miércoles, 3 de noviembre de 2010

ELECCIONES LEGISLATIVAS 2010: ¿Quién gana, quién pierde?

Se consolidó el proyecto narcoparamilitar en el Congreso de la República

Salvo por la elección de Iván Cepeda Castro, y la confirmación de curul de varios congresistas de enorme calidad y relevancia para la democracia colombiana, las pasadas elecciones pasarán a la historia como un proceso viciado, corrupto y excluyente en el que se confirma una patología masoquista muy afirmada en el pueblo colombiano, una enorme ignorancia política e inconciencia social y la vigencia de la parapolítica.

Por Maureén Maya S

Con el éxito electoral del filósofo y defensor de derechos humanos, Iván Cepeda Castro, no sólo ganó el PDA o la política colombiana, sino también ganó el país que además de contar en adelante con un representante decente y valeroso, fue testigo de que sí es posible hacer política exitosa sin maquinaria y sin trampas. Ganó Cepeda, ganaron las víctimas y los defensores de derechos humanos, pero perdió su partido: el PDA.

No se puede negar que uno de los grandes derrotados en las jornadas electorales del domingo fue el Polo; derrota que más que orientar la vista y las acciones futuras hacia fuera en un fatuo intento por adjudicar responsabilidades dentro del uribismo, debe servir para replantear el desempeño político de este partido como fuerza de oposición, para fortalecer su trabajo de base y desde la autocrítica, realizar un análisis profundo sobre los costos históricos, políticos y sociales de sus enormes mezquindades y vanidades. El PDA debe abanderar el nuevo lenguaje de la nueva política, proponer alternativas eficaces que logren dar respuesta al enorme desafío de nuestra caótica y triste realidad y dejar de emular los vicios de los partidos tradicionales. Enorme desafío en el que además de plantearse la existencia del PDA como genuina coalición de izquierda y fuerza de oposición con reales opciones de poder, debe conjurar, desde el fortalecimiento democrático y la acción coherente, la crisis institucional y la decadencia democrática del país.

El triunfo de Iván Cepeda Castro, representa una esperanza para Colombia. No hay duda. Con éste se reafirma el valor del voto de opinión, se reconoce la posibilidad de participar y hacer política sin recurrir al fraude, la compra de votos, el despilfarro electoral y de recursos, la intimidación y el despliegue de promesas que nunca se han de cumplir. Es posible ganar sin corrupción y sin manipular al electorado. Además de este resultado y de algunas elecciones meritorias que reflejan un ejercicio ciudadano conciente e independiente, es poco lo que podemos celebrar tras los comicios legislativos, y muy poco lo que debemos esperar de las elecciones presidenciales, a no ser que ocurra algo extraordinario y no previsible.

Perdimos buenos parlamentarios, como Wilson Borja, Parmenio Cuellar y muchos más. La oportunidad de contar con nuevas figuras en el Congreso; personas con enorme trayectoria y sobradas en decoro, inteligencia, dignidad, y valentía como Gloria Cuartas, Felipe Zuleta, Hernando Gómez Serrano, Carlos Lozano, Jaime Caicedo, Ayda Quilcue, Lilia Solano, Luis Eladio Pérez o el profesor Gustavo Moncayo. Perdimos la oportunidad de tener en el Parlamento Andino a valientes luchadores como Rafael Vergara o Alfonso Cabrera. Reafirmamos congresistas idóneos como Jorge Robledo, Piedad Córdoba, Alexander López Maya y ganamos a Gilma Jiménez y a Mauricio Ospina. También entendimos que la masa electoral, usualmente desinformada, ya no le come cuento a los desnudos programados, a las curvas, los músculos o a la linda y cuidada imagen de los ídolos de la tele. Eso quedó demostrado con el descabezamiento de todos los famosos que creyeron que esa figuración mediática y novelesca era suficiente para seducir al electorado.

Pero más allá de estas consideraciones, de reconocer que se registraron menos incidentes violentos en el país o que no fueron divulgados, que la eficacia de la fuerza pública logró neutralizar varios atentados como el de Arauca donde fue desactivado un carro bomba, se frustró un plan terrorista contra el metro de Medellín, se descubrió un saboteo en el Cauca y se decomisaron 7 cargas explosivas en Nariño, si es que estas denuncias son reales y no montajes, las elecciones legislativas del pasado 14 de marzo son las más viciadas en una larga historia de fraudes y anomalías electorales en Colombia. Los resultados y el triunfo de la abstención, dejan importantes lecciones y alertas que no deben pasar desapercibidas.

Por un lado y como para arrancar con lo operativo, el sistema electoral debe ser reformado y modernizado. Si bien nadie -medianamente informado- puede desconocer los esfuerzos hechos por el Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, por modernizar la RNEC, y llevar a cabo un asombroso proceso de cedulación en tiempo record con el apoyo de las llamadas Booking, nuevos planes de cubrimiento nacional y el uso de nueva tecnología; nada de lo dispuesto, ni siquiera con las reformas al sistema electoral, ha podido garantizar lo esencial de todo proceso de elección popular: transparencia, cultura ciudadana y legitimidad. Sin embargo, pese a las fallas del sistema y a las pocas garantías democráticas que ofrece, es necesario reconocer la independencia y el valor que ha demostrado Sánchez al momento de frenar irregularidades (como en el caso de referendo reeleccionista, cuyos ponentes aún no han logrado explicar el origen dudoso de sus millonarios recursos) y mantener a raya a políticos y poderes de Estado que desde siempre han intentado hacer de éste organismo un ente de bolsillo. El Registrador no es funcionario de bolsillo; es claro, y por eso los ataques que no paran de lloverle y la urgencia por sustituirlo antes de las elecciones presidenciales.

El gobierno acusa, haciendo eco a las difamaciones hechas por un miembro de la familia Lacouture (clan integrado por algunos de los beneficiarios de la estafa de Agro Ingreso Seguro y vinculados a la parapolítica como en el caso del ex congresista Luis Eduardo Vives Lacouture, condenado a siete años de prisión por concierto para promover grupos armados al margen de la ley y alteración de resultados electorales) al Registrador Nacional, quien es abstemio por principios, de estar borracho el día de las elecciones. Este señalamiento ha sido interpretado como una cuenta de cobro que le pasa el gobierno nacional al Registrador Sánchez por su independencia y solvencia moral al haber cuestionado, desde la legalidad, el proyecto de reelección presidencial. También refleja el talante reivindicativo, traqueto, y perverso del actual mandatario, quien aún intenta, contrariando la ley, perpetuarse en el poder y acomodar la Constitución a su voluntad personal.

La democracia colombiana, pese a algunos pequeños logros, sigue estando debilitada. No sólo por la existencia de unos procesos electorales sobre los que nadie puede garantizar independencia o pulcritud, sino porque prácticas democráticas como la separación del poderes, el afianzamiento de principios esenciales de un Estado social de Derecho, la independencia y responsabilidad social de los medios masivos de comunicación o el debido respeto a los fallos y sentencias de las altas cortes, no están debidamente garantizadas en Colombia. Ningún gobierno puede ser genuinamente democrático cuando está liderado por un heredero de la mafia vinculado además, a crímenes atroces. Tampoco puede ser legítimo cuando lleva a cuestas un fraude electoral, una reelección producto del delito de cohecho y su principal bancada se encuentra tras las rejas o está siendo investigada por sus vínculos paramilitares.

En el nuevo Congreso la parapolítica logró importante representación. “En las elecciones del domingo fueron elegidos 22 senadores que están en las investigaciones de la 'parapolítica' o son herederos de quienes están presos o condenados por estos delitos: 8 del partido de 'la U', 7 en el PIN, 5 en el Partido Conservador, 1 en Cambio Radical y 1 en el Partido Liberal. La influencia en la Cámara de Representantes es aún más grande…”[1]

Con el triunfo de la U en las pasadas elecciones se reafirma un proyecto excluyente, corrupto y criminal que da sustento a las principales políticas del gobierno Uribe. Igual sucede ante la innegable fuerza política con la que se consolida el partido PIN (Paras Insisten Nuevamente), agrupación política heredera de la parapolítica, integrada por familiares de varios políticos vinculados a este proceso y gestada desde La Picota. Estos cuestionables triunfos, que deben ser minuciosamente investigados, son llamados de alerta que no pueden ni deben pasar desapercibidos. Con estos resultados se ahonda, si se quiere, o se reafirma la derrota moral del país.

Aunque la jornada se desarrolló sin grandes sobresaltos, la Misión de observación de la Organización de Estados Americanos, MOE, expresó su preocupación por la compra de votos en varios departamentos del país: costa Caribe, Cundinamarca, Nariño y Santander. “Nuestros delegados observaron que personas de la tercera edad y discapacitados fueron inducidos a votar por un candidato en particular. Vimos también que se daba dinero o el ofrecimiento de refrigerios a cambio del voto”, informó el jefe de la misión, el chileno Enrique Correa. La MOE, también denunció una “compra masiva de votos y anunció que habían recibido múltiples denuncias de proselitismo armado y constreñimiento al electorado por parte de grupos paramilitares”.

En declaraciones a RFI, Nicolás Montoya, coordinador de la oficina jurídica del MOE, afirmó que han recibido denuncias de muchas regiones: “Son lugares que presentan gran cantidad de necesidades básicas insatisfechas, entonces los candidatos se aprovechan de eso para hacer transacciones ilegales”, dijo Montoya”[2]. Igualmente, el candidato al senado por el partido Verde, Fabio Villa denunció irregularidades en los conteos de votos en los departamentos de Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Nariño, Antioquia, Valle, y otros.

Los escrutinios avanzan con inusual lentitud y los ataques al Registrador Nacional no cesan. El ministro Valencia Cossio habló de una hecatombe tras la crisis, al parecer provocada por saboteadores, en la RNEC y el Presidente Uribe afirmó que ésta entidad no es confiable y que no existen garantías para los comicios presidenciales. Todo parece perversamente planeado.

Y ahí no paran las anomalías. Otros hechos ocurridos durante el conteo de votos encienden las alertas sobre el que podría ser el fraude más grande de la historia de los fraudes electorales en Colombia: sorpresivos apagones de luz en algunos municipios, la caída de la página web de la RNEC, la aparición de sobres abiertos, traslados de conteos a último momento, la ignorancia de los jurados electorales, la inconsistencia de los boletines que en vez de señalar aumento de votos conforme transcurría el conteo, mostraban reducciones en las cifras de algunos candidatos, sobrevotaciones en zonas de control paramilitar y otros, no han sido aclarados ni denunciados con la debida vehemencia. Varios observadores vieron a ciudadanos que cedían a su deber y derecho de elegir a conciencia y se tranzaban por dinero, incluso a un observador se le ofreció vender su voto. La incultura política es evidente, no se puede negar pero si contrarrestar aunque poco o nada se hace para modificar esta histórica realidad.

En Colombia, pese a los intentos de paz y esfuerzos por reafirmar valores democráticos y humanos, y gracias a los proyectos de legitimación mafiosa y criminal, a la parálisis de la justicia y a la miseria del pueblo colombiano (miseria física y moral) el poder sigue estando en manos de los violentos y sus vigorosas estructuras políticas, económicas y sociales.

Ejemplo de ello son los resultados electorales obtenidos por el PIN. Al haber alcanzado el millón de votos que se había fijado como meta, este controvertido partido se hizo a 19 curules (8 en el Senado y 11 en la Cámara de Representantes). Este revés para la endeble democracia colombiana, demuestra como aún sigue prevaleciendo el poder de las armas, del dinero, la intimidación, la corrupción, el transfuguismo, el constreñimiento y peor aún, la debilidad de los entes de control y de la justicia para imponer unas normativas capaces de afianzar, también desde las urnas, los derechos y deberes de los ciudadanos y garantizar transparencia en los procesos de democráticos de elección popular.

La consigna soterrada “Si no hay PIN, habrá balín” al parecer resultó efectiva en algunas regiones del país. Ahora falta conocer el mapa de la actividad electoral para poder determinar lo ocurrido en regiones de fuerte dominio paramilitar o en otras, en las que se teme y no se descarta una nueva expansión.

Resulta sospechoso desde la transparencia electoral, pero previsible desde un ejercicio irregular constante y ya demostrado, que los herederos políticos de personajes condenados o investigados por el escándalo de la infiltración paramilitar en el Congreso en el 2006 aseguren varias curules en el Senado y la Cámara, incluso sobre partidos con mayor fuerza y trayectoria como el PDA o Cambio Radical o con importante reconocimiento social como el partido Verde.

Uno de los elegidos en estas elecciones por el PIN fue Héctor Julio Alfonso López, hijo de Enilce López, la miedosa y peligrosa “gata”, y quien además es investigado en la Corte Suprema por parapolítica. Este cuestionado personaje obtuvo 69.304 votos[3], la segunda mayor votación del PIN, asegurando su curul en el Senado.

Hoy la “gata” -llamada a juicio en un proceso por asesinato, financiadora de la campaña de Álvaro Uribe Vélez y ligada al paramilitarismo- cuenta con cuatro fichas en el Congreso. Además de su hijo Héctor Julio Alfonso, en el Senado, también ganaron curul para la Cámara de Representantes por el PIN, Eduardo Pérez, el ex diputado Yahir Acuña, quien había renunciado a su aspiración a la Cámara en Sucre por este mismo partido, poco después de que el diario El Tiempo revelara que su nombre aparece en varios informes de Inteligencia de la Armada que lo señalan como cercano a las autodefensas de alias “Cadena”; y Antonio Correa, éste último con 50.491 votos. Correa fue secretario de Educación de Magangué cuando el otro hijo de 'La Gata', Jorge Luis, destituido e inhabilitado por la Procuraduría por actos de corrupción, era alcalde.

“Magangué fue uno de los municipios que más votos pusieron por los diferentes candidatos del PIN. Allí, dicen la OEA y la Misión de Observación Electoral, hubo abierta compra y venta de votos”[4].

Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado, hijo de Hugo Aguilar, ex gobernador de Santander, investigado por sus relaciones con el temible jefe paramilitar 'Ernesto Báez', logró 49.224 sufragios. La séptima votación, con 48.553 la heredó la desconocida Teresita García Romero, hermana de Álvaro el 'gordo' García, condenado a 40 años de prisión como autor intelectual de la masacre de Macayepo, departamento de Bolívar; hecho ocurrido entre el 14 y el 16 de octubre del año 2000 bajo las ordenes del temible jefe paramilitar Rodrigo Antonio Mercado Pelufo, alias “Cadena”[5] y que significó la muerte violenta de15 labriegos y el desplazamiento de 200 familias[6]. Hemel Hurtado, ex suplente del senador Juan Carlos Martínez (preso y llamado a juicio por supuestos nexos con narcos y 'paras'), obtuvo 50.182 votos por el PIN. Un total de 9 políticos señalados de tener vínculos paramilitares se presentaron como candidatos al parlamento por el PIN, obteniendo curul.

No fue sólo el PIN. En otros partidos, que abrieron las puertas a los herederos de la parapolítica, se observan resultados sorprendentes. Por ejemplo, tal como sucedió en Córdoba hace 4 años, la mayor votación del Partido Liberal al Senado la recibió Arleth Patricia Casado, esposa del ex senador Juan Manuel López Cabrales, condenado a siete años de prisión por sus nexos con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Casado logró 111.640 votos.

Por Cambio Radical, Javier Cáceres acusado de haber sido apoyado electoralmente por los paramilitares para llegar al Senado y vinculado a una investigación por irregularidades en la empresa Etesa, fue elegido con 74.765 votos. Antonio Guerra de la Espriella, investigado por sus nexos con 'paras' de Sucre logró 49.415 votos. También lograron curul en la Cámara, Jairo Hinestroza y Didier Alberto Tavera, ficha de Luis Alberto Gil, quien se encuentra en prisión.

El partido Conservador también logró hacer elegir a un dudoso político. Se trata de Hernán Francisco Andrade, acusado en octubre de 2008 por la revista Semana de haber recibido una serie pagarés girados a su nombre por uno de los involucrados en el desfalco de Cajanal, fue investigado por estos hechos y ahora resultó elegido Senador con 84.904 votos.

En el partido de la U' también resultaron elegidos cuestionados políticos, algunos de ellos, herederos de la mafia paramilitar. Como Musa Besaile Faydad, investigado por parapolítica, obtuvo 51.768 votos. Piedad Zuccardi, esposa del ex congresista José García Romero, sentenciado a 3 años y medio de prisión por el delito de peculado, y cuñada de Álvaro el 'gordo' García, de quien ya se habló anteriormente, conquistó con 65.022 votos una curul en el parlamento.

La cuestionada y protegida ex presidenta del Senado, Dilian Francisca Toro, candidata al Senado por el partido de la U logró la nada despreciable suma de 137.237 votos. En el 2008, la Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar contra esta política vallecaucana por sus presuntos nexos con las Auc a partir de las declaraciones de narcos y ex paramilitares. Su fórmula para la Cámara en el Valle, Luis Carlos Restrepo, también investigado por los mismos hechos y acusado por líderes sociales de Cartago de haber participado en el asesinato del joven Andrés Felipe Llano Calvo y tener vínculos con alias “rasguño”, aseguró su retorno al Congreso. El proceso contra Dilian Francisca además de iniciarse por las denuncias de paramilitares, fue generado por otro hecho bastante inusual y torpemente evidente. Dos años antes de que fuera investigada por la Corte, el jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40 decidió -tras haber escapado a la zona de reubicación de Santa Fe de Ralito- someterse a la Ley de Justicia y Paz. Para ello exigió como garante de su entrega la presencia de congresistas de su confianza: Dilian Francisca Toro y César Alfredo Cuello Baute, (investigado por parapolítica y su proceso precluido por la Fiscalía. La Corte Suprema no encontró pruebas suficientes para relacionarlo con alias “jorge 40”)[7]. El encuentro de los dos parlamentarios con el jefe paramilitar y sus actitudes públicas permitieron entender la cercanía que había entre ellos.

Al respecto el senador Gustavo Petro se preguntó por aquellos días: "¿cómo es posible que los encargados de hacer las leyes se abracen y sonrían con una de las personas que más infringe la ley como lo es 'Jorge 40'?".

La semana pasada, Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño', declaró desde su prisión en Estados Unidos ante la Corte Suprema de Justicia, haber entregado “300 millones de pesos para financiar la campaña al Congreso, en el año 2002, de la senadora Dilian Francisca Toro, quien en ese momento se presentó por el Partido Liberal. De acuerdo con su versión, revelada este viernes por La FM, la entrega del dinero a la congresista se hizo en efectivo y a través de uno de sus hombres de máxima confianza, el ex concejal de Cartago, Ariel Rodríguez, conocido en el mundo del narcotráfico como ‘el flaco' o ‘el diablo', y también esposo de la ex representante a la Cámara María Nancy Montoya, a quien alias `Rasguño' también dice que apoyó”.[8]

Capitulo de la historia no superado. El segundo tomo del libro “la Parapolítica”, está por escribirse, y promete ser más gordo que el anterior.

Como conclusión premilitar a este proceso electoral, y teniendo en cuenta que aún no existe un consolidado definitivo sobre los escrutinios, se ignora el desenlace final de la consulta interna de los partidos y lo que pueda suceder con las elecciones al Parlamento Andino en las que al parecer el voto blanco fue mayoría, se puede afirmar que el escepticismo y el analfabetismo político fueron protagonistas en los resultados. Ganaron las mafias organizadas. La demos cracia, poder del pueblo no es del todo cierta y contrario a los avances y nuevas propuestas sociales, e intentos por reafirmar un Estado Social de Derecho, más que fortalecerse, aún sobre los logros de la Constitución del 91, parece degradarse cada día más.

En Colombia no existen las garantías necesarias para que otra fuerza política u otra clase social llegue al poder. Y la izquierda agrupada, aún con sus valientes y positivos protagonismos individuales, no logra consolidarse política ni socialmente en el imaginario colectivo –cierto es que la campaña de estigmatización, la persecución del gobierno y asociación al “terrorismo” surte sus efectos- y tampoco al interior de importantes procesos sociales organizativos con sustento real y coherencia programática. Procesos sociales que entre otras debería liderar el PDA, o en su efecto acompañar con actitud respetuosa y propositiva.
El llamado al POLO
El candidato presidencial, Gustavo Petro, afirmó que si bien los resultados de su partido en las elecciones para el Congreso "no son un duro revés" porque se produjo la misma votación de hace cuatro años, también reconoció un "estancamiento" en el Polo Democrático Alternativo. Estancamiento cuestionable, diría yo, pues sería más fidedigno hablar de retroceso: Perdió, según cálculos premilitares 7 curules en el Parlamento.

Petro también afirmó que la equivocación del PDA es su estrategia de campaña, porque el partido "no aprovechó la televisión para defenderse de los ataques hechos por el Presidente". De hecho, fue el mismo Petro, quien hizo coro a una de esas acusaciones del mandatario, al expresar que en efecto, miembros de su colectividad estarían gestionando recursos con el gobierno de Hugo Chávez. Gestiones que además de no haber sido demostradas, generaron un enorme malestar interno por cuanto se cuestionó una acción legítima del candidato internacional Mauricio Trujillo y fue “condenado” sin siquiera haber sido escuchado.

El error del PDA entonces no es responder o no a las embestidas del gobierno; su principal error es haber caído en los mismos vicios y prácticas burocráticas y clientelistas de los partidos tradicionales. No pronunciarse enérgicamente frente a los crímenes de Estado, los escándalos políticos, las irregularidades administrativas o sobre sus propios desatinos de modo oportuno, claro y coherente. Su error es permitir que sea el gobierno el que determine sus intervenciones, su agenda y el desarrollo de sus propios acontecimientos políticos. Su error es no abanderar una oposición sana, propositiva, menos contestataria y más activa frente a los intereses y las grandes problemáticas nacionales. El tema del PDA no es ni debe ser Uribe, debe ser la realidad del país que urge transformar. Su error es evidenciar y sostener pugnas internas que en vez de ser conjuradas a partir del dialogo y la defensa a ultranza de los principios del partido, generan divisiones e inestabilidad política. El error de la cabeza política del PDA es enseñar coqueteos con la derecha que en vez de fortalecer su colectividad y propiciar el fin de la polarización política, hacen presumir su debilidad ideológica, un hambre de poder que bien podría llevar, no sólo a tragar algunos sapos, sino a tomar posiciones contrarias a las demandas nacionales y a los propios postulados y necesidades de esta coalición de izquierda, siempre relegada, martirizada y estigmatizada por el poder regente y una sociedad adormilada que sin criterio ni análisis repite lo que de manera sesgada afirman los grandes medios de comunicación.

Los reveces electorales de Jaime Dussán Calderón (25.039 votos) -quien presentó renuncia irrevocable a la presidencia del Polo en un acto valiente, acertado y que enseña en él algo de generosidad, coherencia y responsabilidad de partido- y de Carlos Romero (19.552) no pueden ser ignorados; pues en ellos se refleja claramente que la izquierda no está dispuesta a hacerle juego la burocracia de su partido. Aunque el caso de Néstor Iván Moreno Rojas, hermano del alcalde de Bogotá, quien logró la segunda votación más alta del partido con 77.993 votos, pareciera afirmar lo contrario. Moreno Rojas, siendo alcalde Bucaramanga, fue investigado por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Este proceso, precluido por un fiscal seccional de Bucaramanga, laceró su imagen y supuso entonces el fin de su carrera política.[9] Extrañamente no fue así y su consolidación política hoy es una realidad.

Otras figuras de enorme relevancia política para el Polo y para el país, han sido acusadas de tener vínculos con las FARC. Hoy muchos de esos procesos, precluidos y reconocidos como ataques políticos sin fundamento jurídico, hacen parte de los expedientes sobre persecución ideológica y política en el país; intentos perversos con los que se pretende restar legitimidad a varios congresistas, líderes y activistas de izquierda. El caso de Jorge Enrique Robledo, acusado por al Procurador General de la Nación, es emblemático sobre este tipo de ataques.

El Procurador, quien si debería ser investigado y retirado de su cargo, decidió emplear su posición para emprender cacerías de brujas contra quienes de conformidad con sus responsabilidades parlamentarias y ciudadanas, lo han cuestionado. Hoy la Corte no lleva ningún proceso contra Robledo, pero la acusación, que no logró restarle adeptos y prueba de ello es que obtuvo la votación más alta del Polo con 152.936 votos, se constituye en prueba fehaciente de la ambivalencia con la que se inician o precluyen procesos en Colombia, del manoseo a la justicia y de la politización en los organismos de control del Estado. Robledo es hoy la figura más sobresaliente del PDA, y es reconocido como un parlamentario serio, honesto, inteligente y valiente, incluso por sus contradictores.

“Si alguien ha encarado las nefastas políticas uribistas, como el TLC o la implantación de las bases militares norteamericanas, ha denunciado las corruptelas de la familia presidencial y de sus allegados como Uribito (en el caso de Agro Ingreso Seguro), no se ha doblegado ante la persecución ni entregado por la seducción burocrática, ha sido Robledo […] El mensaje de Robledo va más allá del político impoluto, no clientelista, llega hasta el dirigente que persiste en sus ideas, bañadas por la defensa a ultranza de la democracia y de la soberanía, sin virajes ni flojeras…”[10]

El PDA con mucho esfuerzo ha logrado sostenerse como bandera de unidad de la izquierda colombiana y de sectores profundamente democráticos, no obstante en la práctica cotidiana no ha logrado superar el mediatismo ni se ha abierto a la posibilidad de construir un escenario diferente al que le plantea el establecimiento. El principal obstáculo que enfrenta hoy el Polo, repito, no está afuera, no lo encarna el presidente Uribe, ni el apoyo que le brinda, según las encuestas, buena parte de la población. El principal obstáculo del PDA es su propia dinámica política; es no haber podido desarrollar un ejercicio político activo consecuente con sus propios planteamientos y con los cambios de tiempo.

El sentido del tiempo político y del tiempo histórico como lo plantea Luis Sandoval en su libro “Polo Democrático Alternativo. ¿Hacia dónde? ¿Con quiénes?”, reconoce la existencia de un mundo cambiante que constantemente lanza nuevas demandas pero también donde se impone la urgencia de dar respuesta a viejas problemáticas cuya solución sigue o debería seguir ocupando la agenda de la política nacional. Tiempo de crisis, de derrumbe del Estado o del llamado “optimismo trágico” del maestro Gerardo Molina al afirmar que de aquella crisis -mucho menor a la actual- con sus enormes costos haremos transito a algo mucho mejor y deseable para todos. Transito que necesariamente debe contemplar el rol activo de los violentos en la política contemporánea.

Desde hace muchos años las acciones políticas han estado determinadas por la acción de los violentos. Decir que Colombia más que una democracia sólida y reafirmada en la construcción de un Estado Social de derecho, sufre de una oclocracia en la que la acción electoral se desarrolla desde la ignorancia política, la apatía y la compra y venta de votos, y bajo la presión de las mafias en armas, es una realidad dolorosa que debemos conjurar.

El PDA puede ser la gran decepción que reafirme nuestra precariedad democrática o puede ser la diferencia que marque un nuevo rumbo para Colombia. El país ha caído en el negocio del miedo permanente y por ende de las reacciones defensivas por parte de movimientos políticos como el PDA. Esto ha frenado la ejecución de un plan propositivo que trascienda el unanimismo y se compenetre con la realidad del país.

Si bien el mayor acierto del polo ha sido construirse sobre la posibilidad de representar una nación diversa y plural que clama justicia social, libertad y equidad, su mayor reto es traducir sus aspiraciones democráticas en una actividad constante al interior del partido que marche en consonancia con el sentir y las esperanzas de la gente. Es articular su fuerza política con las organizaciones sociales, fortalecer la conciencia política y liderar una ruptura definitiva entre los viejos vicios que hacen de la actividad política un acontecimiento mezquino y desafortunado y la nueva política que necesariamente se plantea desde la ética, la generosidad y la responsabilidad histórica.

El Polo necesita de un candidato presidencial política e ideológicamente claro, audaz, propositivo y que sepa escuchar. Un candidato que enarbole un genuino y profundo discurso de izquierda -los discursos de centro derecha son creíbles en Antanas Mockus no en Gustavo Petro-, que lidere una real oposición contra las cosas terribles que suceden en el país, y que conquiste la unidad al interior del PDA. Buena parte de está unidad dependerá del discurso con el cual Petro lidere su campaña presidencial, de sus propuestas de Cambio Seguro, de que sea capaz de reconocer públicamente su equivoco de votar a favor la elección del Procurador, Alejandro Ordóñez, que exija la aplicación de una justicia ejemplar para los militares responsables de crímenes atroces y acepte las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario. La ambivalencia política se paga cara en las urnas y esto Petro lo sabe bien, como el político agudo que siempre ha sido.

El embrujo autoritario pasará, es inevitable; pero la herencia mafiosa del actual régimen se sostendrá por muchos años más. Y está justificada. Hoy en Colombia, la ciudadanía se sabe y se siente más segura e inmune a sufrir ataques de la guerrilla, pero es más vulnerable al accionar criminal del Estado puesto que es desde allí, desde el Departamento de seguridad, DAS, desde la Casa de Nariño y sus redes narcoparas y desde los batallones militares, cuyos soldados son entrenados para que operen como sicarios a sueldo, desde donde se gestan acciones violentas y represivas; contrarias a las normas constitucionales y disposiciones internacionales en materia de derechos humanos.

La guerra contra el “terrorismo” todo lo justifica; el fin es más grande y en consecuencia hoy la gente tiene menos derechos. Luis Sandoval pregunta: ¿Cómo es que la gente termina favoreciendo un régimen con su opinión, con sus votos, cuando en el fondo se está empobreciendo más, cuando tiene condiciones de vida menos positivas, menos favorables; cuando sus derechos están menos garantizados y reina la impunidad? Más que a causa de un espejismo de seguridad, de la guerrerista identificación de un enemigo compartido al que hay que destruir a cómo dé lugar y para lo cual se vale pisotear hasta el Estado social de derecho y la jurisprudencia nacional, esta dolorosa sumisión a la tiranía, tiene que ver con un masoquismo histórico, un autodesprecio enraizado y la ausencia de referentes culturales, éticos y humanos. Además de libertades y más democracia, el país necesita con urgencia someterse a un profundo psicoanálisis nacional.

[1] Valencia, León;” A Santos le conviene más que gane Noemí”. Columna de opinión. El Tiempo. Marzo 17 de 2010.
[2] http://www.espanol.rfi.fr/americas/20100315-observadores-electorales-denuncian-compra-de-votos

[3] Según boletín 42 de la Registraduría. El Tiempo afirma que su votación, obtenida principalmente en el Atlántico, supera los 100 mil votos.
[4] En El Tiempo; “La polémica empresaria del chance Enilce López, 'La Gata', quedó con 4 fichas en el Congreso”. Marzo 17 de 2010.
[5] Revista Semana; “Las pruebas hablan por si solas”. Una conversación telefónica efectuada el 6 de octubre de 2000 fue grabada y obtenida por la revista Semana. En dicha conversación aparecen involucrados el ex senador Álvaro García Romero (acusado de homicidio agravado por su presunta autoría intelectual de la masacre de Macayepo) y el hacendado y ganadero, Joaquín García. En la conversación, éste último le dice a García que se debe obtener el apoyo del gobernador de Sucre para movilizar a un grupo armado a las localidades de El Aguacate (municipio por donde ingresaron los paramilitares que luego cometerían la masacre) y Pajonalito. También afirma que ese hecho deberá producirse en 10 días. Justo diez días después de esta conversación, se ejecutó la masacre en Macayepo, municipio vecino a las localidades mencionadas. Noviembre 11 de 2006.
[6] Revista Semana “Coincidencias macabras” Macayepo no fue una masacre aislada. Por el contrario, hizo parte de una violenta cadena de matanzas emprendida por los paramilitares de la región en un intento por obtener el control de los Montes de María. Los corregimientos localizados en esa región, entre ellos Macayepo, están localizados en un corredor estratégico que da un fácil acceso desde el sur de Bolívar hacia todos los departamentos de la Costa Atlántica. En la zona hay presencia de cerca de 300 guerrilleros de los frentes 35 y 37 de las Farc bajo el mando de ‘Martín Caballero’, quienes desde 1998 libran una guerra territorial contra un grupo de 80 paramilitares del bloque norte de las AUC, al mando de Rodrigo Antonio Mercado Pelufo (alias ‘Cadena’ o ‘Pelufo’). Este grupo de paramilitares es señalado por las autoridades de ser el mismo que entre febrero de 2000 y enero de 2001 realizó cinco grandes masacres en la zona de Montes de María, las cuales dejaron un trágico saldo de más de 100 muertos y 4.000 desplazados. Entre ellas la de El Salado, que ocurrió el 18 de febrero de 2000, en donde fueron asesinadas 36 personas, y la de Chengue, en la que fueron masacradas 27 personas el 17 de enero de 2001. Ver: http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=22014
[7] “La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió cerrar la investigación contra el ex representante del Cesar, Alfredo Cuello Baute, por carecer de pruebas sobre presuntos nexos con 'Jorge 40'. Su abogado fue Álvaro Pérez, quien también está defendiendo al representante del Magdalena Luis Vanegas Queruz, con investigación preliminar por nexos con el frente paramilitar Resistencia Motilona de las AUC. Lo interesante es que el abogado es hijo del ex magistrado de la Corte Suprema Álvaro Orlando Pérez Pinzón, quien junto con el magistrado auxiliar Iván Velásquez descubrió la parapolítica. Además, el hijo es abogado y trabaja en el bufete de su papá”. La Silla Vacía. Ver en: http://www.lasillavacia.com/queridodiario/6906/de-papa-investigador-de-la-parapolitica-hijo-defensor
[8] En El Espectador; “'Rasguño' dice que financió campaña de Dilian Francisca Toro”. Marzo 19 de 2010. Ver en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo193904-rasguno-dice-financio-campana-de-dilian-francisca-toro

[9] A Moreno Rojas, se la acusa, al término de su mandato, de haber dejado a la ciudad endeudada en 59 mil millones de pesos y al menos 200 obras sin concluir. En ese entonces el Ministerio de Hacienda advirtió que Moreno excedió los pagos de funcionamiento y transferencias al Concejo, la Personería y la Contraloría durante su último año de gobierno. La situación llegó a tal punto, que su sucesor y amigo en el poder, Honorio Galvis, dijo en 2004 que durante los primeros 18 meses la ciudad no recibiría un solo peso de inversión, pues la ciudad no tenía otra manera de superar la crisis fiscal en que la había sumido su antecesor. También hubo lluvia de críticas a su gestión porque pagó jugosas propinas en clubes y organizó fiestas con dinero del municipio. “Él se justificaba diciendo que tenía que atender bien las visitas presidenciales. Pero luego la Presidencia informó su desacuerdo con las declaraciones de Moreno, explicando que Palacio cubría todos los gastos de las visitas”, dijo un conocido que trabajó para el político. Su comportamiento para el desarrollo de la feria de la ciudad, que se celebra por tradición en septiembre, fue similar: “A Iván lo criticaron por despilfarrar el dinero. Del presupuesto del municipio, destinó al menos 1.000 millones de pesos para cada feria”, cuenta una persona que trabajó en su administración. Algunos de los contratos que suscribió su gobierno no lucieron por su transparencia. Uno le pagaba a la firma privada UT Ciudad Móvil para que le pusiera cepos a los carros mal estacionados, pero hubo quejas de arbitrariedad (¡bloquearon ambulancias!). Además, la Procuraduría General suspendió el contrato, pues consideró que delegaba en un particular el ejercicio de una función administrativa, desconocía el principio de transparencia y además atentaba contra el patrimonio público y destituyó e inhabilitó por 11 años al responsable directo, Rodrigo Zambrano, director de Tránsito. Otro contrato al que se le encontraron lunares fue el de ‘El vaso de leche’, un programa de asistencia alimentaria, pues según los organismos de control, el dinero invertido no correspondía con los alimentos que en realidad recibieron los niños. Los ambientalistas le recriminan a la gestión de Moreno haber impulsado la remodelación del Parque San Pío, que implicó tumbar árboles y en su lugar construir canchas de cemento y un parqueadero que permaneció cerrado por más de cinco años. Impulsó la creación de la empresa de transporte masivo de Bucaramanga mediante buses, llamada Metrolínea, lo cual no sería sino positivo, de no ser porque las subsiguientes obras de adecuación de las vías fueron lentas y con sobrecostos. Ninguna investigación de las autoridades, sin embargo, encontró mérito para imputarle responsabilidades o sanciones. Muchos ciudadanos suspicaces señalan la sospechosa coincidencia de que se incendiara del tercer piso de la Alcaldía, donde estaban las oficinas de Valorización (recaudo del pago de impuestos), la Secretaría de Planeación así como de la Contraloría Municipal, que adelantaba más de 20 investigaciones contra el gobierno de Moreno. Más curioso fue que los bomberos, cuya estación queda a tres cuadras de la Alcaldía, llegaran 45 minutos tarde. Después de siete años, la justicia no da cuenta de los responsables del incendio. La Fiscalía informó que las pruebas recolectadas no fueron valoradas, porque fueron recogidas de forma antitécnica. En broma los ciudadanos llaman por eso a Iván Moreno, ‘Nerón’, haciendo alusión al emperador que incendió a Roma. En septiembre de 2009 el senador Armando Benedetti denunció que los Moreno Rojas hacían ‘politiquería’ en la Alcaldía de Bogotá y que algunos aspirantes a las subsecretarías de la Alcaldía Mayor eran ex funcionarios de su administración en Bucaramanga. Ver en: http://www.terra.com.co/elecciones_2010/votebien/html/vbn391-nestor-ivan-moreno-rojas.htm
[10] Montoya Suárez, Aurelio; “Una lección de consistencia política”. Bogotá, 16 de marzo de 2010. Boletin del MOIR.

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