Ley de Víctimas será una realidad

El proyecto de Ley aprobado en la Comisión Primera del Senado, pasa ahora a la Plenaria del Senado, donde seguramente será votado positivamente, y terminará por convertirse en Ley de la República.

Algunos sectores sociales y políticos del país, esperan con entusiasmo la aprobación de la Ley de Víctimas y restitución de tierras, y consideran que esta iniciativa, aunque no es perfecta, logra su objetivo primordial de reconocer y reparar integralmente a las víctimas del conflicto y la violencia. Otros sectores, en cambio, perciben que tal y como está planteada la Ley, hasta la fecha, es incompleta y no logrará cumplir con los estándares internacionales sobre igualdad, reparación y equidad. Un tema que preocupa particularmente, se refiere a la restitución de tierras en el contexto del conflicto armado.

El jefe único del Partido Liberal, Rafael Pardo, quizás uno de los más entusiastas con la iniciativa, declaró a Caracol Radio, que esta Ley podría cambiar el curso del conflicto en Colombia, porque prioriza las voces y necesidades de las víctimas sobre las pretensiones de los victimarios.

“Esta ley le cambiará la vida a muchos colombianos. […]El Estado está reconociendo que tiene que liderar la reconciliación es con quienes han sufrido la guerra. […] El proyecto de ley permitirá hacer reconciliación con las víctimas y es dándole a ellos el reconocimiento y la posibilidad de tener una vida nueva de recuperar tierras que han perdido, de tener la posibilidad de justicia y de memoria” afirmó Pardo Rueda.(1)

Si bien es cierto que la Ley, aparentemente, se desarrolla otorgando supremacía a buena parte de las víctimas de la violencia, sin considerar la identidad del victimario, así mismo lo es, que las condiciones sociales, políticas y económicas que propiciaron el largo conflicto, y permitieron el despojo masivo de tierras, se sostienen y difícilmente serán superadas. De otra parte, los requisitos básicos, en materia de seguridad y opciones de desarrollo económico y productivo, para garantizar un retorno definitivo a las familias desplazadas tampoco están garantizados.

Los parlamentarios de las distintas bancadas políticas al interior de la Comisión Primera de Senado, lograron conciliar en varios artículos de la Ley que habían sido objeto de enorme polémica, como lo referente a la fecha a partir de la cual se reconocen a las víctimas y el derecho a la restitución de tierras, la supresión del arbitrario derecho de superficie y el marco institucional.

Respecto a la fecha se estableció, finalmente, que sea a partir del 1ro de enero de 1985 que se reconozcan a las víctimas que dentro de esta normativa podrían ser objeto de reparación; lo que permite que sean incluidas la mayoría de las víctimas de la Unión Patriótica y de masacres y ejecuciones perpetradas por grupos paramilitares como la desaparición de los 19 comerciantes de Arauca en 1987, las masacres de la Rochela, Segovia, La Mejor Esquina, entre otras. También incluye los magnicidios del Guillermo Cano, director de El Espectador; del Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos; del candidato presidencial y líder de la Up Jaime Pardo Leal; del dirigente comunista José Antequera; del defensor de derechos humanos Héctor Abad Gómez; del abogado Eduardo Umaña Mendoza; del ex ministro de Justicia Enrique Low Murtra; y de los candidatos presidenciales: Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro, Luis Carlos Galán Sarmiento; entre otros casos. También quedan incluidas las víctimas del atentado contra el avión de Avianca de 1989. De otra parte, se establece que las víctimas de hechos de violencia anteriores a 1985, como en el caso del asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, podrían ser objeto de reparación simbólica.

La fecha para la restitución de tierras se estableció a partir de 1991, lo que deja por fuera la posibilidad de que miles de hectáreas de tierra despojadas sean devueltas a sus dueños originales.

A este respecto, la Mesa Nacional de Víctimas, aunque expresó su satisfacción porque el tema de los derechos de las víctimas y de restitución de tierras, ocupe un lugar sobresaliente en la agenda del actual gobierno, advierte que se trata de un vacío preocupante. Frente al establecimiento de las dos fechas, la Mesa Nacional, a través de su vocero, Antonio Madariaga, había expresado que “una fecha adecuada debía ser 1980. Nos preocupa que en la ponencia, que actualmente está discutiéndose, aparece como fecha de inicio de la restitución 1991, lo cual crea una discriminación inaceptable”.

El Director para Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), Michael Reed, afirma que si bien el corte en el tiempo, para el reconocimiento de las víctimas, es entendible, tiene que ser justificado.

“¿Por qué el 91?, ¿por qué el 85, por qué no el 70?… Las decisiones para que no sean arbitrarias hay que explicarlas. Y como se ha dicho en varias ocasiones, se puede correr el riesgo, con esos límites temporales, por ejemplo al colocar el límite temporal de 1991 para el ejercicio de restitución de tierras, de excluir de manera explícita a las víctimas de antes del 91, es decir que las personas que tenían tierra antes del 91, no pueden, bajo este procedimiento, pretender reclamar su tierra.

Entonces uno se coloca en regiones en donde, por ejemplo, el paramilitarismo tuvo como propósito desalojar y desplazar a las personas, como en el caso de la región del Chucurí, Santander, y si sólo se reconoce ese año, serían aquellos que están sobre la tierra, después de 1991, los que podrían reclamar esa tierra; y ahí, en ese caso, se demuestra la arbitrariedad. En consecuencia, habrían personas que estando allí desde antes de esa fecha, que tenían un reclamo, al menos de una posesión prolongada sobre la tierra, que esta ley estaría desconociendo. […] Lo que nos dice la práctica es que (la fijación de una fecha) debería ser lo más incluyente posible y además debería tener una justificación basada en la historia, en los hechos sociales y en los contextos socio políticos en las diferentes regiones del país. […] Es necesario tener fechas, pero tienen que ser razonables. […] Los programas administrativos de reparaciones parten de esa base, de esa noción; se requiere claramente delimitar un universo de víctimas y se necesitan las fechas, pero van a quedar algunas personas excluidas; sin embargo, el hecho de que queden excluidas de la cobertura de un programa administrativo de reparaciones X, no quiere decir que a esas personas se les pueda restringir su derecho a acceder a la justicia.

El senador liberal Juan Fernando Cristo, ponente de la Ley, explicó “que para la reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia se tendrá en cuenta a los afectados desde el primero de enero 1985 y que no habrá ninguna clase de discriminación a la hora de reconocer a una víctima. […] Esta ley cobijará tanto a las víctimas de los grupos armados ilegales, como a los afectados por acciones de agentes del Estado”.(2)

La fecha a fijarse dentro de la Ley de víctimas, para el reconocimiento de las personas a las que les fueron violados sus derechos humanos y que también fueron objeto de infracciones al DIH, como en el caso de combatientes en estado de indefensión o sus familiares, o para la restitución de tierras, no sólo debe ser generosa; sino que debe ser justa y coherente. Es necesario que la fecha establecida obedezca a un análisis sobre periodización de la violencia y que tenga un sentido social y un sentido histórico. La fecha, para que sea justa, tiene que ser lo más incluyente posible.

El Universo de las Víctimas

En la comisión primera del Senado quedó establecido que se reconocerá el derecho a reparación de los familiares de los guerrilleros, siempre y cuando éstos sean víctimas directas del conflicto.

“En la medida en que sufra él (familiar de un guerrillero o paramilitar) directamente un menos cabo a sus derechos humanos o una violación a las normas del Derecho Internacional Humanitario, como cualquier ciudadano, tendría derecho a reclamar bajo los parámetros de la ley”, explicó el ponente del proyecto, el senador Juan Fernando Cristo. Sin embargo, la ley es explicita en señalar que no reconocerá a ningún hermano, a ningún conyugue, a ningún hijo, de un miembro de un grupos armado al margen de la ley.(3)

Frente a este polémico tema y de acuerdo a la definición sobre víctima, establecida tanto por la normativa internacional como por la Corte Constitucional, aún persiste la exclusión de varias personas, que habiendo sido objeto de graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al DIH, no serían consideradas como tal.

Sobre el planteamiento de algunas exclusiones, Michael Reed se refiere a la necesidad de que los estados cumplan su deber de reconocer y reparar a todas las víctimas.

“En Colombia, se optó por una fórmula que también existe en el Perú, y es que nunca se va a reconocer que una persona que hizo parte de los grupos armados ilegales pueda ser victimizada, entonces eso nos lleva a situaciones como las del Perú; donde una persona que pudo ser miembro del grupo “Sendero Luminoso”, pero que después de haber depuesto las armas, haber sido aprendida, puesta en prisión, y estando en prisión, fue torturada o violada, no se le va a reconocer su status de víctima. En Colombia se tomó esa decisión y se dijo que aquellos miembros de los grupos armados ilegales, aunque hubieran sido víctimas de violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario, al menos para esta Ley, no estarían cobijados. La practica internacional lo que nos dice es que la definición debe ser lo más amplia posible, que no esté condicionada a la identificación específica e individualizada del perpetrador, sino que por el contrario, debe tratar de proteger a todas aquellas víctimas de violaciones graves a los derechos humanos e infracciones al DIH. El Estado colombiano y cualquier Estado tienen obligaciones con todas las víctimas del delito violento; el tema es que se hace una diferenciación y una distinción entre algunas de esas víctimas”.

Sobre restitución de tierras

El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, calificó de “histórica” la aprobación del proyecto y recordó que éste es la “columna vertebral” del programa de gobierno del presidente Santos. Igualmente, agradeció que se brinde por parte del Congreso los instrumentos para el proceso de restitución de tierras que el Gobierno ya tiene en marcha.(4)

Para la Mesa Nacional de Víctimas, más que restitución de tierras, se está hablando básicamente es de restitución de títulos porque no contempla el conjunto del patrimonio. “Es decir, las personas no sólo tenían una superficie de tierra, sino que tenían animales domésticos, como el ganado vacuno, cultivos, maquinaria, y ninguno de esos bienes están contemplados en la ley, porque ésta solo contempla el título de la tierra. Entonces, insistimos que si se quiere cumplir con los estándares internacionales, también tiene que haber reintegro del patrimonio perdido. En esa misma dirección, nos preocupa muchísimo que se haya introducido una cláusula que permitiría que supuestos terceros de buena fe puedan seguir explotando los predios que fueron despojados o abandonados, y que el legítimo titular que fue desplazado, tenga que obligatoriamente arreglar esas tierras para que las usufructúen por el hecho de que tengan allí establecido algún tipo de explotación”. (5)

Frente al Derecho de Superficie, que fue una de las modificaciones impulsadas en la ponencia del Senado, después de haber sido aprobada en la Cámara de Representantes en sus dos debates reglamentarios, el PDA y la Mesa Nacional de Víctimas, advirtieron que esta medida buscaba favorecer a quienes ejecutaron el despojo, impidiendo el derecho efectivo a la restitución y el retorno de los despojados a sus actividades productivas cotidianas. Además, al partir de la base que sólo se refería a terceros de buena fe, se estaba invocando la falsedad en el concepto, por cuanto, bajo esa premisa, muchos de los despojadores, podrían presentarse de tal modo (no habría manera de demostrar lo contrario o salvo en algunos casos muy evidentes) y así, lograrían mantener las tierras que obtuvieron de manera espuria o con violencia.

A éste respecto, la Mesa Nacional, había señalado que: “Ceder el usufructo de las tierras a terceros de buena fe que acrediten su posesión e inversión en tierras que fueron objeto de despojo se convierte en otro mecanismo de legalización de ese mismo despojo. El principio de buena fe no debe ser invocado ni siquiera sobre la adquisición legal de tierras por un valor inferior al costo del predio y sobre ninguna otra forma de despojo”.

Sobre la Imposibilidad de restituir cuando se trata de bienes de utilidad pública e interés social, la bancada del PDA señaló que “Estos preceptos no son definidos en el texto de la ponencia, pero comportan, según el texto, imposibilidad material de restitución y por lo tanto pueden ser interpretados y aplicados de manera tal que vulneren los derechos de las víctimas”.

Otro aspecto que sigue preocupando se refiere a la distinción entre reparación, medidas de asistencia y ayuda humanitaria. Atendiendo la jurisprudencia y el ordenamiento internacional en esta materia, existen profundas diferencias entre ayuda humanitaria, servicios sociales y medidas de reparación, desatendidas en la ponencia. De otra parte, tal y como lo señaló la Mesa Nacional, “El sentido de la reparación tiene que ver con el reconocimiento de la responsabilidad en el daño infringido, con el deber del Estado de garantizar bienestar, desarrollo y justicia a todos los ciudadanos, con el cumplimiento de los mandatos constitucionales y la posibilidad de resarcir el daño causado procurando que las víctimas recuperen su condición de vida previa a la agresión o logren mejorarla. En concepto de la Corte Constitucional, la reparación transformadora indica que la víctima al ser reparada deberá obtener condiciones nuevas que le aseguren un nivel de vida superior y el ejercicio pleno de su ciudadanía. El proyecto insiste en confundir medidas de reparación con programas de asistencia humanitaria o acceso a servicios sociales a los que tienen derecho todos los ciudadanos”

Los avances de la Ley

Uno de los avances más significativos de la Ley, se refiere a la obligación de reparar de terceros y las competencias judiciales a implementarse para tal propósito. La ley estableció que los parapolíticos y empresarios que apoyaron grupos irregulares deberán asumir su responsabilidad dentro del proceso de reparación de las víctimas. La iniciativa busca que ambos coadyuven al Estado en el resarcimiento a los afectados del conflicto armado.(6)

“En el proyecto se decidió dejar que las empresas y funcionarios públicos que financiaron grupos ilegales deben reparar a sus víctimas. Pero no dentro del mismo proceso de reparación, sino como un incidente de la justicia ordinaria aunque sin exigir que se individualicen las víctimas, sino que se beneficiarían todas las víctimas del bloque que financiaron. Y frente a la doble instancia, lo que se acordó es que los casos de restitución serán tramitados por jueces de circuito designados por el Consejo Superior de la Judicatura para que se encarguen exclusivamente de la investigación, pidan pruebas, etc. Y la decisión será tomada por tribunales superiores. Y habrá, en todo caso, un recurso extraordinario de revisión. En conclusión: habrá una sola instancia, pero con dos filtros”.(7)

Respecto a las víctimas de agentes del Estado, se mantuvo la propuesta que fue aprobada en la Cámara de Representantes, en el sentido que se reconoce el derecho de todas víctimas a graves violaciones a los derechos humanos a ser objeto de reparación, sin considerar el origen ni la identidad del victimario. Este punto había sido negado enfáticamente por el gobierno Uribe, y se constituyó la principal causa para que el anterior proyecto de Ley se hundiera en el Congreso.

De otra parte, frente a la polémica sobre el sostenimiento de Acción Social, ante las quejas que se han presentado sobre su mal funcionamiento y desvío de recursos, lo que llevó a plantear la suspensión de la entidad, se acordó que este organismo -entendido como “bastión uribista en lo simbólico (dado que manejaba todos los programas sociales de la anterior administración, incluyendo Familias en Acción) y en lo burocrático” - se sostenga, aunque se convertirá, tal vez bajo otra denominación, en un Departamento Administrativo de la Presidencia a cargo de los programas sociales impulsados por el gobierno de Uribe Vélez. Asimismo se creará una nueva Unidad Administrativa Especial de Reparación, adscrita a esta entidad, pero independiente, para que se encargue de toda la ejecución de la reparación a las víctimas, satisfaciendo el interés de los liberales en tener una entidad dedicada exclusivamente a la reparación.

El retiro de la propuesta del derecho a superficie, que apuntaba a convertirse en una forma para la legalización del despojo, es un logro muy importante que nuevamente ubica en el centro del debate los derechos de las víctimas, sobre las bondades que muchos aspiran a imponer sobre los victimarios.

Temas como reparación colectiva, el concepto de reparación integral vs asistencia humanitaria, garantías para la restitución de tierras y retorno, consulta previa, y otros, deberán ser analizados con máximo cuidado en la plenaria del Senado.

Igualmente lo que se refiere a las llamadas bandas criminales, Bacrim, que como el país sabe, aunque se resista a admitirlo, se trata de las mismas estructuras paramilitares bajo otros mandos; de hecho están integradas en más del un 50 % por los mismos hombres que hacían parte de los anteriores grupos, supuestamente desmovilizados. El informe de comienzos de año de la Fiscalía General de la Nación así lo reconoce cuando afirma tener documentados 173.183 homicidios, 1.597 masacres y 34.467 desapariciones cometidas por paramilitares entre el 2005 y el 2010 ; fecha en la que se supone, según afirmaba el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, estos grupos habían desaparecido.

Finalmente la Ley, proyecto bandera del gobierno Santos, logrará convertirse en Ley de la república; no obstante, dado el inconformismo frente a diversos temas, se puede advertir que no será la última Ley de esta naturaleza que haga trámite ante el legislativo, y que tal y como van las cosas, seguirá incrementándose el número de víctimas de una guerra no reconocida, tampoco declarada y menos terminada, aún cuando se hable de justicia transicional, de post conflicto o de una comisión de la verdad para que documente el horror que varias generaciones han enfrentado, desde el silencio, el miedo, la marginalidad y, sobre todo, la impunidad.

Para mayor información visitar:

http://mesanacionaldevictimas.blogspot.com/
http://www.lasillavacia.com/historia/ley-de-victimas-que-pasa-ultimo-debate-un-punto-medio-entre-uribe-y-los-liberales-23266
http://www.elheraldo.co/region/65-mil-victimas-esperan-una-reparacion-integral-16910

NOTAS AL PIE:
1 En Caracol Radio; La ley de víctimas cambiará la historia del conflicto colombiano: Rafael Pardo. Bogotá, Abril 12 de 2011

2 En Caracol Radio; La ley de víctimas cambiará la historia del conflicto colombiano: Rafael Pardo. Bogotá, abril 12 de 2011

3 En El Espectador; “Restitución de tierras y ley de víctimas, cerca de ser realidad”. Sección Política. Bogotá, abril 12 de 2011.

4Ídem

5 El Nuevo Siglo; “Ley de Víctimas debe reintegrar patrimonio perdido: Madariaga”. Bogotá, marzo 18 de 2011

6 En El Espectador; Op. Cit.,

7 En La Silla Vacía; “Ley de Víctimas que pasa a último debate: un punto medio entre Uribe y los liberales”. Bogotá, abril 12 de 2011

8 Ídem

9 Ídem

10 En El Espectador; “Fiscalía tiene documentados 173.183 homicidios cometidos por 'paras'”. Sección Judicial. Bogotá, enero 13 de 2011


NOTA PUBLICADA EN EL SEMANARIO VIRTUAL CAJA DE HERRAMIENTAS
Edición N° 00251 – Semanas del 15 al 28 de Abril de 2011
http://viva.org.co/cajavirtual/svc0251/articulo04.html

El desalojo violento, es una grave violación a los Derechos Humanos

Marzo 12 de 2011.
El desplazamiento forzado es uno de los principales retos que enfrenta no sólo el Gobierno Nacional, sino toda la sociedad colombiana. Se trata de una tragedia humanitaria que ha venido agudizándose durante los últimos años. La mayoría de las personas que han sido desplazadas provienen de zonas rurales de las cuales han sido expulsadas por acción de los violentos. Muchos huyen de los combates armados para preservar su vida, dejando atrás sus tierras y su proyecto de vida, otros son sacados a la fuerza por grupos armados ilegales, que suelen concederles un plazo de 24 horas para desalojar; de no hacerlo serán asesinados. Cargando pocas pertenencias o sólo con la ropa que llevan encima, empieza su doloroso peregrinaje. Algunos llegan a las periferias de las ciudades, donde son mal recibidos, para emprender una nueva lucha por la supervivencia en condiciones aún más adversas a las padecidas en el campo.

Luego, deben recurrir a los organismos encargados de atender a la población desplazada, hacer filas interminables, soportar el despotismo de los funcionarios y a veces la inclemencia del clima a la espera de un registro que los acredite como desplazados para así, poder recibir las ayudas de asistencia humanitaria que les entrega el Gobierno, a través del organismo creado para tal fin, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.

La principal ayuda se asigna en un paquete denominado 3x3, el cual destina recursos económicos de acuerdo al número de integrantes por núcleo familiar. A la par de ello, se emprenden proyectos productivos mediante una poco efectiva capacitación. Dado el poco monto de los recursos para tal fin, y las demoras en el cumplimiento de las prorrogas de ayuda, el proyecto termina por suplir los gastos de vivienda y alimentación. Pocos logran realizar un negocio. También, y en más de un caso, se ha advertido, la malversación de dichos recursos por parte de los “beneficiados”. En algunos grupos de desplazados, se ha denunciado que estos dineros terminan por ser consumidos en bares o con prostitutas en una noche de parranda y olvido.

Ello se comprobó en el Parque Tercer Milenio cuando miles de familias decidieron vivir allí durante cinco meses aproximadamente, junto a drogadictos del sector, carteristas, raspachines de coca o actores armados. Se hizo evidente que varias de estas personas no eran desplazadas, pero aún así obligaban, bajo presión y amenazas, a su reconocimiento como tales. De estas familias, que finalmente serían desalojadas mediante un acuerdo con el Distrito, algunas de ellas, antes de acudir a la toma del parque y participar en las negociaciones, se marginaron de este proceso y decidieron ocupar un edificio abandonado del ICBF, ubicado en la localidad de Santa Fe.

En septiembre de 2008 doce familias, entre las que se contaban varios menores, tomaron posesión del edificio por vía de hecho. Con ingenio lograron hacerse a los servicios de agua y energía, se acomodaron en los apartamentos partiéndolos entre dos familias o una, de acuerdo a la cantidad de niños, y, estableciendo algunas normas de convivencia. Se dedicaron al rebusque cotidiano. Habían emprendido un nuevo proyecto de vida; proyecto no exento de problemas y temores permanentes a ser desalojados.

Meses después de esta ocupación, arbitraria pero necesaria, llegó al sitio un posible comprador del inmueble que en ese momento estaba a la venta. No obstante, cuando vio la realidad de ocupación, de la que no había sido informado, se echó para atrás y abandonó el negocio. El ICBF prosiguió en su empeño de rescatarlo de las manos de los desplazados.

Desde ese entonces el ICFB interpuso varias acciones para recuperar su edificio; entre ellas, algunas querellas, denuncias, y dos o tres intentos de desalojo. El último había sido programado para el pasado 3 de febrero, pero quizás por ser el día sin carro, las autoridades judiciales no lograron desplazarse hasta el lugar y la diligencia fue aplazada para el 10 de marzo. Esta vez no hubo orden de desalojo sino una orden de inspección ocular, que, sorpresivamente terminó convertida en una violenta acción de desalojo que dejó como resultado varios oficiales heridos, 48 desplazados con alguna lesión, según afirman las víctimas, y decenas de niños en estado de shock.

Dos personas fueron arrestadas, pero luego dejadas en libertad. Según cuenta uno de los detenidos, la policía los chantajeó diciéndoles que no los denunciaban por haber lanzado los tanques de gas contra la fuerza pública a cambio de que ellos tampoco los denunciaran por las agresiones y el exagerado uso de la fuerza empleado contra civiles desarmados en estado de indefensión.

Se ignora el destino que se le dará a este edificio, ni las razones para que el Estado no haya asumido una función clara para resolver la situación del ICFB ni de estas familias que ahora, nuevamente han sido desplazadas con violencia, de su lugar de residencia.

Si bien es cierto que las ocupaciones de propiedades por vías de hecho no pueden ser permitidas, tampoco es posible emprender acciones violentas de desalojo, y menos cuando se trata de población vulnerable a la que no se le han dado alternativas de reubicación, como lo afirma la sentencia T 068 de la Corte Constitucional:

“El Comité de las Naciones Unidas de derechos Económicos, Sociales y Culturales [22] responsable de verificar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” “PIDESC” , recuerda como en este pacto, entre los derechos relacionados con la vivienda, se incluye “el deber de proteger a las personas contra los desalojos forzosos” y recomienda tener en cuenta para asegurarlos un conjunto de garantías tales como notificaciones oportunas, consulta e información a los afectados y, concesión de plazos razonables, entre otros. Al hacer algunas observaciones generales sobre este Pacto Internacional del Comité de Naciones Unidas hace, entre otras, las siguientes reflexiones [23] relacionadas con el desalojo forzoso y que son perfectamente aplicables a nuestros desplazados:

4.2.6.1. Ante todo concluye que “los desalojos forzosos son prima facie incompatibles con los requisitos del Pacto”.

4.2.6.2. Considera el Comité que la cuestión de los desalojos forzosos es grave porque cuando el desalojo es injusto”…constituye una violación grave de los derechos humanos”. Y debe procurarse que cuando se realice “se adopten medidas de reubicación”. Según el mismo el desalojo forzoso viene asociada la violación de otros derechos humanos consagrados en el Pacto como el derecho a la vida, a la seguridad personal, a la no injerencia en la intimidad familiar, entre otros. Esta recomendación conlleva también que cuando se desaloja o lanza a una familia, no se la puede literalmente dejar en la calle, al arbitrio de las circunstancias, sino que se debe tener disponible un lugar adecuado donde ubicarla”

Según un funcionario del alto gobierno, el ICBF afirmó que las víctimas serían reubicadas en otro sitio, lo cual resultó no ser cierto. Al ser desalojadas del edificio no había otro sitio para ubicarlas distinto a la calle. La Secretaría de Gobierno, se movilizó tratando de ofrecer una solución ante la emergencia de estas familias, y decidió finalmente ubicarlas en un hotel de manera transitoria, mientras se concreta una solución definitiva con los organismos responsables de procurarla.
La Corte Constitucional, como se afirma en la misma sentencia, ha reconocido en su jurisprudencia que el derecho a una vivienda digna es un derecho fundamental de las personas desplazadas por la violencia susceptible de ser protegido mediante la acción de tutela, y que es una obligación de las autoridades (i) reubicar a las personas desplazadas que, debido al desplazamiento, se han visto obligadas a asentarse en terrenos de alto riesgo; (ii) brindar a estas personas soluciones de vivienda de carácter temporal y, posteriormente, facilitarles el acceso a otras de carácter permanente. En este sentido, la Corporación ha precisado que no basta con ofrecer soluciones de vivienda a largo plazo si mientras tanto no se provee a los desplazados alojamiento temporal en condiciones dignas; (iii) proporcionar asesoría a las personas desplazadas sobre los procedimientos que deben seguir para acceder a los programas; (iv) en el diseño de los planes y programas de vivienda”

Varias de estas once familias, atormentadas por la violencia, aún llevan en lo recóndito de sus almas, el recuerdo de tiempos felices y prósperos cuando vivían en el campo y se alimentaban de lo que la tierra generosa y agradecida les daba, hasta que la violencia los obligó a abandonar su lugar. Después de peregrinar por el país, de lado a lado, intentando sacar a flote sus empolvados sueños y sobrevivir de la mejor manera, llegaron a Bogotá donde emprendieron la batalla por ocupar un espaciodigno y productivo en esta cerrada sociedad.

Ahora, cuando se debate en el Senado la aprobación de una Ley de Víctimas, y se habla de un ambicioso programa de restitución de tierras, varias víctimas del despojo afirman que repartir tierras no lo es todo; eso no basta. Algunas de las personas desalojadas del edificio de ICBF aseguran no tener el menor interés de regresar al campo. Una mujer por ejemplo, que ya pasa los 40 años, se lamenta pensando en su condición de miseria y recordando que es dueña de tierra en el departamento de Córdoba; una tierra abandona, herencia de su padre. Sin embargo, dice no estar dispuesta a regresar. No tiene la menor esperanza de recuperar esa herencia; la da por pérdida. Y no sólo es el miedo a volver a una zona que sigue bajo control de los violentos o a tener que recordar lo que se exige olvidar todos los días, es la certeza de que ya no se podrá adaptar a esa vida. Se ha convertido en un ser citadino, como dice, y por ello desea emprender un proyecto productivo que le asegure la supervivencia en la ciudad. Quiere un hogar, trabajo y una vida digna y en paz.

-Que el gobierno convierta a los campesinos en empresarios, me parece bien- dice -pero a mí eso ya no me interesa. Además tampoco creo que un montón de campesinos ignorantes en leyes, que lo único que saben es trabajar la tierra, vayan a estar de igual a igual con los dueños del capital.

Las once familias desalojadas continúan en el limbo. No saben si en efecto podrán permanecer en el Hotel hasta el lunes, si sorpresivamente llegará algún escuadrón de la policía al amanecer para arrojarlos a golpes a la calle, o si la próxima semana tendrán un sitio dónde vivir. Le están pidiendo al alcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, que destine un inmueble, propiedad del distrito, como parte de las medidas de reparación y que les asegure un techo propio donde vivir. Incluso, así las condiciones del lugar seleccionado no sean las más adecuadas, ellos están dispuestos a trabajar organizadamente para hacerlo habitable. Reclaman además, un proyecto que los saqué de la indigencia, continuar con los planes de negocio que algunos de los habitantes en el edificio emprendieron antes del desalojo, como en el caso de Maritza, quien logró organizar una venta de libros de segunda y una micro empresa de postres, asistencia en salud y las garantías sociales a las que tiene derecho todo ciudadano colombiano.

Hoy estas familias esperan que el Estado asuma su responsabilidad con ellos, y que se les asigne un nuevo espacio al que puedan llamar, hogar.

La creciente preocupación de la comunidad internacional por la grave situación que padecen los desplazados, expresada fundamentalmente a través de la Organización de las Naciones Unidas mediante la presencia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) y el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) y otras entidades como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organismos del Estado como la Personería, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, ONGs como la Consultoría para los Derechos Humanos y la población Desplazada (CODHES) o la Comisión de acompañamiento a las políticas públicas de desplazamiento forzado, integrada por diversos organismos gubernamentales y no gubernamentales, obliga a que el Gobierno Nacional, de acuerdo a lo establecido en la Sentencia T 025 y sus respectivos autos de seguimiento, asigne la debida atención que está población reclama.

De no hacerlo, no sólo se continuará desangrando las finanzas del Estado, mediante la repartición arbitraria de recursos sin un plan de acción contundente y bien pensando que contribuya a resolver la situación de manera definitiva, sino que además se estaría favoreciendo la malversación de recursos, el parasitismo, la corrupción, la violencia, y la situación de las víctimas del desplazamiento forzado seguiría, como afirma la Corte Constitucional, en un “estado de cosas Inconstitucional”, en claro detrimento de los pilares fundamentales de un genuino Estado democrático, Social de Derecho.

Ley de Víctimas, un paso hacia la paz o hacia la legalización del despojo

Arranca el debate de Ley de víctimas en el Senado de la República. Nada está asegurado.

Esta semana fue radicada ante el Senado la ponencia de la Ley de Víctimas que empezará a ser debatida el próximo martes en la Comisión Primera del Senado. Sin embargo, la presentación conjunta por parte de todos los partidos de esta importante iniciativa no augura un debate exento de fuertes desacuerdos, y menos aún, pese a la insistencia del Gobierno Nacional, su aprobación.

La bancada del partido de la U, responsable en la demora en su radicación, al firmar la ponencia dejó constancia de su inconformidad en relación con nueve temas incluidos dentro de la Ley. Entre estos, los que más preocupa a los legisladores de este partido es el tema de sostenibilidad fiscal y que las funciones que realiza la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional , pasen a otro organismo; porque según afirman, ello terminaría por crear un nuevo ente burocrático.

Por su parte el representante a la Cámara por el PDA, Iván Cepeda Castro, también dejó constancia de cinco puntos que, según afirmó, de no ser modificados negaría los derechos fundamentales de las víctimas.

Además del desconocimiento de estos derechos, como la reparación integral que no guarda relación alguna con asistencia humanitaria, inquieta la presentación del Plan Nacional de Desarrollo de manera paralela con la subsiguiente entrega de tierras del Estado a particulares. Por esta razón, varios congresistas de la Comisión Quinta del Senado le solicitaron al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, “retirar del Plan de Desarrollo los artículos 45, 46 y 47 y, en su reemplazo, presentarlos dentro de una ley diferente ante el Congreso” .

Otro aspecto que desatará fuertes polémicas, en los próximos debates, es la propuesta presentada por el senador Roy Barreras, del Partido de la U, según la cual las víctimas que se acojan a la indemnización administrativa deberán renunciar a la vía judicial . Propuesta que contradice no sólo el espíritu de la Ley sino que niega los derechos a verdad y justicia que deben ser garantizados por el Estado colombiano.

También preocupa el contexto en el cual se debate el proyecto de Ley, pues aún cuando éste sea presentado dentro del marco de la justicia transicional, el conflicto armado sigue vigente y el Estado no ha podido otorgar las debidas garantías a las familias objeto de restitución de tierras y tampoco ha logrado frenar la expansión paramilitar en buena parte del territorio nacional. A este escenario, ya de por sí bastante complejo, se añade la existencia de tierras en manos de testaferros, muchos de los cuales fungen como terceros de buena fe, y que serán protegidos bajo la figura del Derecho de superficie; medida que tal como se ha planteado parece más una estrategia diseñada para proteger a los usurpadores que a los dueños originales de las tierras, que fueron objeto del violento despojo. Preocupa también la precariedad del campo y la falta de opciones viables de desarrollo para el campesinado colombiano, problemática que de no resolverse de manera definitiva terminará por provocar nuevos desplazamientos, nuevas victimizaciones, enormes despojos de tierra y una tremenda frustración que podría llevar al recrudecimiento de la guerra. El desarrollo minero y de programas de agro combustibles también inciden negativamente en la posibilidad del retorno de la población desplazada y genera desconfianza frente al plan de restitución de tierras.

El día de ayer, la ONU envío sus recomendaciones a los senadores ponentes de la ley, solicitando que se garantice la protección a las víctimas en todo el proceso de restitución de tierras y se produzca una detallada coordinación de las entidades que participarán en la reparación, para facilitar el proceso a los afectados.

Las organizaciones sociales también han expresado de manera pública sus preocupaciones frente al proyecto de Ley. La Mesa Nacional de Víctimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales, suscribió un comunicado en el que advierte sobre los vacíos de la Ley y la existencia de nuevos artículos que podrían convertir esta iniciativa en otra modalidad para la legalización del despojo de la tierra.
La Mesa Nacional de Víctimas, rechazó la omisión de varios temas que resultan neurálgicos para el pleno cumplimiento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de todas las víctimas. “La falta de garantías sociales y de seguridad para el retorno, el no reconocimiento de los estándares internacionales en materia de reparación integral, la limitación en el universo de las víctimas, la ausencia de la Consulta Previa y de medidas que garanticen el acceso a la verdad y la justicia, se constituyen en serios obstáculos para el logro de los objetivos de la Ley” .
La posición de la Mesa Nacional de Víctimas, de manera consecuente con la formulación de unos mínimos o aspectos irrenunciables que fueron ampliamente debatidos durante el 2010 con parlamentarios y ministros de Gobierno, lejos de constituirse en una imposición arbitraria, refleja el interés de las organizaciones sociales por lograr que esta Ley responda de manera eficaz a las demandas de las comunidades victimizadas del país y logre en efecto garantizar el cumplimiento de sus derechos constitucionales.

Entre los aspectos más preocupantes, que señala la Mesa, y que podrían convertir a esta Ley en instrumento para la legalización del despojo o en un fracaso sin precedentes en la historia del país, quizás sólo comparable con el Pacto de Chicoral que terminó por debilitar la organización campesina, se destacan los siguientes:

Patrimonio: La restitución de tierras no incluye la restitución patrimonial de las víctimas; tales como bienes, animales, semovientes, vivienda digna, cultivos y maquinaria. Una restitución integral y efectiva debe incluir además de la devolución de las tierras que fueron objeto de despojo, la restitución del patrimonio y la condonación de las deudas. Esta omisión podría generar un nuevo despojo masivo.

Fecha: El proyecto de Ley considera como víctimas a las personas que han sufrido una vulneración de sus derechos por causa del conflicto a partir de 1986. Si bien, la fijación de esta fecha incluye a buena parte de las víctimas del genocidio contra la UP, excluye a las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos de años anteriores. La Mesa Nacional considera que la fecha para tal reconocimiento debe ser el 1 de enero de 1980. No hacerlo excluye a las víctimas de las masacres de Manila y Cañaveral de Remedios (Nordeste Antioqueño)(1983), de la Universidad Nacional, de Vuelta Acuña, (Santander) (1984), el asesinato del sacerdote indígena Páez Álvaro Ulcué Chocué, (1984), de la toma y contratoma del Palacio de Justicia, la masacre de Tacueyó y el asesinato del líder social Ricardo Lara Parada (1985), entre otras. Además la fecha establecida para la restitución de tierras a partir de 1991 obstaculiza la entrega de más de cien mil hectáreas de tierra objeto de despojo.

Universo de las Víctimas: Es deber del Estado garantizar los derechos y resarcir plenamente a todas las víctimas del conflicto armado, sin exclusiones. El proyecto actual excluye a miembros de grupos armados víctimas de violaciones a los derechos consagrados en el Tratado de La Haya, en el derecho de la Guerra y en el Convenio de Ginebra. También excluye a sus familiares. El proyecto de Ley tampoco reconoce como víctimas a los menores que han sido reclutados forzosamente y han permanecido en los grupos irregulares después de haber cumplido la mayoría de edad. Esta normativa viola el principio de igualdad y las normas del DIH.

Responsabilidad del Estado: Una ley de víctimas que cumpla con su objetivo debe partir del reconocimiento de la verdad sobre los hechos de violencia ocurridos. La responsabilidad del Estado colombiano debe estar claramente expresada en el articulado de la ley. No hacerlo implica apartarse de los estándares internacionales.

Reparación Colectiva: Los grupos, poblaciones y movimientos sociales y políticos que han sufrido daños de naturaleza colectiva, en los que sus miembros han sido objeto de graves o sistemáticas violaciones de los derechos humanos, en razón de su pertenencia al grupo, población o movimiento, deben ser objeto de una reparación integral que incluya medidas pecuniarias y simbólicas para el colectivo afectado, a través de las cuales se reconozca su valor social, su trayectoria y se dignifique a sus miembros victimizados.

Concepto de reparación integral: El sentido de la reparación tiene que ver con el reconocimiento de la responsabilidad en el daño infringido, con el deber del Estado de garantizar bienestar, desarrollo y justicia a todos los ciudadanos; con el cumplimiento de los mandatos constitucionales y la posibilidad de resarcir el daño causado, procurando que las víctimas recuperen su condición de vida previa a la agresión o logren mejorarla. En concepto de la Corte Constitucional, la reparación transformadora indica que la víctima, al ser reparada, deberá obtener condiciones nuevas que le aseguren un nivel de vida superior y el ejercicio pleno de su ciudadanía. El proyecto de Ley insiste en confundir medidas de reparación con programas de asistencia humanitaria o acceso a servicios sociales a los que tienen derecho todos los ciudadanos.

Consulta Previa: La consulta previa para pueblos indígenas, tribales y comunidades afrodescendientes y minorías étnicas es una obligación y un derecho fundamental consagrado por el Convenio 169 de la OIT y ratificado por la Corte Constitucional. Leyes generales que afectan estas comunidades y pueblos deben ser consultadas y concertadas de manera previa al trámite legislativo. En el caso de la población afrocolombiano, la consultiva de alto nivel, creada por la Ley 70, con el fin de interlocutar con el gobierno, resulta insuficiente porque no es representativa de las voces de todos los pueblos afros. Aplazar la realización de la Consulta, como se hizo en el debate anterior de la Ley de Víctimas ante la Cámara de Representantes, vulnera los derechos a la igualdad, a la Consulta y niega el reconocimiento constitucional de Colombia como país diverso, pluriétnico y multicultural.

Garantías para la restitución de tierras y retorno: El control territorial de estructuras armadas impide la existencia de garantías para el retorno de las familias desplazadas que han sido objeto del despojo. Los asesinatos de varios líderes en los procesos de recuperación de las tierras, como en los casos de Rogelio Martínez, Óscar Maussa, Albeiro Martínez y Hernando Pérez, entre otros, evidencian ese riesgo. Además, el Estado no está realizando los esfuerzos necesarios en materia de justicia para lograr el desmonte efectivo y real de las estructuras armadas, políticas y económicas de los grupos ilegales.

Derecho a Superficie: Ceder el usufructo de las tierras a terceros de buena fe que acrediten su posesión e inversión en tierras que fueron objeto de despojo se convierte en otro mecanismo de legalización de ese mismo despojo. El principio de buena fe no debe ser invocado ni siquiera sobre la adquisición legal de tierras por un valor inferior al costo del predio y sobre ninguna otra forma de despojo. Si a ello se le añade el descontrol en las concesiones mineras y para el cultivo de agrocombustibles, el riesgo de legalización del despojo aumenta.

Sostenibilidad Fiscal: Se deben generar de manera interna los recursos para el pleno cumplimiento de la Ley. La obligación del Estado de reparar a las víctimas no puede quedar condicionada a la sostenibilidad ni a la regla fiscal. A lo largo de los debates parlamentarios del año anterior, se propuso la implementación de mecanismos eficaces para que las fuentes de financiación sean, entre otros, los bienes y capitales de los aparatos criminales. Para ello, se aprobó la creación de una unidad del CTI destinada exclusivamente a la persecución de bienes despojados por los agentes de la violencia y para la recuperación de tierras a manos de testaferros.

Bacrim o nuevas estructuras paramilitares: El marco de justicia transicional, a través del cual se desarrolla el proyecto de Ley de Víctimas, excluye a las víctimas de grupos paramilitares o neoparamilitares, mal llamados bandas emergentes, conformadas en más de un 50 % por los mismos hombres que hacían parte de los anteriores grupos, supuestamente desmovilizados. El informe más reciente de la Fiscalía General de la Nación así lo reconoce cuando afirma tener documentados 173.183 homicidios, 1.597 masacres y 34.467 desapariciones cometidas por paramilitares entre los años 2005 y 2010

El trámite de Ley ante el Senado, después de su aprobación ante la Cámara de Representantes dejó enormes vacíos y puntos sin resolver. Ello inquieta profundamente y hace pensar que muchos legisladores aún no son conscientes de los efectos nocivos que tendría para el país y cualquier proyecto de reconciliación futura la aprobación de una Ley que no logre satisfacer las demandas de las víctimas, incumpla con las normas constitucionales, con las sentencias proferidas por las altas cortes y los estándares internacionales. La Ley de víctimas debe ser entendida como un paso definitivo para la historia del país y aquí no hay cabida para los acostumbrados micos, la protección de capitales, tierras y lucro obtenidos a partir de la violencia y el despojo masivo. La prioridad deben ser las víctimas de la violencia.

El camino no está despejado, y ya se advierte sobre la inconstitucionalidad de la Ley. No considerar la Consulta Previa, puede ser ante la Corte un obstáculo para el trámite de la iniciativa.

En el mismo Senado de la República se reconoce la existencia de posibles visos de inconstitucionalidad dentro de la ponencia radicada, por cuanto de entrada viola el principio de igualdad que contempla la Constitución.

El presidente de la comisión primera del Senado, Eduardo Enríquez Maya, declaró que se debe estudiar muy detenidamente la fecha a partir de la cual se dará la reparación, pues en la actual se excluyen a muchas víctimas. “Sin embargo, declaró que la reparación a partir de 1991 incluye a 3.000.600 víctimas. Según él, con la nueva fecha propuesta se llegaría a 4.500.000; dejando al Estado prácticamente sin dinero para reparar” […] Si la ley de transición está para regir en 10 años, significa que diariamente habría que indemnizar a mil personas que se consideren víctimas. Y si más o menos cada víctima recibirá en promedio $20 millones, esto implica que por día el Estado debe tener disponibles $20 mil millones”, explicó

La ponencia en el tercer debate será discutida a partir del próximo martes en la Comisión Primera del Senado, dónde seguramente no logrará ser aprobada en un solo día.

Será entonces definitivo que se construya consenso pensando más en los costos sociales, históricos y políticos de su fracaso que en los costos económicos de su aprobación.

Matar al que mata es el clamor popular

Se llama a marchar el próximo domingo en Popayán y el lunes en Bogotá en rechazo a los policías que asesinaron a la perrita. Está bien que haya indignación y rechazo público, pero por qué no se marcha por los estudiantes asesinados en Córdoba, Silvia Inés Mora Castellanos, Juan Carlos Ariza Castellanos, Margarita María Gómez y Mateo Matamala o por los niños vinculados forzosamente a la guerra, aprovechando que hoy cumple 10 años de trabajo la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia o por los miles niños menores de 5 años que mueren anualmente por desnutrición o en rechazo a los 173.183 casos de homicidio, 34.467 de desaparición forzada, 1.597 matanzas y el desplazamiento forzado masivo de 74.990 comunidades, entre otras atrocidades cometidas por los paramilitares entre el 2005 y el 2010 y en los que habrían participado 429 políticos, 381 miembros de las fuerzas de seguridad, 155 funcionarios civiles y 7.067 particulares.

* * *

El pasado 30 de enero circuló a través de diversos medios de comunicación, un video en el que aparecían tres uniformados asesinado de manera brutal a una perrita indefensa, y lo hacían por diversión. Las imágenes consiguieron lo que los escabrosos relatos de los paramilitares y los testimonios de miles de víctimas que desde hace más de tres décadas sufren el horror de la degradación de la guerra no lograron: sensibilizar a la sociedad.

Es comprensible que se despierte la ira y una profunda indignación al ser testigos de un hecho tan monstruoso y execrable. Un perrito es percibido como un ser indefenso, casi o más que un niño. Los animales domésticos están a merced de los humanos; casi que dependen de nosotros en su gran mayoría para poder sobrevivir y a veces entendemos nuestra responsabilidad como especie dominante en el planeta de velar por ellos y darles protección.

Los adultos en cambio se pueden defender, al menos eso se cree, pero también esta afirmación es relativa porque depende de las circunstancias, la fuerza y la cantidad. Muchas familias campesinas no se han podido defender ante la llegada de escuadrones de la muerte con metralletas, pistolas y motosierras dispuestos a cometer toda clase de actos aberrantes y en extremo crueles. Millones de personas en estado de indefensión han sido asesinadas en Colombia y ello no ha provocado ni siquiera algo cercano a la indignación.

¿Por qué? Porque la familiaridad con la muerte y la violencia nos ha anestesiado. Porque la extremada polarización política expresa intolerancia y anula en el contrario su condición humana. Porque el miedo a sufrir lo mismo, si se denuncia o se habla, paraliza. Porque el asunto de las víctimas no nos afecta ni nos toca directamente. ¿Por qué entonces la muerte de una perrita si nos afecta y sí nos toca? Porque nos toca el corazón. Porque esta perrita no tuvo opción de defensa frente a sus asesinos, porque fue torturada y liquidada por diversión, no en defensa personal y porque todos lo pudimos ver de modo explicito y claro a través de los canales de televisión. La imagen de dos hombres fuertes y jóvenes sometiendo al suplicio a una criatura indefensa causó repulsión y logró encender las fibras sensibles de una sociedad que dormita desde hace muchos años atrás.

Vimos la indefensión del animalito, su miedo, su agonía y su muerte, escuchamos las risas de los asesinos y algo nos sacudió por dentro; era un sentimiento de ira colectiva, de vergüenza humana y de dolorosa impotencia. Esa perrita no tuvo ni siquiera la opción de la defensa, el humano en cambio sí tiene opción de defensa frente a sus verdugos, que son además de su misma especie. Por eso el hecho ofende tanto.

Sin embargo, aquello de que los campesinos cuando escuchan las advertencias de peligro y se anuncia que algo fuerte va a suceder en el pueblo o la vereda que habitan, tienen la opción de quedarse y morir o de empacar y huir, o de armarse y responder con fuego, o a falta de fuerza pública que los defienda, de unirse y formar guerrillas, tampoco es tan cierto. La mayoría de ellos no tienen opción. Cuando se resisten a una huida presurosa y sin mayor provenir, son obligados a asumir la cruel realidad de la violencia y cuando toman las armas deben asumir la realidad de una guerra demencial que no eligieron. No así, ello no despierta la indignación del colectivo.

Ahora, ante la muerte de la perrita, la población rabiosa y enardecida, pide castigo ejemplar.

Unos siglos atrás la justicia se aplicaba de modo simétrico o retributivo. Al ladrón se le cortaba la mano, al que mentía le cortaban la lengua, se cortaban cabezas y se exponían en lugares públicos; las mujeres adulteras eran sentenciadas a muerte y al escarnio público, a doña Inés de Hinojosa la colgaron de un frondoso arrayán plantado frente a su casa por haber participado como autora intelectual en el asesinato de sus dos maridos. Si el daño era físico el castigo también lo era. Si un arquitecto construía una mala casa y el hijo del dueño moría a causa de ello, el hijo del arquitecto también debía morir. O a veces iba más allá y se recurría a la mutilación, de modo que si un hijo golpeaba al padre se le amputaba la mano.

En las Siete Partidas, cuerpo legislativo del siglo XII en Castilla, se establecía claramente que la finalidad de la pena era la retribución mediante el castigo y la prevención del delito mediante la intimidación. Entre las penas que imponía, de acuerdo a la gravedad del hecho, estaba la pena de muerte, la amputación de un miembro, trabajo o destierro perpetuo, cadena perpetua, infamia, azotes y heridas públicas y la exposición del cuerpo desnudo y untado de miel al aire libre para atraer abejas e insectos.

En América a los indios les quitaban las orejas y la nariz dejándolos para siempre marcados ante su comunidad, y al ladrón de gallinas lo paseaban con gallinas colgadas al cuello por la plaza mayor para someterlo a la vergüenza pública de ser un ladrón. Teatralizar el castigo en la plaza pública era una forma de censura social y moral (ver Vigilar y castigar de Michel Foucault y el ensayo De los delitos y las penas de Cesare Beccaria). Esta práctica se extendió hasta nuestros días, me imagino que aún sucede, no lo sé, pero lo presencie una vez, hace 15 o 20 años quizás, en un Carulla cuando un hombre de apariencia bastante humilde fue sorprendido robando y en castigo lo pasearon en círculo por todo el supermercado agarrado por el brazo de un guardia de seguridad, con la cabeza gacha y un letreo colgado en su pecho que decía: “Soy un ladrón de quesos”.

La vergüenza pública y las penas de muerte y tormento, sustentadas en buena medida en la ley del Talión como principio jurídico de la justicia retributiva fue superado en algunos países tiempo después -no en todos como en el caso de Pakistan donde aún se defiende como principio islámico- y se empezó a plantear la necesidad de impulsar reformas penales, de humanizar los castigos, abolir la tortura, garantizar la igualdad ante la Ley y la debida proporcionalidad entre el delito y la pena.
El Estado no podía actuar como victimario ni emular el comportamiento de los criminales. Debía situarse sobre ellos y actuar con los ojos vendados.

La justicia dejó entonces de intervenir sobre el cuerpo para asumir una posición reformadora, de modo que el infractor después de pagar por su delito, mediante el aislamiento y la reclusión, podía ser de nuevo reincorporado a la sociedad con la seguridad de que había aprendido la lección. En la teoría, por supuesto, sabemos que la realidad de la cárcel más que reformar enseña a delinquir.

Sin embargo, el castigo es necesario porque cumple o debe cumplir una función pedagógica y emite unos códigos de comportamiento al interior de una comunidad; pero es importante preguntarse qué tipo de castigo es el acertado y cuál pudiera despertar la conciencia sobre el mal causado y generar un genuino arrepentimiento con voluntad de enmienda. En varios países se eliminó la pena de muerte y la tortura, no en Estados Unidos, donde incluso ex presidente George W Bush admitió públicamente haber autorizado la tortura y la justificó. En ese país aún se piensa que es necesario intervenir el cuerpo y causar dolor, que el asesinato puede ser legal y que la función de los jueces es decretar quien merece vivir y quién no; todo sustentado en un maniqueo concepto del bien mayor, la supremacía del Estado y la búsqueda ante todo, del supuesto “bienestar de las mayorías”.

Ahora, frente al caso de la perrita asesinada, y por tratarse de un hecho brutal y premeditado, incluso cometido con alevosía al ser ejecutado contra un ser indefenso, es natural que se despierte la indignación; sin embargo, las manifestaciones de rechazo colectivo superan el mismo hecho, al menos de manera verbal, y llaman a combatir la violencia con la violencia y al criminal con la acción también criminal de la ciudadanía.

El video al parecer fue grabado en el 2009, pero hasta ahora se hizo público y por eso hasta ahora se producen las reacciones. El general de la Policía Nacional, Óscar Naranjo, en respuesta a las demandas de castigo que el hecho generó, se reunió con algunas asociaciones defensoras de los animales.

Ante varios medios declaró que este "es un episodio que nunca hubiera querido conocer y que no tiene sentido de ser". Luego reitero “el compromiso de la Policía Nacional con la protección de todas las formas de vida y la importancia de hacer valer la sensibilidad, el amor, el humanismo y el respeto como valores esenciales de la institución” . Los agentes que participaron en el crimen recibirán su castigo. El agente que aún hacía parte de la institución ya fue expulsado. Los otros posiblemente serán inhabilitados por cinco años para ejercer cargos públicos.

Está bien que se les castigue, pero con seriedad. Además la sanción debe contener un elemento reparador, de lo contrario no tiene efecto de justicia en términos de equidad y compensación. Estos bachilleres auxiliares que incurrieron en el delito deben asumir una labor que de cierto modo logre resarcir el daño causado. Porque además de la manera en la que cometieron el crimen, del cinismo y del hecho en sí, portaban el uniforme y representaban a una institución. Ello quiere decir que el daño tiene profundas connotaciones sociales que marcan la relación entre ciudadanos y autoridades.

Estos hombres deberían asumir una labor social en defensa de los animales. Quizás limpiando parques de excrementos de perros, limpiando lugares donde los perritos permanecen hacinados como en aquellos centros donde son llevados los recogidos de la calle. Deben aprender a valorar la vida animal. Su castigo tiene que incluir un acto que represente la defensa de la vida y la protección de los animales. También otro que signifique un aporte a su institución, como por ejemplo estudiar y dictar clases sobre el valor de la vida y el deber del policía de cuidarla y siempre garantizarla.

A través de la red social FB, se han creado 30 grupos o más, en los que se condena el hecho, pero muchos de sus miembros van más allá. Se habla de matar y torturar a los policías, se repite la palabra odio sin misericordia y algunos desean para los culpables una muerte similar o peor a la padecida por la perrita; quisieran verlos indefensos, esposados, golpeados, atados a una cuerda y halar de sus extremos para ver como lentamente se les escapa la vida, tal como sucedió con su víctima. Hablan de justicia exigiendo para los asesinos un acto de maltrato, violencia e injusticia.

Llama la atención, y preocupa reconocer los pocos avances que se han logrado en la conciencia de la humanidad. Aún esperamos asistir al circo de los leones; ser testigos del festín público del castigo del tormento y la pena de muerte impuestos ni siquiera por autoridades sino por la misma ciudadanía ciega y enardecida.

Algunos de los comentarios de estos buenos y sensibles ciudadanos, que repudian el maltrato animal, que viven y sueñan con un mejor país y que dicen defender la vida, expresan con total claridad lo lejos que estamos de convertirnos en una nación en paz, que privilegie la acción de la justicia y que respete y valore la vida en todas sus expresiones. Porque para justificar el crimen, existe gran cantidad de recursos, y del mismo modo como se mata a quien profesa una ideología diferente al régimen, como se ha justificado el exterminio de la UP y de otras fuerzas de izquierda en el país, así mismo a causa de este crimen, se llama a torturar a quien tortura y a matar a quien mata.

Algunos comentarios son los siguientes:

Nicolas Diaz: HIJUEPUTAS POLICIAS MALPARIDOS QUE SE MUERAN...
POLICIAS DE MIERDA QUE ALGUIEN MATE A ESOS HIJUEPUTAS DE LA MISMA FORMA.
MATARON ESTA INOCENTE Y POBRE PERRITA QUE LES HIZO LA PERRA HIJUEPUTAS ?.
EN LA MALA CON ESTOS HIJUEPUTAS. ME IMPORTA UN CULO ESTOS HIJUEPUTAS HAY QUE MATARLOS IGUAL.

Nicolas Díaz: POLICIAS LAMPARAS LAME CULOS. BRUTOS ATASCADOS. CHUPA PIPIS, PAYASOS HIJUEPUTAS.
Todos Contra Los Hp Policias Que Mataron Cruelmente a La Perrita Indefensa seeeee y muchísimo más
claro!° apuesto que no tienen las guebas pa hacerle lo mismo a un pandileero por que saben que tienen las de perder..

Pao Patiiño: Merecn lo peor del mundo!! Como esq no son capacs de imaginar el dolor q siente...

Didier Jhoan: ojala tuviera esa hp policias y hacerle lo mismo, para que sientan lo que la pobre perrita sintio; y no me interesaria pagar el resto de mi vida en una carcel, al menos, me daria por bien servido de haber matado a alguien que se podia defender, no como la pobre perrita. ¡NO AL MALTRATO ANIMAL!

BRAVOOOO HIJUEPUTAAA COMO NO PODES COJER LADRONES MATAS A UNA PERRITA "SOS UN HEROE"
Alejandro López Jiménez MALPARIDOS CERDOS OJALA LOS MATEN A PALA :@ HIJODEPUTAAAAS!
Todos Contra Los Hp Policias Que Mataron Cruelmente a La Perrita Indefensa sugieran la página amigos! que el mundo entero se de cuenta de la porqueria que hicieron estos bastardos.

Natalia Mariño Arango: asi no sea por manos de la justicia de este pais...van a pagar, como sea pero van a pagar...ojala su vida se vuelva un infierno, asi como lo q le hicieron vivir a esa perrita

Todos Contra Los Hp Policias Que Mataron Cruelmente a La Perrita Indefensa malditos culeros de mierda, también estoy en contra de los malditos toreros de mierda! torturadores! no son más que asesinos a sangre fría me parece increíble como alguien puede celebrar la tortura de un animal.

Jacobo Guerra Osorio: QUE LES HAGAN LOS MISMO PAR DE HPPTTAAASSSSS QUE PRIMERO LOS CCAPEN Y LE PONGAN A COMER LAS GUEBAS Y DES PUES LOS AOQUEN Y UN PALAZO POR MALPARIDOS!!!!!1
Todos Contra Los Hp Policias Que Mataron Cruelmente a La Perrita Indefensa y que los ahorquen como a la perrita, malditos!

Laüra Espinosa: Qué los torturen..... a pellizcos!!!

Entidad Epp: hijos de puta tan grandes mondrigos de mierdo espero q los viole un mandrilTodos Contra Los Hp Policias Que Mataron Cruelmente a La Perrita Indefensa no solamente la cárcel, que les arranquen los ojos, y los tiren vivos a un rio que los dejen casi muertos y que después los quemen vivos, que los saquen casi muertos y que les arranquen la piel, que los dejen en un desierto y se mueran..

Cindy Giraldo: Ojala cojieran esos #@~€¬#@~ y les hicieran lo mismo malpa...... q horror y esos son los q nos cuidan q porquería de seres humanos... malditos...
Danii Parra Alvarez MALDITOS ASQUEROSOS OJALA SE PUDRAN EN UNA CARCEL ELLOS SE MERECEN QUE LES HAGAN LOS QUE LE HICIERON A ESA POBRE PERRITA PERO EL TRIPLE MUCHOS ¡¡MADLITOS HP!!!

Jefferson Scarpeta: Rey malditos, como me gustria hacerles lo mismo, para que siente el dolor , pero eso es encochinaarse la manos con unos hps, pirobos de la mierda, ojala se mueran igual.

Ojitos Bonitos Anita: desgraciados asquerosos y se ríen lo malparidos ojala a ellos les hagan lo mismo los jalen y los torturen x lámparas pobrecita esa perrita uichhhhhhhh me siento impotente no poder hacer nd contra esos idiotas no meresen estar vivos hay es donde yo digo donde esta la justicia de este pais x q no les dan pena de muerte a todos esos infelices q no meresen estar vivos OJALA LOS MATEN X PERROS ASQUEROSOS

Jonatan Gonzalez: esos pirobooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo hijue PUTASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS DE LA Mierda nacidos el la hijueputa churria de la mama la madre ke veo a esos hijueputas y no me contengo la madre que cojo lo primero que encuetre Y SE LO METO MOR EL CULO A ESOS reparipamputatumadre reparipamputatumadre reparipamputatumadre reparipamputatumadre reparipamputatumadre reparipamputatumadre reparipamputatumadre reparipamputatumadre reparipamputatumadre reparipamputatumadre reparipamputatumadre reparipamputatumadre reparipamputatumadre
Zonii Jimenezz huy q se metan con sus hp madres y no con un indefenso animalito piobos hp

Karen Fernanda Trujillo Morales: repudiemos a Misael Ruiz Quintero quien fue el torturador de esta perrita

Pili Diaz: mucho maldito .... ese es el que merece que lo torturen igual...los demas tambien por que es tan culpable el que lo hizo como los que vieron y solo rieron desgrasiados.

Juan Pablo Mosqquera Vargas: Q ESOS HIJUEPUTAS POLICIAS SE MUERA. MALPARIDOS Y HOJALA Q LOS TRATEN DE LA MISMA MANERA A LA Q TRATARON A ESA POBRE PERRITA. TOMBOS MARICONES Q SE PUDRAN ESOS DESGRACIADOS. HA COSTEÑOS TENIAN Q SER ESOS HIJUEPUTAS.

Zteebiithaan Maaldonadohh: MaaLPaaRiiDoZ Qee Zee KReeeeN GoNoRReeaaz MueeRaaNZeee Qeee LeeZ aaGaaN Too Lo Qee Laa PeeRRiiThaa ZuFRii Paa Qee eeiiioZ See DeeN KuueeNTaa
Sebas Marin Lopez malparidos higueputas matar al mejor amigo del hombre deveri dar carcel para toos los gonorreas que lo hagan donde los encuentre los lincho mijos malparidos ojala les agan eso por pirovos

AnDii Joya muchos triple hp----------------uch ke piedra.. son una mierda...... ojala los colgaran de la huevas...... malparidos,,,,, MUERTE A ESOS Hijos de puta...... pobre perrita ke pecado

Algunos de los grupos creaados en FB son:

Todos Contra Los Hp Policias Que Mataron Cruelmente a La Perrita Indefensa
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Hp policias que mataron a la inofenciva perrita
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Hps policias los que mataron la perrita
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Yo tambn odio a los policias que mataron la perra :C
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Repudio A Los Policias Que Mataron a la Perrita Indefensa
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Justicia y Castigo a los policias que Torturaron y Mataron Perrita en Colom
71 miembros

LOS QUE ODIAMOS A LOS POLICIAS QUE MATARON LA PERRITA
26 miembros

justicia por la perrita y muerte para lo hp policias que la mataron
1 miembro

Castigo a los policias que mataron al perro
48 miembros

REPUDIAMOS A LOS POLICIAS QUE MATARON A LA PERRITA..

Odio a los policias que mataron la perrita
Malditos Policias que mataron a la perrita
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CARCEL A LOS MALDITOS POLICIAS QUE MATARON LA PERRITA... QUE PODEMOS ESPERA
18 miembros

a La Chingada Con Los Policias Que mataron a La Perrita
8 miembros

A favor de los policias que mataron a ese maldito perro.
En contra de los policias que mataron a sangre fría un indefenso animal
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los que odian a los hp policias que mataron a la pobre perrita
Los que odian a los pirobos policias que mataron la el perro
Los Que Queremos Que Sufran Esos Policias Que Mataron a La Perrita
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Un mundo sin policías, es igual a tener vivos a los que mataron la perra.
104 miembros

que metan a la carcel a los hp policias que mataron a un indefenso perrito!
73 miembros

Exigimos una demanda contra los policías que apalearon y mataron al perrito
351 miembros
en contra de varios policías de que mataron cruelmente un animal

Que matten a los hpts policias q mataron a una perrita
12 miembros

que demanden a esos hps policias q mataron a el perro canallamente
17 miembros

Buenas personas que creen que los policias que mataron una perrita paguen
23 miembros

Odio a esos policias que mataron al pobre perrito
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En Contra De Los Policías Que Mataron La Perrita
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Odiamos a los Policías Que Mataron a Una Indefensa Perrita
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// Imagen tomada de: www.ellosjamasloharian.blogspot.com

Proyecto de Ley de Víctimas: un monstruo de mil cabezas vestido de seda

Con traiciones, disgustos y maromas, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de Ley de Víctimas

«Termine como termine, esta guerra ya la hemos ganado contra ustedes; no quedará ninguno para dar testimonio, pero incluso si algunos se salvaran, el mundo no les creerá. Podrá haber sospechas, discusiones, investigaciones realizadas por historiadores, pero no habrá certezas, porque al destruirlos a ustedes destruiremos las pruebas. E incluso si algunas subsistieran y si algunos de ustedes sobrevivieran, la gente dirá que los hechos que cuentan son demasiado monstruosos para ser creídos».
Palabras que los SS dijeron a Simone Wiesenthal y a otros al llegar al campo de exterminio nazi. “Los hundidos y los salvados”
Primo Levi

El debate realizado en la plenaria de la Cámara de Representantes a través del cual se logró la aprobación del Proyecto de Ley de Víctimas, dejó la tremenda sensación de que Colombia aún naufraga sin rumbo en el mar de las mezquindades de su propia dirigencia política que imposibilitada para negar los evidentes y elevados costos de la guerra, pretende convertir a las víctimas en objetivo de lucro político y financiero. El alarde de algunos parlamentarios de esa decadencia histórica en medio de una discusión en la que hasta lo esencial se hace controvertible, permite entender cuán lejos está el país de configurarse en un genuino Estado Social de Derecho.

La mañana del pasado 13 de diciembre no se había iniciado aún el debate de ley de Víctimas con su transmisión en directo a todo el país, cuando ya se hacía evidente la falta de voluntad política de la mayoría de parlamentarios para dar trámite limpio a esta iniciativa. Decenas de comentarios y prevenciones recorrían los pasillos del Capitolio Nacional. Que no hay dinero, decían unos haciendo oídos sordos a la voz del ministro de Hacienda, quien en reiteradas oportunidades había explicado de dónde provendrían buena parte de los recursos; que hay muchos impedimentos, que no hay claridad sobre el tema, que no sabemos cuántas víctimas son y dónde están. Se anunciaba así un álgido debate.

La plenaria arrancó pasado el medio día con el llamado del representante Prada a replantear los impedimentos presentados la semana anterior. Recordó que éstos mismos fueron objetados en el debate de la Comisión Primera y que el Consejo de Estado sostuvo que la existencia de vínculos familiares con víctimas por parte de los legisladores, incluso así ellos hubieren sido objeto directo de algún tipo de violación a los derechos humanos, no se constituía en impedimento para participar en el trámite de esta iniciativa.

El representante del partido oficialista de la U, Jairo Ortega, defendió la aprobación de los impedimentos y pidió, para poder actuar con lo que él llama responsabilidad, que se dijera con precisión dónde están todas las víctimas de la violencia, cuántos son y cuánto le cuesta al Estado su reparación.
Las argumentaciones de Prada no bastaron para producir el replanteamiento anhelado: con 72 votos en contra y 14 a favor, a los que sumaron cinco nuevos impedimentos, fueron aprobados en su totalidad. De este modo, cerca de 30 parlamentarios se excluyeron del debate.

Era claro entonces que varios legisladores incapaces de negar de manera frontal la aprobación del proyecto, quizás con el interés encubierto de mantener una relación conveniente con el Gobierno Nacional, habían optado por declararse impedidos ahorrándose una confrontación abierta y sincera. Aunque no se esgrimieron razones políticas de fondo, tampoco hacía falta que lo hicieran, era sencillo suponer que detrás de esa pobre exposición de argumentaciones, se ocultaban otros intereses. Era la misma sensación que producía escuchar las constantes intervenciones de un representante de apellido Salazar, digno representante del PIN, quien solicitó que el debate fuera aplazado en tanto no se conocieran los costos reales que para la economía del país tendría la aprobación de la iniciativa.

Otro parlamentario argumentó que la crisis invernal obligaba a que la prioridad fueran las víctimas de los desastres naturales, y que el gobierno no tendría recursos suficientes para atender también a las víctimas de la violencia.

Rivera recordó que el trámite del proyecto culminaría en junio del año entrante y que su aplicación se produciría sólo hasta el 2012; razón por la cual no se afectaría la asignación de recursos para atender a las víctimas del invierno.

Por su parte, el liberal José Joaquín Camelo en tono enfático afirmó: "Para los que preguntan por la plata, les digo que ésta seguramente estará cuando se acaben las gabelas de los empresarios".

El legendario congresista, Telésforo Pedraza fue contundente en su interpretación de los hechos: “Hay dos maneras de oponerse a un proyecto: de frente y con carácter o con sutileza haciendo discursos dilatores”. La hipócrita sutiliza de algunos representantes no logró imponerse, y pese a la fabricación de excusas, todas de pobre diseño creativo, el debate siguió su curso.

Tras la aprobación en bloque del articulado carente de proposiciones se pasó a la revisión de los demás artículos para someter a votación las propuestas presentadas. El parlamentario del PDA, Iván Cepeda Castro, expresó entonces su preocupación frente a la aprobación de los artículos 3, 63 y 153, y ante la decisión de los ponentes de la Unidad Nacional y el gobierno de excluir a las víctimas de hechos de violencia ocurridos antes de 1991.

Días antes, el Gobierno y representantes del Congreso habían acordado que la retroactividad para “el beneficio” de las víctimas de la violencia en el país se haría desde el primero de enero de 1985, con lo cual se incluirán a las víctimas del genocidio contra el partido político UP. En su momento, el representante Cepeda aseguró que aunque la fecha no era la ideal, al menos de esta manera serían reparados los familiares de las víctimas de las masacres de La Rochela, el Tomate y la Mejor Esquina entre otras.

Un congresista liberal, a manera de infidencia, contó que el acuerdo de la fecha se había obtenido en una reunión de negociación previa en la que la bancada oficialista había propuesto el año de 1993, pero que una llamada del ex candidato presidencial del Partido Liberal, Rafael Pardo Rueda al presidente de la República, había hecho posible que se adoptara en conjunto la fecha de 1985.

El acuerdo de cualquier modo se olvido o fue burlado en la plenaria. Nuevamente se planteó el año de 1993 y ante el malestar que ello generó, el ministro Vargas Lleras intervino y se reunió velozmente con los ponentes del proyecto a un lado del salón. Pasados unos minutos se anunció el nuevo convenio: la fecha sería el 1 de enero de 1991.

La violación del acuerdo en el que se definía como fecha para el reconocimiento de las víctimas de la violencia el 1 de enero de 1985, y con lo que seguramente se complacía al ex presidente Uribe, dejaba por fuera a miles de víctimas de decenas de masacres, como las de Toribío (Cauca), Bajadó (Chocó), Otanche (Boyacá), Tacueyó (Cauca), El Castillo (Meta), Candete (Córdoba), Segovia (Antioquia), Valle del Guamuez (Putumayo), Turbo (Antioquia), El Tomate (Córdoba), Los Olivos (Bolívar), La Mejor Esquina (Córdoba), La Rochela (Santander), Río Frío (Valle), Coello (Tolima), Valencia (Córdoba) y San José (Guaviare) entre otras más. Nada de eso importó; el artículo en cuestión fue aprobado y defensores del acuerdo previo, como Rivera, terminaron por aceptarlo.

Con esta decisión, según sostuvo el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, “en vez de garantizarse herramientas para investigar la responsabilidad del Estado en los acontecimientos que detonaron el incremento exponencial de la muerte, se ha preferido imponer de tajo la verdad oficial como verdad histórica”.

Considerar que las víctimas de la violencia que deben ser objeto de reconocimiento de sus derechos, entre ellos el de la reparación, son sólo las de los últimos 20 años, desconoce parte esencial de la memoria del horror de Colombia y los antecedentes que permitieron el auge del narcoparamilitarismo con la ejecución de actos de sevicia en connivencia con las Fuerzas Militares. Es desconocer que a finales de los 80s se produjo una espiral de violencia con la que se desató la persecución política y la guerra sucia contra el Nuevo Liberalismo, la Unión Patriótica, el Partido comunista y el desmovilizado grupo Esperanza, Paz y Libertad. Es ignorar que entre 1985 y 1993 fueron asesinados 1.163 miembros de la UP y 4 candidatos presidenciales y que en este mismo periodo surgieron nuevas estructuras paramilitares como las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, ACMM, comandadas por Ramón Isaza Arango y las Autodenfensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU bajo el mando de los hermanos Castaño Gil.

A finales de los 80s se ejecutaron varias de las masacres más crueles de la historia reciente del país; fue cuando más asesinatos selectivos se produjeron y se registró un importante crecimiento de las FARC y de sus actos de guerra contra la población civil. La toma del Palacio de Justicia y la masacre de Tacueyó ocurrieron en noviembre de 1985. En 1986 fue asesinado por la mafia el director de El espectador Guillermo Cano; en 1987 fue asesinado el médico Héctor Abad Gómez y varios galenos salubristas, defensores de derechos humanos, profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia. Ese mismo año fueron desaparecidos por el Ejército Nacional 19 comerciantes en Puerto Boyacá. En 1988 ocurrió la masacre de Currulao y fue asesinado el Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos. En 1989, el narcotraficante Pablo Escobar explotó un avión de Avianca con 101 pasajeros y el 3 de marzo de ese mismo año fue asesinado el dirigente comunista, José Antequera.

La Consultoría para los derechos humanos y la población desplazada, CODHES, registra un promedio de 597.000 personas desplazadas a causa de la violencia entre 1985 y 1992. El banco de datos del CINEP afirma que entre el 1 de enero de 1988 y el 31 de diciembre de 1992 fueron desaparecidas 938 personas a causa de de la violencia política en Colombia.

“Es indignante la propuesta de modificar la fecha, desdice de la vocación de este parlamento” afirmó tajante el representante del PDA Wilson Arias.

En un llamado por la dignidad de las víctimas y en reconocimiento al valor histórico de la memoria de los excluidos, el representante Cepeda citó un aparte de la obra “Los hundidos y los salvados” de Primo Levi con el fin de sensibilizar a los parlamentarios (cita incluida al comienzo de este artículo). Los horrores protagonizados por Colombia a lo largo del siglo XX deben ser recordados y sus víctimas tienen que ser reparadas. Es necesario para emprender la construcción de un nuevo modelo de sociedad.

La lógica del olvido que impulsa al antiguo opresor y la lógica de la justicia que alienta a la víctima es la gran paradoja frente a la impunidad como lo recordó el relator de Naciones Unidas, Louis Joinet en la introducción del “conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”. No es paradójico entonces, que el siglo XX, plagado de horrores y de actos de barbarie extrema que laceran la conciencia de la humanidad, haya sido también inaugurado con la invención de una ciencia del olvido.

Como contraparte a la búsqueda de esa memoria confiscada, y a la que buena parte del parlamento colombiano se resiste, surgió la instauración del olvido, de un particular olvido en el que la premisa fundamental es vaciar la evidencia para así ubicarnos en un más allá del olvido. Gérard Wajcman, en su libro “El Objeto del siglo”, lo llama el colmo de olvido y lo asocia al negacionismo en su sentido histórico y político. Se trata de “una operación de negación radical cuya noción, nacida para y con las cámaras de gas” definiría un mecanismo específico en el que se juega la suerte de la memoria.

“¿Cómo recordar cuando, además de erigirse en dueños de la vida y la muerte de cada hombre, surge la voluntad de adueñarse también al mismo tiempo, de lo que conforma y conserva el recuerdo de cada hombre? Dueños de los hombres y de la memoria de los hombres buscan aniquilar tanto al hombre como al Otro. Borrar nombres y hombre de la lista de los vivos y borrarlos también de la lista de los muertos. Como si no hubieran existido nunca. Y luego borrar la propia lista, devolver una hoja en blanco, hacer desaparecer la hoja misma, reducirla a cenizas, y luego dispersar estas cenizas y disipar el humo y olor a quemado”

El representante Iván Cepeda recordó que la bancada del PDA formuló numerosas proposiciones al proyecto de Ley y también una clara exposición de motivos que sirvió para la selección de una fecha más amplia a la aprobada para el reconocimiento retroactivo de los derechos de las víctimas.

El PDA ha tenido que flexibizar varias de sus propuestas para poder participar en el debate de Ley de Víctimas. Admitió por ejemplo, que una ley con profundo contenido humanitario fuera sometida al costo fiscal y que las víctimas de despojo fuesen parcialmente resarcidas mediante la restitución de tierras. Sin embargo, aceptar este intento por ocultar la historia reciente del país con la tesis de que el mejor homenaje a la constitución del 91 es dejar por fuera a las víctimas de la violencia de la década de 1980 es inadmisible.

Ante la imposibilidad de hacer valer el acuerdo, y conscientes de su condición de minoría, la bancada del PDA, integrada por los representantes, Wilson Arias, Alba Luz Pinilla, Iván Cepeda y Germán Navas Talero decidieron, en señal de protesta, abandonar la plenaria de la Cámara. Dada la pérfida realidad política que se expresaba en ese momento, era sin duda la opción más decorosa que pudieron haber tomado.

Minutos más tarde, el representante Cepeda, en diálogo con La F.m radio, señaló al ex presidente Uribe de ser el responsable del cambio de la fecha pactada. Afirmó que para nadie es un secreto que el ex presidente siempre estuvo reacio a una reparación universal de las víctimas y por ende tuvo que haber incidido en la forma en que la Cámara fijo la fecha para el inicio de la reparación.

“Para nadie es un secreto, es lo que él (Uribe) ha dicho públicamente, desde la primera etapa de esta discusión y él estaba totalmente reacio a admitir una reparación universal y ambiciosa con relación a las víctimas y durante todo su gobierno lo que hizo fue poner una restricción en el tema de la reparación, la verdad y la justicia”, indicó Cepeda.

Si bien Colombia entiende que la radicación y aprobación de este proyecto de Ley, aunque deja por fuera temas esenciales para la reparación integral de las víctimas de la violencia, es un avance sustancial, y más si se compara con la posición de férreo rechazo del anterior gobierno, si es preocupante que con la aprobación del proyecto, tal como está planteado hasta el momento, se produzca una distorsión de la historia del país, se intente minimizar la actual realidad de violencia, se desconozcan los derechos de miles de víctimas y se imponga una tesis reduccionista sobre los costos de la guerra que termine por promover el olvido y la impunidad.

Rechazo colectivo a la Ley

Diversas organizaciones sociales, como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, y el Comité Permanente por los Derechos Humanos expresaron su inconformidad frente el proyecto aprobado en la Cámara.

“El proyecto de Ley de Víctimas, propuesto como ley de transición, continúa desconociendo los informes y sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Sistema de Naciones Unidas, la jurisprudencia internacional, las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y el marco de interpretación sobre derechos de las víctimas de la Corte Constitucional” manifestó en un comunicado público. También advirtió sobre su intención de objetar éticamente los proyectos en trámite y emprender las acciones jurídicas a que haya lugar para garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición de todas las víctimas. Llamó a las organizaciones sociales y de derechos humanos para que se movilicen frente a esta decisión a fin de que sea reconsiderada en los debates que deberán darse en el Senado.

“De no producirse un serio viraje durante el trámite de la ley en el Senado, que reconozca integralmente los derechos de las víctimas de crímenes de Estado, esta ley será un nuevo fracaso comparable a la ley 975 de 2005 y una nueva frustración de la pretendida restauración democrática. No será excluyendo y discriminando a las víctimas como se avanzará hacia la paz y la reconciliación nacional” declaró el Departamento de Derechos Humanos del Partido Comunista Colombiano, PCC.

Otros temas objetables

La fecha aprobada para el reconocimiento de las víctimas no fue el único tema objeto de controversia y enfrentamiento entre los parlamentarios de la bancada de Unidad Nacional y la oposición. Las proposiciones presentadas por Iván Cepeda y la bancada del PDA, como las que se referían a los artículos 8vo y 3ro fueron rechazadas generando enorme malestar.

Con esas disposiciones quedaron excluidos del universo de víctimas los combatientes que en estado de rendición sean objeto de algún acto de violencia o sus familiares. Cepeda aclaró que con esta propuesta no se buscaba convertir a los victimarios en víctimas, sino reconocer el principio del DIH. “Un combatiente que se rinde y es asesinado u objeto de torturas, está siendo víctima de una infracción al DIH. Es un principio ético universal”.

El representante Germán Navas Talero advirtió que un artículo aprobado con tan grave exclusión, sería indefectiblemente negado por la Corte. “Aquí al calor de la bancada se despreció el derecho humanitario y se desconoció la existencia de los crímenes de guerra”. Un herido que ha entregado las armas, se ha rendido o está herido debe ser protegido y no ejecutado. Sin embargo, de acuerdo a lo aprobado en la iniciativa, aún cuando ese ex combatiente sea objeto de violaciones a los derechos humanos o sus familiares, ninguno de ellos será reconocido como víctima y no tendrá derecho a reparación alguna. Admitir entonces que aquellos que se alcen en armas contra el Estado o sus familiares pierden su condición de ciudadanos y con ello sus derechos constitucionales, negándoseles la oportunidad de acceder a la justicia cuando han sido víctimas de graves violaciones al DIH y los derechos humanos, es abrir camino a la impune acción criminal y la barbarie; es aceptar la legitimidad de la tortura, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo.

Se habla de víctimas pero se sigue legislando pensando más en los victimarios
Otro aspecto cuestionable de la Ley es que se optó por sustituir la creación de una Comisión de la Verdad o de esclarecimiento histórico, por un “Mecanismo de contribución a la verdad y a la memoria histórica”, con lo que se pretende sacar del limbo jurídico a miles de excombatientes paramilitares. Con ello, en vez de garantizarse los derechos de las víctimas y de la sociedad en su conjunto a conocer toda la verdad sobre lo ocurrido, se pretende elaborar un discurso exculpatorio de las responsabilidades estatales, en el que se fragmenta la historia y se expone la violencia como una sucesión de hechos aislados que no obedecen a ningún plan sistemático de exterminio contra diversas fuerzas sociales. Las causas sociales y políticas del largo conflicto colombiano quedan excluidas de todo análisis, impidiendo en consecuencia la formulación de alternativas de solución que trasciendan la aplicación de paliativos con los que erradamente se ha intentado acabar el mal atacando los síntomas sin atacar la verdadera causa de la infección social que nos devora.

El papel del Estado se diluye como actor responsable en la generación del conflicto por la ejecución de crímenes de sistema, y a través de la implementación de prácticas genocidas contra quienes, desde la acción política o el liderazgo social, han pretendido formular cambios estructurales en la composición y desarrollo del Estado colombiano. “Es quitar a la memoria su potencia, y a las víctimas su verdadero rol como sujetos de cambio y de derecho, ayer y hoy”, concluyó el Movice.

Para el representante Iván Cepeda la batalla para lograr que en Colombia se consagren de manera definitiva los derechos de las víctimas de la violencia no está perdida. Consciente de que el trámite que sigue no será sencillo, y que aun se debe sortear toda suerte de obstáculos, a nombre de la bancada del PDA, afirmó sentirse confiado que en el transcurso del debate en el Senado puedan darse las modificaciones necesarias para lograr una ley ajustada a la jurisprudencia nacional y normas internacionales y que responda a las demandas de las víctimas.

El proyecto será sometido a debate en la Comisión Primera del Senado en el mes de marzo y una vez sea aprobado allí, pasará a plenaria. Se estima que este proceso concluiría en junio del 2011.

El país seguirá discutiendo durante el 2011 y quizás durante muchos años más, aspectos que subyacen todo orden constitucional, principios esenciales al orden democrático; debatirá en escenarios acalorados y hasta turbios, hechos y razones que después de tantos años de luto y violencia deberían estar completamente claros y que ni siquiera deberían ser objeto de discusión. Aún falta mucho para que Colombia sea un país en el que produzca orgullo nacer, vivir y morir. Por fortuna existe una minoría valiente y creativa dispuesta a seguir luchando para que ese tiempo de espera, no termine por comprometer la eternidad.

Articulo caja de herramientas
Por Maureén Maya S
Periodista e investigadora social.

Impedimentos truncaron debate de Ley de Víctimas

Impedimentos truncaron debate de Ley de Víctimas en la Plenaria de la Cámara de Representantes

El segundo debate de Ley de víctimas que se desarrolló el 7 de diciembre en la plenaria de la Cámara de Representantes no logró ser tramitado por la presentación de 23 impedimentos - cuestionables por demás- de algunos congresistas.

Contradicciones jurídicas e impedimentos sin mayor fundamento, algunos de los cuales podrían explicarse en el miedo a perder la investidura y otros en una clara intención de hacer oposición al proyecto de manera cobarde y espuria, convirtieron la plenaria de la Cámara en un acontecimiento político lamentable.

Veintitrés congresistas se declararon impedidos para votar el proyecto argumentando su condición de víctimas de algún hecho de violencia o por cuenta de la victimización de algún familiar en el pasado a causa del accionar de grupos guerrilleros o paramilitares. Fue tal el descaro al esgrimir motivaciones, que incluso se presentaron impedimentos por cuenta de la existencia de algún familiar lejano, de cuarto nivel de consanguinidad, objeto de algún tipo de vulneración a sus derechos en un pasado también lejano.

Ante estas argumentaciones, otro parlamentario recordó que en Colombia, un país que desde hace más de cinco décadas enfrenta un conflicto armado interno, la gran mayoría de nacionales tiene algún vínculo, cercano o lejano, con alguna víctima de la violencia. Es inevitable, concluyo, y ello no puede ser impedimento para votar una ley que pretende restituir los derechos de las víctimas de la violencia del país. De ser así, no se podría tramitar reformas constitucionales y menos aquellas que guarden relación con la emergencia social o la crisis de la salud; porque todos los ciudadanos, incluyendo a los parlamentarios, se verían afectados por este tipo de iniciativas.

El Consejo de Estado había conceptualizado al respecto afirmando que la existencia de vínculos familiares con víctimas por parte de los legisladores, incluso así ellos hubiesen sido objeto directo de algún tipo de violación a los derechos humanos, no se constituía en impedimento para participar en el trámite de esta iniciativa.

Aún cuando varios parlamentarios se pronunciaron pidiendo que se votaran negativamente los impedimentos, y el representante Alfonso Prada recordó que así se votó en el debate de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el pasado 25 de noviembre, los impedimentos fueron aprobados con 50 votos a favor y 42 en contra.

El representante Iván Cepeda, quien presentó al inicio de la plenaria un concepto favorable del Consejo de Estado para poder participar en el debate, afirmó que la jurisprudencia es clara al respecto.

El Consejo niega conflicto de interés en tanto los congresistas víctimas no serían objeto de algún beneficio exclusivo o concreto por cuenta de la Ley, puesto que con ésta lo que se reconocen son los derechos fundamentales a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de todas las víctimas de la violencia en el país.

Miguel Gómez, representante del partido de la U, declaró que los conceptos del Consejo de Estado son sólo conceptos y que no son de obligatorio cumplimiento. Señaló también que el Consejo podría más adelante modificar su posición y que por tanto se debían votar los impedimentos. Su posición no sorprendió, así como tampoco su propio impedimento, pues ya en la Comisión Primera fue evidente el malestar que le producía la aprobación de esta iniciativa y su inconformidad frente a temas como reparación, sostenibilidad fiscal y víctimas de crímenes de Estado. El pasado 22 de octubre, Gómez declaró en entrevista a La W radio que se había retirado como ponente de la Ley de Víctimas porque le preocupaba la manera cómo se estaba manejando el tema. “Tengo mucha preocupación porque no tenemos claridad sobre las cifras con las que estamos trabajando este proyecto, y tengo algunas reservas importantes sobre algunos de los puntos que están incluidos en la Ley de Víctimas, y lamentablemente no he encontrado eco dentro de los demás ponentes y creo que es preferible recuperar la independencia y poder hacer comentarios y críticas desde afuera y no como ponente. […] La idea es que va a haber una sola ponencia y yo no estoy a favor de varios de los temas de la Ley de Víctimas…”

El representante Guillermo Rivera, visiblemente inconforme con la lluvia de impedimentos presentados, pidió entonces que se votaran todos en un solo bloque, argumentando que el concepto para su aprobación y denegación sería el mismo al tratarse de hechos similares aún cuando tengan diferencias en tiempo, modo o lugar. No obstante, aunque se votaron algunos en bloque y otros por separado, el desenlace fue el mismo y el tiempo ahorrado tampoco se empleó para avanzar en el debate.

La votación favorable a los impedimentos además de ser incongruente con respecto al trámite legislativo en Comisión Primera de la Cámara podría generar una grave crisis en la institución e inseguridad jurídica para los mismos parlamentarios que incurrieron en esta contradicción jurídica. No es posible que lo que se niega como impedimento sea luego, en el trámite de la misma iniciativa, aceptado. Frente a este hecho se llegó a proponer la suspensión del debate, que se declarará nula la votación y que el tema fuera evaluado por las bancadas parlamentarias de manera independiente.

La intención de algunos congresistas de obstaculizar el trámite del proyecto de Ley presentando impedimentos cuestionables y generando temor entre las bancadas para que se abstuvieran de participar, produjo el enojo del ministro Vargas Lleras, quien al salir del recinto, declaró que de ser necesario se llamará a sesiones extraordinarias los días jueves, viernes y sábado de la próxima semana. "Hay personas que no están en condición de estar impedidas (por víctimas) y sin embargo lo tramitaron", declaró al diario El Espectador.

Pasadas las dos de la tarde, de manera presurosa se levantó la sesión. En los pasillos se rumoraba que el afán por dar por terminada la discusión obedecía a la urgencia que tenían algunos parlamentarios de salir a celebrar la tradicional fiesta colombiana de encender velitas, víspera del día de la Inmaculada Concepción, para darle la bienvenida a la Navidad. El debate finalmente se aplazó para el próximo lunes 12 de diciembre en horas de la tarde.

Para ese día será importante que las bancadas parlamentarias reflexionen sobre la importancia de dar trámite favorable a esta iniciativa del Gobierno Nacional que recoge algunas de las propuestas y esfuerzos de las organizaciones sociales y movimientos de víctimas sin más dilaciones y saboteos, que las proposiciones objeto de consenso previo sean avaladas, y que los parlamentarios logren responder con generosidad y grandeza histórica a las demandas de las víctimas del conflicto y a las expectativas que tienen puestas en este proyecto, tano la comunidad nacional como la internacional.

Maureén Maya. Jueves 09 de diciembre de 2010 a las 17:41

"Deja que los perros ladren amigo, es señal de que cabalgamos” *

Mensajes Twitter entre Álvaro Uribe y José Obdulio Gaviria

En la mañana de hoy apareció un interesante intercambio de mensajes vía Twitter entre el ex presidente Álvaro Uribe y su asesor José Obdulio Gaviria a raíz de las publicaciones de wikileaks sobre los cables de la diplomacia estadounidense con la embajada de Bogotá. Según la última revelación dada a conocer por el diario El País de España y el diario francés Le Monde, el general Naranjo le habría expresado al embajador de Estados Unidos en Colombia, William B. Brownfield, su sospecha de que habrían sido José Obdulio Gaviria y Bernardo Moreno los responsables de las Chuzadas realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Uribe intentó utilizar esta “sospecha” de Naranjo, quizás expresada con la intención de proteger a su amo, como prueba de que él no estuvo involucrado en el escándalo de las interceptaciones ilegales; es decir que todo se hizo a sus espaldas. Sin embargo, es claro en las declaraciones de William Gabriel Romero Sánchez, el polémico ex subdirector de Fuentes Humanas del DAS, y en los documentos aportados a la Fiscalía, que el No 1 no es José Obdulio Gaviria sino Álvaro Uribe Vélez.

Uribe retwittea un mensaje en el cual pide se divulgue este último cable (en el que se señala a Gaviria como autor intelectual de las chuzadas). José Obdulio responde airado y le advierte a Santos sobre el peligro de mantener a Naranjo “en el entorno”.

AlvaroUribeVel Álvaro Uribe Vélez: Buenos días! Hagamos seguimiento al último cable de Wikileakshttp://www.wikileaks.ch/cable/2009/10/09BOGOTA3271.html q la prensa lo difunda

JOSEOBDULIO Jose Obdulio Gaviria @AlvaroUribeVel: Va quedando claro quién o quiénes, presidente. Estaban al lado.

AlvaroUribeVel Álvaro Uribe Vélez: Se publicará en web documento resumen de esfuerzos por liberar secuestrados y paz durante 8 años

AlvaroUribeVel Álvaro Uribe Vélez: Por qué llevaron la interceptación del Magistrado a Semana? pedida por esta?Para afectar al Gbno?Quién ordenó la interceptación?

AlvaroUribeVel Álvaro Uribe Vélez: Quién ordenó interceptar al Magistrado?llevar a Semana? Qué motivación? Desacreditar al Gbno

JOSEOBDULIO Jose Obdulio Gaviria: Presidente Santos: ¿no leeremos que Naranjo informó que yo ordené falsos positivos? O, peor, ¿que usted? Peligroso mantenerlo en el entorno.

Otros mensajes de José Obdulio:

JOSEOBDULIO Jose Obdulio Gaviria: Dice alguien que me quiere que he sobrevivido. Pero teme no sobreviva a este contraataque. ¡Los cobardes sabrán que no mataron a un cobarde!

JOSEOBDULIO Jose Obdulio Gaviria: Esperemos qué va saliendo Que publiquen mis conversaciones Verán lo que es ser serio, veraz y leal. Que se investigue y castigue la traición

JOSEOBDULIO Jose Obdulio Gaviria: Siempre previno sobre la personalidad de los tres "sabuesos". Nadie le hizo caso. ¡Qué daño hicieron al estado y al gobierno Uribe!

JOSEOBDULIO Jose Obdulio Gaviria: ocultando sus "sospechas" a sus superiores? En cualquier caso, grave. ¿Por qué no me denunció? ¡Como no le hicieron caso a Fernando Londoño!

JOSEOBDULIO Jose Obdulio Gaviria: Colombia tiene derecho a saber: ¿Naranjo informó a Santos sus sospechas? Como chisme aunque sea. ¿O hacía méritos mintiendo a los gringos?

Continuara....

*Frase apócrifa del Quijote de la Mancha
de Maureén Maya, jueves 09 de diciembre de 2010 a las 22:06