Más allá de los derechos políticos del ciudadano Petro

Más allá de los derechos políticos del ciudadano Petro, se está atacando es el derecho a la paz y la reconciliación en Colombia

No se trata de estar de acuerdo o no con las acciones políticas de Petro, el tema va más allá de un nombre o de los derechos que le intentan conculcar con la demanda interpuesta por un Concejal, a fin de reversar el proceso de paz del M-19 en 1990 y excluirlo de la contienda electoral. Se trata de una acción que contradice la esencia de nuestra democracia y evidencia la sucia manipulación política de la que son capaces sectores reaccionarios del país. Lo que está en juego es la posibilidad de lograr una paz concertada en Colombia, el sentido de los acuerdos pasados, y el valor histórico de los fallos judiciales.

El proceso de paz con el M-19, pese a que tuvo omisiones de suma importancia, se constituyó en la posibilidad más clara de reconciliación que haya tenido alguna vez Colombia en su larga historia de guerras, impunidades y conflictos sin solución. De este acuerdo de paz nació la Constitución del 91 y el país entendió que si era posible negociar una paz que además de silenciar los fusiles se convirtiera en antesala para la realización de futuras negociaciones. Al acuerdo del M-19 le siguieron seis agrupaciones más que también aceptaron el reto de la paz y la posibilidad de adelantar una acción política desde la legalidad. El M-19 sufrió desde entonces el asesinato de su máximo líder Carlos Pizarro, crimen condenado a la impunidad y suscrito como un claro crimen de Estado, la muerte violenta y no aclarada de más del 37% de sus desmovilizados, la exclusión política en algunos municipios, y la estigmatización. No así, logró un triunfo electoral sin precedentes en la ANC y en las elecciones al parlamento de 1992, conquistó importantes cargos de elección popular y varios de sus dirigentes desde entonces, han afectado positivamente, desde la acción legislativa, el rumbo del país y la agenda nacional. ¿Acaso no fue Gustavo Petro el mejor congresista durante dos periodos consecutivos? ¿No fue quien destapó la llamada parapolítica?

Pretender reversar el proceso de paz del M-19 es sintomático. Refleja la existencia de odio enquistados en el alma, la incapacidad de algunos dirigentes o seudo dirigentes nacionales de romper sus propias estructuras ideológicas esquemáticas para entender la historia del país y analizar cada hecho desde su contexto y realidad política y social. Quienes intentan por esta vía restarle posibilidades políticas a los ex integrantes del M-19 no han entendido el sentido de los pactos de reconciliación, la urgencia que tenemos los colombianos de construir puentes de dialogo, entendimiento, justicia y verdad en Colombia; son quienes privilegian las vías de la sangre, la represión y la muerte a la posibilidad de suscribir pactos sociales de respeto y pluralidad.

Realmente poco importa si Gustavo tuvo o no procesos en su contra o si fue amnistiado o no; si alguna ley prohíbe a quienes suscriben pactos de paz, renuncian a la lucha armada y no han cometido crímenes atroces participar en política, dicha ley es la que necesariamente tiene que ser modificada; pues es un obstáculo para la construcción de un nuevo país y la celebración de futuros acuerdos de paz.

Petro nunca estuvo vinculado a crímenes atroces. Y lo importante ahora es el trabajo que desde la legalidad realiza y su activa participación política en aras de alcanzar la paz y la reconciliación en Colombia. Quienes intentan burlar sus derechos políticos y constitucionales, deberían también considerar que él, como muchos otros combatientes de esta y otras guerrillas, estudiantes e intelectuales que apoyaban al Eme o sospechosos de hacerlo, estuvieron presos y fueron objeto de violaciones a los derechos humanos cuando fueron sometido a crueles torturas y tratos denigrantes en los centros de reclusión a los que fueron llevados por efectivos de la fuerza pública; oficiales que jamás fueron ni siquiera investigados por estos delitos.

La Ley de indulto que cobijó a muchos miembros de esta agrupación guerrillera, no los exoneró por sus delitos. Muchos pasaron de la lucha armada a la prisión. Otros no se acogieron al proceso, no aceptaron los ofrecimientos del gobierno para su reincorporación pero aún así asumieron el reto de actuar y trabajar por un país mejor desde la legalidad y la actividad académica o social. Unos cuantos, que renegaron del proceso, se marginaron y optaron por ingresar a otras agrupaciones alzadas en armas, fueron obviamente excluidos del proceso y jamás recibieron los beneficios otorgados a los desmovilizados.

La Constitución política de Colombia, en su Artículo 22, dice: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.
abril de 2010