados de Tumaco, asesinado en agosto de 2007 en Nariño; Julio César Molina, de la Fundación Nuevo Amanecer de los desplazados de Cartago, asesinado en mayo de 2008 en el Valle del Cauca; Azael Hernández Bedoya, líder de 27 familias guardabosques en Tierralta, asesinado en junio de 2008 en Córdoba; Martha Cecilia Obando, presidenta de la Asociación de Mujeres Desplazadas (Asodesfran), asesinada en junio de 2008 en el Valle del Cauca; Alexánder Gómez, líder de la Legión del Afecto-Retorno, asesinado en julio de 2008 en Antioquia; Juan Jiménez, líder de los desplazados, asesinado en julio de 2008 en Antioquia; John Correa, del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), asesinado en julio de 2008 en Caldas; Walberto Hoyos Rivas, líder de la comunidad de Curvaradó, asesinado en octubre de 2008 en el Chocó; Benigno Gil, presidente de la Mesa Nacional Campesina, asesinado en noviembre de 2008 en Antioquia; Carlos Cabrera, líder de la Asociación de Desplazados de Arauquita, asesinado en noviembre de 2008 en Arauca; Jaime Antonio Gaviria, líder de la Mesa Nacional Campesina, asesinado en diciembre de 2008 en el Chocó; Geler Uberne Cruz, Líder de Organización de Personas Desplazadas-OPD,asesinado el 27 de diciembre de 2008 en Arauca; Alejandro Pino Medrado, líder de población desplazada en proceso de reclamación de tierras en Turbo, asesinado en febrero de 2009 en Antioquia; Ana Isabel Gómez Pérez, presidenta del Comité Municipal de Familiares Víctimas del Conflicto Armado (Comfavic), asesinada en abril de 2009 en Córdoba; Antonio Blandón, dirigente de Afrodes, asesinado en junio de 2009 en Bolívar; José Betancourt, miembro de la Asociación Campesina del Bajo Cauca antioqueño (Asocbac), asesinado en julio de 2009 en Antioquia; Jesús Guachetá Morales, líder indígena, asesinado en mayo de 2009 en Cauca; Guillermo Antonio Ramos, líder de población desplazada en proceso de reclamación de tierras de 80 familias, asesinado en julio de 2009 en Córdoba; Alberto Manuel Pastrana, miembro del Comité de Familiares Víctimas del Conflicto Armado (Comfavic), asesinado en octubre de 2009 en Córdoba; Sori Valenzuela Cobo, Presidente Junta Acción Comunal, vereda Buena Vista asesinado el 25 de mayo de 2009 en el Cauca; Albeiro Valdés Ramírez, líder de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras, asesinado en mayo de 2010 en Antioquia; Rogelio Martínez, líder del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, asesinado en mayo de 2010 en Sucre; Alexánder Quintero, coordinador de la Asociación de Víctimas de la Masacre de El Naya, asesinado en mayo de 2010 en Cauca; Luis Alfonso Socarrás, líder wayúu, asesinado en julio de 2010 en La Guajira; Jair Murillo, líder de la población desplazada, Afrodes, asesinado en julio de 2010 en el Valle del Cauca; Beto Ufo Pineda, líder de la Organización Nueva Florida, asesinado en agosto de 2010 en Cauca; Álvaro Montoya, presidente de la Junta de Acción Comunal de San José de Apartadó, asesinado en agosto de 2010 en Antioquia; Ramiro Inampuez, líder indígena por la restitución de tierras de su cabildo, asesinado el 28 de agosto de 2010 en Nariño; Hernando Pérez, dirigente de la Asociación de Restitución de Bienes y Tierras de Urabá, asesinado en septiembre de 2010 en Antioquia; Édgar Bohórquez, presidente de la Asociación de Desplazados Unidos del Sarare (Asodus), asesinado en septiembre de 2010 en Arauca; Fernando Enamorado de la Asociación de Víctimas de Urabá para la restitución de tierras y Bienes de Urabá-Asovirestibi- asesinado el 25 de octubre de 2010 en Antioquia; Óscar Manuel Maussa, líder de la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Blanquicet, asesinado en noviembre de 2010 en Bolívar; Argenito Díaz, líder de campesinos desplazados de Curvaradó, asesinado en enero de 2010 en el Chocó; Yonnel Delgado Villamil, miembro de la Fundación Nuevo Amanecer, asesinado en enero de 2011 en el Tolima; José Alfonso Delgado Villamil, miembro de la Fundación Nuevo Amanecer, asesinado en enero de 2011 en el Tolima; Andrés Alfonso Arenas Buelvas, miembro de la Fundación Nuevo Amanecer, asesinado en enero de 2011 en el Tolima; Éder Verbel Rocha, líder del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), asesinado en marzo de 2011 en Sucre; David de Jesús Góez, líder de restitución de tierras en Urabá, asesinado en marzo de 2011 en Antioquia (8); Nayibis María Centeno de la Cruz, Representante Legal de la Asociación de Desplazados del Corregimiento de la Mesa y miembro de la Mesa Departamental de Fortalecimiento de Población Desplazada del Cesar, asesinada el 11 de abril de 2011 en el Cesar; Ana Fabricia Córdoba, de Ruta Pacífica de las Mujeres asesinada el 7 de junio de 2011 en Antioquia; William Andrés Álvarez Orosco, Líder comunitario, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Porvenir asesinado el 7 de abril de 2011 en Antioquia; Fredy Jiménez, Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda las Acacias y líder de ASOCBAC, asesinado el 23 de noviembre de 2011 en Antioquia; la lista continúa, continúa y continúa; son millares las víctimas que han sido asesinadas durante los últimos años y cuyos crímenes siguen en la impunidad.

El Estado debe cumplir con lo ordenando por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- asignando las medidas provisionales y cautelares que corresponden y garantizando la protección de todas las víctimas, de los desplazados y de quienes integran las organizaciones sociales. Para que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras trascienda el papel y las buenas intenciones, el Gobierno Nacional debe garantizar, como se afirma en el Artículo 1º de la Ley, “el goce de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales”.

Ley 1448 de 2011: Artículo 31. Medidas Especiales de Protección: Las autoridades competentes deberán adoptar medidas de protección integral a las víctimas, testigos y a los funcionarios públicos que intervengan en los procedimientos administrativos y judiciales de reparación y en especial de restitución de tierras…

Parágrafo 2º. Teniendo en cuenta que los procesos de reparación judicial y administrativo pueden representar un riesgo especial para las víctimas y los funcionarios públicos que intervienen en estas actuaciones, se deberán establecer medidas de prevención suficientes para mitigar esos riesgos, para lo cual se tendrá en cuenta la información del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo si es del caso. Especialmente, en aquellos municipios en donde se estén adelantando procesos de restitución, las alcaldías deberán formular estrategias de seguridad pública de manera conjunta con el Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de prevenir afectaciones a los derechos de las víctimas, sus representantes, así como de los funcionarios.

NOTAS AL PIE
1. El Espectador; “Mano negra amenaza proceso de restitución de tierras: Santos”. Sección judicial. Bogotá, diciembre 4 de 2011.
2. Ídem
3. Sisma Mujer; “Nuevas amenazas contra lideresas en situación de desplazamiento forzado y organizaciones defensoras de sus derechos”. Bogotá, febrero 5 de 2010
4. Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado. III Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada 2010. Resumen de Resultados Preliminares en Materia de Bienes Rurales. Bogotá, octubre de 2010.
5. Revista Semana; “CI2-RT, la estrategia para proteger a quienes intentan recuperar sus tierras”. Sección Nación. Bogotá, marzo 16 de 2011.
6.Caracol Radio; “ONU pide al Gobierno proteger a las víctimas de restitución de tierras y no estigmatizarlas”. Diciembre 6 de 2011
7. El Espectador; “Mano negra amenaza proceso de restitución de tierras: Santos”.
8. Op Cit
9.Revista Semana; In Memóriam. Mártires. Bogotá, mayo 28 de 2011.


http://www.viva.org.co/cajavirtual/svc0284/articulo05.html