miércoles, 3 de noviembre de 2010

¿A juicio Arias Cabrales?



El llamado a juicio del general(r9 Jesús Armando Arias Cabrales no es para hacerse ilusiones pero si para hacer un detallado seguimiento a los procesos que se siguen a éste y otros militares acusados de crímenes de lesa humanidad, que bien se sabe, no son amnistiables y tampoco precluyen.

Los militares involucrados, con abundante material probatorio al proceso que se sigue por la desaparición de once civiles y una guerrillera en la toma del Palacio de Justicia de 1985, han hecho uso de toda suerte de triquiñuelas para evadir la acción de la justicia. Desde hace 23 años han sido cobijados con el manto de la impunidad. Hace apenas dos años se reabrió el caso, algunos mandos medios fueron recluidos en condiciones de privilegio desde dónde continúan impartiendo órdenes. Eso lo sabemos todos, Por eso no fue extraño que tras el encarcelamiento del entonces jefe de inteligencia, coronel Edilberto Sánchez Rubiano, familiares de las víctimas hayan denunciado haberlo visto en un centro comercial haciendo compras navideñas a finales del 2006.

El aparato estatal siempre ha defendido la homicida acción de los militares en estos sangrientos hechos, han pasado por alto importantes testimonios y análisis de medicina legal y de medicina forense que dan cuenta de la brutalidad con la que actuaron miembros de la fuerza pública, ya desde entonces acostumbrados a torturar, desaparecer y ejecutar civiles sospechosos de ser amigos de la insurgencia, por ser opositores, tener una ideología de izquierda o alguna activa militancia política. Ni hablar entonces de la suerte que corrían los verdaderos guerrilleros detenidos, o mejor secuestrados por la fuerza pública.

El caso de los once muchachos desaparecidos en Palacio es distinto. Ellos no militaban, muchos ni siquiera tenían claridad política y fueron desaparecidos en su centro de trabajo que no era otro distinto que el corazón de la justicia colombiana, donde además fueron asesinados los magistrados por acción también de agentes del Estado. Lo paradójico es que la justicia ni siquiera actúo por sus propios funcionarios que entre magistrados, auxiliares, conductores y otros, sumaban alrededor de 98 personas. El caso fue reabierto en el 2006 por la valiente, persistente y decidida acción de los familiares de los desaparecidos, pues ni siquiera los hijos de los magistrados asumieron con hidalguía su deber de buscar verdad y justicia para los suyos.

En ese mismo año el Juez Baltazar Garzón declaró que el proceso debía ser asumido por la justicia y que el presidente Belisario Betancur debería responder en vida por estos hechos, los cuales no podían ser consignados en un libro póstumo del que por supuesto se lucrarían sus familiares, porque la verdad de este trágico suceso pertenece al pueblo colombiano. Sin embargo, llama la atención que se insista tanto en seguir manoseando a la justicia, que de nuevo se absuelva al ministro de Defensa General ® Rafael Samudio Molina, y que al Presidente Betancur, jefe máximo de las Fuerzas Armadas no sea responsabilizado por acción o por omisión, no sólo por las desapariciones forzadas sino también por la brutalidad de la acción militar que desconoció principios fundamentales del Derecho de Gentes y del Derecho Internacional Humanitario.

Aún no se ha realizado un racional juicio de responsabilidades históricas, penales y civiles. A cuenta gotas se han conocido detalles espeluznantes, pero lo esencial no ha sido revelado, pese a que en el informe del juzgado 30 de 1989 se aclaran varias dudas, que aún el país no conoce y la Fiscalía Delegada ya ha escuchado valiosos testimonios.

La ciudadanía ignorante de los hechos, de las razones política que estimularon la demencial acción del M-19 y de sus demandas que además de ser justas era necesarias para el país, sigue acusando exclusivamente a esta guerrilla, sin tener en cuenta las graves violaciones a los derechos humanos que protagonizaron los defensores de las instituciones, de la vida y honra de los colombianos. Nadie niega que efectivamente el eme se equivocó, eso es innegable, no sólo por llevar a cabo una acción mal calibrada que significó el sacrificio de un importante cuadro político de esa organización entre quienes se encontraban personas excepcionales como Andrés Almarales, Luis Otero, Alfonso Jaquim, Irma Franco Pineda, Ariel Sánchez, Elvencio Ruiz, Pilar, Josue, de importantes y lucidos magistrados y de casi un centenar de vidas humanas, sino también por desconocer el contexto nacional en ese momento, el talante del presidente Betancur, al régimen militar vigente, y por violar el principio de distinción durante la toma del Palacio de Justicia. Los guerrilleros del M-19 terminaron por convertirse en víctimas de su propia acción; las Fuerzas Armadas aplicaron la pena de muerte a los combatientes que se rindieron dentro del Palacio, otros fueron llevados al Catón Norte y allí fueron torturados, asesinados y sus restos desaparecidos, los que no participaron de modo directo en estos hechos fueron estigmatizados a perpetuidad y hoy la toma sigue siendo utilizada como una carta política que desde la actual decadencia administrativa se enarbola para acallar dirigentes políticos y justificar temerarias acciones en la llamada lucha contra el terrorismo. No obstante, el fatal desenlace si tiene un único responsable y ese es el Estado colombiano que con sus fuerzas armadas, realizaron la retoma del Palacio y a sangre y fuego masacraron a los magistrados, incendiaron el Palacio, secuestraron, torturaron, asesinaron y desparecieron a otros seres humanos, entre ellos a los combatientes del M-19. El Presidente es también responsable de la tragedia. Traicionó los acuerdos de paz, le mintió al país, realizó un operativo militar de engaño en Yarumales, por apego al poder cedió el trono a una cúpula militar asesina, nunca se opuso al exceso brutal de guerra que se ejecutó para supuestamente salvaguardar las instituciones sacrificando a sus funcionarios, guardó cómplice silencio mientras ciudadanos inocentes y guerrilleros desarmados eran objeto de toda suerte de violaciones a los derechos humanos y, finalmente permitió la carnicería. Hasta el sol de hoy ha burlado con inigualable cinismo la acción de la justicia.

No hay que hacerse ilusiones con la justicia colombiana, a estas alturas es posible que nadie se las haga, pero si es doloroso que se siga jugando con los sentimientos y las expectativas de las víctimas y que aún no se hayan recuperado los cuerpos de los desaparecidos, y que el hijo de Ana Rosa Castiblanco (quien para ese momento tenía 8 meses de embarazo) no haya sido identificado, pues según Gamez Masuera fue robado por un militar y hoy el joven vive y estudia en Bogotá ignorando su real origen.

Los sobrevivientes del la extinta guerrilla M-19 tampoco han asumido el deber moral de exigir que se conozca la verdad sobre estos hechos, ni ha denunciado con la suficiente vehemencia, con evidencias en mano, como sus militantes fueron ejecutados y desaparecidos y como sus restos se convirtieron en material de estudio de universitarios, se violó la cadena de custodia de los mismos, y no fueron entregados oportunamente a sus familiares.

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