miércoles, 3 de junio de 2015

El desafío de la historia: vencer la guerra y construir la paz

Bogotá, junio 13 de 2014 Hace cuatro años los colombianos recibimos dos noticias impactantes, que de una u otra forma nos llevarían a un momento cumbre en nuestra historia. El 26 de febrero de 2010, la Corte Constitucional de Colombia declaró inexequible el referendo reeleccionista para que el presidente Álvaro Uribe pudiera aspirar a un tercer mandato en forma consecutiva. Este fallo perfiló a su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, como el ungido por el uribismo para liderar una campaña presidencial. Luego de las elecciones presidenciales del domingo 30 de mayo de 2010, cuyo proceso de escrutinio se prolongó oficialmente hasta el 8 de junio indicando que ningún candidato había alcanzado la mayoría absoluta de los votos, se llevó a cabo una segunda vuelta electoral el 20 de junio de ese mismo año. Y esa fue la segunda noticia que nos impactó. Cuando muchos colombianos, animados por lo que se llamó la Ola Verde (una opción que recogía las aspiraciones de cambio de diversos sectores sociales del país, en especial de la juventudes) esperaban un resultado electoral bastante reñido y que una opción distinta al uribismo se impusiera en las urnas, el candidato del Partido Social de Unidad Nacional, Juan Manuel Santos logró imponerse con 9.004.221 (69.05 %) sobre el candidato del Partido Verde, Antanas Mockus, quien obtuvo 3.588.819 (27.52 %). Aunque pocos días antes de la segunda vuelta electoral, algunas de las firmas encuestadoras más reconocidas del país como el Centro Nacional de Consultoría e Invamer Gallup habían anunciado un triunfo abrumador para el candidato oficialista, para muchos ciudadanos, quizás animados por el deseo, la fuerza verde era inatajable. Sin embargo, el resultado fue adverso, y quienes aspiraban a un país más justo, decente y democrático, capaz de impulsar profundas reformas sociales y políticas y poner fin a la guerra, sintieron que la única opción que quedaba era hacer oposición firme y organizada, y prepararse para soportar otros cuatro años de tinieblas. Amplios sectores democráticos tanto de Colombia como de otros países, intuyeron entonces que el país seguiría inmerso en la guerra, afianzando la degradación de la política, la corrupción y las prácticas clientelistas, antidemocráticas y autoritarias; que las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos, la persecución política, la estigmatización por razones ideológicas, los asesinatos selectivos, los mal llamados “Falsos Positivos”, las chuzadas, los arrestos arbitrarios, la parapolítica, las falsas desmovilizaciones, la corrupción, el desvío de dineros públicos para beneficio de familias adineradas aliadas al uribismo, como en el caso de Agro Ingreso Seguro, los montajes judiciales, la burda reelección con cohecho de por medio, y toda la podredumbre que caracterizó la era Uribe bajo un peligroso todo vale, seguirían su curso. No obstante, poco tiempo después, esos mismos sectores empezaron a advertir, con asombro y sospecha, que si bien el gobierno Santos mantenía un mismo modelo económico, neoliberal y depredador, empezaba a formular significativas transformaciones. Tres hechos de su gobierno lo distanciaron radicalmente del estilo gansteril y guerrerista del expresidente Uribe: 1. El reconocimiento de la existencia de un conflicto armado sobre la concepción maniquea de Uribe de que nos hallábamos ante una simple amenaza terrorista ante la cual no tenían asiento los principios del Derecho Internacional Humanitario; 2. El reconocimiento de un universo de víctimas que tenían derecho a verdad, justicia y reparación integral con garantías de no repetición, y frente a la cuáles el Estado estaba en deuda; y 3. La posibilidad de poner fin a la guerra mediante un proceso de negociación con las guerrillas. Estos pasos dados por el gobierno Santos fueron definitivos para entender que posiblemente una nueva era se anunciaba para el país, pese a lo que representaba, a su ascendente político y a sus desatinadas acciones en otros campos, como su apoyo al TLC y su extensión a otros países, su propuesta de ampliación del Fuero Penal Militar recortando libertades civiles y garantizando impunidad a militares incursos en graves violaciones a los Derechos Humanos, su necia negación sobre la existencia del paro agrario y la brutal represión que su gobierno desató contra los campesinos que protestaron de manera legítima en buena parte del territorio nacional, a los pocos avances en materia de salud, justicia y educación, entre otros. Sin embargo, Santos se demarcó de Uribe y nos puso a pensar en la Paz, no como una utopía, no como una palabra romántica con pocas opciones de materialización, sino como un camino que podíamos empezar a recorrer y a construir entre todos los colombianos, con paciencia, participación y animados por profunda convicción. No resultaba sencillo creer en Santos, menos en sus buenas intenciones, pero más allá de las cifras y datos estadísticos que evidenciaban cambios positivos como en temas de competitividad, estabilidad financiera e innovación, aumento del PIB per cápita y en el tamaño de los mercados, reducción de la deuda, y otros temas que poco nos dicen a la mayoría de colombianos porque no los percibimos en nuestro diario vivir, lo cierto es que episodios sórdidos como los que caracterizaron la jefatura de Uribe, donde el crimen fue una clara política de Estado, empezaron a ser percibidos como cosa del pasado. De los muchos hechos execrables que caracterizaron la oscura era de Uribe, quizás hay uno que revela como ningún otro la ruina democrática e institucional en que sumió al país y la plena materialización del terrorismo de Estado: la creación de la empresa criminal más grande, jamás antes orquestada – al menos no en esa dimensión- desde el mismo palacio presidencial a través del DAS. Se debe considerar que su acción fue más allá, mucho más allá del escándalo de las “Chuzadas”, de la escucha de conversaciones de altos dignatarios de las cortes y de la interceptación de correos electrónicos a líderes de oposición, periodistas críticos y defensores de Derechos Humanos, o de la creación del grupo G-3, entidad que operó como una policía política, bajo una clara doctrina de muerte, terror y persecución. La acción criminal del DAS condujo tanto a la eliminación de expedientes de jefes paramilitares, como a la entrega de listas de líderes que debían ser protegidos para que fueran asesinados por estos grupos criminales, a campañas de desprestigio, hostigamiento permanente, manuales de tortura e intimidación, asesinato de testigos y denunciantes, como en el caso del ex congresista Fernando Pisciotti Van Stralhen, quien luego de viajar a Bogotá para denunciar ante el DAS, la coerción paramilitar que se estaba dando de manera flagrante en el municipio de El Banco, Magdalena, fue acribillado el 9 de diciembre de 2003. “Una copia de esa denuncia, con membrete del DAS, terminó en manos del jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.” Un caso emblemático, que sintetiza lo que significó y el alcance de un Estado al servicio del crimen es el de la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, quien junto a Bernardo Moreno, ex secretario general de la Presidencia, obedecía directamente las ordenes que impartía el jefe de Estado. Resulta ingenuo suponer que ellos actuaban a motu propio. “Si caigo, hablo: María del Pilar Hurtado En noviembre del 2010, cuando era inminente una orden de captura contra la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, luego de haber sido destituida por la Procuraduría , el ex presidente Álvaro Uribe activó sus influencias internacionales y, burlando las disposiciones existentes en la materia, logró que el también cuestionado gobierno de Ricardo Martinelli, mediante decreto 301 del 19 de noviembre de 2010, le concediera asilo territorial en Panamá, pese a que Hurtado nunca fue perseguida política y era requerida por la justicia nacional para que respondiera por varios delitos comunes relacionados con los seguimientos ilegales realizados por el DAS bajo su administración, entre el 2007 y el 2009. La última vez que Hurtado compareció ante las autoridades colombianas fue en julio del 2010 cuando acudió a un interrogatorio en la Fiscalía General de la Nación, en el que declaró: “Sigo a disposición de la Fiscalía cuando esta lo requiera”. Sin embargo, cuatro meses después, acatando las orientaciones de su ex jefe, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien les recomendó a sus más cercanos colaboradores salir del país para no responder ante la justicia, porque según afirmó no había garantías judiciales, es decir impunidad asegurada, (como en el caso de su ex comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, cuyo paradero es un enigma desde el 8 de enero de 2012, cuando viajó a Washington), Hurtado partió a Panamá para ponerse a salvo de la justicia colombiana. La misma recomendación, según denuncio el ex ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, fue acatada por el “ex consejero presidencial José Obdulio Gaviria, el ex ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega, el ex director del DAS Andrés Peñate, el secretario jurídico de la Presidencia César Mauricio Velásquez y el consejero Jorge Mario Eastman, quienes habrían solicitado asilo infructuosamente en Costa Rica.” En las últimas semanas el nombre de María del Pilar Hurtado, que parecía arrojado al olvido y sus crímenes a la impunidad, volvió a ser noticia. El 13 de mayo de 2014, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes aprobó la proposición del congresista Iván Cepeda Castro para que el Gobierno Nacional solicitara al electo presidente panameño, Juan Carlos Varela, una vez asumiera su cargo, extraditar a la exdirectora del DAS. De manera casi simultánea, mientras Uribe enviaba un bufete de abogados a Panamá para “proteger” a su ex funcionaria, la oficina de asuntos internacionales del Ministerio de Justicia remitía a la Comisión Segunda de Relaciones Internacionales del Congreso de la República, una respuesta favorable al estudio sobre una nueva solicitud de extradición. “Revisado el expediente de extradición activa que corresponde a la ciudadana María del Pilar Hurtado, se pudo constatar que el doctor Fernando Alberto Castro Caballero, Magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de la decisión del 21 de noviembre de 2011, adoptada por magistrados y conjueces de dicha sala, solicitó a este ministerio que a través de canales diplomáticos se adelanten las gestiones pertinentes con el gobierno de Panamá con el fin de obtener la extradición de María del Pilar Hurtado…” Aunque varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá habrían declarado inconstitucional el asilo de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, la decisión aún no está en firme como lo sostuvo la canciller colombiana, María Ángela Holguín, luego de conversar con el Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, porque los protocolos diplomáticos legalmente establecidos, toman cierto tiempo antes de concretarse. Esta demora por parte de la Corte de Panamá, llevó a que el Tribunal Superior de Bogotá negara en días pasados la solicitud de la Fiscalía de cancelar el pasaporte de María del Pilar Hurtado. “Para el Tribunal, la decisión de la Corte del vecino país debe estar apostillada para que tenga algún efecto en Colombia.” Ante esta decisión, la Fiscalía presentó un recurso de reposición a ese organismo y le solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) expedir una circular roja para la captura internacional de Hurtado y para que ésta pudiera ser deportada a Colombia, dónde está siendo juzgada como reo ausente por la Corte Suprema de Justicia. Mientras los organismos competentes se deciden a actuar y el presidente Santos solicita a las autoridades panameñas que reconsideren su situación y declara que como jefe de Estado es su deber buscar la extradición cuando la Corte Suprema de Justicia requiere a cualquier ciudadano para que comparezca ante la justicia, Hurtado ha desaparecido del radar. Se rumora que ha tramitado asilo en otros países, que se encuentra escondida en una finca del ex presidente Martinelli por mediación de Uribe o que incluso ha regresado de manera clandestina a Colombia. El tiempo corre y ella, por supuesto, ante el anunció de una eventual captura, se esconde como es natural. Lo cierto es que su situación no puede prolongarse indefinidamente, y que una vez sea puesta a disposición de la justicia nacional tendrán que brindársele todas las medias de seguridad y las garantías jurídicas, para que realice su célebre amenaza: “Si caigo, habló”. Uribe debe estar temblando y maquinando. María del Pilar Hurtado, al igual que Yidis Medina, es una mujer sin trayectoria profesional reconocida, sin peso político, sin apellidos ni vínculos con la élite nacional o regional, sin dotes intelectuales ni morales, pero por cuenta de la posición que alcanzó, y de una ciega militancia al servicio de la corrupción y el crimen, se convirtió en una pieza clave que podría ayudar a develar hasta dónde los altos funcionarios del gobierno Uribe, incluyéndolo a él, entraron en alianzas con narcotraficantes, jefes paramilitares y dirigentes corruptos en su afán de imponer un “nuevo orden” en Colombia, como la plantea la analista María Victoria Duque. En este momento cumbre de la historia, los colombianos debemos preguntarnos si este modelo de violencia, corrupción, crimen e impunidad es lo que deseamos perpetuar en el país, o si por el contrario, nos unimos y le damos una oportunidad al cambio, a la esperanza, a la realización plena de un Estado Social de Derecho, a la posibilidad de poner fin a una costosa y fratricida guerra para empezar a construir una nación en paz. ¿Vamos a sacrificar más vidas humanas en esta demencial guerra o vamos a darle una oportunidad a la paz? Nota/ El próximo 15 de junio Colombia se enfrenta a una disyuntiva histórica; unas elecciones cruciales a través de las cuales no sólo se definirá el nombre del próximo mandatario del país, sino el país que vamos a tener durante las próximas generaciones. Tendremos que elegir (quizás sintiendo que los dioses se burlan de nosotros al plantearnos dilemas inesperados): entre el país inviable, aciago y ruin que legó Uribe Vélez o la posibilidad de empezar, desde los cánones democráticos y la activa participación ciudadana, a proponer un país sin guerra, sin violencias y con opciones reales para ejercer la oposición política, sin que ello implique la estigmatización, el encierro, el destierro o el entierro. Entre la paz y la guerra, elijo la paz; entre la vida o la muerte, elijo la vida; entre el fusil y la palabra, elijo la palabra. Entre una posible paz y una segura guerra, elijo una paz posible. YO VOTO POR LA PAZ Notas al pie Encuesta del 3 de junio por el entro Nacional de Consultoría. Juan Manuel Santos: 61.6%. Antanas Mockus: 29.8%. Voto en blanco: 5.8%. El 10 de junio la firma consultora Invamer Gallup anunciaba un 66.5% en la intención de voto por Juan Manuel Santos contra un 27.4% para Antanas Mockus. Parecía que la Ola Verde empezaba a desinflarse. Encuestas anteriores habían señalado un empate técnico entre los dos candidatos. El 20 de mayoel Centro Nacional de Consultoría anunció un 47% a favor de Santos contra un 46%por Mockus. Por su parte Datexto, el 21 de mayo anunció una intención de voto del 44% por Santos y un 45% por Mockus, más un 11% a favor del voto en blanco. El 22 de mayo la firma Ipsos Napoleón Franco le daba a Santos un 40%, por debajo de Mockus que alcanzaba el 45% en la intención de voto, a la vez que se anunciaba un aumento en el voto blanco, cercano al 15%. Manuales para amenazar del DAS, la policía secreta de Uribe. Ver en: http://www.youtube.com/watch?v=VfnkGqy4-tE En El Espectador; “Por asesinato del exalcalde de El Banco, a juicio hermano del exgobernador”. La Fiscalía llamó a juicio a Juan Carlos Correa Luna, hermano del exgobernador del Magdalena Trino Luna. Sección Judicial, 19 de junio de 2012. Ver en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/asesinato-del-exalcalde-de-el-banco-juicio-hermano-del-articulo-353839 “El 1 de octubre de 2010, el Procurador Alejandro Ordóñez destituyó e inhabilitó a la señora María del Pilar Hurtado Afanador por haber ordenado a funcionarios del DAS que realizaran “labores de seguimiento a algunos ciudadanos de relevancia nacional, abusando de su cargo, con clara extralimitación de las funciones legales asignadas, violando con ello el derecho a la intimidad”. Tomado de María Victoria Duque López; “Si caigo, hablo”: María del Pilar Hurtado”. Publicado en: Congreso Visible. Febrero 14 de 2012. Ver en: http://congresovisible.org/agora/post/si-caigo-hablo-maria-del-pilar-hurtado/3160/ Concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones (interceptación de correos, grabaciones y escuchas) amenazas y seguimientos ilegales, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público En Diario ADN; “Niegan petición de Fiscalía de anular pasaporte a exdirectora del DAS”. Bogotá, junio 9 de 2014. Ver en: http://diarioadn.co/actualidad/colombia/niegan-petici%C3%B3n-de-anular-pasaporte-a-mar%C3%ADa-del-pilar-hurtado-1.111793 En Desde Abajo; “Recomienda Uribe: ¡Huir del país mientras se pueda!”. Bogotá, 11 de Diciembre de 2010. Ver en: http://www.desdeabajo.info/ediciones/periodico/item/8330-recomienda-uribe-%C2%A1huir-del-pa%C3%ADs-mientras-se-pueda.html?tmpl=component&print=1 En El País; “Tribunal niega solicitud de la Fiscalía de cancelar pasaporte de Hurtado”. Colprensa. Cali, junio 9 de 2014. El 26 de julio del 2011 la Interpol se negó a emitir circular roja para capturar a Hurtado, argumentando que existía un asilo concedido por Panamá. “En enero de 2012, el abogado Luis Guillermo Pérez del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el periodista Hollman Morris viajaron a Panamá para presentar pruebas que sustentarían la revocatoria del asilo a María del Pilar Hurtado.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada