La Paz en Colombia, depende de los colombianos

La Paz en Colombia, depende de los colombianos La muerte del Comandante Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela, ocurrida el pasado 5 de marzo, llevó a que en muchos sectores sociales y políticos surgiera la pregunta: ¿Qué impacto tendrá la ausencia de Chávez en el proceso de paz que en la actualidad adelanta el gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba? La pregunta es pertinente, no sólo porque fue el presidente venezolano, quien, con el apoyo del gobierno de Cuba, convenció a las FARC del sinsentido de mantener la lucha armada y aceptar la propuesta de negociación del mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, sino porque también desde el inicio de los diálogos exploratorios que se realizaron entre febrero y agosto del 2012, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela asumió el rol de facilitador de logística y acompañante, transportó secretamente a los miembros negociadores de las FARC a Cuba, y asumió junto a Chile el rol de país facilitador del proceso, mientras que Cuba y Noruega asumieron el de garantes. Más allá de una sintonía ideológica y del papel que Chávez asumió como mediador entre el gobierno y la guerrilla para lograr el canje humanitario en el año 2002 (mediación que fue abruptamente suspendida por el presidente Uribe en noviembre de 2007), el presidente venezolano logró ganarse la plena confianza y el afecto de la guerrilla. En más de una oportunidad, incluso ante la Asamblea Nacional de Venezuela, Chávez reconoció a la guerrilla colombiana como fuerza beligerante, y les solicitó a los gobiernos del continente que, tanto las FARC como el ELN, fueran excluidas de la lista de organizaciones terroristas del mundo. Si algún líder latinoamericano conoció a la guerrilla colombiana, escuchó a sus comandantes y fue solidario con su causa y con la búsqueda de caminos de reconciliación en Colombia, fue el presidente Hugo Chávez. Sin embargo, tan pertinente como es la pregunta sobre los efectos de su muerte en el proceso de paz de Colombia, precipitada podría ser su respuesta. Sólo hasta el 14 de abril se sabrá si el pueblo venezolano decide darle continuidad a la propuesta social y democrática que lideró el presidente Chávez durante la última década, eligiendo a su ungido, el actual presidente encargado, Nicolás Maduro o si por el contrario inclina la balanza hacia el opositor Henrique Capriles, candidato presidencial por la Mesa de la Unidad Democrática. Esta elección podría tener efectos en el proceso, aunque no tantos como se teme o cómo se espera. Si bien cualquiera de estos dos escenarios posibles podría tener efecto en el desarrollo de los diálogos de paz, lo cierto es que el principal aporte de Venezuela a la paz de Colombia, fue motivar la confianza entre las partes y su acercamiento. No obstante, el rol previsto para mandatario venezolano no se limitaba simplemente a lograr al restablecimiento de la confianza entre las partes, también estaba anunciada su intervención como conciliador ante las dificultades y desacuerdos que pudieran presentarse, evitando que la guerrilla se levantara de la mesa, y también, después de la firma del acuerdo de paz, como garante en la implementación y refrendación de los pactos suscritos. Estas tareas seguramente podrían ser asumidas por Nicolás Maduro, tal vez no con la misma contundencia, pero si con la misma credibilidad, mientras que Capriles, quien también se comprometió en apoyar los diálogos con las FARC, no podría hacerlo. “Si yo puedo hacer algo como líder, como servidor público, como ser humano para finiquitar el conflicto armado en Colombia tengan la seguridad de que lo haré”, afirmó a la prensa en días pasados, sin embargo, jamás podría asumir las funciones que se tenían previstas para Chávez durante y después del proceso, por obvias razones. Sin duda alguna, más incidencia favorable tiene un Chávez muerto -con la lealtad que hacia él guarda la guerrilla- que un Capriles vivo, en el proceso de paz colombiano. Nadie en Colombia puede desconocer la importancia que Chávez tuvo en la primera fase del proceso de paz, su clara influencia para que la guerrilla reconociera esta nueva oportunidad histórica para hacer política por la vía democrática -como viene sucediendo en otros países del continente- y la falta que hará en la tercera etapa del proceso cuando la guerrilla deje las armas y deban cumplirse los acuerdos, garantizando que los guerrilleros no sean traicionados, asesinados o extraditados. Con la muerte de Chávez, las FARC perdieron un fuerte aliado político, la confianza que les daba saber que si el Gobierno incumplía, Venezuela podría tomar acciones y la posibilidad de acudir a su mediación. El gobierno colombiano también perdió la posibilidad de que un tercero con fuerte ascendencia sobre la guerrilla, pudiera llamarla al orden y recordarle el compromiso asumido cuando aceptaron sentarse en la mesa de negociación. Algunos analistas de Venezuela, han afirmado que una victoria de Capriles le metería mayor presión a las FARC, sin embargo, ello no es del todo cierto porque las FARC no están negociando arrinconadas ni están pactando su rendición; sus dirigentes han llegado, finalmente, a la comprensión de que acceder a poder por la vía armada no sólo es anacrónico y poco factible, sino que ya es hora de llevar sus planteamientos políticos al escrutinio democrático. El mayor estimulo que tienen hoy las FARC para mantenerse firmes en este proceso, sin desfallecer, además de sus propias razones históricas y su realidad militar, es lograr, sin más dilaciones ni titubeos, la paz para Colombia, como siempre lo quiso el presidente Hugo Chávez. Nicolás Maduro ha ratificado su compromiso de apoyar el proceso de paz y mantener el rol de facilitador de su gobierno. Sabe que poner fin a la guerra no sólo beneficia a Colombia, sino también a la región, tanto porque se superarían los problemas que han existido con los países fronterizos, como Venezuela, Ecuador y Brasil, como porque, según el analista León Valencia, se “acabaría con un temor –real o imaginado- de una eventual intervención armada de Estados Unidos en la región”, y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se vería fortalecida, al exaltarse un clima de cooperación y diálogo en el continente y la certeza de que la izquierda puede lograr los cambios sociales que busca por la vía democrática. En la Cumbre de Unasur, celebrada en Lima en noviembre de 2012, los mandatarios de los países que la integran, suscribieron un texto en el cual expresan su apoyo al proceso de paz de Colombia. "El éxito del proceso de paz iniciado, basado en la fuerza de las instituciones democráticas que compartimos, tendrá un significado de amplio alcance para Colombia y para el conjunto de la región suramericana, permitiendo que concentremos cada vez más nuestros esfuerzos y recursos en el desarrollo económico con equidad que nos inspira a todos, preservando la paz como un valor colectivo en América del Sur." La paz en Colombia le conviene a toda la región, no hay quien lo dude, y por ello es importante que en escenarios internacionales donde se debaten temas esenciales para el continente, se acompañe y fortalezca el proceso de Paz en Colombia con acciones concretas encaminadas a lograr un amplio consenso respecto a su trascendencia y al mantenimiento de una paz estable y duradera. Independiente de lo que suceda en las elecciones del 14 de abril, y de la unidad que Maduro logré consolidar al interior del ‘chavismo’, Venezuela seguirá como país facilitador del proceso de paz; y tanto el gobierno colombiano como las FARC, según lo han declarado, se mantendrán firmes en la mesa de diálogo, pese a las acciones desestabilizadoras de los enemigos de la paz. En días pasados, el Procurador Alejandro Ordoñez, representante del sector más recalcitrante de la derecha colombiana, declaró públicamente su oposición al Marco Jurídico para la Paz, aprobado en el Congreso de la República, al considerar que con esta norma se garantiza la impunidad. También el Consejo de Estado le ha solicitado al gobierno nacional que denuncie ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a las FARC por la toma de la base militar en Orito (Putumayo) el 15 de julio de 1994. Las FARC por su parte han sido enfáticas al declarar que no se desmovilizan para terminar en la cárcel. La paz de la nación no es ni debe ser la “rendición incondicional de las guerrillas, entrega de las armas, sometimiento a sus políticas, todo a cambio de dos o tres puestos en el Congreso, el paseo por unos meses de un comandante en el cargo de ministro de Trabajo o de Salud, unas cuantas promesas y hasta unos años de cárcel para los principales líderes de la insurgencia”, afirmaron algunos de sus voceros la semana pasada en La Habana, Cuba. “La paz no es solucionar la suerte de un puñado de guerrilleros, la paz no es el cese al fuego ni la dejación de las armas. La paz es justicia social, son soluciones reales a problemas reales”, había dicho el legendario comandante del M-19, Jaime Bateman Cayón en 1982 y hoy tanto las FARC, como significativos sectores de la sociedad, parecen entenderlo de dicho modo. Para el próximo 9 de abril se espera que la ciudadanía, en forma masiva, se tomé las calles del país para exigir el cumplimiento del artículo 22 de la Carta Política que afirma que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, y para manifestar su irrestricto apoyo al proceso de paz. Esta fecha emblemática para Colombia porque recuerda el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948 y el exterminio del movimiento gaitanista, fue declarada por el artículo 142 de la Ley de víctimas y restitución de Tierras, como el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. La marcha por la Paz, con la cual se pretende consolidar una coalición social y política en defensa del proceso de La Habana, es promovida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, las organizaciones sociales y el Gobierno Nacional. Tanto la Iglesia Católica como los partidos de la Unidad Nacional han expresado su total apoyo a esta convocatoria, que ha sido denominada en las redes sociales como el #9A. El proceso de paz avanza; todavía no se puede precisar una fecha en la que se selle un acuerdo definitivo, pero desde ya, se empiezan a promover debates y estudios, sobre las implicaciones que tendría este escenario en la sociedad colombiana. Si el país realmente quiere la paz, tendrá que hacer algunas concesiones, como aceptar la presencia de los dirigentes guerrilleros en el escenario público y el debate electoral. Las acciones, que se proponen en el marco de un modelo de justicia transicional, que se refiere tanto al Marco para la Paz, la Reforma a la Justicia y la reciente ampliación al Fuero Penal Militar, estarían orientadas a la reconstrucción de la memoria histórica, pero también al establecimiento de penas alternativas para desmovilizados, reparaciones simbólicas para las víctimas, incluso, inmunidades para militares investigados por violaciones a los Derechos Humanos y para altos funcionarios del Estado comprometidos con grupos armados ilegales. El país tendrá que ceder en algunas aspiraciones e ideales porque la paz es un camino que vale la pena recorrer, porque tenemos el deber moral y social de permitir que una nueva generación de colombianos conozca lo que es vivir fuera de la guerra, sin embargo, se debe considerar que la impunidad es y será siempre un obstáculo infranqueable para lograr una paz firme y duradera. Una Ley de Punto Final, de olvido e impunidad, como la que se tramitó alguna vez en Argentina, no puede ser el camino. Los responsables de graves crímenes, sean insurgentes o miembros de la fuerza pública, -sin que puedan equipararse los delitos que cometen unos u otros- tendrán que asumir su responsabilidad frente a las víctimas, el deber de aportar al sostenimiento de la paz y algún costo judicial sin que ello implique necesariamente una pena privativa de la libertad. Colombia necesita hoy más que nunca un gran pacto social, amplio, generoso y comprometido. Y tendrá que hacerlo con el debido acompañamiento internacional y en ausencia de su principal promotor, el presidente Hugo Chávez. Pero más allá de los avances en las conversaciones de La Habana, de las probabilidades reales de que los comandantes guerrilleros puedan participar en política y se les brinden garantías efectivas y reales para que no se repita el genocidio político de la Unión Patriótica, es la sociedad colombiana, la que tendrá que asumir el desafío de construir la paz, de forjar las bases para una cultura de paz, a través de la cual se logre superar el odio, deconstruir al entendido como enemigo y emprender genuinas acciones de reconciliación y pacífica convivencia; conscientes de que aún no se ha superado el conflicto ni la polarización política y el paramilitarismo y el narcotráfico sigue vigentes en todo el país. En toda democracia, hay consensos y disensos, y lo esencial es aprender a dirimir las diferencias en el campo de las ideas y no suponer que el fin del conflicto implica el aniquilamiento del asumido como contrario. La paz en Colombia no dependerá entonces de la presencia de Chávez, tampoco la llave está en el bolsillo de Maduro, ni un triunfo de Capriles echaría abajo el proceso. La paz de Colombia la hacen los colombianos y para ello es definitivo el apoyo y compromiso de toda América Latina unida. Venezuela y más exactamente, Hugo Chávez, jugaron un papel crucial en el inicio de los diálogos de paz, y Colombia tiene muchas razones para sentir gratitud y lealtad al gobierno de ese país. Más allá de la retórica religiosa o del surgimiento de un culto espontáneo como se advierte hoy en Caracas en torno a la figura del comandante fallecido, lo que hay en Colombia, es un sentido de lealtad y gratitud en algunos sectores sociales, quizás los más vulnerables, y un enorme repudio y alivio con su partida, en las mayorías que aún no comprenden la dimensión histórica de Chávez, y menos aún, el enorme legado que, con su voluntad de paz, le dejó a Colombia. El presidente de Venezuela logró marcar la vida de miles de ciudadanos colombianos, mucho más, que sus propios mandatarios. Cuando el gobierno Nacional se resistía a recibir a las familias de los políticos retenidos y de los oficiales hechos prisioneros de guerra por la guerrilla de las FARC, que además fueron objeto de tratos crueles e inhumanos en largos periodos de cautiverio, el presidente de Venezuela no sólo los recibió y los escuchó sino que además asumió con absoluta convicción y misticismo el deber de lograr el retorno salvo y salvo de estos colombianos al seno de sus familias. En vez de guerra propuso un diálogo con la insurgencia, un diálogo basado en el respeto y la confianza, no en la intimidación y en el chantaje. Millón y medio de compatriotas encontraron en el vecino país, la paz, el desarrollo social y la estabilidad económica y laboral que en su propia tierra les fue negada; muchos nacionales se han visto beneficiados con los programas sociales que impulsó el Gobierno venezolano, sin ningún tipo de discriminación. Chávez logró lo que ningún mandatario había logrado, devolverle el amor propio y la dignidad a su pueblo, y si en Colombia podemos entender este mensaje, cada día habrán más y más ciudadanos comprometidos con el proceso de paz del que Chávez fue semilla. Publicado en la Revista América Siglo XXI, abril de 2013.