miércoles, 3 de junio de 2015

Rafael Nieto Loaiza, de investigado a defensor del Estado ante la Corte IDH

Bogotá, febrero de 2013 Rafael Nieto Loaiza, de investigado a defensor del Estado ante la Corte IDH La indemostrable no existencia de los desaparecidos en el Palacio de Justicia ante la Corte IDH Estas palabras referidas por Primo Levi, que los SS dijeron a Simone Wiesenthal y los otros al llegar al campo: «Termine como termine, esta guerra ya le hemos ganado contra ustedes; no quedará ninguno para dar testimonio, pero incluso si algunos se salvaran, el mundo no les creerá. Podrá haber sospechas, discusiones, investigaciones realizadas por historiadores, pero no habrá certezas, porque al destruirlos a ustedes destruiremos las pruebas. E incluso si algunas subsistieran y si algunos de ustedes sobrevivieran, la gente dirá que los hechos que cuentan son demasiado monstruosos para ser creídos» El Objeto del siglo Gérard Wajcman El pasado lunes 18 de febrero, la prensa nacional publicó algunos apartes del documento de defensa que el Estado colombiano presentó ante la Corte IDH por el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia. En el texto, que desató un enorme malestar nacional, seguramente también el regocijo de algunos sectores de la extrema derecha, y las típicas lavadas de manos de la Cancillería y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se desconocen los fallos judiciales de los últimos años, las conclusiones de la Comisión de la verdad y se ofende, una vez más, la dignidad de las víctimas. Quizás el nombre del abogado Rafael Nieto Loaiza a muchos colombianos no les diga nada, o les diga muy poco, sin embargo, su nombre tomó enorme resonancia en el país al comienzo de esta semana cuando se conoció la respuesta, que como defensor del Estado, presentó ante la Corte IDH en el Caso No. 10.738, en la cual niega lo que ya la justicia colombiana demostró hace tiempo: la desaparición forzada de 12 ciudadanos colombianos a manos del Ejército de Colombia. Asimismo, el “defensor” del Estado que, por cierto más parece su verdugo, afirma que la toma del Palacio de Justicia fue responsabilidad exclusiva de la guerrilla del M-19, que no hay víctimas de tortura y que los 12 desaparecidos, fallecieron a causa de la conflagración, seguramente propiciada por los mismos guerrilleros. "Los civiles desaparecidos perecieron calcinados bajo la custodia del grupo insurgente que los tomó como rehenes al interior del Palacio de Justicia (...) Entonces, la presunta violación a sus derechos obedeció, única y exclusivamente, a la acción de un tercero." Además de estas afirmaciones, el abogado Nieto Loaiza sostiene que en el caso “del exmagistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, "no fue ni desaparecido ni ejecutado por agentes del Estado" y que está plenamente probado que "su muerte sucedió en el Palacio de Justicia cuando miembros del M-19 lo asesinaron." Luego alega que en virtud del principio de irretroactividad de las normas internacionales, la Corte IDH, carece de competencia ratione temporis para conocer sobre las presuntas violaciones a la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, en relación con el señor Carlos Horacio Urán. “Aunque la jurisprudencia de la Corte IDH ha aceptado la posibilidad de avocar competencia respecto de hechos continuados con anterioridad a la vigencia de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, pero que se mantienen en el tiempo luego de la entrada en vigencia, dicha circunstancia no se evidencia en el presente caso respecto de la presunta desaparición del señor Urán Rojas, en cuanto como se manifestó, la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, fue radicada por el Estado de Colombia el 12 de abril de 2005 y la presunta desaparición del señor Urán ocurrió entre el 6 y el 8 de noviembre de 1985; es decir, la desaparición había cesado en sus efectos diez años antes de la entrada en vigencia de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas.” Según se puede interpretar de esta respuesta, resulta irrelevante el hecho, ya demostrado, de que el abogado Carlos Horacio Urán salió con vida del Palacio y luego fue ejecutado por la fuerza pública, al parecer, con un tiro de gracia ; lo realmente importante para la defensa del Estado es evitar una fuerte condena, que las víctimas sean reconocidas internacionalmente y debidamente reparadas, y que los directos responsables de este crimen de lesa humanidad sean plenamente identificados y ejemplarmente sancionados. Claramente su estrategia responde a los miopes intereses de las Fuerzas Militares. Nieto Loaiza tergiversa peligrosamente la historia, especula irresponsablemente, niega de manera malintencionada lo que la ya fue comprobado, y desafía la veracidad de los elementos, que después de más de dos décadas, ya fueron aclarados y resueltos por la justicia colombiana. “Cita los libros del confeso narcoterrorista Popeye y de la exdiva de la televisión Virginia Vallejo para argumentar nexos del M-19 con el narcotráfico; asegura que al jefe guerrillero Iván Marino Ospina lo dieron de baja en una casa del narcotraficante José Santacruz y hasta sostiene que al periodista Guillermo Cano lo asesinaron en represalia por haber escrito acusando al narcotráfico del asalto al Palacio de Justicia. […] Al menos en El Espectador está claro que a su director no lo asesinaron por lo que arguye Nieto Loaiza. En cambio, las sentencias del Consejo de Estado o los avances investigativos de la Fiscalía y los jueces ya han esclarecido mucho de lo que sucedió. Aun así, en cuanto al análisis pormenorizado de cada una de las once personas denunciadas como desaparecidas, los comentarios son sorprendentes. Ni siquiera se admite un caso probado: la desaparición de Irma Franco. Nieto Loaiza insiste en hechos no probados. Por ejemplo, que el administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez, murió en el Palacio de Justicia y que su detención fue invento de un testigo falso llamado Ricardo Gámez. No agrega, en cambio, que otros testigos han afirmado también bajo la gravedad del juramento que lo vieron con vida saliendo del Palacio. En cuanto a la desaparecida Cristina del Pilar Guarín, el alegato se dedica más a descalificar a su hermano René, por haber pertenecido al M-19, que a demostrar qué fue lo que sucedió con ella. […] Otra conclusión debatible es la de rechazar que la CIDH establezca responsabilidades en las torturas y tratos degradantes a los que fueron sometidos, entre otros, los entonces estudiantes de la Universidad Externado Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo, quienes accidentalmente se encontraban en el Palacio en el momento del ataque. Nieto se limitó a citar al general Jesús Armando Arias Cabrales diciendo que sí hubo detenidos para indagar en la Casa del Florero, pero que el caso se solucionó “sin novedad alguna.”” Semejantes ultrajes a la memoria histórica del país, a la dignidad de las víctimas y a los contados fallos judiciales -con los cuales se ha querido desafiar tantos años de ignominia e impunidad- como el proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 1993 y por el Consejo de Estado en 1994 por la desaparición de 12 personas en el Palacio de Justicia, entre otros, no sólo provocaron la molestia de las víctimas, juristas y defensores de Derecho Humanos, sino que además, llevaron a que la sociedad se interrogara sobre la seriedad y la honorabilidad con la que el Estado responde ante la justicia internacional. El portal la Silla Vacía, recordó que existen “tres sentencias judiciales que reconocen que hubo desaparecidos. Dos del coronel Plazas Vega, que en primera y segunda instancia lo condenan por dos desapariciones, y una del general Arias Cabrales, que era el comandante de la Brigada 13 y quien comandó la operación de retoma del Palacio, condenado en primera instancia por la desaparición de 11 personas. Incluso, la defensa de Plazas Vega reconoce la existencia de una desaparecida, Irma Franco, aunque afirma que el coronel retirado no tuvo nada que ver con ella. Para la Comisión de la Verdad, que fue creada por la Corte Suprema en 2005 para esclarecer estos hechos, no existe duda alguna de que empleados de la cafetería y algunos visitantes ocasionales fueron víctimas de desaparición forzada. “Todos ellos, indiscutiblemente, ingresaron con vida al Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985 y, hasta el momento, 24 años después, se desconoce su paradero”, dice el informe de la Comisión. En una declaración reciente, el capitán Óscar William Vásquez Rodríguez, agente del B2 de la época, confesó que no solo el Ejército detuvo y torturó a varias de las personas que se encontraban en la cafetería, sino que también lo hicieron la Policía y el DAS” El desconcierto que produjo tan deleznable defensa del Estado, llevó a que analistas políticos, periodistas, abogados, catedráticos y directores de medios dedicaran sus espacios para expresar su profundo malestar, pero también para tratar de entender qué se ocultaba tras esta mal calibrada estrategia, con la cual parecía estarse recurriendo a una típica acción de negacionismo histórico. No hace más de dos meses, afirmaciones similares, expresadas por el mismo abogado ante la Corte IDH por el caso Santo Domingo , le habían salido costosas al Estado colombiano. El resultado en aquella oportunidad, “fue una sentencia en la cual la Corte regañó a Colombia por lo que consideró un argumento deshonesto: defenderse durante todo el trámite del caso alegando la probidad de sus jueces y sus fallos, para luego, en el último minuto, atacarlos y entrar a discutir y negar hechos judicialmente reconocidos.” ¿Cómo es posible que se pretenda emplear la misma estrategia jurídica internacional -estrategia que además de fallida, provocó el enojo de la Corte IDH y expuso a Colombia ante el mundo como un Estado cínico, irresponsable, insensible y sin decoro- de argumentar la incompetencia de la Corte para juzgar el caso y negar los resultados judiciales?. ¿Cómo es posible, que la Defensa del ESTADO, improvise en su trabajo y resulte copiando apartes de la anterior respuesta, la misma que fue rechazada por cínica, y luego envíe un mensaje diciendo que un problema de edición llevó a que “algunos párrafos se ‘empastelaran’? ¿Por qué el presidente Santos, que reconoce la deuda histórica con las víctimas, que ha afirmado públicamente que en los hechos del Palacio de Justicia, “hay al menos 12 personas de las que se desconoce su paradero” -como lo hizo el 4 de noviembre del 2010, en el homenaje a las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia-; que en sus discursos habla de reconciliación, que ha pedido perdón a algunas víctimas de la guerra y la injusticia, como en el caso de las comunidades indígenas del Cauca, del Amazonas, de la masacre de El Salado (Bolívar) y El Tigre (Putumayo); que al parecer se la está jugando por una salida político negociada con las FARC para poner fin a la guerra; que sancionó la Ley 1448 de 2011 donde se establece el deber de la memoria del Estado y las funciones de un Centro de Memoria Histórica, y que además participó recientemente en el lanzamiento de la Alianza ‘Colombia Sin Heridas’, convocado por la Corporación Nuevo Arco Iris, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), las Asociaciones Tierra y Vida, Forjando Futuro y el Partido Liberal , acepta como defensor del Estado colombiano ante la Corte IDH a un abogado totalmente obsecuente con las Fuerzas Militares, que ha sido “llamado a declarar por la Fiscalía General de la Nación en el proceso que se sigue por el denominado escándalo de las "chuzadas" del DAS […] para que responda por la inclusión de su nombre en un plan de infiltración de la Corte Interamericana de DDHH con sede en Costa Rica” y que, además, públicamente a rechazado los fallos judiciales en el caso del Coronel Plazas Vega, condenado por desaparición forzada? La incongruencia es total. ¿Cómo confiar entonces, y creer en las pulcras intenciones de un gobierno tan ambiguo? ¿Por qué Rafael Nito Loaiza “defiende” al Estado? Quizás las credenciales de su padre, el también jurista Rafael Nieto Navia, su propia trayectoria profesional, su compromiso –por no llamarlo de otro modo- con las Fuerzas Militares y el entorno natural común que comparte con el presidente Santos, como miembros de la llamada “oligarquía” bogotana, hayan servicio para que su nombre fuera considerado como defensor del Estado colombiano ante la justicia internacional. Rafael Nieto Loaiza, quien se declara uribista por convicción, (como al parecer lo fue en algún momento el mandatario), es un “abogado socioeconomista, especializado en derecho constitucional e internacional y derechos humanos.” Fue viceministro del Interior y de Justicia del segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez y “en el año 2010 reemplazó a Eduardo Montealegre, actual fiscal general de Colombia, en la defensa del Estado en casos como el de la masacre de Santodomingo, (ocurrida) en 1998, en la que 17 civiles -seis de ellos niños- murieron a causa de un bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). […]Además fue asesor de la comisión redactora de la reforma al Fuero Penal Militar, aprobada en medio de críticas de la comunidad internacional de derechos humanos.” Asimismo, Nieto fue considerado por el presidente Álvaro Uribe como una opción para integrar la terna para Fiscal General de la Nación por sugerencia del Edmundo Del Castillo, Secretario Jurídico de Presidencia. En octubre de 2011, en un foro sobre relaciones internacionales, la férrea posición de Nieto Loaiza en favor de la Justicia Penal Militar y en defensa de 27 militares destituidos por los mal llamados falsos Positivos, “fue recibida en las Fuerzas Militares en un ámbito de franco optimismo, porque al fin alguien les puso los puntos sobre las íes a quienes arruinaron moralmente a la institución uniformada.” Tampoco han pasado desapercibidas para las FF MM su defensa del Coronel Plazas Vega, como se plasma en una columna de opinión publicada por el diario El Colombiano, reproducida por el blog Centro Colombiano de Pensamiento Político-Militar, donde encabeza su texto diciendo: “Aberración: Grave error del entendimiento. Conducta depravada, perversa, o que se aparta de lo aceptado como lícito". Definición de la Real Academia perfecta para calificar la sentencia a Plazas Vega.” Rafael Nieto Loaiza, es amigo de la Fuerzas Militares, desprecia a la izquierda política, o al menos a los marxistas, que según sostiene desde que “aprendieron hace tiempo que el lenguaje es una herramienta vital en la lucha política […] se han vuelto expertos en su manipulación,” y es también, un típico miembro de la oligarquía bogotana. Su padre, Rafael Nieto Navia, hijo de Eduardo Nieto Umaña y doña Teresa Navia Harker de Nieto, es un reconocido abogado de renombre internacional. Fue Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre 1993-1994. Además se ha desempeñado como Juez del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, fue designado como embajador en Suecia con doble acreditación a Dinamarca, Finlandia e Islandia por el presidente Álvaro Uribe Vélez. También fue Juez durante 12 años de la Corte IDH , donde, entre muchos otros casos, le correspondió ser parte del equipo de cuatro jueces que dictó sentencia en el Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia, el 8 de diciembre de 1995. De este loable desempeño, vale recordar su argumento disidente frente al punto uno en el cual la Corte decide que la “República de Colombia ha violado en perjuicio de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana los derechos a la libertad personal y a la vida contenidos en los artículos 7 y 4 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” y su posición disidente en los puntos 6 y 7, que, respectivamente, obliga al Estado “a pagar una justa indemnización a los familiares de las víctimas y a resarcirles los gastos en que hayan incurrido en sus gestiones ante las autoridades colombianas con ocasión de este proceso” e indica que “la forma y cuantía de la indemnización y el resarcimiento de los gastos serán fijados por esta Corte y para ese efecto queda abierto el procedimiento correspondiente. ” Nieto Navía fue designado en el mes de noviembre del 2012 como integrante de la comisión de expertos que realizará un “estudio de los cursos de acción jurídicos en relación con la situación derivada del fallo proferido el pasado 19 de noviembre de 2012 por la Corte Internacional de Justicia” de la Haya, sobre el litigio de Colombia y Nicaragua para la delimitación de la frontera marítima entre ambos países. Antes de ser conocido como destacado abogado internacionalista, Nieto Navia solía ser noticia en las páginas sociales de la prensa nacional. En agosto de 1965, el periódico El Tiempo, anunció en la página 19, que el matrimonio de Rafael Nieto Navia y María Teresa Loaiza Cubides, sería bendecido por al SJ Gabriel Girado, decano de la facultad de Derecho de la Universidad Javeriana el sábado 28 de agosto en la Iglesia Santa Bibiana de Usaquén. También se informa que una vez terminada la ceremonia religiosa, los padres de la novia (don Manuel Loaiza Dennis y Doña Teresa Cubides de Loaiza) ofrecerán una recepción en su residencia, de donde saldrán los desposados en viaje de luna miel a Cartagena y San Andrés.” De esta unión nacieron cuatro hijos: Rafael, Juan Carlos, Pablo y María Teresa. El miércoles 30 de noviembre de 1983, seguramente entre muchas otras publicaciones que daban cuenta de la vida social y triunfos familiares, una nueva noticia en las páginas sociales le informó al país que con motivo del grado de bachiller, que el Gimnasio Moderno le otorgó a su hijo Rafael Nieto Loaiza, sus padres ofrecerían una recepción familiar. Veinte años después, en el 2003, para poder titularse como abogado de la Facultad de Ciencias Jurídicas, del departamento de Derecho Público de la Universidad Javeriana, Rafael Nieto Loaiza, junto a su compañero Teófilo Pineda Estada, presentaron la monografía “Tratamiento de la actividad policial en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional,” cuyo director fue el ex decano Académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Luis Fernando Álvarez Londoño, S.J. Ese mismo año, el joven abogado, que para ese momento registraba en su hoja de vida una destacada actividad laboral como asesor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del PNUD y de la Agencia Sueca de Cooperación, y a quien ya algunos los medios calificaban de experto en temas de defensa, seguridad y justicia y Derecho Internacional Humanitario, fue nombrado, mediante decreto 2068 del 24 de julio de 2003, como viceministro de justicia. Nueve meses después, en el 2004, presentaba su carta de renuncia argumentando diferencias con el ministro de Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, “acerca de la reforma a la justicia, el empadronamiento y las entrevistas con abogados de extraditables.” Sin embargo, Nieto Loaiza, pronto encontró en que ocupar sus días libres. En el 2007, la prensa colombiana informaba que el DAS, a través de la llamada ‘Operación Internet’ había desarrollado una estrategia para desprestigiar a diversas ONGs ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según los documentos revelados, “Rafael Nieto y José Miguel Narváez fungían como “núcleos de apoyo” y la estrategia sería financiada con dineros de colombianos en el exterior y recursos del DAS en el año 2004.” La estrategia de desprestigió se haría a través de la emisión de comunicados públicos en las páginas web ‘Corporación Verdad y Justicia’ y el ‘Servicio Colombiano de Información y Estadística para la prevención del conflicto’. “La Corporación Verdad y Justicia no habría sido la única creada por el DAS. En el folio 176 de la carpeta 53 de 2004, aparece también que incluía en sus planes la creación del colectivo de abogados Simón Bolívar y que sería una página web para manejo de imagen que realizaría convocatorias, publicaciones y comunicados. El Colectivo de Abogados Simón Bolívar sería presentado como una: “ONG de derechos humanos que integra la solidaridad latinoamericana en torno a los principios fundamentales, con sede central en Costa Rica”, Sin embargo, en otra página encontrada en los expedientes, aparece la Situación Real; donde se afirma que el verdadero objetivo que se persigue “es crear una organización no gubernamental que defienda los interés del Estado Colombiano frente a la amenazas que representa la manipulación de la Corte Interamericana de Derechos humanos, con sede en Costa Rica y la CIDH con sede en Washington, por parte de organizaciones no gubernamentales de fachada de grupos al margen de la ley.” Incluso en la documentación de registros y actividades de estos portales de internet, “aparece una carta abierta firmada por la Corporación Verdad y Justicia en la que se rechaza el compromiso del gobierno para pedir perdón a las víctimas por la masacre de la Rochela...” “Estas dos organizaciones también funcionaron como fachadas del DAS en Colombia y desde ellas se realizaron campañas de desprestigio contra defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y miembros de la oposición. En el expediente también hay numerosa documentación respecto a esas "ONGs."” Frente a estos antecedentes, y ante un proceso tan delicado y sensible para el país, como lo es el de los desaparecidos del Palacio de Justicia, resulta alarmante que mientras el discurso del Presidente apunta hacia el reconocimiento de los derechos de las víctimas, así sea parcial, y de las obligaciones del Estado para con ellas, el abogado Nieto Loaiza camina en otra dirección, y como defensor del Estado asume una posición de desacato y desprecio a algunas de las políticas del actual gobierno. Las argumentaciones que Nieto Loaiza expone en la respuesta que envía como agente del Estado de Colombia ante la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye, sin duda alguna, un grave ultraje para los familiares de los desaparecidos: colombianos a los que el Estado aún no les ha regresado los restos de sus seres queridos que fueron víctimas de secuestro, tortura, asesinato y desaparición forzada por acción directa de agentes del Estado cuando se encontraban trabajando, o visitando, la máxima sede de la justicia colombiana. Es también una ofensa para el país, para la democracia, para el actual gobierno, para la justicia nacional e internacional y por supuesto es muestra de un total desprecio por la dignidad humana. Las convicciones personales de Nieto, sean compartidas o no, son y deben ser respetadas como las de cualquier otro ciudadano, pero éstas no pueden empañar el juicio de quien representa al Estado colombiano ante tribunales internacionales de justicia, ni puede sobreponer su incondicional servilismo con las fuerzas castrenses a su deber de mantener la dignidad del Estado ante el mundo y ejercer una representación, ante todo, respetuosa de las víctimas y del sistema judicial de Colombia. Defender el crimen y procurar impunidad, no es actuar en favor de la nación. « ¿Cómo recordar cuando, además de erigirse en dueños de la vida y la muerte de cada hombre, surge la voluntad de adueñarse también al mismo tiempo, de lo que conforma y conserva el recuerdo de cada hombre? Dueños de los hombres y de la memoria de los hombres. Asegurarse del Otro. Aniquilar tanto al hombre como al Otro. Borrar hombres de la lista de los vivos y borrarlos también de la lista de los muertos. Como si no hubieran existido nunca. Y luego borrar la propia lista, devolver una hoja en blanco, y luego hacer desaparecer la hoja misma, reducirla a cenizas, y luego dispersar estas cenizas, y luego disipar el humo y el olor a quemado» El Objeto del siglo de Gérard Wajcman (2001) Buenos Aires: Amorrortu Notas al pie Caso Carlos Augusto Rodríguez Vera y otros (Palacio de Justicia), radicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 9 de febrero de 2012, al considerar que el Estado no cumplió con las recomendaciones contenidas en su Informe. El Caso No. 10.738 se refiere a la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo, Luz Mary Portela León, Norma Constanza Esguerra, Lucy Amparo Oviedo de Arias, Gloria Anzola de Lanao, Ana Rosa Castiblanco Torres e Irma Franco Pineda, y a la desaparición y posterior ejecución del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas, así como la detención y tortura de Yolanda Ernestina Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino, Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis, en el contexto de la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurrida en Bogotá, los días 6 y 7 de noviembre de 1985. EN El Tiempo, “En retoma del Palacio no hubo desaparecidos': Colombia ante Corte IDH”. Redacción Justicia, Bogotá, 18 de febrero de 2013 http://www.eltiempo.com/justicia/retoma-del-palacio-de-justicia-defensa-de-colombia-en-corte-interamericana_12603370-4 Contestación al Informe de admisibilidad y fondo en el Caso 10.738 Rodríguez Vera y Otros. Solicitud de nulidad de unos actos cuasijurisdiccionales surtidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con violación directa de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Falta de competencia ratione temporis de la Corte para conocer sobre las presuntas violaciones a la convención Interamericana sobre Desaparición forzada, en relación con Carlos Horacio Urán Rojas. Fundamentos de Derecho.2.4. Bogotá, 24 de noviembre de 2012. Página 84. Ver también de la página 172 a la 180 “m) Sobre la desaparición y posterior ejecución del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas […] EN El Espectador; “Por homicidio de magistrado Urán rindió indagatoria general (r) Fracica.” Sección Judicial. Bogotá, 10 de febrero de 2011. “El hecho de que el cuerpo sin vida de Urán, tanto como el del comandante guerrillero (Andrés Almarales) y del también magistrado Manuel Gaona hayan aparecido con un hoyo de bala en la frente y con señas de haber sido lavados, las imágenes de televisión en la que se dice haber visto con vida al primero y testimonios de personas que aseguran haberlo visto salir del Palacio llevaron a la exfiscal Ángela María Buitrago a abrir la respectiva indagación por este homicidio. En una de las inspecciones judiciales adelantadas por la ex funcionaria en los archivos del B-2 de la Brigada 13 fue encontrada la billetera del magistrado Urán, agujereada por un disparo; en 2007, ésta fue entregada a su viuda Ana María Bidegain.[…] la exfiscal Buitrago ordenó verificar las necropsias de 17 de los cadáveres, entre los cuales se encontraban los de varios guerrilleros como Andrés Almarales y de los magistrados Gaona y Urán; la indagación llevó también a la apertura de investigación preliminar por la presunta desaparición del comandante de la operación de toma del Palacio, el guerrillero Luis Otero.” Ver: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-250113-homicidio-de-magistrado-uran-rindio-indagatoria-general-r-fracic En El Espectador; “Palacio de Justicia: Una defensa que olvida la historia” Sección Judicial. Bogotá, 19 de febrero de 2013. Ver: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-405851-palacio-de-justicia-una-defensa-olvida-historia El número de personas desaparecidas durante la toma y contratoma del Palacio de Justicia no ha sido determinado cabalmente, pues no se registra al comandante guerrillero Luis Otero ni a otros combatientes del M-19 que presuntamente fueron víctimas de los mismos crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes y mandos militares. León, Juanita; “Defensa del Palacio de Justicia: ¿qué verdad pueden esperar las víctimas del gobierno de Santos?. La Silla Vacía, Bogotá, 19 de Febrero de 2013. Ver: http://www.lasillavacia.com/historia/defensa-del-palacio-de-justicia-que-verdad-pueden-esperar-las-victimas-del-gobierno-de-sant Caso masacre de Santo Domingo Vs. Colombia; “El 30 de noviembre de 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos […] dictó una Sentencia, mediante la cual declaró responsable internacionalmente a la República de Colombia por las violaciones de derechos humanos cometidas por el lanzamiento de un dispositivo explosivo por parte de la Fuerza Aérea Colombiana el 13 de diciembre de 1998 en el caserío de Santo Domingo, del Departamento de Arauca en Colombia” Ver resumen en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_259_esp.pdf Ver Sentencia de 30 de noviembre de 2012: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_259_esp.pdf Sánchez, Nelson Camilo; “Palacio de Justicia: ¿la mejor defensa es el ataque?” Sección Opinión, Bogotá, 19 de febrero de 2013. EN Revista Semana. Ver: http://www.semana.com/opinion/articulo/palacio-justicia-la-mejor-defensa-ataque/333967-3 EN Caracol Radio; “Santos había rendido homenaje a víctimas del Palacio de Justicia, incluso a desaparecidos.” Bogotá, 21 de febrero de 2013. “al, el presidente Juan Manuel Santos reconoció públicamente que “ Y Santos no se quedó allí, reconoció además que estas víctimas debían ser honradas y su verdad rescatada. En sus palabras: Santos también dijo: “No podemos olvidar tampoco, en este homenaje, a aquellos sobre los que no se tiene noticia cierta de su paradero, cuya realidad debe conocerse -¡es imperioso que se conozca!- por el bien moral de nuestra sociedad y de nuestro Estado”. Artículo 143 de la Ley 1448 de 2011. Ley de Víctimas y restitución de tierras Artículo 144 de la Ley 1448 de 2011. Ley de Víctimas y restitución de tierras Corporación Nuevo Arco Iris; “Se lanzó alianza Colombia sin heridas”. Bogotá, 19 de febrero de 2013. ver: http://www.arcoiris.com.co/2013/02/se-lanzo-alianza-colombia-sin-heridas/ Para más información consultar: Biblioteca de la Escuela Superior de Guerra, publicaciones de Rafael Nieto Loaiza. http://190.24.128.98/pmb/opac_css/index.php?lvl=show_cart // Ver También; EN El Espectador; “"Militares me objetaron porque yo quería que la Nación aceptara responsabilidades" Entrevista al abogado Jorge Enrique Ibáñez “¿Por qué cree que Rafael Nieto Loaiza no tuvo en cuenta esos fallos? Él tenía la autonomía profesional para establecer la estrategia de defensa que mejor le pareciera. Hasta donde tengo entendido, lo hizo con base en los lineamientos del Ministerio de Defensa” EQUIPO NIZKOR; “Rafael Nieto Loaiza, llamado a declarar por escándalo del DAS”. Bogotá, 13 de febrero de 2013. “El nombre de Nieto Loaiza aparece junto al de José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS actualmente detenido, en el cuaderno 126 -folio 179- del expediente de la Fiscalía Delegada 11 ante la Corte Suprema de Justicia. A ambos se les califica como "núcleos de apoyo directo" para una fachada del DAS que sería creada en la capital costarricense bajo el nombre de "Colectivo de Abogados Simón Bolívar". Ver: http://justiciaypazcolombia.com/Rafael-Nieto-Loaiza-llamado-a#.USTHNiKD46Q.twitter En EL Espectador; Rafael Nieto Loaiza aclara”. Carta de los lectores. Bogotá, 25 de diciembre de 2008 Registro en la página Web del diario El País de Cali. Ver: http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/rafael-nieto-loaiza/incitando-golpe Equipo Nizkor; Rafael Nieto Loaiza, llamado a declarar por escándalo del DAS”. Bogotá, 30 de diciembre de 2012. Ver: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/loaiza.html EN Revista Cambio; “Rafael Nieto Loaiza tiene la primera opción para integrar la terna para fiscal” EN El Nuevo Sigo; “La rebelión del Nieto Loaiza”. Columna, 4 de octubre de 2011. Ver: http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2011-la-rebeli%C3%B3n-del-nieto-loaiza.html Este blog, afirma tener como “propósito esencial es el de apoyar a las Fuerzas Militares en la compleja tarea del cumplimiento de la Misión Constitucional. También asegura que se trata de “un grupo de colombianos, militares y civiles de reconocida experiencia a nivel nacional e internacional, conformado para analizar y debatir problemas importantes sobre la defensa y seguridad nacional". Nieto, Loaiza, Rafael; “Aberrante”. Bogotá, febrero 5 de 2012. Ver: http://www.pensamientopolitico-militar.blogspot.com/ Nieto, Loaiza, Rafael;“Caraduras” Blog La otra mitad de las verdades a medias. Bogotá, febrero de 2013. Ver: http://laotramitaddelaverdad.blogspot.com/2013/02/caraduras.html Datos tomados de http://en.wikipedia.org/wiki/Rafael_Nieto_Navia Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia, Sentencia de 8 de diciembre de 1995. VIII 1. Decide que la República de Colombia ha violado en perjuicio de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana los derechos a la libertad personal y a la vida contenidos en los artículos 7 y 4 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Páginas 23 -24. San José de Costa Rica, 8 de diciembre de 1995.Ver: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_22_esp.pdf. Para conocer el argumento del VOTO DISIDENTE DEL JUEZ NIETO NAVIA ir de las páginas 26 (1) a la 32 (7) EN El Espectador; "No existe la palabra desacatar": Rafael Nieto Navia”. Sección Mundo, Bogotá, 27 de noviembre de 2013. Ver: http://m.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-389494-no-existe-palabra-desacatar-rafael-nieto-navia http://news.google.com/newspapers?nid=1706&dat=19650826&id=0n0cAAAAIBAJ&sjid=3WMEAAAAIBAJ&pg=610,4142738 http://news.google.com/newspapers?nid=1706&dat=19831130&id=lcEqAAAAIBAJ&sjid=t2cEAAAAIBAJ&pg=886,95191 Para consultar la tesis ir a: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS75.pdf EN El Tiempo; “El Protagonista - Rafael Nieto Loaiza Viceministro de Justicia”. Índice. Bogotá, 10 de marzo de 2004. Ver: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1535458 EN Caracol Radio; “DAS definió estrategia para desprestigiar ONG ante la CIDH con Rafael Nieto y José Miguel Narváez como “núcleos de apoyo.” Bogotá, 7 de diciembre de 2011. Ver: http://www.caracol.com.co/noticias/regional/das-definio-estrategia-para-desprestigiar-ong-ante-la-cidh-con-rafael-nieto-y-jose-miguel-narvaez-como-nucleos-de-apoyo/20111207/nota/1589136.aspx Ídem Ídem Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; “Rafael Nieto Loaiza, llamado a declarar por escándalo del DAS”. Ver: http://justiciaypazcolombia.com/Rafael-Nieto-Loaiza-llamado-a

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