La previsible muerte de Rogelio Martínez

El 18 de mayo pasado fue asesinado Rogelio Martínez. En la misma semana fueron asesinados otros tres líderes sociales en distintas partes del país. Sólo eso; nada nuevo ni nada extraño en Colombia.

Para la sociedad familiarizada con la muerte, la que acepta pasivamente los crímenes e intenta descubrir razones en el comportamiento de la víctima para justificar su prematura muerte violenta, se trata de un número más, un nombre que no dice mucho y un costo mínimo que no afecta al común de la sociedad. Se equivocan. Para las víctimas de Sucre, las familias campesinas de la finca La Alemania que peleaban su derecho legítimo a la tierra, para los movimientos sociales y para las fuerzas vivas y democrática del país significa mucho; y quiéranlo o no, este asesinato sí tendrá serias repercusiones para el gobierno nacional.

Ningún asesinato de un defensor de derechos humanos, de un líder social o de cualquier ciudadano en razón de su ideología debería pasar desapercibido para el gobierno, para la sociedad ni para la comunidad internacional. Todo crimen debería ser condenado con ejemplaridad. No es así. Lamentablemente.

Casi todos los homicidios en Colombia pasan desapercibidos, son sólo cifras, abstracciones sin rostro ni historia, quizás porque ocurren con tanta frecuencia que llevar la cuenta es complejo, y si por cada uno de ellos se declarara el duelo nacional, Colombia viviría en duelo permanente, sumergida en un doloroso reclamo que jamás cesaría. Lo cierto es que el país no vive en duelo, ni se percata por completo de los niveles de indolencia alcanzados, menos de los efectos que tiene la sistematicidad de los crímenes para al presente y futuro de la sociedad. El Estado no es sancionado por su responsabilidad tanto por acción como por omisión en estos delitos, ni la sociedad se empodera para reclamar su derecho a la libertad de expresión, a la vida y a la acción política.

En el caso de Rogelio Martínez, son varios hechos en concreto los que impiden que su crimen pase desapercibido, aunque no garanticen que a diferencia de los demás, no quedé en la impunidad. Dos días antes de llevarse a cabo una reunión con los miembros del G24, grupo de países amigos que hacen seguimiento a la situación de derechos humanos en Colombia, en la que Rogelio Martínez participaría, se produce su asesinato, además ocurre el mismo día en que el presidente Álvaro Uribe se comprometía con la comunidad europea, a cambio del Tratado de Libre Comercio, a respetar y garantizar la vida y seguridad de los defensores de derechos humanos. “Es un crimen que no va a pasar desapercibido ante la comunidad internacional y el cuerpo diplomático; el hecho de que su muerte se haya producido justo cuando se iba a reunir con el cuerpo diplomático le asigna una dimensión que trasciende el plano local al nivel internacional”, declaró el representante a la Cámara por el PDA y defensor de derechos humanos, Iván Cepeda Castro.

El asesinato de un líder como Rogelio Martínez tiene una connotación política y social muy clara. La lucha de un líder social -por garantizar la propiedad a los dueños de la Finca La Alemania, en un proceso de resistencia emprendido por 52 familias campesinas- que había sido amenazado por grupos paramilitares, que había sostenido altercados públicos con miembros de la fuerza pública y había sido descalificado ante los medios de comunicación en consejos de seguridad y consejos comunitarios por parte de las autoridades civiles , descarta de plano que su muerte se haya producido como efecto de una disputa personal y revela claramente quienes eran sus enemigos.

Símbolo de la lucha y resistencia de los campesinos en San Onofre

La Finca “La Alemania” (con una extensión de 556 hectáreas, se ubica en el caserío Las Pavas, corregimiento Plan Parejo, municipio de San Onofre, departamento de Sucre), fue adjudicada en 1997 por el INCORA a las 52 familias que conforman la Empresa Comunitaria Alemania, una cooperativa integrada por todos los parceleros del predio cuyo representante legal era Rogelio Martínez, con el fin de estimular el desarrollo de varios proyectos agrícolas y productivos. “Desde entonces- escribió Rogelio en un relato sobre su lucha- los «paras» cobraban 5 mil pesos por cabeza de ganado a los campesinos . Con un crédito la comunidad compró 600 reses que finalmente fueron robadas por los paramilitares; pero no sólo se robaron el ganado, también todo que los campesinos producían, sus contados bienes y la tranquilidad de la región.
A partir del 1998 hasta el 2001 se inició un proceso violento de desplazamiento forzado de las familias que habitaban la finca. Decenas de crímenes fueron cometidos por los paramilitares en este predio. Finalmente en el 2001 alias “Rubén”, un lugarteniente de el jefe paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo, “Cadena” del Bloque Héroes de los Montes de María, dio la orden de desalojar porque el patrón necesitaba la tierras” . “Cadena”, se adueñó entonces de la finca iniciando un proceso de exterminio contra los líderes campesinos que se oponían a su mando. 15 fueron asesinados.

Con la ocupación de sus tierras, los campesinos impotentes vieron como aumentaban sus deudas en más de mil millones de pesos . El INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural), desconociendo la situación de amenazas y el desplazamiento forzado de los campesinos solicitó al juez el embargo de la propiedad. El incumplimiento en el pago de la deuda llevó a que La Alemania entrara en remate. En el 2007 el Banco Agrario le vendió la deuda a la empresa privada de cobranza Cisa (Central de Inversiones S.A.) quien a su vez se la dio a Covinoc, otra firma de cobranza. Sin embargo, gracias a varias acciones legales, el predio fue protegido y tiene medida cautelar, que prohíbe su transferencia o venta. La Alemania por ser tierra de víctimas, está congelada con medidas cautelares, pero el riesgo de remate y de que pase a terceras manos a precios muy bajos sigue siendo una posibilidad latente.
Los pleitos por la propiedad y los reclamos de la empresa comunitaria no lograron que las autoridades hicieran presencia en la finca.

Durante 5 años, sin que ninguna autoridad civil o militar tratara de impedirlo, la propiedad se convirtió en centro de operaciones paramilitares con espacios físicos para la tortura, el asesinato y el enterramiento clandestino en diversos sitios de la finca. En el 2008, la Fiscalía realizó una exhumación y encontró 5 cadáveres. Rogelio denunció que en dos pozos artesanales el agua se puso de mal color “y creemos que ahí hay cuerpos”

Este lugar está a 200 metros de donde fue enterrado el carro en el que desaparecieron dos funcionarios del CTI de Sincelejo. En el 2006 el carro fue encontrado sin sus ocupantes, y aún así a las autoridades no se les ha ocurrido buscar en el pozo.
Durante más de 5 años, Martínez denunció a través de todos los medios posibles el robo de la finca por alias ‘Cadena’, sus sospechas sobre la existencia de fosas comunes en la zona, los asesinatos, y reclamó enérgicamente la devolución de las tierras a pesar de los evidentes riesgos que ello implicaba para su vida. Fue uno los pocos campesinos que se atrevió a regresar, tras su desplazamiento en el 2000, para ocupar la tierra que por derecho le pertenecía junto a varias familias que decidieron acompañarlo. Las autoridades estaban al tanto de esta situación.

Sin embargo, ello no impidió que a partir de julio de 2008 comenzaran a llegar fuertes intimidaciones contra Rogelio y las familias de La Alemania. Rogelio lo denunció de nuevo. En repetidas oportunidades contó que desconocidos le hacían llamadas a su teléfono móvil pidiéndole información sobre guerrilleros, que era objeto de seguimientos extraños. Nadie lo escuchó. El 24 de diciembre de ese mismo año, en San Onofre, Rogelio fue abordado por un desmovilizado del Bloque Héroes de los Montes de María, conocido como ‘El Garrapata’ o ‘El 15’, quien le dijo que estaba incomodando a los paramilitares con la información que estaba dando a las autoridades sobre las fosas comunes y el robo de tierras . El ex paramilitar en tono de amenaza le dijo que “el gobierno nos está pagando, pero cuando se acabe la cuota volveremos a las armas”. La única defensa de Rogelio fue responderle que ellos sólo defendían sus derechos y reclamaban la tierra que les pertenecía”

El 1 de enero de 2009 circularon versiones en San Onofre sobre la presencia de miembros de las ‘Águilas Negras’ y su inminente entrada a la vereda La Alemania, donde asesinarían a los campesinos que habían retomado sus tierras. A los pocos días, el 15 de enero, cinco hombres de civil y armados interceptaron a Rogelio y de nuevo lo amenazaron. El 9 de febrero, la Comisión Interclesestial de justicia y paz lanzó una censura ética dirigida al gobierno nacional Colombia, en la que le exigían tomar medidas preventivas y garantías para la seguridad de estas familias campesinas . Nadie les respondió.
Rogelio siguió adelante denunciando las amenazas y acosos de que eran objeto. Logró que las familias se presentaran ante la Comisión Ética de la Verdad de Crímenes de Estado y que denunciaran antes diferentes Ongs y la comunidad internacional los hechos de violencia y el desplazamiento que se estaba presentando en los departamentos de Sucre y Bolívar. Hace más de un año presentó el caso de la finca La Alemania a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz asumió la defensa y representación de la comunidad y de la empresa, y aún cuando varios de sus miembros fueron amenazados y obligados a abandonar la zona, su misión de acompañamiento y visibilización de estos casos siguió adelante.

Rogelio fue entonces acusado por las estructuras paramilitares y los desmovilizados (algunos de ellos vinculados a las “Águilas Negras”) de ser el responsable de los retornos a la propiedad y de ser auxiliador de la guerrilla por pertenecer al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE.

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) denunciaron nacional e internacionalmente las graves amenazas contra Rogelio Martínez y la comunidad de la finca La Alemania. Pese a los constantes llamados de protección al gobierno, Rogelio Martínez se sumó a las decenas de muertos que deja la lucha de los campesinos de La Alemania por su legítimo derecho a la tierra; un asesinato previsible que pudo haberse evitado.

El asesinato

El pasado 18 de mayo, cuando Rogelio Martínez se dirigía en una mototaxi a su casa fue asesinado. Varios hombre encapuchados, dotados de armas automáticas, ubicaron un retén falso en inmediaciones de la finca La Alemania, detuvieron el vehículo en el que Rogelio se desplazaba, lo bajaron a la fuerza, golpearon al conductor y asesinaron al líder campesino de tres tiros en la cabeza.

El congresista y defensor de Derechos Humanos, Iván Cepeda Castro, quien acompañó a la familia del inmolado líder campesino en las honras fúnebres, declaró que el MOVICE seguirá acompañando a la familia Martínez. “Vamos a intentar garantizar su seguridad y bienestar; es el mínimo compromiso que tenemos con todas las víctimas y en este caso con la familia de una de ellas que se convirtió en un símbolo de la lucha y resistencia de los campesinos en San Onofre”.

Por su parte, las 52 familias que hacen parte de la empresa La Alemania deberán decidir ahora qué camino tomar, nombrar un nuevo representante legal y decidir si continuaran adelante en la defensa de la tierra que les pertenece o si abandonan su larga y estoica lucha a falta de garantías. La Comisión Ética de la Verdad ha solicitado a la comunidad internacional que se asignen todas le medidas necesarias para garantizar su protección.

Nuevas intimidaciones

Durante el sepelio de Rogelio Martínez, el pasado 21 de mayo en San Onofre, familiares y defensores de derechos humanos denunciaron que desconocidos los estaban grabando con una cámara de video. Los sujetos, que estaban de civil y se identificaron supuestamente como miembros de la Policía, fueron abordados por los campesinos que, cuando se dieron cuenta que los estaban grabando y tomando fotos, les quitaron una cámara .

Alrededor de las 9 de la mañana que un vehículo cuatro por cuatro blanco de plazca JBI 890 con vidrios polarizados, se paseó en repetidas oportunidades por el sitio donde se realizaban las honras fúnebres. No obstante, y pese a tener identificado el tipo de vehículo y la placa, las autoridades aún no se han pronunciado sobre el hecho.

Otro incidente se presentó, cuando el cortejo se dirigía al cementerio al medio día. Cuatro sujetos armados que se movilizaban en una camioneta Chevrolet Captiva modelo 2010 pasaron por la casa de la madre del líder asesinado y, según contaron varios testigos, les enseñaron sus armas en gesto intimidante. Además, siguieron el cortejo, sin que nadie se atreviera a abordarlos .
Aún cuando organizaciones Defensoras de derechos humanos habían solicitado medidas de seguridad para las honras fúnebres de Martínez, no hubo presencia de uniformados en el cementerio local de San Onofre.

La toma pacífica del Ministerio

Ese mismo viernes, un grupo de defensores de derechos humanos se tomó la sede del Ministerio del Interior y Justicia en Bogotá para protestar por el asesinato de Martínez. Un promedio de 45 activistas miembros de varias organizaciones sociales exigieron la presencia del titular de la cartera, Fabio Valencia Cossio.

Cinco horas después de iniciada la toma pacífica, el Ministro hizo presencia en el lugar y frente a todos los presentes, se comprometió a regresar a la mesa nacional de negociación de garantías para los defensores de derechos humanos y a presentar un informe detallado sobre las condiciones que rodearon el crimen de Rogelio Martínez.
El abogado, Germán Romero, le dijo a El espectador que el Gobierno sigue equivocándose en la ejecución de medidas de protección para los líderes comunales y familias desplazadas, pues insiste en reubicarlas en otras zonas, cuando su propósito y su derecho es poder retornar a los lugares de los cuales fueron desplazados por los actores violentos .

El Ministro señaló que las autoridades siempre le insistieron a Martínez que debía trasladarse a otro territorio, pero él se negó a acatar esa propuesta. El jurista Romero le recordó al Ministro, que la condición de vulnerabilidad de Rogelio se debía precisamente al compromiso que él adquirió con su comunidad de garantizarles el respeto a sus derechos, a la propiedad y el retorno a la tierra que les pertenecía; por lo cual “su ubicación en otra región no tenía razón de ser”.

Para los defensores que hicieron parte de la movilización, es evidente que las autoridades no tuvieron en cuenta la situación de vulnerabilidad de Rogelio Martínez y de las demás familias, desestimaron el riesgo en que se encontraba y las graves amenazas que venía recibiendo, y se negaron a brindarle las urgentes medidas de seguridad que su situación ameritaba.

La muerte de Rogelio Martínez despierta la indignación de varios sectores
La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación rechazó el asesinato del líder campesino y recordó que Martínez empezó a reportar amenazas desde 2008, lo cual fue puesto en conocimiento ante el Subcomité de Protección a Víctimas y Testigos en las reuniones efectuadas en Sincelejo, el 23 de febrero y 13 de mayo de 2010. Sin embargo, las medidas de protección (medida cautelar) se encontraban en proceso de estudio cuando se produjo el asesinato .

“Esto no es venganza de un vecino, ni un hecho de índole personal, aquí hay un problema de fondo, y ese problema de fondo es que las familias Benito Revollo y García, así como otras familias de Sucre, siguen gobernando en el departamento como si esto fuera su colonia o imperio, y eso lo vamos a seguir denunciando y lo vamos a minar como poder. Aquí las víctimas tienen que llegar al poder en Sucre para que se cambien las reglas del juego”, declaró Iván Cepeda

En otra referencia a la grave situación de derechos humanos que se vive en este departamento, Cepeda recordó el caso del líder social y miembro del MOVICE, Carmelo Agamez, encarcelado arbitrariamente desde hace dos años. “Es otra de las injusticias que hay en San Onofre. Este es un caso monstruoso en el que el líder de víctimas es llevado a la cárcel como si fuese parte de la estructura de los criminales. Aquí las víctimas terminan siendo criminalizadas, mientras que la población es gobernada por los criminales”.

El sacerdote, Alberto Franco, secretario Ejecutivo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, declaró que su organización, la Comisión Ética por la Verdad y varios organismos internacionales han realizado varias visitas a la finca La Alemania para documentarse sobre las graves violaciones a los derechos humanos que desde hace años se vienen presentando en esta zona. “Se han documentado sobre todo lo que ha pasado en la finca con los testimonios de las personas que vivían allí, han guardado todos esos testimonios, incluso los de Rogelio Martínez, las historias macabras que ocurrieron y la decisión de los miembros de la empresa comunitaria de retornar a la finca” .

El padre también precisó que desde hacía más de un año Martínez recibió llamadas intimidantes, hubo seguimientos, acosos directos y que a la finca entraron personas encapuchadas, a quienes Rogelio Martínez identificó como militares porque ya los conocía.

El gobernador de Sucre, Jorge Barraza Farak indicó que al líder campesino se le sugirió un cambio de ubicación y un esquema de seguridad, pero él no lo aceptó. “Es un pesar para nosotros el asesinato de Rogelio Martínez. […]Se le quiso asignar una protección, pero él no lo quiso y lastimosamente el resultado fue su muerte”.
“El no quería en ningún caso que la protección significara salir de la finca”, afirmó el sacerdote, y también recordó que en un consejo de seguridad realizado el año anterior en la Brigada de Infantería de Marina, las autoridades descalificaron a Rogelio Martínez y desconocieron las amenazas en su contra. “Una delegada de la Fiscalía durante un consejo de seguridad realizado el año pasado en la Primera Brigada de Infantería de Marina dijo que el documento que remitimos sobre las amenazas era anónimo porque marcaban a un teléfono que no contestaban, parece que esa persona no sabe que los teléfonos de otras ciudades se marcan con indicativo”.

Iván Cepeda, exigió la renuncia o destitución del alcalde de esta localidad, Edgar Benito Revollo, e insistió en que el gobernador de Sucre, Jorge Barraza Farak también debe renunciar. “Las autoridades tienen un alto grado de responsabilidad en el asesinato del líder y miembro del Movimiento de Víctimas en Sucre, Rogelio Martínez, ya sea por negligencia u omisión al no haberle prestado la seguridad que el líder campesino reclamaba”

Las estructuras paramilitares y sus socios políticos siguen actuando a lo largo y ancho de San Onofre y Sucre en completa impunidad. “Este es un asesinato que ha sido cometido desde esas estructuras, en las que está comprometida buena parte de las autoridades. Creemos que hay una responsabilidad del alcalde de San Onofre, Edgar Benitorrevollo, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades y que debe renunciar a su cargo o ser destituido, vamos a hacer todo lo necesario para que se emprendan acciones disciplinarias y si es el caso penales en esa dirección”

Comunidad Internacional

La embajadora de Suecia en Colombia, Lena Nordstrom, en el Consejo de Seguimiento a los Derechos Humanos realizado en este municipio con la participación de las autoridades locales y miembros del G24, se declaró consternada por el asesinato del líder campesino y señaló que le preocupaba los retrocesos que en materia de violación de Derechos Humanos ha tenido el departamento de Sucre en los últimos tres años.
“Me voy más preocupada que cuando vine en el año 2006 a este municipio del norte de Sucre para verificar algunas violaciones” dijo la diplomática quien se encontraba al tanto sobre la situación de amenazas y persecuciones de que venía siendo objeto el líder de los desplazados, Rogelio Martínez.

Comunicado del PDA

El Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo (PDA), a través de su presidenta Clara López Obregón, rechazó el homicidio de Rogelio Martínez, líder del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Este nuevo crimen contra quien se encontraba organizando a las víctimas del municipio de San Onofre (Sucre), muestra que el Gobierno no está ofreciendo las garantías necesarias a quienes reivindican la verdad, la restitución y la reparación de los daños sufridos con motivo de la violencia que utilizaron grupos paramilitares y sus cómplices para arrebatarles la tierra y obligarlos al desplazamiento forzado .

Es este el tercer dirigente asesinado en los últimos ocho días. Exigimos de las autoridades garantías, respeto y protección a quienes luchan por la justicia en nuestro país.
Al asesinato de Rogelio Martínez se suman el de Iván de la Rosa en Barranquilla y el de Rogelio Tonusco en Buga (Valle), sucedido la semana anterior. También el del periodista Clodomiro Castilla, asesinado en Córdoba el 19 de marzo pasado por grupos paramilitares.
Tres asesinatos, cuatro asesinatos, cinco o diez. Nada ha sucedido. El Ideam, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, afirma que en un día de mayo llovió más que durante todo el mismo mes el año pasado. El presidente Uribe es llamado por la Procuraduría para que jure que él no tuvo nada que ver con las interceptaciones telefónicas ilegales o “chuzadas”. Se descubre un plan para asesinar a Gustavo Petro e Iván Cepeda y se rumora sobre otro plan para asestar un golpe de Estado o declarar la conmoción interior para, entre otras, remover al registrador nacional y aplazar las elecciones presidenciales.

Nada ha pasado, repito, todo sigue igual, la misma inconstitucionalidad, el deterioro gradual de esenciales principios democráticos, se posterga la realización humana a la que apunta todo Estado Social de derecho, los candidatos se pelean la máxima magistratura del país, todo se vale en la lucha por el poder y todo sigue igual, incluso esta sensación de hastío político, esta calma tensa que anuncia tempestades sociales y tragedias; un huracán congelado se mantiene sobre el cielo gris de la ciudad y de la historia.