La tergiversación de la historia: De víctimas a victimarios

CASO MANUEL CEPEDA VARGAS VS. COLOMBIA
Por Maureén Maya

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó el pasado 26 de mayo al Estado colombiano por el asesinato del Senador Manuel Cepeda Vargas, ocurrido el 9 de agosto de 1994 . El fallo se dio a conocer en el país el 21 de junio y contrario a un reconocimiento de responsabilidad internacional y muestras de buena voluntad por parte del Gobierno nacional para reparar a las víctimas y acatar la sentencia, se ha desatado toda una tempestad política. ¿Por qué razón? ¿Acaso no sería más sencillo y menos costoso en términos políticos y de imagen internacional que el gobierno nacional expresara respeto por el fallo de la Corte y cumpliera con lo que ella ordena? ¿Aporta al debate nacional y a la resolución de los graves problemas que nos aquejan pretender justificar el asesinato del Senador en vez de asumir que en efecto fue asesinado y que la justicia tras 16 años aún no aclara el crimen? Jorge Orlando Melo, pregunta en su columna de El Tiempo del 8 de julio:

“¿Por qué, para mostrar la injusticia de la sanción a Colombia, se reiteran las relaciones de Cepeda con las FARC, como si esto disminuyera la responsabilidad del Estado?”
La condena impuesta al Estado exige qué en un plazo máximo de dos años se logren avances en materia de justicia, y que se realicen -antes de un año- actos de carácter simbólico que contribuyan a preservar la memoria y la dignidad del Senador asesinado. Entre estas medidas se impone el deber de pedir público perdón a los familiares.
La sentencia, con aceptación del gobierno nacional, ordena que se realice en Colombia un “acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado colombiano por acción y omisión en el asesinato del Senador Manuel Cepeda Vargas y se pida público perdón a sus familiares como forma de desagravio” . El Tribunal estima oportuno, para que este reconocimiento surta sus efectos plenos, que “como medida de satisfacción y garantía de no repetición de las graves violaciones de derechos humanos declaradas, que en el acto se haga referencia: a) a los hechos propios de la ejecución del Senador Manuel Cepeda Vargas, cometida en el contexto de violencia generalizada contra miembros de la UP, por acción y omisión de funcionarios públicos; y b) a las violaciones de derechos humanos declaradas en la presente Sentencia […] El evento “de reconocimiento deberá ser realizado en el Congreso de la República de Colombia, o en un recinto público prominente, con la presencia de miembros de las dos cámaras, así como de las más altas autoridades del Estado”.

El Presidente Uribe respondió a esta orden internacional de pedido perdón haciéndolo a su manera, y por supuesto, con agresión incluida: "Yo no puedo decir que el Estado asesinó al senador Cepeda o al uno o al otro. Lo que sí puedo decir es que lo asesinaron. Y que eso es muy grave y que eso no se puede repetir. Y yo pido perdón" . Luego añadió: “No se puede implorar, exigir a la justicia internacional que obliguen (sic) al Estado a pedir perdón, y al mismo tiempo adelantar falsas acusaciones, proceder con odio, a maltratar injustamente a compatriotas y la honra de los gobiernos"; "yo no entiendo que se pueda exigir pedir perdón, en nombre del odio".

El recién elegido representante a la Cámara por el PDA y defensor de derechos Humanos Iván Cepeda Castro, hijo del Senador Manuel Cepeda, a través de una carta pública le respondió al Presidente diciendo que esas palabras no contenían una solicitud auténtica de perdón, y que en realidad encubrían un nuevo agravio a las víctimas.

El Presidente guardó silencio y dos de sus alfiles, a los que se sumaron algunos columnistas de opinión, se fueron lanza en ristre contra Cepeda.

El primero en hacerlo fue un poeta nadaista hace años arrojado al olvido a través de un artículo de opinión bastante confuso y desinformado . Luego el ex ministro y ex precandidato presidencial del partido Conservador Andrés Felipe Arias escribió una columna en un periódico regional y apareció en los principales medios del país exigiéndole a Cepeda que se retractara públicamente de los señalamientos contra el mandatario . El 7 de julio, el consejero del presidente Uribe, José Obdulio Gaviria, primo del extinto jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, pretendió desviar el debate y justificar la muerte del Senador de la UP.

Todas estas reacciones compartían propósitos claros, entre ellos desviar la atención pública sobre el fallo como lo señaló Iván Cepeda en el Radar de Caracol. El hecho de que en las altas esferas del gobierno se hable de la necesidad de crear una plataforma jurídica, propuesta ya lanzada en la mesa de negociaciones de Santa Fe de Ralito con los jefes paramilitares, para develar “supuestas relaciones de la izquierda con el terrorismo”, sumado a los graves señalamientos que se hacen, sin sustento probatorio, contra Iván Cepeda, revela dos claras motivaciones.

1. Banalizar el fallo de la Corte Interamericana trasladando la discusión a un plano jurídico y mediático en el cual se obligue a las víctimas, como se ha hecho costumbre bajo el actual gobierno, a defenderse demostrando que no son miembros de la guerrilla. Son por consiguiente las víctimas las que deben demostrar su condición y su inocencia.

2. Fortalecer en el imaginario colectivo la tesis de que las víctimas de crímenes de Estado son una invención, y que es posible, incluso legítimo, estigmatizarlas, deshumanizarlas y satanizarlas justificando en sus supuestos desatinos ideológicos la acción de los violentos en su contra.

Todas las publicaciones mencionadas tienen como común denominador un claro desconocimiento del fallo de la Corte Interamericana -el mismo Arias reconoció en una emisora radial no haber leído la Sentencia-, y la intención de negar que el genocidio político contra la UP fue gestado desde las entrañas de el mismo Estado colombiano. Más de cinco mil asesinatos de miembros de una colectividad política no se producen por acciones aisladas; sino como parte de plan de exterminio sistemático que contó con la anuencia de las autoridades y la complicidad del Estado. Los planes de muerte “Golpe de Gracia”, “Baile Rojo”, “Esmeralda” y “Retorno” entre otros, fueron diseñados por mandos militares, como ya fue demostrado.

El gobierno insiste en negarlo.

En sus recientes declaraciones, el ex ministro Arias cuestiona tácitamente la naturaleza jurídica del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la obligatoriedad de su cumplimiento, desconoce la responsabilidad del Estado en estos crímenes y niega el derecho de las víctimas a verdad, justicia y reparación. Y no sólo eso. Acusa a Cepeda de tener supuesta cercanía con la guerrilla de las FARC: “¿Qué hace Iván Cepeda concediendo una entrevista a un medio de comunicación de las Farc? Ya son muchas las coincidencias. Aquellos personajes que de alguna forma ayudan a perpetuar la sangrienta tortura de las Farc en traje de civil también deben responder”; “Yo creo que quien insulta y agrede es el señor Iván Cepeda cuando no quiere hacer lo que estamos pidiendo y es muy simple que desautorice a que Café Estéreo utilice su entrevista para seguir desprestigiando el nombre de Colombia, el nombre de las instituciones, la batalla que el pueblo colombiano está librando contra el narcoterrorismo”; “decir que el presidente tuvo un grado de responsabilidad o insinuarlo, en la muerte de Manuel Cepeda por haber apoyado las Cooperativas Convivir es una gran calumnia y una gran mentira” . Debe hacer lo que le pedimos, debe demostrarnos, debe desautorizar…, dice Arias. ¿De qué nosotros habla el ex ministro? ¿A cuenta de qué exige sumisión y obediencia a una víctima, a un defensor de derechos humanos y a un ciudadano colombiano que exige le sean respetados sus derechos? Finalmente, concluye su columna diciendo: “¡Perdón debería pedir el señor Cepeda por lo que hace todos los días en contra del pueblo colombiano!” ¿Podría explicar el ex ministro Arias, qué es lo que se supone hace Iván Cepeda todos los días contra el pueblo colombiano? Bien sabe Arias, como la sociedad colombiana y las Altas Cortes, que afirmaciones irresponsables como éstas, equivalen a sentencias de muerte. En Colombia, desde hace décadas, se castiga la oposición política con el asesinato, la estigmatización, la persecución, la calumnia y la exclusión política. Más desde que Uribe, a través de su política de seguridad democrática, desató una feroz cruzada de odio contra la oposición política, señalando a líderes sociales, defensores de derechos humanos, académicos, profesores y activistas de izquierda de ser cómplices del terrorismo o guerrilleros vestidos de civil.

Acusaciones infundadas como éstas han servido para incrementar los ataques políticos, los homicidios, los arrestos arbitrarios y los crímenes. También han contribuido a deformar la conciencia social de los colombianos, llevándolos a justificar los homicidios, a denigrar y a rechazar a quienes hacen parte de las organizaciones sociales y de la izquierda democrática del país.

Arias dice que Iván Cepeda, “ha sido un brutal, enfermizo y enceguecido opositor del Presidente Uribe. Aprovechándose del drama de su familia y en nombre de las víctimas del terrorismo del pasado, convirtió en plataforma política y en deporte de su élite radical el maltratar, insultar, calumniar, injuriar y ultrajar al Presidente Uribe. Hasta ahora ha salido impune”. Sobre el odio visceral que se expresa, se puede leer en estas palabras una advertencia al defensor de derechos humanos: O hace silencio y deja de lado su lucha contra los crímenes de Estado o sufrirá las consecuencias.

Clara López Obregón, presidenta del PDA, emitió un comunicado a nombre de su colectividad rechazando estas temerarias afirmaciones: “Pareciera que se han puesto de acuerdo para mancillar a las víctimas y continuar con la estigmatización promovida desde el DAS en contra del Polo Democrático Alternativo y sus dirigentes. En un país donde calificativos como los enunciados han puesto a los dirigentes de izquierda en la mira de los sicarios, estas actitudes no son sólo antidemocráticas sino irresponsables” .

“El permanente señalamiento del gobierno colombiano a los medios de comunicación y periodistas alternativos e independientes, se ha vuelto una estrategia de guerra en su afán por acallar las voces críticas que están colocando en evidencia, la difícil e histórica crisis política, económica, social que atraviesa el país” afirmó el director del Semanario Voz Carlos Lozano Guillen a la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano, RPA Sur .

Para un Estado democrático es de suma gravedad que se banalicen las disposiciones de un organismo de justicia internacional, y que se insista en seguir atacando a las víctimas con falsos señalamientos colocando su vida en grave peligro. Es muy serio, y no puede tomarse a la ligera que un cercano colaborador del actual mandatario, precandidato presidencial del oficialismo, afirme que conceder una entrevista a un medio que se presume arbitrariamente de las FARC revele la existencia de vínculos entre el entrevistado, que en este caso es una figura pública, con la lucha armada. Es como suponer que quien concede una entrevista a la cadena árabe Al Jazeera o Al Yazira, como en su momento lo hicieron algunos familiares de los secuestrados por las FARC son terroristas internacionales, o que hablar con CNN convierte al entrevistado en un capitalista neoliberal amigo de las terapias de shock y de las teorías sobre economía del mercado que predicaba Milton Friedman.

Iván Cepeda es la víctima no el victimario aún cuando se intente tergiversar la realidad. No se puede propagar la creencia de que quien reclama justicia cuando le han sido vulnerados sus derechos es el enemigo de la patria o del Estado. No es la vida del presidente Uribe la que peligra con las acusaciones que realiza Cepeda, como afirma Arias, al contrario, es la vida de Cepeda la que se pone en riesgo con este tipo de señalamientos. Tanto Arias como Gaviria lo saben bien, pero invierten los roles de manera intencional y perversa porque esa es su estrategia.
Iván Cepeda señala al Presidente Uribe

Cepeda afirma, y eso molesta, que al presidente Uribe le cabe responsabilidad en el asesinato de su padre, y no se equivoca.

Cuando el Senador Manuel Cepeda fue asesinado, el presidente Uribe era otro parlamentario que venía de haber puesto en práctica un modelo de Estado Comunitario como gobernador de Antioquia, mediante el fortalecimiento del proyecto paramilitar con la creación de las llamadas CONVIVIR, integradas por reconocidos jefes paramilitares. El resultado fue un escalonamiento en los índices de violencia y de muertes políticas en ese departamento. Basta con recordar que cuando el defensor de derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo denunció la connivencia que existía y existe en la actualidad, entre agentes del Estado con grupos paramilitares para cometer crímenes, Uribe lo acusó de ser enemigo de las Fuerzas Armadas. Poco tiempo después, el 27 de febrero de 1998, Valle fue asesinado.

De manera que el Presidente Uribe no sólo si tiene responsabilidad en el genocidio de la UP, masacres de campesinos y asesinatos políticos cometidos por esa macabra alianza entre grupos paramilitares, integrantes de la fuerza pública y caciques políticos regionales, sino que además como Presidente de la República ha justificado el genocidio de la UP.

Durante su campaña de reelección para un segundo mandato en el 2006, el equipo de Uribe lanzó una cuña publicitaria en la que se hacía abierta apología al genocidio contra la UP. La campaña “Adelante Presidente” para promover su reelección, incluyó en su estrategia de publicidad la presentación de un video clip en el que se mostraba a un supuesto ex-militante del grupo político Unión Patriótica (UP), afirmando lo siguiente:

“Señor Presidente: yo pertenecía a la UP, me parecía un buen movimiento, pero nos fuimos torciendo, matar por matar, hacer daño a los demás, matar civiles, eso está mal hecho. Está bien que usted los esté combatiendo, por eso hoy día lo apoyamos a usted con toda la que tenemos ¡Adelante Presidente!”

El presidente Uribe ha apoyado abiertamente a los grupos paramilitares. En diciembre de 2002, declaró ante varios medios del país que no se podía confundir criminales con paramilitares. No es de extrañar entonces que buena parte de su bancada parlamentaria, de familiares suyos y funcionarios de Estado, entre ellos los por él designados en cargos diplomáticos, estén siendo investigados, sancionados y condenados por alianzas con el paramilitarismo y por haberse lucrado políticamente de sus crímenes. Dos ex congresistas han sido vinculados a procesos judiciales como presuntos autores intelectuales de dos masacres: La de Segovia y Macayepo.

En un informe de la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas, se afirma que durante el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez fueron asesinados 136 miembros de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, 38 fueron desaparecidos y 28 más sobrevivieron a atentados personales. Más de 300 militantes de izquierda han sido arrestados arbitrariamente negándoseles el debido proceso durante los últimos años.

También fue el presidente Uribe quien nombró como subdirector del DAS, a José Miguel Narváez, señalado por varios paramilitares desmovilizados, de fungir como asesor de cabecera del extinto jefe paramilitar Carlos Castaño y de visitar con frecuencia sus campamentos para dictar el curso ¿Por qué es licito matar comunistas?. Narváez se encuentra detenido en la actualidad y es investigado por su presunta responsabilidad en los asesinatos del Senador Manuel Cepeda Vargas y del humorista y periodista Jaime Garzón.

Pretender acusar a las víctimas de ser los victimarios, como lo hacen Uribe, Arias y Gaviria, no sólo es un despropósito que bien ameritaría una investigación disciplinaria y una sanción penal, sino que además contradice la esencia misma de la democracia. Acusaciones sin fundamento como las señaladas, son un acto de desprecio y de arrogancia frente a la justicia internacional. Contribuyen a afianzar el clima de intolerancia y terror que impera en el país y a configurar un modelo de Estado permisivo con el crimen, proclive al abuso y la corrupción, que socava los derechos de las víctimas y desconoce el deber del Estado de repararlas integralmente, de sancionar a los victimarios y de garantizar la vida, honra e integridad a todos los ciudadanos.

No sólo Uribe debería perdón por los crímenes cometidos por agentes del Estado y por no haberlos impedido pudiéndolo hacer, sino también todos los anteriores presidentes y buena parte de la dirigencia política y empresarial del país deberían hacerlo. Entre ellos el mismo ex ministro Arias y el asesor presidencial. Si tuvieran un poco de conciencia o decoro humano, no tendría una Corte Internacional que exigir el perdón, éste debería venir de un genuino acto de conciencia y de arrepentimiento. Debería ser un gesto de solidaridad con las víctimas, de respeto por la vida y la democracia y de rechazo al crimen y la impunidad.